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Sobre la guerra jurídica a CFK: lecciones olvidadas de 18 años de proscripción PDF Imprimir Correo
Escrito por Agencia Paco Urondo   
Miércoles, 10 de Agosto de 2022 12:36

Editorial del Colectivo de Comunicación AGENCIA PACO URONDO sobre las evidentes irregularidades en una nueva causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. "¿Acaso Comodoro Py no comprende que la persecución a Cristina involucra a millones de argentinos y argentinas que se sienten representados con sus ideas?" La debilidad de la carga probatoria sostenida durante el juicio de Vialidad Nacional por los fiscales federales Sergio Mola y Diego Luciani en el proceso que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, no impidió que el primer día de alegato del Ministerio Público Fiscal se encendieran las marquesinas de la guerra jurídica. Los grandes medios hegemónicos antikirchneristas dieron una centralidad al comienzo del alegato. ¿Pero qué rigurosidad tiene la acusación? Vayamos por parte.
Para quienes hayan seguido las audiencias de debate deben haberse sorprendido por la vehemencia del fiscal en su apertura de alegato y la falta de coherencia con lo que fueron las audiencias durante el juicio. Semana tras semana, los testigos fueron demoliendo los fundamentos de la acusación fiscal. Decenas de testimonios, entre los que se encuentran empresarios de la construcción, señalaron que Lázaro Báez obtenía las licitaciones porque tenía la logística de sus trabajadores y maquinarias en la provincia de Santa Cruz y por ende podía ofrecer mejores valores. De hecho, Báez no ganó ninguna licitación fuera de la provincia patagónica.
Más descabellado y falto de materialidad, resulta el intento de incluir al expresidente Néstor y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una delirante figura de asociación ilícita por licitaciones que se hicieron en la provincia de Santa Cruz (párrafo aparte para el contorsionismo judicial de la utilización de la figura de asociación ilícita). La teoría de los fiscales fuerza todas las comprensiones sensatas relativas al funcionamiento de la administración pública, al arrastrar a los jefes de Estado nacional a un supuesto arreglo realizado a nivel provincial. Durante el juicio oral no apareció ningún documento que demostrara favoritismo a Báez, a pesar que desfilaron decenas de testigos a los cuales se les consultó justamente eso.
La mayor dificultad encontrada para Luciani y Mola fue vincular en su alegato a Cristina Fernández de Kirchner -que nunca fue mencionada durante todo el proceso- a la acusación. Para lograr ese supuesto vínculo los fiscales tuvieron que apelar a fuego de artificios: escuchas de última hora del expediente por el cual fue condenado el exsecretario de Obras Públicas, José López, por intentar esconder nueve millones de dólares en un convento en General Rodríguez. La prueba autorizada por el tribunal, recién en el último día, expone lo endeble de la acusación.
Ahora, el escándalo ganó un nuevo capítulo con la aparición de pruebas - ahora sí hay pruebas contundentes - que dan cuenta de la connivencia del ex presidente Mauricio Macri, dirigentes de Cambiemos de primer nivel y de los fiscales y el juez que llevan adelante la causa Vialidad. Durante 2016, por lo menos, se juntaban a jugar al fútbol mientras comenzaba el entramado que derivaría en el juicio actual.
Pero si la causa no se sostiene en sí misma, ¿qué es lo que hay detrás de ella?
La historia de este país expone que la fantasía por proscribir a la dirigencia peronista tiene larga data. Es muy difícil no leer el cronograma del juicio según los tiempos electorales del país. Mecanismos similares se usaron en Brasil para encarcelar sin pruebas a Lula Da Silva y allanarle así el camino a la ultraderecha. ¿Misma lógica para mismos resultados? Las dificultades económicas de la gestión del Frente de Todos empoderaron a funcionarios judiciales, que se apresuraron en sobreseer a Macri por el espionaje a los familiares del Ara San Juan - que la justicia comprobó y aprobó -, mientras, por el otro lado, preparan una condena a Cristina.
Es el mismo odio vigente desde el 17 de octubre de 1945 que tiene hoy como objetivo final demoler la imagen de la principal dirigente política del campo popular. Pero esto abre otras preguntas respecto a la naturaleza monárquica que reina aún en el Poder Judicial, y le da potestad para poner en jaque a la democracia argentina. ¿Acaso Comodoro Py no comprende que la persecución a Cristina involucra a millones de argentinos y argentinas que se sienten representados con sus ideas? ¿18 años de proscripción del principal líder del peronismo no fueron enseñanza suficiente sobre lo que implica el odio político?

 
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