El presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera,
aportó su visión a la discusión sobre la democratización de la Justicia.
En ese sentido, hizo un balance acerca del funcionamiento del órgano
que preside, opinó sobre el uso de las cautelares y la independencia
juidicial.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué rol cumple en Consejo de la Magistratura? ¿Cómo es su funcionamiento?
Mario Fera:
El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por nuestra
Constitución en la reforma de 1994 dentro del capítulo del Poder de la
Nación. Es un órgano del Poder Judicial. Tiene la particularidad de que
está integrado por distintos miembros, 13 en este momento, provenientes
de distintos estamentos. Tres de esos miembros somos Magistrados, yo,
soy Juez Nacional de Apelaciones de la Cámara de Trabajo. Las funciones
principales que tiene el Consejo de la Magistratura, como organismo
permanente del Poder Judicial, son básicamente cuatro. Por un
lado, seleccionar postulantes a jueces. Tramitamos concursos, admitimos
ternas y las remitimos al Poder Ejecutivo para que de esa terna elija
quién va a ser el mejor candidato a juez. El Ejecutivo la remite al
Senado, y si el éste le da el acuerdo, el Poder Ejecutivo dicta el
decreto correspondiente.
La segunda misión que tenemos es ejercer las facultades
disciplinarias sobre los magistrados. Tenemos una comisión que se
encarga de tramitar los procesos disciplinarios frente a las denuncias
que promueva cualquier ciudadano que haya sido perjudicado por la
conducta de magistrados siendo susceptible al encuadramiento en la
causa. Si nosotros advertimos en ese procedimiento que la causal es muy
grave, nos transformamos en acusadores ante un tribunal de
enjuiciamiento que es otro órgano previsto por la Constitución Nacional.
Es un órgano que se conforma ad hoc para resolver los casos que lleguen
a juicio político.
La tercera misión es la administración del Poder Judicial de la
Nación y Federal. Nos encargamos de todos los insumos económicos, la
parte de infraestructura y tecnología del Poder Judicial. Ante el
Consejo de la Magistratura se tramitan todos los pedidos de la Justicia
Nacional. Tenemos la administración de los centenares de
edificios que están en Poder Judicial y todas las obras que se están
realizando, así como todos los avances tecnológicos. La administración
general la ejercemos en conjunto con la Corte Suprema pero es una misión
específicamente atribuida por la Constitución al Consejo de la
Magistratura.
La cuarta, son las facultades reglamentarias que tenemos y que
también la establece la Constitución. Dictamos los reglamentos que sean
necesarios para la mejor organización de la justicia y para garantizar
la independencia judicial. Esa tarea también es ejercida
conjuntamente con la Corte Suprema porque después de la reforma
constitucional de 1994, la Corte Suprema conserva en su rol de cabeza
del Poder Judicial, una facultad reglamentaria y según los temas se
ejerce separado conjuntamente con el Consejo de la Magistratura. APU: ¿Qué balance hace del funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde su creación en el 94? MF:
El Consejo de la Magistratura tiene de funcionamiento aproximadamente
15 años, es una institución joven dentro de nuestra vida histórica. En
esos 15 años, se demoró unos primeros años para ponerlo en
funcionamiento. Funciona desde noviembre del 98 y va a cumplir 15 años
en noviembre de este año. En el año 2006 la ley tuvo una reforma:
primero, estuvo integrado por 20 miembros, ahora lo está por 13. Todos
estos años que pasaron, a pesar de su corta vida, tuvo distintas
etapas. Las primeras estaban caracterizadas por definir cuál era su
lugar dentro del Poder Judicial. Tuvo una etapa de fricción muy
importante con la Corte Suprema hasta que los dos organismos se fueron
acomodando. Finalmente la Corte Suprema tras distintas decisiones, puso
en claro que su rol de cabeza del Poder Judicial había quedado intacto
pese a la reforma constitucional y el Consejo de la Magistratura quedó
ubicado como un organismo que tiene competencias específicas y
exclusivas atribuidas por la Constitución como la selección de
magistrados y las facultades disciplinarias. El resto de las
competencias, la administración y la reglamentaria están repartidas con
la Corte. Es una institución joven dentro del país, es difícil hoy hacer
un balance pero hubo algunas etapas claves que atravesó el Consejo y
que fueron marcando los distintos pasos. Hoy nos encontramos en una etapa que podríamos llamar, “crisis”.
