Así lo determinó la Sala II de la Cámara de Casación Penal, luego de una audiencia donde las partes expusieron sus visiones del caso. La querella volvió a apuntar por las dilaciones de los abogados de los herederos de Clarín.
La Sala II de la Cámara de Casación Penal escuchó a las partes en la trabada causa para determinar si los herederos de Clarín, Marcela y Felipe Noble Herrera, son bebés apropiados durante la última dictadura. Hasta allí llegaron luego que la defensa interpusiera un enésimo recurso para frenar la toma compulsiva de muestras de sangre para determinar el ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. “Esta maniobra de usar a Marcela y Felipe como escudos para defender a Ernestina Noble es lo que les está causando el daño moral; no fuimos nosotros, esa responsabilidad no la tiren para este lado”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante en representación de la familia Lanoscou, durante la audiencia. Ahora, el tribunal definirá el 2 de junio, la próxima semana, si avanza o no con la toma de sangre.
"Estamos pidiendo el rechazo total del recurso" interpuesto "por los abogados de Marcela y Felipe Noble y quiero señalar que esta no es una causa más en Argentina, lo sabemos todos los que estamos aquí” y muchísima otra gente, “porque detrás de ella hay un poder económico", de esa manera y en obvia referencia al grupo Clarín, dio comienzo Llonto a su exposición ante la Cámara de Casación. La audiencia había sido convocada por la Sala Segunda de ese tribunal integrada por los jueces Raúl Madueño, Guillermo Yacobucci y Luis García, para escuchar los argumentos de las partes luego de que los abogados defensores de los hermanos Noble interpusieran un recurso tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín que hizo lugar a lo dispuesto por la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa y quién en diciembre pasado resolvió realizar extracciones de sangre, piel o saliva a ambos jóvenes con o sin su consentimiento.
Un rato antes, los defensores de Marcela y Felipe, Alejandro Carrió y Roxana Piña, habían argumentado que sus representados se negaban a la extracción compulsiva por considerar a la misma "inconstitucional" y "violatoria de su derecho a la autonomía" y agregaron que la negativa no es por una "mínima extracción" de sangre sino "por haber violentado sus derechos" y porque aportando esas muestras, se verían obligados a exponer a la persona a la que "aman".
El fiscal de Casación Raúl Plee, quien estuvo sentado junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, no tiene dudas: se mostró a favor de rechazar la apelación y de avanzar en dirección de llevar a cabo los análisis de histocompatibilidad por entender que "se han dado los motivos de necesidad y razonabilidad" que fundamenta la medida y en el marco de la cual "se están respetando los principios de identidad" de las victimas en una causa "donde ya se han agotado todas las demás posibilidades".
“Hay sobrados elementos” de que los hermanos puedan ser hijos de desaparecidos durante la dictadura militar y es precisamente a raíz de ello que la medida de avanzar en la extracción compulsiva “es legal, constitucional y se adecua a jurisprudencia de la Corte Suprema”, dijo a su vez Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
Fue Alcira Ríos, litigante en favor de las familias Garcia, Gualdero y Miranda, la responsable de historiar los 10 años transcurridos desde el inicio de la causa judicial y quién luego de recordar que antes de ser apartado y destituido, el juez Roberto Marquevich logró probar los delitos de supresión de identidad cometidos por la propietaria del diario Clarín.
El debate de tres horas arrancó con la defensa de Felipe y Marcela. Los puntos centrales fueron un planteo de inconstitucionalidad de la decisión de la jueza Arroyo Salgado y la afirmación de que ellos nunca intentaron dilatar la causa. Para eso recordaron que Marcela y Felipe están dispuestos desde 2003 a hacerse la extracción de sangre, aunque todos en la sala sabían que siempre la condicionaron a que la haga el Cuerpo Médico Forense, una medida que las querellas rechazaron desde el comienzo porque cuestionaron un organismo intervenido por la Corte Suprema de Justicia y, como dijo Alcira Ríos, llegó a cobrar dinero por los exámenes: “No lo íbamos a permitir porque los análisis tenían precio y se digitaban”.
Y fue Llonto quien recordó que fue la “propia Ernestina” la que le dijo a sus hijos “de la posibilidad de que sus padres hayan sido victimas de la mayor barbarie cometida en Argentina” y luego recordó que “están los hermanos Lanoscou acá sentados en la sala” los “que esperan, son victimas, como son victimas las demás familias de desaparecidos”.
Luego dio cuenta del nacimiento de la hija Felipe y en ese sentido dijo que ahora “está Morita Noble Herrera” quién “también es victima y tiene derecho a conocer quienes fueron sus abuelos” y para que conozca su “patrón genético por si tiene una enfermedad y no tiene a quién recurrir para curarla”.
Fuente: Diario BAE y Página/12