Seis notas y reportajes a personalidades que opinaron sobre el tema, que mencionara la Presidenta en su Discurso en la Asamblea Legislativa.-

¿Justicia para quién?

Ayer en el Congreso Nacional, la presidenta Cristina Fernández volvió a hablar sobre la necesidad de cambios en el poder más conservador de la Argentina. En general, la Justicia funciona como una corporación al servicio de los sectores dominantes. Opinan Félix Crous, Julián Axat, Eduardo Barcesat, María Estela Martínez, Roberto Gargarella y Lesbianas y Feministas.
Félix Crous: "La Justicia es un poder que gobierna al pueblo"
Julián Axat: "La Justicia va a tener que rendir cuentas como no lo hizo nunca"
Eduardo Barcesat: "El Poder Judicial debe tener independencia de los poderes económicos"
María Estela Martínez: "Se usa la pena para doblegar la voluntad de las personas"
Roberto Gargarella: "El Poder Judicial sigue siendo un sistema clasista y sexista"
Lesbianas y Feministas: Violencia obstétrica y democratización de la justicia

"El Poder Judicial sigue siendo un sistema clasista y sexista"

Entrevista con el abogado, jurista, sociólogo, escritor y académico Roberto Gargarella. Apoya la democratización, pero rechaza las propuestas actuales por sus posibles implicancias políticas. 
Por Juan Ciucci
APU: Queríamos charlar con vos sobre una cuestión que ha estado dando vueltas a partir del año pasado y que este año, evidentemente, va a ser un punto de discusión: la idea de democratizar la justicia. Vi un artículo tuyo en La Nación, este año, criticando algunos de los puntos en los cuales se viene la propuesta, pronunciándote a favor de la democratización pero viendo algunos problemas en cómo se la presenta.
Roberto Gargarella: Me parece que hay muchas razones para favorecer la democratización, pero hay que aclarar qué queremos decir con esto. Para mí, democratización de la justicia implica, sobre todo, vincular ciudadanía con justicia –hay muchas maneras de hacerlo-. Me parece que hay una trampa posible y muy probable en las iniciativas que hoy aparecen al respecto, que es la de usar este concepto que muchos avalamos para, en realidad, ayudar a someter más a la justicia al poder político. Creo que hay un sentido original de la idea de democratización de la justicia que es absolutamente defendible y necesario. Y otro que es espurio, mentiroso, que me parece que encaja muy bien con el estilo de acción de este Gobierno. Pero tampoco quiero centrarme en el Gobierno. Nadie, hasta ahora, ha querido democratizar la justicia sino favorecerse a sí mismo y este es un nuevo caso.
APU: Ahora, este planteo de democratizar la justicia debería tener una pata en la sociedad civil y ahí también habría acciones de distintos espacios para que esta incipiente lectura que vos hacés de la propuesta del Gobierno no sea tal. También sería un proceso social y no sólo del Gobierno.
RG: Bueno, yo no tomo ninguna medida, el que las toma es el Gobierno. La sociedad civil puede querer un montón de cosas y eso puede no traducirse en absoluto en la práctica. Entre otras cosas, un problema que todos tenemos, es que hay poca claridad sobre qué queremos decir con democratización de la justicia, no es extraño que a días de la apertura de las sesiones del Congreso y del discurso presidencial que, dicen, va a girar en torno al tema, al menos en parte, no conozcamos nada.
En términos de involucramiento e influencia ciudadana sobre la acción de gobierno, digamos que el comienzo ya es bastante deficitario. Celebro que haya una discusión sobre el tema pero me inquieta, me molesta, como con tantos temas, se termine bastardeando. Pero es una sospecha que, sistemáticamente, se ha mostrado fundada. Podemos volver a abrir un crédito si se quiere.
APU: ¿Cuáles te parece que son las mayores deficiencias que tiene hoy el Poder Judicial?
RG: Me parece que sigue siendo un sistema clasista, sexista. Si uno hace la sociología del Poder Judicial en la Argentina y en la mayoría de los países desarrollados, lo que ve es que la justicia sigue estando, básicamente, compuesta por sustratos de posiciones más altas, varones de clase media alta, de una religión determinada, de una determinada concepción ideológica –algo así como centroderecha- y que eso tiene impacto a la hora de interpretar el derecho. Porque uno quisiera que éste signifique lo mismo independientemente de quién lo interprete pero, lamentablemente, no es así. Entonces, si hay una justicia con estos sesgos de clase, de género, ideológicos, eso siempre expresa un resultado.
