"Organizamos un sindicato para reivindicar nuestros derechos"
Entrevista a Rodrigo Díaz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, CTA.
Por Nahuel Placanica
Agencia Paco Urondo: ¿De qué se trata este sindicato que representa a trabajadores privados de su libertad? ¿Cómo surge la experiencia? ¿Cómo fue evolucionando? Rodrigo Díaz: Está constituido desde el 13 de julio de 2012. La experiencia surge a partir de conocer la realidad en el contexto de encierro y cuál es la función que se busca a través de la ley de ejecución penal, que es dar un sentido social a la pena y que no sea un mero castigo.
Cada servicio penitenciario recibe un presupuesto para desarrollar esto, sin embargo, los detenidos no tenían ningún tipo de tratamiento con respecto a los dos pilares esenciales para la inclusión social, que son la educación y el trabajo.
Tanto el Poder Judicial como procuración penitenciaria, encargados de controlar la ejecución de la pena, nunca funcionaron. El Servicio Penitenciario fracasa en un 80% de reincidencia de los detenidos que egresan  porque nunca se respetaron los derechos de los detenidos.
Organizamos un sindicato, lo constituimos el 13 de julio y empezamos a trabajar para reivindicar derechos y que se respete la ley.
APU: ¿En qué condiciones se trabaja en las cárceles?
Rodrigo Díaz: Difiere en cada unidad penitenciaria. Nosotros comenzamos a constituir el sindicato en el complejo “CABA”, es decir, la ex unidad N° 12 de Devoto. Allí, en ese momento, había 650 trabajadores que ganaban entre 700 y 1000 pesos, sin los elementos de trabajo necesarios y sin que se respete la ley de seguridad e higiene. Los talleres que se daban eran de albañilería, herrería, panadería, mantenimiento, etc.
A lo largo de este año de funcionamiento  del sindicato pasamos de 657 trabajadores sobre un total de 1600, a 1400 trabajadores sobre el mismo total. Si bien no cobran el mínimo, vital y móvil que establece la ley, cobran 2300 pesos y tienen ropa de seguridad y se renovaron las condiciones de higiene y seguridad.
La sociedad en general dice, “encima tienen un sindicato”. Pero la gente no sabe que paga mensualmente 18.900 pesos por cada detenido para que se realice este tratamiento de estudios y adquisición de hábitos laborales.
APU: ¿Cómo se reparte la oferta laboral entre los presos?
Rodrigo Díaz: Dentro de cada complejo el Servicio Penitenciario está dividido en áreas, entre ellas, hay una sección trabajo. Cuando uno entra a una unidad lo recibe una junta interdisciplinaria. Estas audiencias le llegan al encargado de trabajo y a partir de las habilidades del detenido, se lo deriva a una tarea laboral.
APU: Había leído acerca de experiencias de cooperativas de presos en cárceles, ¿Esto se da en general?
Rodrigo Díaz: No es común. La ley de sociedades no permite la administración de cooperativas por parte de personas procesadas o condenas, por lo pronto se hace conjuntamente con entidades u ONG´s. Cuando uno realiza un trabajo cooperativo, siempre va a estar bajo la supervisión del Servicio Penitenciario. Controlan cómo se realiza el trabajo y el destino de la producción.  Hay un par de cooperativas pero no funcionan normalmente porque es algo nuevo y requiere un aprendizaje conjunto tanto de parte de los trabajadores detenidos y las ONS´s que se encuentran con trabas a la hora de ingresar, realizar la producción y sacarle del ámbito penitenciario ya que esto lo administra el servicio penitenciario.
"Hay una pena adicional fuera del encierro"
Entrevista a Maximiliano Postay, integrante de la agrupación Locos, Tumberos y Faloperos. Habló sobre las dificultades para conseguir empleo de las personas liberadas y la traba del certificado de antecedentes. Además, opinó sobre el trabajo en cárceles desde una mirada abolicionista.
