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Grupo Clarín
La comisión interna de los noticieros de esos canales se expresó de ese modo a través de la cuenta de Twitter @DelegadosC13yTN.
 Ayer al mediodía, la Comisión Interna de los noticieros de los canales
TN y 13, del Grupo Clarín, realizaron una asamblea en la que
determinaron el "estado de asamblea permanente". Utilizando la red
social Twitter, los trabajadores afirmaron que "confiamos en los
mecanismos institucionales que protejan nuestros puestos de trabajo".
"Volvemos a manifestar nuestro pleno apoyo a la ley de Medios",
agregaron desde la Comisión Interna. "Nuestra función como periodistas
no es cuestionar la legalidad otorgada por amplia mayoría del Congreso y
por instancias del poder judicial. Sí queremos que la ley sea pareja
para todos y que la Afsca se comprometa seriamente en el hacérsela
cumplir a todos por igual", detallaron.
Además, solicitaron "participar de la Comisión Coordinadora de
transferencia de licencias" porque consideran que "los trabajadores
somos fundamentales en este proceso, principalmente para el cuidado de
los puestos de trabajo".
Por último, manifestaron su apoyo a los colegas despedidos por
Perfil, el grupo que dirige Jorge Fontevecchia. "Volvemos a manifestar
la unión de los trabajadores de prensa, si tocan a uno, nos tocan a
todos".
Lo hizo mediante un comunicado: "Martín Sabbatella se presentó
en la sede del Grupo Clarín para llevar adelante un procedimiento de
oficio y forzoso".
Comunicado del Grupo Clarín
A menos de 48 horas del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno
decidió avanzar de facto sobre los medios del Grupo Clarín, al margen de
la ley y de lo establecido por el propio fallo.
El titular de la
AFSCA, Martín Sabbatella, se presentó en la sede del Grupo Clarín para
llevar adelante un procedimiento de oficio y forzoso, cuando esto es
abiertamente ilegal. Funcionarios de la AFSCA hicieron lo propio en las
sedes de Canal 13, TN y Radio Mitre.
Como hemos reiterado, de
ninguna manera puede aplicársele este procedimiento al Grupo Clarín, ya
que las normas de adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la
compañía a raíz de la medida cautelar.
Por otra parte, la nulidad
de este procedimiento ha sido expresamente reconocida por la Justicia
en un fallo de la Cámara Federal del mes de junio pasado, que rechazó la
validez de la “adecuación de oficio” en el caso del Grupo Clarín.
Además,
según dejó claramente establecido el fallo de la Corte, deben regir
para el Grupo Clarín las mismas condiciones, alternativas y
posibilidades que tuvieron el resto de los grupos de medios.
El
desembarco de hoy en los medios del Grupo Clarín desconoce el fallo de
la Corte y ratifica que el gobierno está urgido por avanzar contra las
escasas voces independientes que quedan en la Argentina. El titular de la Afsca se presentó en la sede del grupo para
notificar a los directivos sobre la continuidad del proceso de
adecuación de oficio a la ley de medios tras el fallo de la Corte que
declaró la constitucionalidad de la norma.
El titular de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín
Sabbatella llegó pasadas las 11.30 al domicilio legal del grupo Clarín,
Piedras 1743, acompañado por un equipo de abogados y la escribana Lorena
Mosca. "Vinimos a notificar a Clarín después del contundente fallo de
la Corte Suprema. Están todos los plazos vencidos", aseguró.
Allí fue recibido por distintos abogados del Grupo, entre ellos Damián Cassino.
El
trámite se lleva adelante tras el fallo de la Corte Suprema que el
martes pasado declaró la constitucionalidad de la totalidad de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada hace cuatro años y
paralizada por sendos recursos presentados por el Grupo Clarín, que
cuestionó cuatro artículos de la norma.
"El socio minoritario del Grupo presentó un plan de adecuación.
