“CIADI: AMÉRICA LATINA ANTE DISPUTAS EN ORGANISMOS MULTILATERALES”
A media mañana del sábado, en el auditorio “Juana Azurduy” de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), tuvo lugar la mesa “Ciadi: América Latina ante Disputas en Organismos Multilaterales” con las ponencias del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la abogada Liliana Constante y Hugo Ruiz Díaz, ex ministro de Relaciones Internacionales del gobierno de Fernando Lugo, en Paraguay. La moderación estuvo a cargo de la abogada Stella Maris Biocca.
Al inicio, el constitucionalista Eduardo Barcesat, profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Filosofía y director de la carrera de Abogacía de la UPMPM se refirió a la propia constitución del Ciadi, tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial: “Han sido una imposición de los organismos internacionales para garantizar la inversión de las empresas privadas extranjeras con la excusa de la ‘seguridad jurídica’”.
Además, sostuvo: “La Argentina ha firmado 59 tratados de inversión reciproca en la década del 90 y ellos incluían estos arbitrajes. De esos 59, 40 están en litigio y 5 con resultados adversos. Una cifra aproximada diría que están en juego 60.000 millones dólares ante el tribunal Ciadi. Ese es el cuadro de situación”.
En otro tramo, expresó: “Hemos resignado la soberanía jurisdiccional y legislativa. Si uno examina la jurisdicción del tribunal Ciadi casi no hay cita a las legislaciones nacionales. Casi el 85% de los laudos reposa en antecedentes del propio tribunal Ciadi”.
Barcesat narró, a la vez, su experiencia ante el tribunal, en la causa YPF, como consultor externo de la Procuración Nacional. “Hemos propuesto, en el proyecto del nuevo Código C ivil y Comercial, excluir a los estados provinciales y nacionales de los arbitrajes internacionales y devolver el monopolio de la jurisdicción nacional”, expresó en otro momento.
Agregó: “¿Qué hacemos con estos tratados de inversión? Hemos sostenidos que son nulos porque afectan la constitucional de cada país de América Latina. Esa declaración de nulidad debe emanar del Congreso de la Nación. Estos tratados tienen vigencia de rapiña”.
Antes de finalizar, el constitucionalista alertó el peligro que implicaría la aprobación del proyecto de reforma y unificación del código tal y como está redactado actualmente: “Es impo rtante que las autoridades y la sociedad sepan que con el proyecto de reforma y unificación se está entregando soberanía legislativa y jurisdiccional”. “Los letrados que participaron en la redacción son los mismos de las compañías multinacionales y los mismos que acuden al Ciadi en nombre de esas empresas. Doy todo mi apoyo a que este Encuentro se expida en contra de ese proyecto en su declaración”, concluyó.
Luego, la abogada Liliana Constante, docente de Teoría del Estado e investigadora en derechos humanos y derechos económicos, agradeció la invitación a participar del encuentro y expresó: “En este tema del Ciadi me viene conmoviendo, a mí y otros abogados, que entendemos que en la norma está toda la planificación y el diseño político”.
En ese sentido analizó que en el proyecto de reforma del código está contenida la noción de un país neoliberal. Haciendo repaso a la relación de los países latinoamericanos respecto al Ciadi, sostuvo: “Cuando se conformó la Comisión de Creación del Ciadi, en el 65, todos los países de América latina se opusieron”. “Sin embargo, en 1994, la Argentina se incorporó”, agregó.
“Hay una ruptura del orden constitucional que nuestros representantes han aceptado con la aprobación de la Ley 24.353. Se quiebran las facultades del poder legislativo”, postuló.
La abogada contó que, en la década del 90, nuestro país firmó un decreto que estableció que los tribunales competentes para cuestiones referidas a la deuda externa eran los de Nueva York, Estados Unidos.
Bolivia y Ecuador se retiraron del Ciadi”. “Tenemos que poner toda la energía en tener pensamiento crítico y ponerlo a disposición de los pueblos”, concluyó
Por último, Hugo Ruiz Díaz, doctor en derecho internacional, ex ministro de Relaciones Internacionales del gobierno de Fernando Lugo, en Paraguay, expresó que estas normas colocan a los inversores multinacionales adquieren un estado jurídico similar al Estado.
“¿Qué es lo que pasa? –se preguntó– El desafío que se nos presenta es a dos niveles: este tipo de normativa forma parte de un proyecto, económico, político, social, ideológico que desmantela un estado de bienestar y genera la apropiación del Estado El segundo efecto es desmantelar la soberanía: se vacía el derecho de cada ciudadano, porque las reglas consagran la supremacía de privilegios del inversor frente a cualquier otra normativa. Si se interfieren sus intereses ya se considera expropiación. Esto impide la política pública en materia de salud, energía, trabajo, etc”, finalizó.
