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ESPERANZA TENDRÁ UNA DELEGACIÓN PERMANENTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE
El titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Dr. Edgardo José Bistoletti y la Intendente Ana María Meiners, suscribieron en el Salón Blanco municipal el Convenio de reciprocidad mediante el cual dicha Defensoría estabecerá una Delegación permanente en el ámbito de la Municipalidad de Esperanza.
Del importante acontecimiento institucional y ciudadano participaron, adermás, el Dr. Luciano Agustín Leiva, Defensor del Pueblo Adjunto Zona Norte; el Senador pcial. CPN Rubén Pirola; miembros del Departamento Ejecutivo; los concejales de la ciudad Hugo Becchio (PRO) y Gabriela Formica de Oggioni (PDP); funcionarios de la Defensoría y periodismo local y regional.
El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Dr. Edgardo José Bistoletti destacó "la generosidad y compromiso institucional de la intendente Meiners y el trabajo del Dr. Luciano Leiva para la concreción de este convenio, que permitirá establecer la delegación permanente número 36 en la provincia". Destacando, además, que "esto no es muy común, ya que a muchos gobernantes y funcionarios no les causa mucho placer tener en su propia localidad un organismo deesta naturaleza que permite al ciudadano canalizar sus conflictos, quejas y demandas".
Oportunamente, la intendente Meiners refirió que "este es un viejo anhelo de la comunidad y de la gestión de gobierno, que se suma a las diferentes acciones que llevamos adelante interactuando con diferentes organismos y jurisdicciones del Estado, para generar y desarrollar polìticas de inclusión y más derechos para los ciudadanos".
Funciones de la Defensoría
El Defensor del Pueblo, a través de la Defensoría, que es un organismo descentralizado, unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que no recibe instrucciones de ninguna índole y tiene facultades de control extrapoder, protege los derechos fundamentales del individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad contra actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la Administración Pública.
Sin perjuicio de presentar la denuncia de hechos delictuales, básicamente el Defensor del Pueblo efectúa recomendaciones a los funcionarios, propone la modificación de normas legales, efectúa críticas y amonestaciones y hace pública su labor a través de informes. Ejerce la defensa del individuo y de la comunidad tanto en el plano de los derechos fundamentales, derechos económicos (protección del consumidor) como en los intereses difusos. De esta manera, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe tiene competencia para actuar sobre:
a) Administración pública centralizada - gobernación, ministerios, secretarías y subsecretarías del Poder Ejecutivo (salud, obras publicas, medio ambiente, seguridad, cultura, promoción comunitaria, entre otras áreas);
b) Administración pública descentralizada (entes autárquicos IAPOS, Túnel Subfluvial, Lotería de Santa Fe, empresas del Estado –EPE- y concesionadas –Aguas Provinciales de Santa Fe);
c) Sociedades con participación estatal y personas jurídicas en ejercicio de funciones públicas (Colegios de Profesionales).
El Defensor del Pueblo ejerce su jurisdicción sobre todo el territorio provincial y actúa no sólo ante la queja presentada por un ciudadano o grupo de personas y/o instituciones. También puede hacerlo de oficio cuando advierte alguna anormalidad, por vía de la ya mencionada ley 10.000 o, inclusive, a petición de los diputados y senadores.
El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del o los interesados, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración publica provincial y sus agentes.
El Defensor se vincula institucionalmente con la Legislatura de la Provincia de Santa Fe a través de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a través de Comisiones específicas. También puede elevar sugerencias al Poder Ejecutivo Provincial, proyectos de ley o proponer reformas de organización alternativas en organismos públicos.
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