Se entregaron 886 licencias de radio, televisión y servicios de cable

AFSCA difundió la información detallada de las licencias otorgadas. Son 688 adjudicaciones al sector privado y 218 al público. Se entregaron 37 FM a pueblos originarios.
El AFSCA precisó la cantidad de licencias que se entregaron de acuerdo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente en el país: en total, se repartieron 668 licencias al sector privado y 218 autorizaciones al sector público. De ese total de 886 adjudicaciones, 781 corresponden a radios de FM, 10 de AM, 5 a sistemas de televisión abierta y 90 a sistemas de televisión por cable.
Entre las autorizaciones al "sector público", desde el organismo detallaron que se otorgaron 18 señales a municipios y/o provincias, 154 a institutos educativos, 7 a universidades nacionales y 39 a pueblos originarios. La información fue enviada a la Corte Suprema para que la sume a la causa que lleva adelante el Grupo Clarín en relación a la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley de Medios.
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Audiencia por la ley de medios

"La dictadura va a terminar el día que se desguace el Grupo Clarín"

Así lo expresó el dirigente Luis D´Elía durante la movilización convocada a Plaza Lavalle para respaldar la constitucionalidad de la ley de medios en el marco de la primera audiencia convocada por la Corte. Opinan: Alejandro Apo, Rubén Pasqualini y Juan Pablo Santillán.
Por Camilo Carbonelli I
“Está en juego nuestra libertad. Si la Corte declara inconstitucional el artículo 161 de la LSCA, se consolida el oligopolio Clarín hiriendo de muerte a la democracia”, subrayó Luis D´Elía.
“La concentración mediática de Clarín se hizo en la mesa de tortura, la Dictadura se va a terminar cuando se desguace el Grupo Clarín”, enfatizó.
Otros testimonios
Alejandro Apo
“Esta es una ley de todos, confío en que la Corte la va a aprobar como ley constitucional, los que se oponen quieren el país de la ventaja”, destacó el periodista Alejandro Apo.
“Con la desinversión y la ley aplicada se va a tener otro panorama de distribución de la palabra”, agregó Apo.
Rubén Pasqualini (FTV)
“Es una ley votada con amplia mayoría y hoy tenemos cinco opiniones de cada lado como si la opinión estuviese repartida, eso es desconocer la voluntad popular”, sostuvo el referente social Pasqualini.
Juan Pablo Santillán (Sindicato Prensa Rosario)
“Nosotros apoyamos este proyecto y esta ley pero tenemos una mirada crítica de algunos aspectos que no se han aplicado con contundencia, se podría haber avanzado en el tema medios públicos, si bien se ha dado un salto, se podría haber hecho más”, desarrolló Juan Pablo Santillán del Sindicato de Prensa de Rosario.
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Comunicación

