Se realiza la audiencia pública por la Ley de Medios Audiovisuales

Se desarrollaba este mediodía la audiencia pública, convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que amigos del tribunal expresaron su opinión acerca de la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy comenzó la audiencia pública, convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que “amigos del tribunal” (amicus curiae) expresaron su opinión acerca de la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada en 2009 por el Congreso.
Desde que se la ley se puso en vigencia, el Grupo Clarín interpuso recursos judiciales para frenar la aplicación de algunos de los artículos, sobre todo aquellos que los obligaría desprenderse de algunas de sus licencias. El Estado nacional, que debe velar por la plena aplicación de la ley, es la parte demanda por parte del holding de medios.
Hoy, los oradores realizaron sus consideraciones, tanto a favor como en contra de la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161, para colaborar con el máximo tribunal del país en la resolución del conflicto que impide la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Cinco organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil respaldaron el argumento del Estado y otras cinco avalaron el planteo de de Clarín.
En respaldo de la ley, se pronunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tiene como oradores a Horacio Verbitsky, Damián Loreti y Javier Morales; la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), con Miguel Julio Rodríguez Villafañe; y la Universidad Nacional de San Martín, con el rector Carlos Ruta, la Universidad Nacional de Lanús, con Víctor Abramovich. También, argumentará la Asociación Argentina de Juristas, representada por Beinusz Szmukler como orador.
Por la postura del Grupo Clarín intervinieron el Comité del Consumidor (Codelco), representada por Andrés Gil Domínguez y Eliseo Verón y el abogado Lucas Sebastián Grossman, que tratará la defensa de la competencia.
También, la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con Eduardo Oteiza; el Observatorio Iberoamericano de la Democracia- Asdrúbal Aguiar Aranguren, que tiene como orador a Asdrúbal Aguiar y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), representada por Luis Pardo y Carlos Laplacette .
Szmukler aseguró que Clarín es un "monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica" y "en la sobrecarga de información banal e inútil".
A favor de la plena aplicación de la ley, Szmukler dijo que “la nueva ley no hace más que prever el conjunto de derechos de los licenciatarios” y que “esta Corte ya se ha pronunciado diciendo que no están en juego la libertad de expresión, solo están en juego intereses económicos”.
Szmukler citó la primera parte del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, y que dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El catedrático aseguró que es “discriminación de hecho impedir a todos a la posibilidad de acceder a los medios” y criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que declaró inconstitucionales los artículos.
“El fallo recurrido no deja duda del perfil de los magistrados de la cámara. En ese fallo no hacen referencia al artículo 42 a la Constitución Nacional”, indicó. El artículo de la Carta Magna que fue citado, indica: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
El abogado destacó la necesidad de "proteger la libertad de expresión", evitando "la manipulación de gobiernos de turnos e intereses económicos", que ponen "límites a los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información".
Por su parte, Carlos Ruta, indicó que “la palabra no es una mercancía, sino en un sentido ficticio” y “su circulación no puede ser librado a las reglas del intercambio”.
Ruta, que argumentó a favor de la ley, dijo que “frente a los poderes de hecho le corresponde al Estado limitar la potencia de los actores” y que “es de interés del Estadogarantizar la pluralidad de voces”.
“La ley propone reglamentar y fijar las reglas que limitan la concentración de licencias”, indicó. 
De esta manera, Ruta aseguró que “no podemos pensar que la reglamentación por ley es para limitar los derechos, sino para crear las condiciones para que la mayor cantidad de actores accedan a ellos” y que “no puede alegarse un motivo económico que pone en riesgo la libertad de expresión”.
“Los servicios audiovisuales son decisivos para el consenso. Su apropiación significaría el adoctrinamiento”, dijo el académico.
En tanto Abramovich, en representación de la Universidad Nacional de Lanús, dijo que “hay que asegurar el acceso igualitario” a la información.
“Quienes históricamente resultan privilegiados se atrincheran detrás de la igualdad formal”, dijo en relación al Grupo Clarín. 
Abramovich precisó: “En el debate sobre esta ley hay una visión contrapuesta sobre la libertad de expresión. Para quienes impugnan la ley es como un derecho de autonomía individual, como una coraza protectora contra la regulación estatal”.
El académico puntualizó que “el Estado tiene el deber de actuar, de intervenir, para que no se silencia a ciertos sectores de la sociedad”.
El representante de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, dijo que las cooperativas siempre fueron marginados por el Estado, hasta la sanción de la Ley de Medios, ya que a partir de la norma pudieron ofrecer el servicio de televisión por cable.
“Éramos marginados, tratados como quienes no teníamos derechos a la palabra. Por 29 años se marginó la palabra a la economía solidaria. El pluralismo informativo es una necesidad de la democracia”, dijo. 
Rodríguez Villafañe indicó que “esta sociedad no se opone al mercado, si no que exige que sea regulado por el Estado” y que “se habla de libertad de mercado pero solo para los intereses de algunos”.
El representante de Cooperar dijo que “todo el país tiene que saber que se pretende que nosotros no estemos en el mercado”, en referencia a la prestación del servicio de cable.