EL MATERIAL PERFECTO PARA NO OLVIDAR Y PROFUNDIZAR UN MODELO PARA TODOS

Material ofrecido por Agencia Paco Urondo, especial para Nuevo País, con notas y reportajes de Nahuel Placanica; Soledad Vallejos; Horacio Bustingorry y Nicolás Adet Larcher=

Justicia y dictadura (Por Nahuel Placanica)

Desde el fin de la dictadura cívico-militar iniciada en el año 1976, el Poder Judicial ha sido el único sector que se mantuvo ajeno a la democratización que atravesó a las distintas esferas del poder público. El funcionamiento corporativo de este poder del Estado es quizás lo que explica su impermeabilidad. Durante el gobierno de facto, los operadores judiciales de la dictadura se encargaron de legitimar el accionar represivo del Terrorismo de Estado a lo largo y ancho del país. En democracia, muchos de ellos continuaron ejerciendo sus cargos impunemente.
A 30 años del retorno de la democracia y nueve años del fin de las leyes de impunidad, existen varias causas abiertas que investigan la colaboración de magistrados, pero pocas condenas efectivas. A continuación, un relevamiento por algunas de las causas judiciales:
Miguel Ángel Puga (Córdoba)
El ex juez federal está acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la investigación por el asesinato de los presos José Moukarzel y Miguel Mozé. Moukarzel murió en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba estaqueado desnudo en un patio. Mozé fue fusilado en un puente junto con otros cinco presos del mismo establecimiento carcelario.
El  juez federal de La Rioja, Daniel Piedrabuena ordenó en el año 2012 la detención de Puga y su traslado a la cárcel Bouwer, en Córdoba. El ex fiscal Antonio Cornejo también fue detenido por el caso de Moukarzel y Mozé , por orden del juez Piedrabuena.
Otilio Roque Romano (Mendoza)
Fue presidente de la Cámara Federal de Mendoza. El juez Bento y la propia Cámara Federal lo procesaron como partícipe necesario en casos de secuestros, torturas, allanamiento ilegales, robos de bienes y desapariciones perpetradas entre 1975 y 1983.
Incumpliendo una citación judicial, Romano se dio a la fuga en el año 2011. Ese mismo año, el Consejo de la Magistratura destituyó al camarista mendocino.
En febrero de 2012 fue detenido por Interpol en Reñaca, un balneario cercano a Viña del Mar, Chile. Pesaba sobre él, un pedido de captura internacional. Ante esta situación, Romano requirió  asilo político al Estado chileno, pero le fue negado por el gobierno de Sebastián Piñera. Si bien los trámites de extradición fueron iniciados, hasta hoy el expediente no ha avanzado.
Luis Miret (Mendoza)
El magistrado está acusado de no haber denunciado ni investigado desapariciones, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robo de bienes de desaparecidos y homicidios a pesar de tener conocimiento de los hechos a través de familiares y víctimas detenidas en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza.
Desde que comenzaron los juicios de lesa humanidad en el país, Miret y otros magistrados de la Cámara Federal de Mendoza se encargaron de obstaculizar el avance de los procesos judiciales.
En marzo de 2011, Miret fue destituido por el jury de enjuiciamiento tramitado a través del Consejo de la Magistratura. Queda pendiente su juzgamiento penal en la justicia federal.
Wagner Gustavo Mitchell (La Plata)
Mitchell cumplió funciones como fiscal en el año 1973 y como camarista en 1979. Está cuestionado por presunta participación en la apropiación ilegal del hijo de Sara Méndez.
En 1976, Sara fue detenida con su hijo de veinte días, Simón Riquelo, y trasladada al centro clandestino “Automotores Orletti”. Mitchell entregó al hijo de Sara a un subcomisario sospechado de haber participado en su secuestro. En 2002, tras 26 años, Simón recuperó su identidad.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estella de Carlotto, denunció públicamente que durante de la búsqueda de su nieto nacido en cautiverio, fue al juzgado de Mitchell y un emisario del magistrado le advirtió que “podría aparecer en una zanja”.
Como si fuera poco, en el marco de la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra, las escuchas telefónicas realizadas arrojaron indicios que podrían involucrar al juez Mitchell en una maniobra digitada por Pedraza para lograr, con la complicidad de otros operadores judiciales, la excarcelación de algunos de los miembros de la patota que asesinó al joven militante del PO.