Eso es lo que hay que romper. Hay formas imaginables de hacerlo y muchas otras que imaginar. Pero hay maneras que han sido probadas. Entonces, en vez de explorar esos caminos, lo que tenemos, lo que se anuncia, es lo contrario. Con la excusa de democratizar la justicia se buscaría someterla aún más al poder político como ya se ha hecho. Se ha hecho mucho en estos últimos años, en distintos gobiernos, desde el inicio de la democracia pero más acentuadamente con el menemismo, en ese sentido. No nos desayunamos con nada nuevo.
APU: ¿Cuáles te parece que son esos posibles caminos que decías que ya han sido probados?
RG: Hay algunas reformas que llamaría modestas pero significativas, como las relacionadas con el “standing”, la legitimación para actuar, quiénes pueden litigar. Yo siempre cito el caso de la India, donde hubo una disposición que creó la misma Corte Suprema, a la cual llamó “Jurisdicción epistolar”, que le permitía a una persona que pasa frente a una situación de explotación en una mina que va leyendo el diario, tomar ese papel de diario, escribir sobre el mismo con un marcador, denunciar esa situación de injusticia y abrir un caso ante la Corte Suprema. Lo que desde nuestro punto de vista es una locura, implica cosas radicales en términos de justicia, cualquiera puede iniciar un caso sin formalidades, sin necesidad de un abogado, sin necesidad de recurrir al lenguaje leguleyo. Todos los países –el de la India es un caso extremo- que optaron por formas radicales de apertura al ciudadano, al pueblo, del acceso a la justicia de este modo, tuvieron un impacto extraordinario en términos de la sensibilización social de la justicia.
Eso ocurrió en Costa Rica, en Colombia, en la India, en Sudáfrica, no estoy hablando de Noruega, Alemania y Suecia. Una serie de medidas relativamente sencillas que no requieren nada rimbombante y que tienen impacto en términos de acercamiento de los ciudadanos a los jueces. Me parece que es una medida posible entre muchas otras que se pueden aplicar. Si a alguien le interesa realmente el acercamiento entre ciudadanos y justicia, que se quede tranquilo que caminos a explorar y explorados los hay. Que no nos vengan con cuentos y grandes palabras para seguir con lo mismo.
APU: En el mencionado artículo expresabas una mirada algo crítica sobre algunas situaciones que se han dado en cuanto a cómo elegir a los jueces, que también es una de las propuestas que se escuchan.
RG: Sí, siempre todo es susceptible de lo mismo, iniciativas interesantes que tienen la posibilidad de derivar en resultados peores que los que ya teníamos. La elección de los jueces es otro buen caso. Creo que hay cosas que se pueden hacer para asegurar mayor diversidad de clase, de género e ideológica en la justicia, dado que asumimos que eso tiene impacto en los resultados judiciales. El kirchnerismo en su minuto uno, que para mí es el único aceptable -el decreto 222- que vino a asegurar una diversidad de género, de proveniencia geográfica y de disciplina entre los jueces nuevos que se elegían. Una medida de autoatarse las manos de un modo interesante que en el minuto dos del kirchnerismo se distorsionó y pasamos a tener lo que conocemos, que apretó el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura, ganó dominio sobre éste y a partir de ahí pone una espada en el cuello de los jueces que se animan a cuestionar cualquier medida de gobierno.
Apenas aparece un juez diciendo algo que irrita al Gobierno, se llame Rafecas, se llame Procurador Fiscal, ya tiene una espada en la garganta. En términos de elección de jueces hay también medidas, en apariencia modestas, que pueden tener un impacto. Lo que tenemos habitualmente es lo contrario y formas que se han probado –no aquí pero sí en otros ámbitos- para la elección de los jueces también muestran que esa iniciativa es susceptible de ser manipulada del peor modo. Daba el ejemplo de Bolivia con tristeza porque es un caso que, como tantos, sigo con curiosidad e interés y también con admiración. Pero me parece que lo que hizo Evo Morales en materia de elección de los jueces es vergonzoso. Porque bajo el paraguas de democratizar la justicia y ayudar a la elección popular de los jueces, hoy lo que ocurre es que la ciudadanía puede elegir entre los jueces que el partido de Evo Morales propone como candidatos y para la oposición, la chance de influir en la nominación de jueces es cero.
Solamente se puede elegir entre los candidatos que determina el oficialismo. Eso es una burla, una cachetada a la idea de elección popular de los jueces. Esto es la elección del Gobierno de los jueces que lo van a investigar. Es, como tantas veces en democracia, una burla a la ciudadanía.
APU: Otra de las discusiones presentes es la de los juicios por jurados. ¿Qué pensás al respecto?
