Generando cambio

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Las opiniones de Jorge Rachid PDF Imprimir Correo
Escrito por Jorge Rachid   
Domingo, 05 de Diciembre de 2010 00:00
           LA INDUSTRIA DE LA INJUSTICIA
La llamada “industria del juicio” es un término peyorativo, acuñado en los años 80 por los empresarios que intentaban fijar las estructuras de costos de sus empresas. Sin embargo “industrias del juicio” existen en diferentes ámbitos como las sucesiones y herencias, quiebras y concursos de acreedores, accidentes viales, publicidad no autorizada, entre otras tantas variables jurídicas. Sin embargo cuando se habla de “industria del juicio” se lo remite, en forma excluyente, a la siniestralidad en el trabajo, referido a los accidentes y enfermedades profesionales producidos en ocasión del trabajo. Veamos entonces porqué sucede esta asociación automática entre el enunciado y la realidad. La misma se funda en que la inversión que requiere la higiene y seguridad en el trabajo, que va desde la capacitación, pasando por las medidas e implementos de seguridad personal, a sistemas productivos seguros que protejan la salud de los trabajadores , que constituye el único capital que tiene el obrero, sobre el cual gira su proyecto de vida junto a su familia, sólo es posible en estado de salud. Sin ella el trabajador y su familia entran en otra situación social, en general de desamparo o en el mejor de los casos, contenidos bajo el  sistema previsional jubilatorio o si no llega al grado de invalidez, a la pensión graciable.
Entonces cuando se habla de “industria del juicio” se está haciendo referencia al sistema económico empresario, sin entrar a evaluar el sistema productivo desde el punto de vista sanitario, de protección de los trabajadores.
No sé en qué categoría de la llamada “industria” entra la muerte del niño trabajador de 10 años arrollado por el glifosato con un tumor cerebral. Quizás alguien pueda explicar cuántos delitos fueron cometidos, por el empresario, en un sólo hecho, ya irrecuperable. O que le expliquen a la madre del chico muerto por ahorcamiento al llevarse la molienda molinera, la manga de su pullover, arrastrada por un tornillo mal puesto sobre un remache ciego, en horario nocturno, trabajando solo y sin botón de parada de emergencia, con 21 años... ¿Se puede llamar “imprudencia” quizás a la muerte de un aprendiz de 18 años tomado por una máquina de prensa en la industria gráfica?
Podría seguir la enumeración, pero sepan que son tres  muertos y medio por día en la Argentina por causas laborales, son 757.000 accidentes en el año 2007 porque después la SRT no publicó en su página web más estadísticas, a lo mejor por pudor. Bueno sería. Lo relatado, es decir casi mil muertos al año y de la cifra de siniestralidad un 7% de los accidentes son graves e invalidantes, son cifras  sólo de trabajo registrado que ronda el 66% de trabajo total argentino. El resto, el 34% de la población económicamente activa, bien gracias, se supone por falta de información, aunque después tenemos un 55% de las pensiones graciables, es decir fuera del sistema previsional contributivo, que son de inválidos.
La ley 24.557 ya no existe, sino solo para marco referencial a la espera del nuevo cuerpo legal que la reemplace. La Corte ya declaró inconstitucional  sus artículos 39 y 46, referidos a la discriminación a que era sometida la clase trabajadora argentina, en función de los costos empresariales.  Los juzgados de todo el país la declararon inconstitucional en más de cien fallos.
Sin embargo nuestros trabajadores siguen destratados y manoseados por las ART que rechazan patologías administrativamente, que deben ser atendidas por las obras sociales produciendo el desfinanciamiento de las mismas, en forma creciente y alarmante, además de ser  ignorados y desalentados en su denuncia por el organismo de aplicación –la SRT(superintendencia de riesgos del trabajo)– que debería defenderlos de los abusos y desamparos.