Arturo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga (Santiago del Estero)
Olmedo de Arzuaga fue fiscal y luego juez federal de Santiago del Estero. Arturo Liendo Roca cumplía funciones como fiscal durante la dictadura. Ambos están acusados de no haber actuado ante la información que personas privadas de su libertad les habrían proporcionado.
Por el año 2012, el fiscal federal Fernando Gimena describía el caso de la siguiente manera: “Los presos políticos les decían que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que era mentira y les pedían que firmaran las declaraciones”.
La causa en su contra se encuentra abierta desde 2004. La justicia santiagueña los sobreseyó en sucesivas instancias. La última fue en junio de 2012 cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero –actuando como Cámara de Apelaciones- consideró que la acción penal se encontraba prescripta. Para agosto del mismo año, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo y ordenó investigar la participación de los magistrados.
Roberto Catalán (La Rioja)
Acusado de imposición de tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica,  el titular del Juzgado Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dictó la prisión domiciliaria en su contra en el año 2011.
Catalán había sido denunciado por el escritor Leopoldo Juan González, quien había viajado a La Rioja para trabajar en el diario local, “El Independiente”. El 30 de abril de 1976 fue secuestrado en la capital provincial y trasladado al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141.
Tras recorrer varios centros de detención, González fue alojado en 1978 en el penal de Sierra Chica donde el juez Catalán lo obligó a firmar una declaración en la que no se incluían las denuncias por torturas realizadas por el detenido.
Manlio Torcuato Martínez (Tucumán)
Fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975, en reemplazo del Dr. Jesús Santos. Su desembarco en la justicia federal se produjo de la mano del General Acdel E. Vilas, quien consideró necesario tener en ese cargo a alguien que no interfiriera con el accionar de las fuerzas.
En el año 2011, el juez Daniel Bejas procesó a Martínez por incumplimiento de sus obligaciones y por encubrimiento en los delitos cometidos contra los militantes María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz.
"El juez federal se apersonó en el inmueble luego de ocurridos los hechos y no adoptó ninguna medida tendiente a determinar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos", señaló el fiscal federal Pablo Camuña durante el juicio.
También fue procesado por ser el presunto autor de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada, en perjuicio de Miguel Romano.
Además, Martínez está cuestionado por haber tomado declaración a detenidos en centros clandestinos de detención como la cárcel de Villa Urquiza, y la Escuelita de Famaillá.
Pedro Federico Hooft (Buenos Aires, Mar del Plata)
En septiembre de 2006 se inicia el Iure de enjuiciamiento contra el juez Pedro Federico Hooft. La causa para lograr la destitución del magistrado para mayo de 2007 ya contaba con el apartamiento del juez Soria, la primera de una serie de excusaciones que irían retrasando el proceso.
En marzo de 2003, una Comisión Bicameral suspendió al juez Hooft de sus funciones. A la semana siguiente, el acusado debía presentarse a declarar ante el juez Juan Martín Bava. Sin embargo, decidió ausentarse y tramitar un recurso de revocación contra el juez de la causa.
Hooft está acusado de haber visitado centros clandestinos de detención durante la última dictadura y de tener conocimiento acerca de las personas en cautiverio. Además, se lo investiga por su legitimación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios.
Este juez de la dictadura fue reconocido por Marta García de Candeloro, esposa del abogado Jorge Candeloro, secuestrado y desaparecido en la “Noche de las corbatas”.
Víctor Brusa (Santa Fe)
Victor Brusa fue secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fé durante la dictadura militar. Estaba acusado de presenciar sesiones de tortura, tomar declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR)) y obligar  a detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura.
En 2009 se convirtió en el primer civil acusado y condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en la provincia de Santa Fe. Recibió una pena de 21 años.
En enero de 2012, el Tribunal Oral Federal benefició a Brusa con dos salidas transitorias por mes. La decisión del tribunal fue revocada en agosto del mismo año por la Nacional de Casación Penal

"Amalita Fortabat tejió relaciones con la casta militar que preparaba el Golpe" (Una jugosa charla con Soledad Vallejos)

AGENCIA PACO URONDO charló con Soledad Vallejos, coautora del libro Amalita (junto a Marina Abiuso). ¿Cuál fue el rol de la empresaria durante la dictadura?
