El pasado 9 de diciembre detuvieron a un periodista en Santiago del Estero acusado de cometer "delito de sedición", lo que provocó un gran repudio a nivel nacional e internacional.

 Por Nicolás Adet Larcher

La semana de acuartelamientos policiales y saqueos que vivió el país fue ampliamente difundido por los medios de comunicación en cada una de las provincias donde se reclamaban mejoras salariales. En Santiago del Estero -la provincia con salarios más bajos del país- se intentó realizar una protesta policial por mejoras salariales el lunes 9 de diciembre, a través de una convocatoria que se realizó por mensajes de texto y redes sociales.

La reunión tuvo lugar en una de las plazas del centro de la ciudad, pero sin el número esperado. Cerca de las diez de la noche, un grupo reducido reunió a Nelson Villagrán -anteriormente detenido en un procedimiento irregular- su familia y periodistas de un medio opositor al gobierno provincial (Última Hora diario). Juan Pablo Suárez es el editor responsable de este medio y fue detenido por el "delito de sedición", luego de registrar en imágenes lo que sucedía en aquella plaza. Al lugar arribaron alrededor de ocho jefes de policía que inmediatamente increparon violentamente a Villagrán mientras las cámaras de Última Hora registraban el hecho. En las grabaciones obtenidas se pueden observar empujones hacia la persona que filmaba la situación.

Una vez detenido Villagrán, los efectivos policiales se dirigieron hacia la redacción de Última Hora. Allí, alrededor de 40 personas llegaron en “tres patrulleros y seis camionetas sin chapa” a las oficinas, según relata Judith Sandra Wede, esposa de Juan Pablo Suárez. De aquel allanamiento secuestraron un celular, una cámara filmadora, una CPU que se encontraba en su funda y dos notebooks, según consta en el acta elaborada por la propia policía. La causa cayó en manos de la jueza Rosa Falco, quien admitió que el secuestro del video fue para que no se “difunda una cosa así, que puede generar pánico…”, según consta en un audio donde se justifica el accionar. De acuerdo a lo que pesa en el juzgado, la detención de Suárez tendría su fundamento en la “instigación” del periodista a que la policía se acuartele repartiendo panfletos con un cadete en moto por las comisarias, pese a que el secuestro de dichos panfletos no figura en el acta de allanamiento.

Los medios locales no se hicieron eco de la noticia a contramano de lo que pasó a nivel nacional e internacional. Medios de todo el país publicaron la detención del periodista y entidades como FOPEA, Reporteros sin Fronteras, Fundación LED y CIPRENSE emitieron comunicados repudiando el hecho. Revolution News y BBC Mundo también hicieron lugar a la noticia, y destacaron la gravedad de la detención. Se cuestiona el secuestro del material de trabajo de Última Hora previo a la publicación de las imágenes obtenidas donde se aprecia la brutal detención de Villagrán, lo que constituye censura previa. Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”.

Sumado a esto, Suárez fue llevado hacia la comisaría primera, donde fue encerrado en un calabozo “de un metro por un metro”, según relata su esposa. El editor emprendió una huelga de hambre a causa de su detención, con la gravedad de que sufre problemas cardíacos. La fiscal que interviene en la causa solicitó ante la jueza que se libere al periodista y se desestimen las imputaciones por delito de sedición. La Jueza se declaró incompetente y la causa pasó hacia el fuero federal, estirando aún más los tiempos judiciales. El abogado Víctor Daniel Nazar -conocido por impulsar la causa del doble crimen de la dársena que fue el principio del fin del juarismo- es quien se encarga de la defensa del periodista. Hace días declaró: “Lo detuvieron con brutalidad y a los ciudadanos que filmaban la escena les sacaron, es decir, les robaron sus celulares (…) En todos mis años de profesión no vi, ni siquiera bajo el gobierno de Carlos Juárez y Muza Asar, una violación a todo derecho legal tan grande".