RG: Me parece que por un lado habla, en el sentido de juicios por jurados, de la inercia y de la falta de estudio que tenemos en la cuestión y como se tiran iniciativas sin saber de qué estamos hablando. Entonces aparece el juicio por jurado porque está en la Constitución y puede servir para acercar a la justicia a la ciudadanía. Por un lado, muestra que quienes han demostrado esa iniciativa de democratización no saben qué decir. Por otro lado, las versiones que conocemos del jurado y las iniciativas que están dando vueltas son una versión degradada, pálida, aguachenta de lo que la iniciativa original del jurado pudo significar. Originariamente la idea de jurado era una forma de acercamiento con los ciudadanos y en su momento inicial, se pretendía que los ciudadanos pudieran opinar sobre cuestiones sustantivas de justicia en todas las parias del derecho. Hoy lo que le queda al ciudadano en las mejores implementaciones que conocemos del jurado, es lo que le queda al ciudadano norteamericano frente al crimen cometido por Simpson. Él mató o no a su mujer, entonces estará reducido a causas penales para que el ciudadano diga sí o no. Eso es para mí una burla a la ciudadanía, me parece que por falta de estudio, por inercia, por ese letargo que nos acompaña en ese tipo de iniciativa, es que entramos a repetir cosas sin mayor sentido.
APU: ¿Qué opinión te merece el encuentro para pensar la justicia organizado en la Biblioteca Nacional?
RG: Hoy leía declaraciones de la procuradora Gils Carbó, en parte saludo y en parte me horrorizo, porque poner un acento en algo tan patético, como tratar de reducir la influencia de la formación académica en los jueces, en la evaluación de quiénes van a ser los futuros miembros del Poder Judicial, la cuestión de los antecedentes académicos con un argumento rimbombante. Lo que se va a hacer, otra vez, es fortalecer a los miembros de la familia judicial que la única educación que tienen es práctica. Yo me dedico a la formación académica y uno ve los jueces que llegan a las aulas y la formación es lamentable, la práctica es elitista, antidemocrática, clasista. Querer reducir el peso de la formación académica a favor del conocimiento práctico, hay un nivel de perdición y falta de comprensión de cuál es el tipo de problema que está en juego. Es un reforzamiento de lo que uno ya tiene, un sistema elitista, antidemocrático.
APU: Nosotros dialogamos con sectores de la universidad que planteaban esto, la necesidad de modificar los planes de estudio.
RG: Sí claro, lo que no puede haber es el privilegio de la práctica sobre la formación intelectual, sobre todo, viendo lo que significa hoy esa formación intelectual de los jueces. Es patético, es retroceder 50 años, es arrogante, elitista. Aún en las mejores ideologías que circulan dentro del ámbito de la justicia es una ideología que es fundamentalmente antidemocrática, que el ciudadano común no entiende bien. Esa es la esencia de la mentalidad del juez practicante, arrogante, elitista, no digo que esto lo resuelve todo el académico pero si no hay esa introducción de pensamiento crítico estamos en problemas. En todo caso, lo que hace este tipo de acciones es reafirmar el enorme malentendido que hay y lo que asegura y nos da certeza es que va a continuar el patético elitismo judicial con el que hoy vivimos.
APU: Gracias por la nota, nosotros discrepamos con tus planteos, entendemos que este principio que moviliza la idea de democratizar la justicia, no depende sólo de la propuesta que se haga desde el gobierno. Y en ese ámbito nos parece que el kirchnerismo permite las discusiones, y en esas discusiones permite que otros sectores aporten y se llegue a una mejor ley, como ha pasado con los foros en los cuales se discutió la Ley de Medios, por ejemplo.
RG: Pero eso es como agradecerle al menemismo que abrió la discusión sobre el narcotráfico. No, el narcotráfico inficionó al menemismo y la sociedad se puso a discutir. No es que se haya ocupado de habilitar esta discusión, fue víctima de la misma. Me parece que muchas de esas cosas pasan con el kirchnerismo, que trae propuestas interesantes y luego el contenido no es atractivo. Hace 20 años que defiendo la Ley de Medios, que hablo a favor de la democratización de la palabra y creo que la discusión tuvo ese mismo sesgo.

"La Justicia es un poder que gobierna al pueblo"

El fiscal federal y flamante titular de Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Félix Crous, analizó el encuentro "Justicia Legítima", que reunió esta semana a magistrados, abogados, especialistas y militantes de todo el país. Discutieron sobre la democratización del Poder Judicial. Ayer, Cristina volvió sobre el tema al inaugurar las sesión legislativa.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuál es su balance del encuentro Justicia Legítima?
Félix Crous: Balance todavía en caliente, la adrenalina de la actividad. Muy satisfecho, como toda actividad que pretende congregar gente, intuíamos y teníamos la percepción del interés. Los propios adherentes a los documentos acumulaban un indicio acerca de cuánta gente nos acompañaría.