AGENCIA PACO URONDO: En primer lugar quisiéramos que nos hagas una breve introducción del libro ¿Con qué parte de la vida de Amalita se quedaron?
Soledad Vallejos: El libro es la biografía de Amalita, con lo cual, marca toda la vida de ella. Obviamente que no es un diario, sino que tomamos lo más representativo de cada una de las etapas. Empieza contando sobre su familia, los Lacroze. Cómo era la vida en Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Ella nace en 1921, ahí contamos una Argentina pre peronista con un capitalismo diferente, un sistema de medios distinto y también la figura de ese comienzo, cómo giraba política y socialmente. Después, el casamiento de ella con Alfredo Fortabat, que ya era un industrial muy conocido. Era el propietario de la cementera que tenía la mayor cantidad de contratos con el Estado y que estaba en crecimiento. Seguimos con toda la historia cuando ella se hace cargo de la empresa hasta su muerte.
APU: ¿Hay algo de la historia de ella parecida a la de Ernestina Herrera de Noble? En el sentido de ser la mujer de un gran empresario y tener que quedar a cargo de un gigante económico.
SV: Hay sólo una semejanza y es esa que señalás, es una viuda que hereda. Después, hay diferencias muy grandes. Ernestina, a diferencia de Amalita, cede la gestión de la empresa, no le interesa mostrarse al frente, no le interesa tomar decisiones, por lo menos eso es lo que trasciende. En cambio, a Amalita le gustaba, le interesaba y lo hacía todo el tiempo, mostrarse como una empresaria en gestión. Mantiene el equipo que había dejado su marido gestionando “Loma Negra”. Con el correr de los años, va tomando más confianza, aprende de la empresa y empieza a poner a su gente. Gente que no venía de la época de Fortabat, ahí aparece Gasti Ortivó, un ejecutivo que venía de Chandon.
APU: El domingo que viene se cumple un nuevo aniversario del golpe militar ¿Cuál fue el rol de “Loma Negra” en la dictadura? ¿Cuál era la relación de Amalita con el ejército?
SV: Una cosa es Amalita y el ejército y otra cosa es Amalita y los gobiernos. Amalita, al igual que había hecho su marido previamente, mantiene unas relaciones muy buenas y muy fluidas con todos los gobiernos, democráticos o no. Durante la dictadura sucede una cosa muy particular y es que Fortabat muere en enero del 76.
En esos meses que van entre enero y marzo, Amalita teje relaciones con la casta militar que estaba preparando el golpe. Ella es muy cercana al gobierno, de hecho Videla, una de las primeras cosas que hace, es llamar a una reunión con empresarios y pide que Amalita esté, es un acto muy público y ella va. Después “Loma Negra” tiene un papel muy importante en la obra pública, en los estadios de fútbol del mundial, en la autopista. En todas las reformas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en las cuales el proceso se quiere mostrar como organizador, todo ese cemento es “Loma Negra”. Por otro lado, Amalita construye su primera fábrica en Catamarca, también gracias a un plan de estímulos fiscales. Esa planta se inaugura en el 81 y ella extendió como 10 años el tiempo de no tener que pagar impuestos. Cuando en los 90 se interviene Catamarca, se descubre que se llevaba muchísima plata sin pagar.
APU: El año pasado terminó una causa judicial en la cual se investigó el asesinato de Moreno, un abogado laboralista y se propuso seguir la línea de investigación que incluyera a “Loma Negra”...
SV: Así es. Nosotras hemos hablado con la familia Moreno, el libro tiene fragmentos de la causa. Moreno era un abogado laboralista, él tenía a su cargo juicios que obreros de “Loma Negra” le hacían a la empresa por padecer silicosis. Es una enfermedad que te da por aspirar el polvillo en el aire de una zona particular de la cementera.