Hay una gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial y en los últimos
meses tuvimos algunos inconvenientes de orden político institucional
que nos impidió terminar con algunos concursos. Eso dio lugar a una
serie de cuestionamientos acerca del efectivo funcionamiento del Consejo
de la Magistratura. Quedó a la vista que se trata de un órgano
demasiado deliberativo y en algunos puntos quizás muy politizado. Esa
politización muchas veces genera cierta parálisis o cierta dificultad
para andar a la velocidad que esta sociedad necesita que el consejo
funcione. Este año, 2013, me toca asumir la presidencia, desde febrero
hasta febrero del año que viene. Me propuse como una de las primeras
políticas a adoptar, recomponer el diálogo entre los consejeros que de
alguna manera se vio deteriorado por lo que pasó en los últimos meses.
De alguna manera se está logrando poder avanzar en los trámites que nos
quedaron pendientes y que tienen alguna demora. Tenemos que dedicarnos
fuertemente a las incumbencias exclusivas que tenemos, como la selección
de candidatos a jueces y ejercicio de las facultades disciplinarias. Tenemos
muchas vacantes en el Poder Judicial y la sociedad está reclamando que
nosotros produzcamos las ternas, para eso se necesita darle mayor
agilidad al concurso. En materia disciplinaria tenemos muchas
cantidades de denuncias, cerca de 400 denuncias de los menos de mil
magistrados que hay en la ciudad y federal en todo el país. Es una
cantidad proporcionalmente muy significativa. Conversé con los
presidentes de las comisiones de disciplina para poder agilizar los
trámites en las dos comisiones. Y en materia de administración
pienso hacer un fuerte trabajo como lo hice en la primera presidencia
que me tocó en el año 2011, atendiendo requerimientos de infraestructura
que tenemos muchos en todo el país, atendiendo temas de tecnología. En
esto estamos avanzando muy fuertemente con la Corte Suprema en lo que es
el nuevo software, programa de gestión del Poder Judicial de la Nación
que ya estamos instalando y tenemos pensado tenerlo listo para los
primeros meses del año que viene. En esto dimos un paso muy importante
porque estamos modernizando el Poder Judicial en lo que es la gestión de
los expedientes, tendiendo a lo que es el expediente digital,
incorporando todas las nuevas tecnologías y entre ellas, estoy
impulsando el tema de la rectificación electrónica. Además de
otras herramientas que van a permitir que en los próximos años veamos
los frutos porque va a cambiar mucho el desarrollo de las causas
judiciales. APU: Una de las propuestas que empezó a
surgir fue la posibilidad de que los integrantes del Consejo de la
Magistratura sean elegidos por el voto popular. Está en discusión si es
constitucional o inconstitucional. ¿Cómo ve esta iniciativa? ¿Se pueden
realizar cambios? MF: La Presidenta de
la Nación expresó algunas ideas con relación a la necesidad de cambios
en el Poder Judicial que creo que son bienvenidas en la medida en que
puedan propender a la mejora. En este sentido creo que tenemos que estar
abiertos a lo que la titular del Poder Ejecutivo está expresando. De la
misma manera lo que se avance en el ámbito del Poder Legislativo como
expresión de otro poder político que también representa la voluntad
popular, es necesario que sea escuchado y canalizado dentro del Poder
Judicial porque esto de algún modo expresa lo que es el sentir social. Creo
que las propuestas y en particular, la de la elección por el voto
popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, plantea un
desafío dentro del Poder Judicial porque es una innovación y tenemos que
esperar ver el proyecto completo que va a materializar esta idea como
para poder dar una opinión seria al respecto. En lo que hace a la
institucionalidad del proyecto, puede haber una ley en este sentido que
reglamente la cláusula de la Constitución, que es concretamente el
artículo 114 y es el que establece la integración y los modos de
integración del Consejo de la Magistratura. Pienso que es
necesario esperar el proyecto, no estoy en condiciones de descartar de
plano desde el punto de vista constitucional, la idea expresada por la
Presidenta de la Nación. La integración y la elección de los miembros
del Consejo de la Magistratura tiene distintos matices y no se puede
juzgar en abstracto o sin conocer el proyecto en base al cual se va a
materializar la idea. Creo que es bienvenida la idea de que la
sociedad pueda tener alguna participación en el funcionamiento y la
integración en el Consejo de la Magistratura. Esto a la vez
tiene que ser acompañado por una mayor responsabilidad de la sociedad
mediante los mecanismos que permitan una mayor cultura cívica.