Siempre hay que moverse, esta es una ciudad compleja, nuestras actividades también son complejas, la vida es compleja. Hemos juntado mil personas aquí en la Biblioteca, que es un auditorio para mucho menos gente. Otra tanda esperó y soportó todo el tiempo afuera y además, la gente permaneció durante toda la actividad. Se desarrolló con regularidad en el marco de lo que es una actividad multitudinaria. Todos los oradores con alguna representatividad y pluralidad pudieron exponer.
El uso de la palabra fue democrático y equitativo. Me parece que circularon algunas ideas muy vivificantes para todos. Lo más interesante es que todo el tiempo aparecen nuevas reflexiones, un paso más que complejiza el análisis, que exhibe otras facetas de este proceso de revisión sin contemplación y con cruda sinceridad que estamos haciendo, de las prácticas de un mundo al que nosotros también pertenecemos pero que no queremos pertenecer más así tal como está.
APU: Sí, se puso tenso en un momento...
FC: Es inevitable, nosotros tenemos nuestras visiones de la coyuntura del mundo, del país. Tenemos anhelos, deseos distintos, coyunturas distintas de lo que sucede y me parece que es inevitable en una reunión donde hay tanta gente y la verdad me sorprendí de que todo haya marchado de un modo armónico durante tanto tiempo. La gente respetó la tentación que todos tenemos de acotar, contradecir, sumar.
Cuando esto tuvo algún atisbo, la mínima moderación funcionó y del mismo modo que cuando las disidencias fueron más grandes, fueron episodios anecdóticos, sin ningún nivel de trascendencia. Cualquiera que haya estado en una asamblea sabe que esto es una anécdota intrascendente al lado de lo que sucede en un debate acalorado y de ideas sobre asuntos que a nosotros nos ha llevado la mitad de la vida. Todos los que estamos acá, no somos aspirantes a la justicia, somos personas que hemos sido formadas y que formamos parte de de estas prácticas de criticarnos.
Estamos dispuestos a exponernos a la luz pública fuertemente y reencontrarnos con la sociedad, cueste lo que cueste, porque esto no da para más.
APU: ¿La idea de llevar esta instancia al interior del país?
FC: Sí, desde luego que las redes sociales han tenido mucho que ver con esto. Es la circulación de un malestar que no suceden de un día para otro. Por supuesto que siempre hay detonantes. pero el hecho de que hoy sea tan sencillo para todos comunicarnos hizo que estuviéramos adhiriendo a un documento que, además, tuvo el singular talento de sintetizar esas inquietudes. Los activos participantes de esto o los promotores son colegas y amigos de todo el país, no hay que hacer ningún esfuerzo para ser federal en este sentido.
Se hizo en Buenos Aires porque este país es radial, porque todo converge aquí, porque la mayoría de los letrados y funcionarios están acá. Como segundo paso seguramente vamos a ir a alguna gran capital de provincia que sea más accesible a los vecinos de esos lugares y replicaremos encuentros a nivel local, regional o provincial para que este estado de reflexión colectiva se mantenga. Hay gente que no le es sencillo llegar hasta acá, que se quiere juntar con sus pares, en sus lugares y darse un espacio similar.
APU: ¿Dentro de lo que sería Magistrados, Jueces, Fiscales, algunas conexiones con organizaciones sociales que puedan tener?
FC: Todas. Me parece que si hay un hilo conductor que circuló acá es que la justicia es una práctica, es un poder que gobierna y si gobierna, gobierna al Pueblo y el Pueblo no es un destinatario, debe ser un protagonista. La democratización de la justicia implica, primero y ante todo, escuchar a todos, no discriminar por profesiones, porque además nuestras disfuncionalidades tienen proyecciones que merecen ser estudiadas por muchas disciplinas, no sólo por el derecho. Cualquier hombre del Pueblo es un destinatario y debe ser un actor del hacer judicial.
Mañana los talleres serán talleres abiertos, nuestra idea original era, de acuerdo a cómo venía la actividad, restringirlo a la persona del mundo forense porque no encontrábamos por nuestra inexperiencia un modo de poder encausar esa reflexión de una manera más productiva. Evidentemente el interés de expresar ha desbordado todas las previsiones. Todo el que tenga algo para decir, lo dirá. Creo que en ese sentido, como lo dijo la Defensora General al cerrar el discurso.
No hay ninguna razón para pensar que desde una perspectiva profesionalista sectaria, los Jueces tenemos algunas calidades superiores al resto de la ciudadanía, cuando el acto político de decidir es un acto que produce consecuencias de la mayor trascendencia en todas las personas sin preguntarse quién es.

"La Justicia va a tener que rendir cuentas como no lo hizo nunca"

Así lo declaró Julián Axat, defensor del fuero de responsabilidad juvenil de La Plata. Además, analizó una lógica represiva que tiene como víctima a los jóvenes pobres: "Es histórico el reclutamiento de menores para el delito por parte de las fuerzas policiales".