Esta enfermedad directamente te mata, no hay manera de convivir con eso ni de curarla. Moreno había ganado uno de esos juicios y todos los demás casos los había heredado de un abogado que se había tenido que exiliar porque lo habían secuestrado y torturado dos veces. A Moreno lo secuestran en el 77, como en los demás casos de desapariciones, nadie decía por qué se lo estaban llevando, pero la familia vincula mucho la cementera de “Loma Negra”. El juicio terminó el año pasado, poco después de la muerte de Amalita. El juicio estaba llegando a sus instancias finales cuando ella muere, el 18 de febrero. En ese juicio terminan condenados civiles y militares. Civiles que prestaron el lugar donde Moreno fue torturado y finalmente asesinado y los militares que lo hicieron. Ese juicio termina con el fiscal Adler pidiendo que se investigue la responsabilidad prestaria en todo esto y ahí es donde se quiere investigar qué pasó con el directorio de “Loma Negra”.
Era una empresa muy grande, cuya cede central en Olavarría era un factor de poder político y económico muy importante. Esa empresa estaba ahí desde los años 20. Con lo cual, la relación con el regimiento militar siempre fue muy cercana y era un lugar de circulación del poder. Iban los gobernadores, ministros, fueron presidentes. No es extraño pensar que el directorio de “Loma Negra” pudiera mantener reuniones con militares al poder o que estuvieran en gestión. Eso todavía está por investigarse.

Dictadura: los roles de Ledesma, Ford, Mercedes Benz y Techint (Por Horacio Bustingorry)

El historiador analiza el rol de diferentes empresas durante los años de Terror. El estado de las causas y su rol en la economía actual.
Desde hace algunos años no es extraño referirse al último gobierno de facto como una dictadura-cívico militar. El término se ha ido imponiendo en el lenguaje periodístico, en las instituciones escolares e incluso en el sentido común de la población. La consigna para la marcha del presente 24 de marzo será “los grupos económicos también fueron la dictadura”, frase que incluye a los empresarios en el sector civil compuesto también por jueces, sacerdotes, políticos y medios de comunicación.
Existen algunos casos emblemáticos de complicidad empresarial en la organización de la represión. El ingenio azucarero Ledesma de Jujuy proveyó de camiones al Ejército para el secuestro de sus trabajadores. A mediados de 1976 en la denominada noche del apagón, la empresa cortó el suministro de energía eléctrica para facilitar las operaciones y permitió que dentro de la empresa funcionase el escuadrón 20 de gendarmería, constituido en centro clandestino de detención.
En la represión de la Ford también fueron utilizados rodados provistos por la empresa. Los militares usaron camionetas F-100 en los operativos e instalaron un centro clandestino de detención en la fábrica donde personal de la empresa participó de los interrogatorios. En la Mercedes-Benz los trabajadores eran secuestrados con listas negras proporcionados por los directivos. Las dos automotrices tienen características similares: las victimas fueron trabajadores delegados de sección o integrantes de la comisión interna.
Las empresas Acindar y Siderca también instalaron centros clandestinos de detención en sus predios. La primera, ubicada en Villa Constitución y presidida por José Alfredo Martínez de Hoz impulsó la represión en 1975 con el objetivo de desmembrar la dirección de la UOM local. En la represión participaron distintas fuerzas de seguridad y sectores afines a José López Rega. La empresa facilitó su helipuerto a la Policía Federal y permitió que se instalase un cuartel en la fábrica donde funcionó un centro clandestino de detención.
En la puerta de Siderca, perteneciente al Grupo Techint, se instaló personal del Ejército con un listado de obreros “indeseables” proporcionados por la empresa. Los detenidos fueron alojados en un centro clandestino en el Tiro Federal de Campana, contiguo a la fábrica, que se comunicaba con el predio por una puerta. El mismo modus operandi fue empleado en el astillero Astarsa. El 24 de marzo de 1976 fuerzas del Ejército acordonaron la entrada del predio con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros e identificaron con colaboración de la empresa a los trabajadores “rebeldes” para detenerlos y llevarlos a la comisaría 1ª de Tigre.
Las causas judiciales
En todos los casos mencionados existen causas por delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación intervino en algunos como querellante. En la causa Ledesma uno de los acusados es su titular Pedro Blaquier quien fue citado para prestar declaración indagatoria. Sin embargo la citación fue desestimada por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor.
Los casos de Ford y Mercedes Benz están en el juzgado federal de Daniel Rafecas de San Martín. La causa de Astarsa también se tramita en la misma jurisdicción. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en las dos automotrices y en el caso de Ford participó de un acto en el que se señalizó la fábrica como un lugar de secuestro de trabajadores. A su vez el fiscal Federico Delgado ha pedido la indagatoria para los directivos de la empresa.