Es importante que la sociedad pueda conocer qué es el Consejo de la
Magistratura, cómo actúa, quiénes lo integran, qué perfil tienen que
tener sus integrantes. Que la sociedad comience a asumir la idea de qué
perfil es necesario que tengan los jueces. Esto plantea una interacción
con la sociedad, que le genera una mayor responsabilidad. En
este sentido tomando en cuenta el equilibrio del cual tenemos que
transitar para que cualquier reforma legal pueda tener una mejora,
tenemos que acompañar los debates que puedan surgir y enriquecerlos.
No hay que descartar que hay un proceso de reforma que surgió dentro
del Poder judicial, hace más de 5 años. A partir del cambio de
integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el liderazgo
que asumió en concreto la Corte, no sólo del Poder Judicial de la
Nación, sino del resto de los Poderes Judiciales locales y provinciales.
Hay que aclarar y esto es bueno que la sociedad conozca, que en
Argentina coexisten 25 poderes judiciales, el de la Nación y el resto de
los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Corte Suprema en este sentido adoptó un liderazgo y promovió una serie de cambios que ya estamos viendo
y son palpables por la sociedad. En su momento, yo desde mi rol de
Juez, de camarista y hoy como Presidente de la Magistratura, acompaño y
trato de que ese proyecto se concrete, se desarrolle, se profundice,
Apuntó a darle al Poder Judicial, políticas propias como poder del
Estado a través de lo que fue el desarrollo del Centro de Información
Judicial que es una agencia de noticias del Poder Judicial mediante la
cual la sociedad puede conocer al instante las noticias y las decisiones
más importantes que se toman en el Poder Judicial, no sólo el de la
nación, sino también los provinciales.
La Corte suprema desarrollo también las conferencias nacionales de
jueces que son ámbitos en los que periódicamente se discute acerca de
los poderes internos del Poder Judicial y de las necesidades de cambio. Ahí
se adoptaron conclusiones que después se materializaron en acciones
concretas lideradas por la Corte Suprema. Creó también una oficina para
atender problemas sociales como la violencia doméstica. La oficina de la
mujer para todo lo que tiene que ver con las discriminaciones de
género. Y una serie más de acciones que hoy nosotros dentro del
Poder Judicial estamos palpando. Por ejemplo, la interacción del Poder
Judicial y los poderes provinciales, el contacto de la Corte Suprema con
las instancias anteriores a la Corte, también la apertura al trabajo
conjunto con la magistratura. Cuando fui presidente en el 2011 tuve un
diálogo muy fluido con las autoridades de la Corte Suprema y hemos
desarrollado en materia de administración, una política muy importante
de infraestructura y tecnología.
Hay un cambio importante en el Poder Judicial desde dentro y es
necesario en este momento en nuestra sociedad entrelazarlo, conjugarlo
con el proceso que también están reclamando los poderes políticos que
son representativos de la voluntad popular.