Por José Cornejo
AGENCIA PACO URONDO: ¿Ustedes se ocupan de la defensoría de adolescentes?
Julián Axat: Así es, niños y adolescentes vinculados a cuestiones policiales, penales, aunque también de chicos en situación de calle.
APU: Queremos arrancar con un tema de coyuntura, específico, para después ir a uno de fondo. El específico es, según nos contabas en un intercambio de correos, que la Corte Suprema provincial había rechazado una modificación procesal del sciolismo para reducir las excarcelaciones.
JA: Sí, el CELS, la Comisión por la memoria y dos defensores públicos, una defensora de Lomas de Zamora, la doctora Fernanda Mestrín -y yo- interpusimos esta acción ante la Corte para que suspenda esta ley propiciada por el Gobierno de la Provincia. La misma, pretendía decirle a los jueces que cuando una persona es encontrada en la vía pública portando un arma en situación de delito, esa persona no podría salir en libertad, sino que el hecho sería inexcarcelable y quedaría presa por tiempo indeterminado o hasta que el juez determine. Nosotros consideramos que el Gobierno de la Provincia no les puede decir a los jueces cuándo tiene que excarcelar a una persona y que esa ley era inconstitucional. La Corte nos dio la razón y suspendió la norma impuesta por el Gobierno provincial y de su Ministro de Justicia, Ricardo Casal, que fue el mentor de la misma.
APU: Una cosa que nos preocupa mucho y de la que estamos muy encima y que de hecho es tema del número de nuestra revista número 3, es que se empiezan a repetir los casos de violencia policial e incluso chicos desaparecidos, donde la causa de fondo es que las distintas policías provinciales –y esto lo hemos relevado- obligan a los menores a delinquir y cuando no, en el peor de los casos los asesinan o si no los judicializan. ¿Ustedes tienen datos al respecto?
JA: Sí, es histórico el reclutamiento de menores para el delito por parte de las fuerzas policiales y es un hecho que, si bien se viene mencionando en estos últimos tiempos, tiene toda una historia. No existe en la Argentina un estudio serio sobre esto, siempre que se habla de delincuencia juvenil se piensa que es un menor que entra a robar a una casa o uno que hurta o que mata. Siempre atrás de un pibe hay un adulto que, de alguna manera, lo usa de instrumento y uno entra a investigar y encuentra que, a veces, ese adulto es un policía que le puso un arma en la mano, que le cobró peaje, que le marcó la casa, etc. Me parece que es una cuestión que da para investigar. Por ejemplo, el caso Arruga es el caso paradigmático de la desaparición de un chico, habla en la causa de que fue varias veces extorsionado por la policía para hacer trabajitos. El chico se opuso tantas veces a eso que la policía, como forma de hostigamiento y de castigo, lo asesinó e hizo desaparecer su cuerpo, por lo tanto, entiendo que el reclutamiento para el delito debe ser un hecho profundamente investigado.
Lamentablemente, al Gobierno de la Provincia no le importa ese tema. Lo de Luciano Arruga es la punta de un iceberg, hay montones de chicos en la misma situación, quizás los cuerpos han aparecido porque fueron asesinados y no desaparecidos y me parece que si el Gobierno provincial no toma cartas en el asunto, lo vamos a hacer las organizaciones de DD.HH. y aquellos funcionarios que estamos comprometidos con estos temas. Lamentablemente, a veces somos 2, 3, 4, no es fácil. El Poder Judicial está, en este momento, en tela de juicio justamente por su burocracia y por su negación de los DD.HH. pero es un camino que hay que recorrer y el Gobierno, al final, ha puesto este tema donde corresponde y la campaña que lleva a cabo el Movimiento Evita también lo ha puesto sobre el tapete y esa es la línea que hay que seguir. Una verdadera profundización contra la violencia institucional en todo sentido.
APU: Mañana la Presidenta de la Nación abre las sesiones ordinarias del Poder Legislativo (la entrevista fue realizada el pasado jueves) y se espera un discurso fuerte y crítico respecto al rol de la justicia. ¿En esa línea, querés profundizar algo más?
JA: No, estuve ayer en el espacio Justicia Legítima, soy parte del mismo, firme las dos solicitadas y voy a seguir siendo parte. Lo que escuché ayer es un hecho inédito para este país. Que más de 1.000 funcionarios judiciales, en la Biblioteca Nacional, estén haciendo una autocrítica sobre cómo funciona el Poder Judicial y la necesidad de democratizarlo y acercarlo a la gente, me parece algo fundamental, un antes y un después. Creo que nuestra Presidenta va a recoger este guante, en realidad ella anunció que va a proponer cambios en la justicia y desde este espacio estamos esperando escucharla y creemos que todo lo que se proponga desde el Gobierno Nacional va a ser transformador y creo que la justicia, a partir de este año, va a tener que rendir cuentas como no lo ha hecho nunca y sacarse de encima todo ese manojo de privilegios que no corresponde que tenga en un estado de derecho democrático.