La causa de Acindar fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2010. Está en manos del juez federal de Norberto Oyarbide pero por ahora ha presentado pocos avances. Finalmente, en septiembre del año pasado un grupo denominado “Trabajadores y Delegados de los 70 por Juicio a los Responsables del golpe cívico-militar” presentaron en la justicia penal documentación que involucra al directorio de Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército. Si tomamos la caracterización de Rodolfo Walsh en su carta a la junta, donde plantea que las peores violaciones a los Derechos Humanos fueron producto de la política económica de la dictadura, concluiremos que estas empresas favorecidas por aquel modelo violaron los Derechos Humanos por partida doble
Los Grupos económicos en la actualidad
El gran apoyo recibido por Cristina en las últimas elecciones debe mucho a la política económica implementada desde 2003. ¿Qué rol jugaron los grupos económicos analizados en relación al modelo? Salvo Astarsa que cerró en 1994, el resto sigue en funciones. En la actualidad Ledesma desarrolla actividades diversificadas orientadas al mercado interno como la producción de papel, azúcar y naranjas. Sin embargo, las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores y el autoritarismo frente a la población circundante a sus predios la posicionan como una de las empresas más dañinas del país. Sirva como ejemplo el desalojo que impulsó en terrenos de su propiedad que dejaron un saldo de cuatro muertos.
El caso de Techint es más complejo. El grupo está acostumbrado a condicionar a gobiernos y querer digitar la política económica nacional. Los roces con las gestiones de Néstor y Cristina fueron una constante pese a compartir algunos lineamientos generales de la política industrial. Sin embargo, las empresas del grupo dinamizan el mercado interno proveyendo insumos para la industria (sobretodo la petrolera) y abasteciéndose de una red de proveedores nacionales (sobretodo PYMES) a los que transfiere tecnología, financiamiento y capacitación de recursos humanos.
Acindar es una empresa consustanciada con el crecimiento industrial del modelo kirchnerista. La empresa fabrica alambres, clavos, mallas y barras de acero además de cordones para hormigón postesado y acero para estructuras de hormigón armado, insumos básicos de la industria de la construcción, pilar del crecimiento económico de todo el ciclo kirchnerista. La empresa no pertenece más a la familia Acevedo y está en manos de Arcelor Mittal, el principal productor siderúrgico del mundo, conformado en su mayoría por capitales indios.
Las automotrices han sido centrales en el modelo económico kirchnerista. El año pasado hubo un récord en la producción de autos, superándose las ochocientos mil unidades. El aporte de Mercedes Benz ha sido ínfimo y el de Ford de un 14 % pero ambas expresan un sector considerado estratégico por el gobierno nacional. La inauguración con presencia de Cristina de la nueva planta de motores de Ford en Pacheco simboliza ese aspecto. El mismo gobierno que señala un centro clandestino de detención en la fábrica le reconoce su actividad presente y la apuesta al futuro.
La responsabilidad empresarial
Los grupos económicos fueron la dictadura como también lo fueron las Fuerzas Armadas. De la misma manera que el personal militar comprometido con la represión está siendo juzgado, los empresarios que fueron cómplices deberán pasar al banquillo de los acusados. Caiga quien caiga y sin importar si siguen ejerciendo funciones empresariales en la actualidad.
Sin embargo, como dice Walsh, la violación más profunda a los Derechos Humanos de la dictadura fue su política económica. Sin un Estado que discipline al capital las empresas nunca cumplirán la función social que le atribuye la filosofía peronista.  Por esa razón el gobierno, al igual que lo hizo con las Fuerzas Armadas, busca encuadrar a los empresarios para comprometerles en una política nacional. Sólo así los grupos económicos cumplirán un rol positivo para el conjunto de la población y no cometerán nunca más un genocidio social.

Iglesia y Dictadura (por Nicolás Adet Larcher )

En un momento donde la mayoría vive una fiesta eclesiástica ante la elección papal, cabe recordar ciertos elementos que todavía subsisten en las propias entrañas de la Iglesia Católica.