EL ROL DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIDAD EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Lorena Putero, licenciada en Economía de la UBA y docente en la Universidad Nacional de Quilmes: “Estas experiencias comienzan con las crisis de los ´90 y el 2001: trueques, asambleas barriales, fabricas recuperadas y los primeros planes sociales se transforman en emprendimientos, salidas para paliar una crisis en el trabajo. Vinieron de varios países de a estudiar el tema de las fabricas y lo ven como un modelo revolucionario. Desde el 2003 se plantea un dilema por el modelo de industrialización y muchos trabajadores comienzan a incorporarse al mercado laboral formal. Tiene un efecto positivo por la recuperación económica, el Est ado toma esto y comienza una política hacia estos microemprendimientos. El plan ‘Manos a la Obra’ viene a darle a estos microemprendedores maquinarias, si bien el plan es cuestionado, se les dio herramientas a los trabajadores y eso fue un empuje importante. El monotributo social es otro de los reconocimientos del gobierno, ya que una parte del monotributo es subsidiado por el Estado. Se decidió la inclusión al trabajo de personas a partir del ‘Plan Argentina Trabaja’ y aparecen las cooperativas. Tenemos que dar el debate de cómo incorporamos al mercado laboral formal este tipo de emprendimientos. En Argentina tenemos un piso de un 35%de economía informal y es un gran desafío bajar ese piso, hoy no está bajando. No hay políticas para desarrollar plenamente a este sector como un sector económico. De otro punto de vista se puede decir que este sector sostiene el modelo de justicia social, soberanía monetaria. Los movimientos campesinos plantean que un país no puede depender de importar alimentos, repensar cómo producir y sobre todo el tema del suelo. Generan trabajo, eso fortalece el modelo, no especulan, piensan en la producción”
Raúl Osca Huidobro, trabajador de frigorífico recuperado Frigocarne: “Desde una fábrica recuperada nos une un criterio político. Nos une el trabajo, no la rentabilidad y especulación. Solo queremos trabajar para generar más trabajo y seguir produciendo. Somos un grupo de trabajadores luchando contra 200 años de capitalismo y tratando de cambiar esto. Es una lucha difícil, despareja, llena de fracasos y que muchas veces no se puede llevar a delante por el pensamiento que tienen algunos trabajadores y que el capitalismo logr&oac ute; en ellos. La situación de fondo es, si hay más inversión o reparto de las ganancias. Son discusiones profundas que se dan entre 150 trabajadores y no es fácil. Recibimos el ataque de la burguesía de los frigoríficos y de muchos trabajadores que no entienden lo que es una fábrica recuperada. Al discutir la economía popular o social necesitamos discutir el desarrollo, cómo nos vamos a desarrollar y perdurar en el tiempo. En el último año quebraron tres o cuatro empresas frigoríficas y nosotros seguimos trabajando. Pero nos bloquean las mafias frigoríficas todavía existen. Esto nos llevó a romper el aislamiento y creamos una federación de la carne y nos permitió luchar en lo colectivo con siete frigoríficos recuperados, lo cual hace la discusión más grande. Tuvimos que estudiar qué pasó en la Unión Soviética, en dond e nacieron las primeras empresas autogestionadas; también en Yugoslavia, Cuba en donde hay procesos similares. Tenemos la necesidad de encontrar un marco legal para las recuperadas ya que nosotros no podemos recibir créditos. Nos cobran un impuesto a la importación pero no podemos exportar. Las jubilaciones es otro tema sensible, los autogestionados no tenemos la posibilidad de jubilarnos ya que no tenemos empleadores. Tenemos que dar la discusión de todo esto porque somos un nuevo actor social y necesitamos este marco legal. Hace 35 años que venimos peleando la autogestión”.
Alberto Gandulfo, subsecretario de la CONAMI: “Estamos discutiendo cosas en medio de una crisis mundial y a nivel local vemos movidas desestabilizante todos los días. Esta crisis hoy encuentra a los estados de los países centr ales en situación deficitaria y los estados latinoamericanos con superávit y hay que estar cuidando que no se tomen medidas desestabilizantes. Se vio en Honduras, Paraguay, la derecha está buscando formas de solucionar sus problemas y esto tiene que ver con la economía de estados. América Latina necesita cambiar la matriz productiva para cambiar la desigualdad social. El Estado está atravesado por lógicas muy disimiles, apoyamos a los frigoríficos recuperados y por otro lado no los dejamos exportar. Esto tiene que cambiar de alguna manera, pero hay cruce de intereses, el lobby sigue existiendo y muchas cosas se hacen difíciles. El plan ‘Manos a la Obra’ podrá haber sido un fracaso a nivel negocio, pero fue una respuesta política tremenda a grupos piqueteros que necesitaban trabajar. El primer acto fue con Néstor Kirchner en casa de gobierno entregando herramientas a todos los grupos piquet eros y un puntapié inicial y mensaje político claro. Hacia allá vamos, queremos darles herramientas para que trabajen”.
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