APU: El marco legal que permite este hostigamiento policial a los jóvenes, por lo que hemos estado investigando, tiene que ver con el Código Contravencional que impusieron Macri, Scioli, De La Sota. ¿Se está proponiendo cambiar estos códigos que permiten hostigar y encarcelar?
JA: Es muy interesante tu pregunta. Como bien vos decís, además del Código Penal, las provincias tienen este otro código que es un sistema normativo que directamente es administrado por la policía. Son ellos los que aplican las sanciones. Por ejemplo, ven un chico que va por la calle y se lo llevan preso porque “está exaltado” porque la figura administrativa o contravencional es “escándalo en la vía pública” y eso no lo controla ni un defensor ni un fiscal. La mayoría de las provincias tienen estas leyes que son de principios del siglo XX y nacen con las policías provinciales, o sea, fuerzas con poderes discrecionales. A esta altura de la democracia, no corresponde que haya en un Estado, además de un Código Penal, un código paralelo gestionado sólo por la policía.
Chubut ha derogado ese sistema, Neuquén también, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un código que elaboró el doctor Zaffaroni, que no era un código contravencional sino un encuentro con la sociedad, Macri volvió a propulsar un código contravencional y la Provincia de Buenos Aires tiene una vieja ley contravencional que le permite a la bonaerense hacer cualquier cosa. Estas figuras, claro, le permiten a las policías extorsionar a los chicos. Si la policía le dice a un joven que encuentra en una esquina, en la vía pública: “Si vos no hacés esto para mí te llevo por contravención y te tengo una noche en un calabozo”. Estas figuras permiten, de alguna manera, el hostigamiento, por eso son un punto clave a democratizar, a derogar, un trabajo que por supuesto, queda por hacer.
APU: Claro, más que cambiarlos, derogarlos. Que no haya más códigos contravencionales.
JA: No puede haber una figura paralela al Código Penal, o sea, un sub-código paralelo, que no tenga el control del Poder Judicial.
APU: Es un tema bastante candente al que, en un año electoral en que tal vez el sistema político esté más permeable para algunas discusiones, queremos volver y volver así que seguramente volveremos a charlar.
JA: Me parece que el tema de la violencia institucional todavía no se profundizó y es el tema de los años que viene, por supuesto.
APU: Claro, e incluso defensivamente porque al ser un año electoral, se entra muchas veces en la demagogia represiva y son muy complicados los discursos que adoptan algunos candidatos.
JA: Justamente, la ley de excarcelaciones de Scioli era una respuesta demagógica al clamor popular para conseguir votos. La Corte de la Provincia entendió que esto no podía ser así y era poco serio. Lamentablemente se habla de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra porque la justicia así lo permite y me parece que esa no es la discusión que hay que dar sobre la justicia. Hay que profundizar la justicia y, en todo caso, sanear a los jueces que hacen demagogia, sacar a esos jueces.

"El Poder Judicial debe tener independencia de los poderes económicos"

Así lo aseguró el constitucionalista Eduardo Barcesat en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. Sus críticas al discurso del Juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
AGENCIA PACO URONDO: En el día de hoy se va a desarrollar la jornada bajo el lema de una Justicia Legítima. ¿Qué importancia tiene esta actividad?
Eduardo Barcesat: Creo que el debate acerca de la naturaleza y el funcionamiento del Poder Judicial es un paso fundamental para la mejora institucional. Un poder que ha nacido o ha sido pensado hace más de 200 años por la Constitución de Estados Unidos como un poder aristocrático, para contraponer o detener posibles excesos demagógicos o populistas en los poderes que se eligen por voto popular, sea el Legislativo y el Ejecutivo. Obviamente, pasa a ser un contrapeso respecto de todo movimiento o proceso de modificación del paradigma social, particularmente cuando se trata de desplazar los poderes económicos centrales hacia un poder más democrático que atienda más a los intereses de los ciudadanos que al de las grandes corporaciones.
El poder Judicial es un obstáculo para esta transformación, por lo tanto, vamos a hacer un aporte consistente en un proyecto de ley reglamentario del artículo 110 de la Constitución que, respetando el carácter de vitalicios de los cargos, establezca la obligatoriedad de concursar los mismos en períodos de 7 u 8 años. Todo esto tiene que ser ponderado junto con la oposición, que es lo que habilita a los que vienen de fuera de la carrera judicial a poder aspirar a ocupar un cargo en la magistratura. Esto implica mayor carácter republicano, mayor resguardo de principio de idoneidad para acceder y continuar en el desempeño de la función pública y creo que también implica mayor poder del Pueblo, en el sentido de poder controlar la actividad y el desempeño de los jueces.