Por Nicolás Adet Larcher l Las dictaduras militares, tan acostumbradas en nuestra larga historia Argentina y corta historia democrática, siempre precisaron del aval de la Iglesia Católica para su subsistencia. Tanto internamente, como para dar un ejemplo hacia el exterior.
Desde lo más profundo de la doctrina de la Iglesia, siempre se observó con buenos ojos el hecho de que un Golpe de Estado posibilite una “restauración” de la República. La dogmática eclesiástica aporto lo suyo para que los soldados de la Patria no carguen con la culpa de lo que era, en ese momento, una “Guerra justa”. Basta recordar publicaciones de la época como la revista Verbo, Criterio, o Cabildo, que cargaban con una impronta altamente católica, donde se pregonaba razones para la guerra. El caso de la revista Verbo es particular. Su primera edición, posterior al golpe, vino acompañada de una serie de fascículos, titulados como “Doctrina de la restauración”. El autor era Miguel Angel Iribarne, también director de la revista, que nunca tuvo pelos en la lengua para afirmar en su medio gráfico: “La guerra es religiosa, e ignorarlo es condenarse a perderla”[1]
Iribarne prosiguió su labor incansable contra la “subversión” cuando se incorporó al gabinete del ministro Albano Harguindeguy[2], quien cumplía la función exclusiva dentro de la dictadura militar de perseguir a los hombres eclesiásticos que no adherían al Nacional-Catolicismo. En la actualidad, colaboraron junto a Fernando Estrada (director reemplazante en la revista) con el arzobispo de la Plata y encargado de acción católica del Episcopado, Héctor Aguer.
El apoyo moral que se brindaba desde la fe, auspiciada por una Iglesia que negaba los crímenes, fue un pilar fundamental, tanto para soldados firmes y decididos como para soldados que cargaban con una dicotomía feroz. Claro es el caso de Adolfo Scilingo, quien fue uno de los primeros militares en confesar los crímenes de lesa humanidad. La confesión la reveló el periodista Horacio Verbitsky en su libro “El Vuelo”, donde se grafica que, luego del primer vuelo de la muerte donde se había desnudado a los prisioneros y se los había arrojado al mar, Scilingo regresó perturbado por el hecho que acababa de cometer. Ante tal desequilibrio, recurrió al Capellán de la ESMA, quien lo tranquilizo mediante la utilización de parábolas de la Biblia sobre la separación de la cizaña del trigo. El capitán afirmo que los dichos textuales del capellán habían sido: “Fue una muerte cristina, no sufrieron”.[3]
La violencia se justificaba si era en favor de Cristo. La doctrina cristiana fue redactada en una especie de manual por parte del Marcial Castro Castillo. El Capellán desarrolla una extensa justificación de la tortura, la violencia, la muerte y la propiedad privada. Dirigió su libro hacia los jefes de las Fuerzas Armadas en nombre de la “Cruzada justa por Dios y la patria”. Si el fin perseguido es conocer la verdad, la tortura es justificada. Lo esencial era “conseguir informaciones indispensables para la protección del bien común”. Sin duda, el fin justificaba los medios y había más. En otra parte de su manual, Castro Castillo se refiere a la propiedad privada y plantea algo interesante. Sustentándose en Vitoria y Santo Tomás para sus escritos, Castillo afirmaba que en la guerra justa es “licito resarcirse con los bienes del enemigo”. Como intentando hacer una salvedad al respecto, agrega que no se permite la rapiña de los policías y quienes velan por la seguridad, sin la autorización superior correspondiente. En cuanto a lo que respecta a los inocentes, para el autor no era lícito matarlos, salvo en casos donde “de otra forma no pudiera hacerse posible la guerra contra los culpables”.[4]
En la guerra todo vale. Pero pareciera que algunas atrocidades se aceptan por algunos, y se rechazan por otros. Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Rosario, era uno de los tantos que sabía acerca de las desapariciones y las torturas. María Inés Luchetti de Bettamin, había dado a luz en cautiverio y tuvo un encuentro con Zitelli un poco fuera de lo común. La mujer le contó al capellán acerca de las torturas y las violaciones que sufrían prisioneras de 16 a 60 años en el subsuelo de la jefatura donde funcionaba un Campo de Concentración. Zitelli sin suavizar sus palabras le contesto:
-Que usen la picana se justifica por que estamos en guerra y es un método apto para obtener información. Pero las violaciones atentan contra la moral y los militares nos prometieron que eso no iba a pasar. ¿Me autoriza a que se lo diga al Arzobispo?