Los amicus de mis amicus: el caso ADEPA

Uno de los “amigos” que Clarín acercó a la Corte en la audiencia pública por la LSCA fue ADEPA. Su vinculación con los miembros de la familia Massot, de La Nueva Provincia, acusados de participar en el plan criminal de la última dictadura.
Por Diego Kenis : La Corte Suprema de Justicia escuchó este miércoles 28 a los amigos que al Tribunal acercaron las partes del Estado nacional, cuyos poderes legislativo y ejecutivo están favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el Grupo Clarín, que desde hace casi cuatro años impide su aplicación en base a medidas cautelares concedidas por el tercero de los poderes estatales.
Uno de los amigos que llevó el monopolio, cuyo emblema en papel cumplió años el mismo día de la audiencia pública, fue la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El año pasado, la Asociación celebró su primer medio siglo de existencia. Surgió entre el invierno y el verano del mismo 1962 que vio caer a Arturo Frondizi y enfrentarse a los tiros a azules y colorados, de la mano de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): en su Asamblea de ese año, realizada en Chile, los editores argentinos estrecharon lazos y determinaron la creación de la entidad que los congregó.
Una de las fundadoras de ADEPA fue la directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Diana Julio de Massot. Hace casi cuatro meses, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani concluyeron su investigación y formalizaron sus acusaciones contra Julio, sus hijos Vicente y Federico Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli por participar en la ejecución del plan criminal de la última dictadura desde sus roles directivos en el principal diario de la región del sudoeste bonaerense, donde sus dueños también controlan la radio LU2 y supieron contar entre sus propiedades al Canal 9 de televisión abierta. El diario primero reclamó abiertamente el golpe, que finalmente se produjo en marzo de 1976, y la consecuente profundización de la represión. Más tarde, colaboró con el engranaje de terror a través de operaciones psicológicas que desde sus páginas contribuían a la estigmatización del sector de la población que resultó víctima del genocidio. Y, hasta nuestros días, se ha dedicado a justificar lo actuado, caracterizándolo como una guerra de la que no deberían pedirse cuentas. Durante la primera mitad de la dictadura, Julio era miembro de la Junta Directiva de ADEPA, que integró desde su fundación y hasta 1980.
Nueve años más tarde, Héctor Magnetto festejó en el programa “Tiempo Nuevo” de Bernardo Neustadt la eliminación de la prohibición legal de contar al mismo tiempo con un diario y una licencia de televisión, lo que le permitió desembarcar en el privatizado Canal 13 como parte de un presente inaugural de amistad del recién asumido Carlos Menem. A su lado se encontraba Alejandro Massot, quien también había sido favorecido y se aprestaba a tomar el control de Televisión Federal (Telefé). Cuatro años más tarde, su hermano Vicente sería fugaz funcionario del gobierno del presidente riojano: debió renunciar a su cargo de viceministro de Defensa luego de hablar a favor de la tortura.
El tercero de los hermanos Massot Julio, Federico, falleció en 1990 y actualmente da nombre a la Comisión de Premios de ADEPA, que preside el representante de La Nueva Provincia ante la entidad, Carlos Rago, quien a su vez forma parte de su Junta de Directores. Junto a su hermano Vicente y su madre Diana Julio, Federico Massot formó parte del cuerpo directivo del diario al que Tribunal Oral Federal que dictó sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca ordenó investigar por su “posible participación en delitos de acción pública”. Los fiscales Nebbia y Palazzani se abocaron a cumplir lo ordenado, investigaron y acusaron. Federico Massot, en nombre de quien ADEPA otorga hoy sus premios, trataba de “cagones” a los militares genocidas porque se negaban a blanquear los asesinatos que cometían, lo que –les advertía- “traerá problemas futuros”.
Como solitario superviviente del grupo de acusados que integra junto a su madre y uno de sus hermanos, Vicente Massot es al menos de momento el único de los acusados de la causa a que puede caberle la persecución penal. La decisión está actualmente en manos de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Para los ya fallecidos cabe esperar la determinación de su responsabilidad histórica, que los recuerde de un modo más correcto que aquel que eligen para los homenajes sus amicus: cuando Julio murió, en 2009, un orador la despidió realzando su “carácter enérgico” y sus “convicciones profundas”, que expresaba “con claridad y vigor inusuales” para despertar “la admiración de los cófrades en las ideas”. Era José Claudio Escribano, cuñado del Supremo Carlos Fayt y por entonces subdirector de La Nación, que habló en representación de ADEPA.

Medios y dictadura ¿La tinta no destituye, La Nación?