APU: Hay un trato diferencial de la justicia con respecto a los pobres y los ricos ¿Qué puede decirnos sobre eso?
EB: Esto es un factor que distorsiona la administración de justicia y diría, además, que está en riesgo de ser agravado. En el anteproyecto entregado de unificación de Código Civil y Comercial de la Nación, se prevé un amplio desarrollo al contrato de arbitraje que significa la privatización de la justicia. ¿Dónde funcionan los tribunales de arbitraje permanente? Funcionan en las bolsas de comercios, en las cámaras empresariales, es una justicia de clase. Yo no digo nada peyorativo respecto a nivel jurídico o respecto a su formación académica, pero si digo que tienden a favorecer inexorablemente a quien ejerce el poder, a los socios y no a los que acceden por vías de contratos de usuarios y consumidores.
El contrato de arbitraje tiene el enorme estigma de entregar nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional frente a tribunales como el CIAD,I que son peores de los que conozco y he actuado, que los propios tribunales arbitrarios.
APU: Uno de los temas que va a estar en estas jornadas de hoy y mañana, es el de concepto de independencia ¿Qué sería la independencia y cómo podríamos repensarla en el Poder Judicial?
EB: Independencia respecto de los poderes establecidos y de los poderes económicos. Pero a mí, me gustaría pensar más en la expresión "dependencia" de la Constitución Nacional y de su supremacía. Estos jueces que ahora se golpean el pecho reclamando la independencia son los mismos que se doblegaron frente a los procesos de usurpación del poder político en nuestra historia institucional. Juraron por normas que no eran la Constitución Nacional, postergaron la Constitución Nacional y ahora cuando hay un proceso popular, se rajan las vestiduras, se llenan la boca de la palabra independencia. Lo cierto es que cuando llegó el momento institucional de acreditar esa independencia fueron obsecuentes y encubridores de esos poderes dictatoriales y usurpativos.
APU: El día de ayer se abrió el año judicial ¿Qué le pareció el discurso del Dr. Lorenzetti?
EB: Lo leí y para mí tiene dos errores conceptuales fundamentales. Hay afirmaciones muy buenas que están claras pero hay dos errores conceptuales. El primero: se dice que el poder judicial no gobierna. La Constitución establece claramente que el Gobierno Federal está integrado por tres poderes y uno de ellos es el Judicial. Decir que los jueces no gobiernan es como decía en su momento el Dr. Petracchi, todavía Ministro de la Corte, decía que un juez que no supiera que hace política es como un cangrejo que no supiera que es un crustáceo. Hacen política, gobiernan dentro del marco de sus incumbencias. El segundo que me parece más peligroso: es decir, abramos la administración a las periaciones, a la resolución de los conflictos fuera de los jueces. No, la Constitución dice que al Poder Judicial, la Corte Suprema y demás Tribunales inferiores, les corresponde conocer y decidir en todas las causas, entonces, esta privatización de la justicia es hacerla más onerosa, más inaccesible, obviamente no significa una justicia al lado del Pueblo, significa una justicia al lado del poder económico.

Violencia obstétrica y democratización de la justicia

Por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto "Es en los hospitales públicos donde se producen las muertes y torturas por aborto. Las mujeres no mueren en sus casas", se afirma en la columna de opinión.
El encubrimiento y el efecto naturalizador de la tortura llevado a cabo por generaciones de jueces tomando decisiones de impunidad sobre la tortura de mujeres, lesbianas, niñas, travestis, transexuales, en las casas, en las calles, en las comisarías, en los hospitales, durante la dictadura, en democracia, son engranajes fundamentales del heteropatriarcado que la construcción de una justicia democrática debe no sólo desengrasar, sino desmantelar.
En el caso de la violencia obstétrica, se juega nuevamente la relación del poder judicial con el poder médico, y el desafío consiste en romper la complicidad entre el poder judicial, el poder policial y el poder médico que actúan en cada barrio.
Del análisis de los casos de mujeres y niñas muertas por aborto en nuestro país se desprende que son víctima de la mortalidad por abortos inseguros no sólo las mujeres más pobres, sino aquellas mujeres y niñas pobres que abortan durante el segundo y /o tercer trimestre de embarazo. En estos casos la OMS establece que los abortos, para ser seguros, deben realizarse en un hospital. Como ello no es posible en nuestro país salvo en casos excepcionales establecidos por el Art. 86 del Código Penal, las mujeres que abortan en el segundo o tercer trimestre en la clandestinidad acuden al hospital con el aborto en curso o pos aborto (El Consejo Federal de Salud del que participan el Ministerio de salud de la nación y de todas las provincias estableció en 2010 la atención de emergencia obstétrica posaborto como prioridad sanitaria nacional).