Por Nahuel Placanica
Agencia Paco Urondo: ¿Con qué dificultades se encuentran las personas liberadas a la hora de conseguir empleo? ¿Cómo funciona el certificado de antecedentes en todo esto?
Maximiliano Postay: En principio hay que decir que las personas que llegan a la cárcel son personas con un gran deterioro social. La mayoría son pobres. El encierro lo que hace es agravar su condición, entonces cuando la  persona recupera su libertad, mantiene su vulnerabilidad e incluso se multiplica. Algunos cuando son liberados ni siquiera tienen cinco pesos para volver a su casa. No tienen ni para pagarse el tren o el colectivo.
Hay un abandono por parte del Estado. Si bien hay organismos encargados de la inclusión post penitenciara, estos no funcionan, o porque no dan a vasto, o están integrados por burócratas que no les importa la realidad de las personas que estuvieron privadas de su libertad o no se encuentran articulados.
El certificado de antecedentes penales agrava toda esa potencialidad resocializadora que pueda tener la cárcel en teoría. Cuando recuperas la libertad y querés conseguir un trabajo, como primera herramienta para garantizarte los medios para subsistir, te encontrás con que cualquiera te puede pedir que acredites que en el pasado te portaste bien. Este documento no discrimina entre quienes cumplieron condena y aquellos que no. Hay como una especie de pena adicional fuera del encierro.
La situación general es desastrosa. El preso no sólo no lo importa al Estado cuando se encuentra en la cárcel sino que tampoco cuando recupera su libertad. La famosa re-socialización, que postula la ley, termina en reincidencia y exclusión total.
APU: En ese marco, ustedes habían presentado para modificar esta traba del certificado de antecedentes.
Maximiliano Postay: Si, habíamos redactado un proyecto para terminar con esta lógica. Idealmente habría que eliminar este tipo de registros y documentaciones. Hay que terminar con este funcionamiento perverso del Estado que por un lado te dice que te resocialices pero después te pone trabas.
Lo que propusimos fue sustituir el certificado de antecedentes penales por otro documento que denominamos “certificado de información penal socialmente relevante”. La diferencia con el actual es que incluye en su contenido, no las cuestiones por las que la persona estuvo presa y sobre las que cumplió su condena, sino que apunta a cuestiones pendientes con la Justicia penal, por ejemplo, si tenés orden de captura o estás declarado en rebeldía en el proceso judicial. Lo que hacemos en mantener la burocracia estatal pero le cambiamos el contenido.
APU: ¿Qué opinión tenés sobre el trabajo dentro de las cárceles?
Maximiliano Postay: El trabajo en las cárceles se da en una situación de completa explotación. No hay trabajo en términos de equivalencia con el medio abierto. La legislación dice sólo restringido tu derecho a la libertad ambulatoria, no el resto de los derechos. Hablando con personas detenidas nos encontrábamos con que en el Servicio Penitenciario Bonaerense había gente que trabaja ocho horas diarias por veinte pesos al mes porque existe una suerte de salario con un montón de deducciones. El preso paga por su condición de preso, financiar los gastos que representa para el Estado y un fondo común que supuestamente repararía a las víctimas pero que todos sabemos que no es así, que termina formando parte de la caja del servicio penitenciario. Lo que tendría que ser un salario digno termina siendo algo simbólico que no le alcanza al preso ni para un paquete de cigarrillos.
Por otro lado, hay poca oferta o actividades muy elementales. Terminas haciendo panadería, bolsitas o la limpieza del pabellón. No hay mucho margen para desarrollar oficios.
No obstante, quiero aclarar que no creo en el trabajo y la educación en cárceles. Son falacias. Todas estas cuestiones para ser ejercitadas en forma fehaciente necesitan un preámbulo, la libertad. Más allá de que se puedan realizar algunos avances concretos vamos a estar siempre, mientras exista el encierro, “como si”. Haciendo de cuenta que trabajamos, estudiamos y recibimos servicio de salud pero en realidad para todo eso se necesita libertad.