"En estos días el diario más importante de Brasil pidió perdón por haber cometido el error de apoyar una dictadura", señala el autor. La respuesta a un nuevo editorial del tradicional diario argentino.
Por Nicolás Adet Larcher
“La tinta no destituye”, es el título de un editorial publicado en el diario La Nación; en una tendencia ingenua, trata de desligar a la prensa de un rol decisivo en cuanto a destitución o imposición de gobiernos.
El diario La Nación volvió a autocalificarse de independiente, y en el mismo editorial embistió contra la Presidenta por haber expresado en uno de sus discursos recientes: "Algunos intentan derrocar gobiernos populares con balas de tinta". La realidad confirma los dichos de Cristina en cuanto a que, muchos de los gobiernos derrocados en nuestra historia Argentina contaron con titulares catastróficos de la prensa en su contra que favorecieron, o propiciaron el clima para golpes de estado.
La Nación intenta erguirse como el paladín de la defensa de las instituciones, la moral, y la ética, Sin embargo su historia lo condena. Según un trabajo publicado por María Alejandra Vítale (Doctora en letras de la Cátedra de Lingüística Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), el matutino de la familia Mitre, apoyó todos los golpes de Estado existentes en nuestro país desde 1930 hasta 1976. El estudio nos brinda esta información, y se encarga de ordenar un poco la historia, pero basta con buscar en internet, o en cualquier archivo para encontrar tapas de épocas pasadas de La Nación apoyando dichos golpes, incluso promocionando la venta de niños aborígenes en momentos de la conquista del Desierto las cuales son exhibidas en la película “Awka Liwen” de Osvaldo Bayer.
Con esto no solo se comprueba que la tinta destituye, sino que además ayuda a sostener en el poder a aquellos que efectuaron la destitución. Como se dijo en un momento de la dictadura militar del 76, “un régimen dictatorial solo puede mantenerse con una prensa adicta”. La Nación no solo ahora pretende dictar clases de moral, sino que además hasta el día de hoy justifica su accionar. En la misma editorial enuncia  “Ni las balas de plomo derrocaron a al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni, en caso de existir, podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo.”
Queda expuesto de esta forma una negación total a la historia – como el bombardeo a plaza de mayo – y una impunidad que solo se justifica con el poder conseguido por el diario a través de los años, Papel prensa de por medio junto a Clarín. Según lo documentado por Vicente y Hugo Muleiro en su libro “Los Garcas”, paso previo al golpe de Estado contra Perón, el 1946 ya se había conformado el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina (AJDA). Su primer titular con tan solo 20 años fue José Alfredo Martínez de Hoz, y allí se congregaban los que luego serían la base estable del golpismo cívico-militar. Otro de los grandes referentes de AJDA fue Pedro Blaquier, seguido por Carlos Muñiz, Enrique Pinedo, Luis Astigueta, Ricardo Paz, Jaime Perriaux, Ramón Columba, etc. “Casi todos pasarán diez años después por el gobierno de la autodenominada revolución libertadora con cargos expectables. Todos se reciclaran, alrededor de los 40 años, en golpes contra Frondizi e Illia, y en los golpes palaciegos que se dan los militares entre ellos”. La revista Demos funcionaba como el ariete de presión del AJDA – si, un medio con tinta destituyente – y desde aquellas páginas Blaquier no se avergonzaba de escribir aberraciones como “La democracia nos ha llevado a una dictadura. ¿Cómo salir de esta encrucijada?”.
Negar que la prensa fue y seguirá siendo destituyente con ejemplos de sobra, es un atrevimiento que pocos pueden tener el lujo de darse. La Revista Verbo editada en la última dictadura militar, era de una fuerte línea Católica y militar que en su primer número vino acompañada de un suplemento llamado “Doctrina de la restauración”, donde se elogiaba la guerra religiosa que se estaba librando y se decía que ignorarla era condenarse a perderla. No se puede olvidar tampoco el accionar de Mariano Grondona desde en las publicaciones “Confirmado” y “Todo”, desacreditando el Gobierno de Illia y propiciando el terreno para un nuevo golpe. El accionar de Clarín, La Razón, y demás medios no puede quedar como una ingenuidad o algo irrelevante en nuestra historia. Un medio tiene peso, y genera holgada confianza en el gobernante al que sostiene, La Nación podrá decir que desde el 2003 se opone a este gobierno, pero nunca podrá decir que está libre de culpa frente a su silencio ante las atrocidades de las dictaduras militares.
El caso de O Globo es similar al de Clarín y La Nación ya que apoyó al Golpe de Estado en Brasil y lo defendió durante el periodo de 21 años que se mantuvo en el poder. En estos días el diario más importante de Brasil pidió perdón por haber cometido el error de apoyar una dictadura, y dijo: "La calle nos dio certeza de que el reconocimiento del error era necesario. Los gobiernos y las instituciones deben reconocer de alguna forma, que es preciso responder al clamor (de los manifestantes). De nuestra parte, es lo que hacemos ahora reafirmando nuestro incondicional y constante apego a los valores democráticos", un hecho a destacar.
Hasta el día de hoy aquellos diarios que fomentaron, aplaudieron y participaron de dictaduras, siguen justificando sus actuaciones, y lo que es peor recurriendo a aquellos mismos métodos que ya conocemos para seguir desestabilizando. Todavía no aprendieron de sus errores.