-No se lo autorizo. Se lo exijo.[5]
En aquel entonces, el arzobispo era Bolatti. Ante el planteo de Zitelli, no tuvo reparos en contestar que si se perdía la guerra podía subsistir el marxismo, y que eso desencadenaría un “placer sexual desorbitado”.
Ya pasada la dictadura, en el gobierno de Alfonsín, y en los finales de los 90, Zitelli recibió el título de monseñor honorifico. Conferido por el propio Juan Pablo II desde lo alto del Vaticano. Eugenio Zitelli recibió el honor de parte del sucesor de Bolatti en el arzobispado. Vecinos de la localidad se congregaron para repudiar la decisión. Ante el disgusto, el arzobispo Mirás declaro que si tenían algo contra Zitelli debían hacer la denuncia correspondiente. Mirás no había tenido en cuenta que las denuncias transitaban un sinuoso camino de impunidad desde hace 15 años.[6]
La Iglesia, sin dudas sabía. Lo reconocen sacerdotes que confesaban a los detenidos antes de que los mataran, como lo fue Horacio Astigueta, quien solo atinó a contestar que era “su deber”.[7] O en su momento, lo dijeron personas como el Arzobispo Angelelli, o Ponce de León, a cargo de la diócesis de San Nicolás. De León conto que cuando intercedió por información sobre las desapariciones que se estaban produciendo, el jefe de seguridad, Coronel Manuel Saint Amant, le respondió: “Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted, y a usted todavía no puedo porque es Obispo”.
Es que el hecho de ser Obispo, quizás, paradójicamente era una bendición. O no. En el primer plenario anual del Episcopado que transcurrió en mayo de 1976, Angelelli expresó su preocupación sobre las persecuciones que venían sufriendo los sacerdotes, laicos y demás personas de parte de bases del ejército y la fuerza aérea. Mientras tanto, ya despidiéndose al frente de su labor en el episcopado, Rodolfo Tortolo resaltaba el fin de un gobierno y el comienzo de un “ciclo histórico”[8]. Lo sucedería Primatesta, aunque Tortolo no dejaría de tener peso en cuanto a la presencia eclesiástica en las decisiones de las Fuerzas Armadas. Ante una consulta general del Episcopado a las diócesis provinciales sobre lo que acontecía en este ciclo histórico que había inaugurado el Golpe de Estado elogiado por Primatesta y compañía, se tuvieron respuestas que darían que hablar. El Obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, contó que el ejército detenía a personas, sin cargos formulados, y que se las llevaba a cárceles lejanas luego de destruir sus viviendas. Los Obispos de Formosa y Chaco, relataban detenciones de campesinos en condiciones similares a las que expresaba Nevares. El de Viedma, Hesayne, declaró que la Iglesia debía estar del lado de los detenidos – desaparecidos, y que le parecía lamentable el enfrentamiento que generaban las Fuerzas Armadas entre Obispo y Obispo. Incluso en una homilía calificó a la tortura como “la más vil de las violencias”.[9]
Luego de intervenciones similares, se decidió emitir un comunicado. Se votó. Diecinueve obispos decidieron comunicar lo que sucedía, pero casi cuarenta decidieron que debía ocultarse.[10] La conclusión fue el tan famoso documento donde se apoyaba al Golpe de Estado, y se mencionaba, al pasar, alguna que otra imperfección que podía corregirse. Los secuestros fueron tomados como “pecado” y no como crímenes.