Como se observa, el criterio del seguro por un lado y el criterio económico por el otro superan la valoración de la salud del trabajador, que no tiene porqué arriesgarla en cada jornada laboral. No se le paga el salario para que arriesguen su vida, su audición, su vista, su miembro inferior o cualquier otra parte del cuerpo expuesta. Tampoco se le paga para tener un envejecimiento precoz, ni para ser un anciano a los 40 años ni para tener una columna destrozada por el sobrepeso que cargan, que no respeta los parámetros internacionales que hacen a la ergonomía, pese a los tratados internacionales y las recomendaciones de la OIT.
Entonces ¿por qué se sigue insistiendo en la supuesta “industria” cuando en la vieja ley 9.688 existían parámetros sanitarios que evaluaban la salud como sistema totalizador, no como Jack el destripador del Baremo actual, sin criterio médico, ni laboral, ni social? Existían los pasos administrativos necesarios para evitar la vía judicial en el Ministerio de Trabajo desde la época de Perón, ya que la ley era de 1915, modificada permanentemente de acuerdo a las nuevas demandas. Fue sin dudas la especulación empresarial lo que llevó a la llamada “industria”, ya que declinaban la instancia administrativa sabiendo que la instancia judicial se le hacía inalcanzable al trabajador, en especial en casos leves. Esa especulación empresarial llevó a la indexación de los juicios y a la catarata de juicios.
Pero quienes creemos en la prevención, quienes estamos convencidos que la mayoría de los accidentes de trabajo son evitables, que las muertes en ocasión del trabajo, son homicidios culposos –porque se trata de falta de inversión– nos expresamos así porque vemos que en el fondo son ausencias de preocupación, apoyadas en un fuerte desprecio por la vida del prójimo que encima está produciendo ganancias y capitalización a la empresa.
Una iniquidad absoluta y falta de humanidad para con la clase trabajadora argentina, amparada por una ley demandada y exigida por el Banco Mundial en la década infame de los 90, que sumada a la desregulación de las obras sociales completaba el panorama –junto a las AFJP– del esquema estratégico que se proponían con nuestro país y los recursos del ahorro genuino interno de salario diferido de trabajadores.
Así como se recuperaron las leyes laborales vigentes desde el peronismo, arrasadas por la lógica neoliberal, la demolición del edificio levantado en función de los objetivos de los sectores financieros y los organismos internacionales en la década de los 90, en nombre del pensamiento único y la modernidad, rehacer la dignidad en el trabajo privilegiando la salud de los trabajadores y su cuidado, por encima de los procesos productivos y los márgenes de ganancia, es parte del compromiso que hemos asumido frente a la comunidad en esta etapa de recuperación nacional.
La ley 24.557 no es menos importante que la ley 24.241 que permitió irrumpir a las AFJP y sin embargo fueron derrotadas recuperando el patrimonio nacional. Los trabajadores son nuestra principal riqueza a cuidar, las ART y esa ley atentan contra este espíritu y debe ser demolida en cuanto a concepto y en cuanto a instrumentación ya que está dañando día a día a nuestro pueblo trabajador.
Si el Ministerio de Trabajo recupera su función de instancia administrativa del infortunio laboral, si el Ejecutivo recupera el tema desde lo conceptual sanitario y no desde la concepción aseguradora y si los empresarios comprenden que su mejor capital son los trabajadores, antes que las máquinas y la robótica, que formar un recurso humano, capacitarlo teórica y prácticamente es la herramienta más importante de una empresa, será un avance en la derrota del concepto neoliberal, donde el hombre es un recurso descartable.
También será un avance en la contracultura que ha instalado al hombre argentino como “vago y mal entretenido” al decir lamentable sarmientino. Recuperar la dignidad del trabajo y el mismo como ordenador social, es el gran desafío de los próximos tiempos.
Mucho hemos avanzado en estos años; nos falta el paso necesario para desalojar del mundo del trabajo una concepción perversa, economicista, utilitaria y extorsiva, que han sido el paradigma de las últimas décadas.
Será la mejor manera de ir construyendo un nuevo modelo social solidario del siglo XXI.
JORGE RACHID
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