Es en los hospitales públicos donde se producen las muertes y torturas por aborto. Las mujeres no mueren en sus casas. En nuestro país los tribunales hacen referencia a este hecho enfáticamente desde 1968, cuando el famoso plenario Natividad Frías de la Cámara Criminal Federal, convertido en precedente judicial por más de 50 fallos de Tribunales Superiores y Cámaras Provinciales, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (y recientemente confirmada en el fallo Arriola), estableció el alcance de la prohibición de denunciar que tienen todas las personas en el ámbito de salud respecto de las mujeres y niñas que atiendan por aborto, o cuya situación conozcan en virtud de su trabajo en el ámbito de la salud. Este precedente sólo fue violado durante la última dictadura militar y luego del pacto explícito establecido por el gobierno de Menem con el vaticano en 1998, hasta 2002, cuando fue nuevamente reivindicado en las cortes.
Sin embargo, hasta ahora, desde el poder judicial no se ha podido avanzar mucho más para reivindicar los derechos humanos de las mujeres, lesbianas, transexuales y niñas que abortan. Y en los hospitales somos una de las carnes de cañón más frecuentes: en la Línea Aborto, más información, menos riesgos (011 15 66 64 7070), recibimos denuncias de todo el país especialmente por retraso en la atención de las emergencia por abortos del segundo trimestre. Quienes se comunican con la línea o tuvieron acceso al libro Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, saben identificar los signos de alarma y el momento en que deben ir al hospital para bajar los riesgos de abortos inseguros. Sin embargo, una vez en la guardia lo primero que encuentran es la espera, pero no una espera como en una sala de espera de un consultorio, de una salita, sino una espera feroz.
Esta espera puede durar de 4, 10, hasta 24 hs. antes de que la mujer sea atendida por alguien que no sea un policía o miembro de la seguridad del hospital. Va a continuar en un múltiple confesionario que la mujer deberá enfrentar a solas con el médico, pueden ser muchos médicos de a uno por vez, donde le son proferidas preguntas exclusivamente sobre la salud del feto, muchas veces en tono injuriante, infamante, humillante, acusatorio, intimidante.
Luego viene la etapa del oprobio en una instancia de panóptico de conchas: el desnudo colectivo de la cintura para abajo en una sala con camas obstétricas ocupadas en más de la mitad por mujeres que abortaron o abortando, donde las vaginas son propiedad del médico y ya no de su portadora, la revisión en el pasillo, los comentarios sobre las condiciones de la concha o del aborto o del feto, el insistente mamita, y como ya hemos referido, no excepcionalmente, el legrado innecesario, sin anestesia, con sangre y saña, con la amenaza más o menos real de la denuncia ante la policía. Luego el policía del hospital buscando el registro, la visita en la casa, la coima, la nueva violación.
Todo esto, que en la Línea las mujeres ya casi que nos vienen gritando hace 4 años, ha pasado inadvertido como torturas ante el poder judicial: no existe el caso del médico condenado por tortura por legrado sin anestesia, por espera, por muerte, así, sin más. Ni siquiera el horrible caso de Ana María Acevedo.
Sin embargo, en materia de derechos humanos son profusas las normas y recomendaciones al poder judicial y al poder médico sobre su actuación debida ante estos casos de violencia de género. Uno de los principales deberes es el de debida diligencia: la demanda de la debida diligencia está en directa relación con la capacidad del estado para desterrar la impunidad generalizada respecto de la violencia de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “la falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos (de violencia de género) y prevenir su repetición refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación”.
Posturas similares han sido desarrolladas desde el Comité contra la Tortura de la ONU. En su Observación General No. 2 sobre aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, documento CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008 y con referencia a la protección de las personas y los grupos que resultan vulnerables a causa de la discriminación o la marginación señaló que: “22…La condición femenina se combina con otras características o condiciones distintivas de la persona, como la raza, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la edad o la situación de extranjería, para determinar las formas en que las mujeres y las niñas sufren o corren el riesgo de sufrir torturas o malos tratos, y sus consecuencias. Las situaciones en que la mujer corre riesgo incluyen la privación de libertad, el tratamiento médico, particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción …Tanto los hombres como las mujeres y los niños y las niñas pueden ser víctima de infracciones de la Convención por su disconformidad real o aparente con las funciones que determina la sociedad para cada sexo…”
El Código Penal de la Nación, además de determinar penas para autoras/es de tortura, determina plazo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho para su denuncia e investigación, así como penas para quienes por incumplirlos resulten encubridoras/es. El extenso y detallado articulado del código contrasta con la ausencia de condenas en casos concretos. A lxs criminólogxs, que catalogan los delitos según la ropa de los autores, se les podría ocurrir el nombre de “delitos de bata celeste”.