APU: Una de las lecturas que se hacía es que desde el retorno
de la democracia, uno de los poderes que quedó pendiente en su
democratización, fue el Poder Judicial, en relación al resto de los
poderes. En esa línea una de las propuestas que dio vueltas durante la
jornada de Justicia Legítima, fue la incorporación de organismos de
Derechos Humanos al Consejo de la Magistratura. ¿Cómo analiza esa
lectura? MF: Considero que el Poder
Judicial es un poder inserto dentro del sistema democrático, por lo
tanto, es un poder de la democracia. Lo que sucede es que tiene
características que lo diferencian de los otros dos poderes políticos y
esto es bueno que así sea. Porque el Poder Judicial no es un poder
directamente derivado de la elección popular. Nuestro Poder Judicial
está diseñado al modo del poder judicial norteamericano con algunas
variantes como fue la creación del Consejo de la Magistratura. El
funcionamiento sustancial es a través de mecanismos similares a los del
poder judicial norteamericano. Un poder que tiende a consolidarse como
un poder independiente y de alguna manera fortalecido. Las
acciones de la Corte en esto de tener política propia van en esa
dirección. Hay que conjugarlo con la idea del Consejo de la Magistratura
como depositario de algunas facultades que en algún momento tenían los
poderes políticos, como en la selección de los candidatos a jueces y
otra que tenía la Corte como el ejercicio del poder disciplinario. Creo
que en la medida que el consejo vaya transitando con sus distintos
cambios en estos años la identidad se debe haber logrado. El
diálogo, el debate me parece muy bueno para que esta inserción
democrática del Poder Judicial se pueda dar en la mayor medida. Analizar
los años transcurridos desde que recuperamos la democracia hasta ahora
en el ámbito del poder judicial, puede tener varias visiones posibles. En
un análisis rápido puedo decir que lo que veo es un cambio importante
en la composición del Poder Judicial en los últimos años. A través de la
reforma de la Constitución y el cambio de integración de la corte, hoy
se ve estructuralmente distinto el Poder Judicial. Si alguien me hubiera
preguntado hace 15 años, si nuestro Poder Judicial era corporativo,
tendría una respuesta muy distinta a la que tengo hoy. Es importante
cuando hablamos de corporación dentro del Poder Judicial o de no
democratización, tendría que decir que no hay que confundir la
generalidad con la patología. Hoy puedo decir que no es un poder
corporativo, sino que es un poder inserto en un sistema democrático. Un
poder que dentro del cual, por su propia estructura, existen algunas
tendencias corporativas pero esas tendencias hoy son aisladas en
contraste con la generalidad. A mi modo de ver, hoy no
funcionan como un poder corporativo pero sí advierto que es importante
abrir todos los espacios que puedan ser permeables a la voluntad popular
para enriquecerlo y también a lo que es la integración de la política
de Derechos Humanos. ¿De qué manera se puede lograr lo de los Derechos
Humanos? Hoy tenemos una Corte de Justicia que tomó una postura
muy importante, no sólo en sus fallos, sino en las tendencias que fue
marcando al resto de los tribunales en materia de Derechos Humanos. Hoy
tenemos un Consejo de la Magistratura que tiene una estructura especial
dedicada a los Derechos Humanos que en mi presidencia anterior me ocupé
de que se ampliara en el plano de la infraestructura y que desarrollara
un sistema de video conferencia para desarrollar los juicios de lesa
humanidad en todo el país.
La estructura con la que contamos en el consejo de la Magistratura y
el servicio que brindamos a los tribunales nacionales y federales en
materia de desarrollo de juicios de lesa humanidad, nos ha dado
resultados muy satisfactorios porque nos permitió en mucho menos tiempo,
haber desarrollado y concluido causas de Derechos Humanos y haber
obtenido condenas y teniendo en cuenta que estamos a décadas de lo que
sucedió en nuestro país y que todos queremos ponerle un fin. Un fin como
corresponde, dando justicia a través de las condenas a quién deba ser
condenado.