Pero el pecado pareció desaparecer en cierto punto. Las bendiciones llegaron tanto de los obispos castrenses como de aquellos que no tenían relación con las Fuerzas Armadas. En la provincia de San Luis, dependiente de Menéndez, el obispo Rodolfo Laise, acompañado por un monaguillo que portaba una pistola en la cintura, visitó la penitenciaria. Dio una charla en un salón colmado de penitenciarios a los que les dijo: “Hijos míos, a ustedes hay que extirparles el alma”. Según lo que respecta, la Teología Agustiniana, lo mencionado por el Obispo era una sentencia de muerte. Según el sector más conservador de la Iglesia Católica, el alma corrompida solo se purifica a través del tormento del cuerpo. Habían recibido la bendición para el asesinato del cuerpo.[11]
Monseñor Tortolo, en cuanto a sentencias doctrinarias, tampoco se quedaba atrás. Para dejar en claro que no se terminaba la guerra con el enemigo capturado, durante la visita a una de las penitenciarías que albergaban a tantos “subversivos”, fue increpado por un obrero metalúrgico. Rubén Arévalo comentó a Tortolo acerca de las torturas que había sufrido y le preguntó por qué los militares mataban gente. Tortolo lo miró y le dijó:
-Si ellos matan, sus armas están bendecidas, ustedes matan con armas sin bendecir.
Luego agregó, ante el hermano de Arévalo, quien le planteaba que observe sus quemaduras:
-Jorge Videla no sabe lo que está pasando, es oro en polvo.[12]
Entre los enviados del señor a la tierra se entiende la guerra santa. Los siervos serán asesinados si así lo requiere la Patria. Quienes deban seguir en la senda, bien serán elegidos por quienes dieron muestras de aquella labor.
En 1997, Antonio Quarracino era Arzobispo porteño y había visto un “renacimiento de la esperanza”[13] cuando habían tomado el poder las Fuerzas Armadas en el 76. Además dijo, refiriéndose a quienes eran perseguidos durante el periodo dictatorial, con angustia, como se podía recuperar a tantos que poseían una sed de odio, venganza y fanatismo tan grande.[14] El elegido para sucederlo fue Jorge Bergoglio, quien fue propuesto por el propio Quarracino como Obispo coadjutor con derecho a sucesión en el arzobispado de Buenos Aires. Quarracino había sido allegado, además, de Guardia de Hierro y su elegido miembro no activo de la organización. Bergoglio, muerto Quarracino, asumió su labor al frente del arzobispado. Cuestionado, ya en 1999, por el secuestro de los sacerdotes Yorio y Jalics. El propio Bergoglio, según los propios sacerdotes, Emilio Mignone, Horacio Verbitsky, y demás eclesiásticos cercanos, había atribuido comportamientos y practicas subversivas a los detenidos. En tres cartas recopiladas de la cancillería, se deja constancia documentada de la información brindada por Bergoglio a Orcogoyen, dando pie para que sean secuestrados. El resto, es historia conocida. En su labor en el Episcopado tuvo un desempeño flojo en derechos humanos negando documentación vinculante sobre Iglesia y Dictadura que su sucesor Arancedo no dudo en otorgar a la justicia.
La trama sigue, los hechos también. Todo lo descripto en la nota se sustenta en declaraciones judiciales, expedientes, diarios de la época, y la propia confesión de sus protagonistas. Nada esta librado al azar, y nada se hizo por error. La Iglesia sabía. La impunidad era el sacramento que les faltaba.
[1] Doctrina de la restauración. Verbo Nº 161, abril de 1976 p. 5 – 17.
[2] Resolución 28, Ministerio del Interior. 8 de Enero de 1980.
[3] Libro “El vuelo”. Horacio Verbitsky. Editorial Sudamericana.
[4] Marcial Castro Castillo. Fuerzas armadas, ética y represión. Editorial nuevo orden, Buenos Aires 1979.
[5] Jose Maggi. “No mentir es divino” Rosario/12, 6 de Junio de 1999.
[6] “Ya lo dijo Mirás, el que no va a la justicia comete pecado”, El Ciudadano, 10 de Junio de 1999.
[7] “Algunos curas que sirvieron en la Dictadura Militar”. La Maga Nº 167. 29 de Marzo de 1995.
[8] “Monseñor Tortolo: construir en paz para construir mejor” Entrevista. Revista Siete días. 7 de Mayo de 1976.
[9] Episcopado, APCEA, San Miguel, 10 al 15 de Mayo de 1976.
[10] Episcopado, APCEA, San Miguel.
[11] Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, sentencia pronunciada el 14 de Abril de 2009…
[12] Causa 7.824 Correspondiente al área Paraná. Testimonio ante la jueza federal Nº 1, 25 de Noviembre de 2008.
[13] Analisis. 13 de Mayo 1976
[14] “Defendio Quarracino el derecho a la vida” La Nacion, 29 de Diciembre de 1976.