Clarín puede complementar esa presentación. Si no avanzaremos con la
adecuación de oficio porque los plazos están totalmente vencidos, como
determinó la Corte Suprema", aseguró Sabbatella.
Ley de Medios constitucional
El autor es coordinador de Usina de Medios.
 Para la economía solidaria (cooperativas, mutuales y organizaciones
sin fines de lucro), el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia
(CSJN) sobre la llamada Ley de Medios es un paso muy importante en
cuanto a la posibilidad de participar en pleno de la vida democrática de
la Argentina. Coincidentemente con el aniversario de los 30 años de
democracia, se terminó de convalidar una ley que habilita a todo el
pueblo al derecho a la comunicación, más allá del eventual negocio que
de la actividad pueda derivarse. Es esa y no otra la trascendencia
histórica del fallo: la Doctrina de Seguridad Nacional y el
neoliberalismo dejan de ser la matriz desde donde se reglamentaba la
administración de un bien esencial como es la comunicación.
Tras más de veinte años de lucha y trabajo por parte de numerosas
organizaciones y varias decenas de proyectos de ley coartados, el 1 de
marzo de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ante
la Asamblea Legislativa el envío al Congreso de un proyecto para
sustituir la Ley 22.285 de Radiodifusión creada por la dictadura militar
en 1980. El 10 de octubre de ese año, tras numerosos foros y mucha
participación ciudadana, fue sancionada la Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Cuatro años pasaron desde la aprobación por amplia mayoría en el
Congreso de la normativa y este fallo de la CSJN. El Grupo Clarín
acudió a numerosas instancias judiciales, hasta que un fallo de Cámara
observando cuatro artículos, colocó la pelota en manos del Alto
Tribunal. Durante el 28 y 29 de agosto 2013 la Corte Suprema de Justicia
realizó una audiencia pública en la que escuchó los argumentos de las
partes. Las posturas eran claras. Mientras el Estado y sus amicus curiae
(entre ellos el cooperativismo y mutualismo argentinos representados
por Cooperar) argumentaban que la comunicación era un bien esencial, el
Grupo Clarín repitió que sin “negocio” no había derecho a la
comunicación. Dos meses después de la audiencia, la CSJN declaró
íntegramente constitucional la ley.
Lo resuelto por la Corte no puede separarse de una visión sobre el
rol de las corporaciones en aspectos centrales para la vida de todos los
ciudadanos. La “comunicación” no un es un bien más, se trata de un bien
público que afecta nuestra misma constitución social, nuestra
posibilidad de ciudadanía y hace posible, a su vez, la integralidad del
ejercicio de diversos derechos humanos, entre ellos el de la cultura, el
conocimiento, trabajo, la salud, entre otros. La ley de medios
precisamente implica reconocer el carácter de Derecho Humano de la
comunicación y pone límites a la actividad comercial, permitiendo otras
lógicas. Pero no sólo eso, también garantiza espacios claros para la
actividad comercial, infranqueables para el Estado y para el sector no
comercial. La comunicación es demasiado importante en nuestras vidas
como para que sólo los grandes grupos económicos puedan desarrollarla.
El fallo de la Cámara -que fue sobre el que la Corte Suprema
dictaminó- precisamente argumentaba que sin escala económica no se podía
desarrollar la actividad audiovisual y, por tanto, el ejercicio al
derecho comunicacional no estaba garantizado por fuera del paradigma de
la rentabilidad de la escala.
La economía solidaria argentina y las cientos de pymes de todo el
país, con su capacidad de desarrollar en pequeñas unidades locales,
presta servicios de comunicación de la más alta calidad, con la gestión
de sus propios usuarios, vecinos, audiencias, son el contraejemplo a la
pretensión del Grupo Clarín.
Este fallo cierra un ciclo de marginación de la economía solidaria y
abre un desafío donde la comunidad consolidará el camino de
democratización de la palabra y la pluralidad de voces en la Argentina.
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