El hecho de que haya transcurrido décadas hace que hoy tanto los
testigos como los imputados sean personas, inclusive los familiares y
víctimas, de edades muy avanzadas. La celeridad en los juicios es
prácticamente esencial. Desde ese punto de vista me ocupé de que no se
perdiera tiempo en esto y que el Consejo de la Magistratura dotara de la
infraestructura lo más rápido posible para que los juicios se
desarrollen. APU: Recordaba algo que dijo la Procuradora
de la Nación, Gils Carbó, en el marco de la discusión sobre la
independencia del Poder Judicial. Ella hablaba de dependencia tanto
internas, por las propias reglas del sistema judicial, y dependencia de
factores externos. ¿Comparte este análisis? MF:
Sí, creo que la independencia tiene que ser entendida en el sentido más
alto y más completo de la palabra. Cuando hablamos de independencia
tenemos que ir redefiniendo el concepto a la luz de lo que es una
interpretación dinámica. Hoy la independencia debe entenderse
como la necesidad de un Poder Judicial independiente de todo tipo de
factor ya sea político, económico, corporativo, inclusive también desde
cualquier factor interno que surja dentro del Poder Judicial y
que esté influenciado por cuestiones distintas de la que es el
fortalecimiento sano del Poder Judicial. Yo no le tengo miedo a ese
fortalecimiento del Poder Judicial por el miedo al corporativismo, sino
que pienso que se puede y se tiene que fortalecer y lo tiene que hacer
con mecanismo de control suficientes, internos y hasta podrían ser
externos en la medida que no vulnere la independencia. El control externo más importante es el de la transparencia
que permite que pueda ser visto por la sociedad y que pueda tener
válvulas en los aspectos jurisdiccionales del Poder Judicial a través de
la utilización de los recursos. Que éstos estén al alcance de la
sociedad y de los interesados en cada caso, es decir, que tenga los
recursos suficientes para ir transitando las distintas instancias en el
plano procesal de un expediente concreto. También que haya canales
disciplinarios abiertos para que cualquier conducta anómala dentro del
Poder Judicial, pueda ser planteada, tratada y resuelta en los ámbitos
institucionales. Para esto está el Consejo de la Magistratura, para
tramitar denuncias, para que también la sociedad conozca cuando se
tramita una denuncia, para que cualquier ciudadano pueda tramitarla y
ver que se obtiene una respuesta. Me parece que en Argentina
tenemos que aprender a usar las herramientas que el sistema mismo nos
proporciona, confiar en esas herramientas y cuando éstas no funcionan
bien, denunciarlo para que esto pueda llegar a mejorarse. En esto, creo
que la apertura, la transparencia, nos va a dar el mejor termómetro que
es cuando la sociedad empiece a utilizar estas herramientas y cuando
funcionen de manera anómala, denunciarlas también. APU:
Una de las propuestas que dio vueltas a partir del discurso de la
Presidenta ante la Asamblea Legislativa se refiere a la utilización de
las cautelares. Un análisis que hacía el presidente del AFSCA, era que
las cautelares obstaculizan el normal funcionamiento democrático. ¿Cómo
ve la utilización de este recurso? MF:
Creo que las medidas cautelares son una herramienta de que dispone el
Poder Judicial para casos excepcionales y para casos en los que se
configuran circunstancias urgentes como el peligro de que una decisión
judicial pueda llegar tarde dentro de un proceso. Tienen que ser utilizadas, precisamente, por la excepcionalidad para la cual fueron creadas. Si una medida que fue creada para la excepcionalidad se utiliza de una manera ordinaria, entonces se desnaturaliza.
También es necesario que cuando se utilice una cautelar como
medida excepcional, se piense en las consecuencias que puede producir,
no sólo para las partes sino también para el conjunto de la sociedad.
Sobre todo cuando se trata de una medida cautelar dictada respecto de
un acto proveniente de un órgano cuyos actos se presumen legítimos. Creo
que hay que tener una particular visión excepcional cuando, a través de
una medida cautelar se innova en un acto proveniente de un poder cuyos
actos se presumen legítimos. En esto existe una gran responsabilidad
judicial, sobre todo de los jueces de las primeras y segundas instancias
porque la responsabilidad que tienen es muy alta comparada con los
efectos que esa medida puede producir. En este sentido, no vería mal que
este tema se debata y que, a través del debate, se pueda lograr alguna
modificación legal que pueda establecer reglas de juego más acordes al
funcionamiento social. Creo que toda medida que propenda a que las
medidas cautelares sean utilizadas como corresponde que lo sean, de
acuerdo a la excepcionalidad y a las consecuencias que pueden traer sus
efectos, sobre todo cuando son medidas innovativas, tiene que ser
debatida, estudiada y mejorada.
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