Escrito por Carlos Heller
|
Domingo, 01 de Septiembre de 2013 12:40 |
Es necesario que se implemente de manera integral la Ley de Medios que escribió el pueblo
Lo
sucedido el miércoles y el jueves de esta semana en el Palacio de
Tribunales con la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de
Justicia constituyó un paso más en el largo recorrido de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que fue aprobada por
amplia mayoría por el Congreso en octubre de 2009, luego de haber sido
presentada y discutida en 24 foros en todo el país con más de 10.000
participantes. Al proyecto original se le hicieron 120 modificaciones a
partir de las 1.300 propuestas presentadas por la ciudadanía. Entre 1983
y 2005 se habían presentado 73 proyectos en el Congreso, ninguno pudo
ser tratado por la falta de decisión y las presiones de las empresas de
medios que amenazaban a políticos y funcionarios con la invisibilidad o
la crítica despiadada.
La
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso fin a una de las
peores herencias dejadas por la dictadura cívico militar, es modelo de
legislación en el mundo, fue valorada positivamente por los relatores de
libertad de expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados
Americanos. Entre los principales artículos se destaca el reconocimiento
a la comunicación como un derecho humano, la defensa y promoción del
pluralismo y la diversidad, la reserva de espectro para medios sin fines
de lucro, comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios y los
límites a la concentración para evitar las posiciones dominantes. Justamente
ese tema, el tamaño del negocio, es lo que quedó en el centro del
debate en la audiencia pública. Clarín, la empresa con mayor poder en el
mercado del sistema de medios objetó los artículos que la obligan a
desprenderse de los medios que exceden los límites de propiedad y la
cuota de mercado que establece la ley. Gracias a una medida cautelar
sobre cuya cuestión de fondo la Corte debería fallar en forma inminente,
el grupo Clarín logró una demora escandalosa en la aplicación plena de
la ley. En la presentación de los
“amicus curiae” (amigos de la corte) quedó claro que el grupo Clarín fue
a defender la economía de escala y su posición dominante, expresando
directa o indirectamente que “si no hay un gran negocio no está
garantizada la libertad de expresión”. Dicha falacia fue desmentida por
los “amicus” que defendieron la ley y no pudo ser explicada por los
abogados del grupo en el segundo día de la audiencia pública, cuando las
partes dieron sus propios argumentos a la Corte. El grupo Clarín no se
adecua a la ley actual pero tampoco lo hizo con la anterior decretada
por la dictadura y emparchada durante años en democracia. Durante más de
20 años el Estado permitió niveles de concentración incluso por encima
de lo que la ley permitía. Ahora el Estado decidió regular para
garantizar pluralismo y diversidad, el nacimiento de nuevas voces y el
límite a la concentración. Está en discusión cuál es el papel del
Estado, si el de un mero observador del crecimiento desigual y la
injusticia social en todos los niveles, o un Estado presente que regule
en favor de los intereses de las mayorías, colocando el bien común por
encima del beneficio particular. Si
la Corte Suprema de Justicia preguntó con verdadero interés, sus
integrantes deben haber tomado nota de que las respuestas fueron
contundentes en favor de la potestad del Estado para regular el tamaño
de las empresas de medios de comunicación audiovisual. Quedó demostrado
que lo que pone en riesgo la libertad de expresión son las prácticas que
tienden al monopolio y no las regulaciones que el Estado debe sostener
para controlarlas. Para que más voces sean escuchadas y la ciudadanía en
todo el país pueda además de recibir información, buscar y difundir sus
ideas, informaciones y culturas por más medios en muchas manos, es
necesario que se implemente de manera integral la Ley de Medios que
escribió el pueblo.
|