El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe anual sobre "Derechos Humanos en Argentina". De lectura imprescindible, el libro analiza, entre diferentes problemáticas, casos vinculados con violencia institucional. Además, un capítulo se centra en la persistencia de un tema ya estructural en el país: la pesadilla de la casa propia para millones de argentinos.

Desalojo violento en Jujuy: el reclamo de justicia

Violencia institucional: 13 años después juzgarán la represión del 2001

Déficit habitacional: los números de un problema estructural

Como cada año, el CELS publicó la edición 2013 de su libro "Derechos Humanos en Argentina". Como es habitual, releva el estado de situación de diferentes problemáticas que son parte de la agenda pendiente en el país: violencia institucional, violación de derechos humanos en cárceles, déficit habitacional, entre otras. Este año, un capítulo está dedicado a los 30 años de democracia y fue escrito por Horacio Verbistky, presidente de la insititución.

El siguiente dossier aborda algunas problemáticas trabajadas en el libro. En primer lugar, Mariela Félix describe lo poco que pasó en estos dos años desde que ocurrió el violento desalojo en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, que terminó con tres muertos, uno de ellos su hermano. "La Justicia provincial no quiere investigar", aseguró.

En segundo lugar, el abogado del CELS, Federico Efrón, analizó qué implica el comienzo del juicio por cinco causas vinculadas con la represión de diciembre de 2001. Se llega a esta instancia después de más de una década. En aquellas jornadas, las fuerzas de seguridad asesinaron a 38 personas en todo el país. La mayoría de esas muertes está impune.

Por último, un artículo refiere al capítulo dedicado al déficit habitacional. A pesar de los esfuerzos estatales, que el libro celebra, persiste un problema estructural que condena al hacinamiento al 12% de los hogares del país. Los temas, como se verá, son parte de una agenda pendiente que es necesario discutir y hacer visible.

El 28 de julio de 2011, durante el desalojo de un predio en Libertador San Martín, Jujuy, asesinaron a tres personas: Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José Velázquez. Dos años después, sus familiares siguen pidiendo justicia y están convencidos de la responsabilidad de la policía provincial. La causa está estancada. Entrevista a Mariela, hermana de Félix Reyes.

Por Nicolás Bondarovsky

AGENCIA PACO URONDO: ¿En qué situación ocurrió la muerte de su hermano?
Mariela Reyes: Estaban tomando unas personas un terreno. Mi hermano no estaba, estaba en el trabajo. Él trabajaba cerca del predio donde estaba ocurriendo la toma, en el Ingenio Ledesma. Se volvió del trabajo porque no se podía trabajar por los incidentes. Nosotros vivimos cerca de ahí. La represión llegó al barrio, se escuchaban las balas de goma, los policías entraban a las casas buscando a los que estaban tomando. Después, a la noche, tarde, salimos a ver qué pasaba, porque pensamos que ya había terminado todo. Pero volvieron a tirar balas, pero esta vez de plomo.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Ahí mueren las tres personas, en ese momento?
MR: Murieron los tres juntos, ahí nomás. Pasaron dos años y seguimos buscando justicia. Nadie nos ayuda. La causa no avanzó, acá en Ledesma no pasa nada. Los jueces ni los fiscales están investigando.

AGENCIA PACO URONDO: Estuvo en Capital, reunida con organizaciones de acá, con el CELS, entre otras organizaciones.
MR: Estuvimos reunidos. Esperamos que se pueda avanzar. Nuestro abogado dice que no puede avanzar porque no lo dejan. La justicia se niega a investigar. Ya no sabemos a quién pedir ayuda.

AGENCIA PACO URONDO: En el caso de los otros dos chicos que murieron junto a su hermano: ¿tampoco hay novedades?
MR: No pasó nada, todo quedó en la nada. Todos se están cubriendo, entre la empresa y el juez que ordenó el desalojo.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué análisis hace de la actuación de la Justicia?
MR: No hicieron nada. A nadie le importó nada. Ni a la Justicia ni al gobernador de la provincia le importa la causa. Yo no tengo dudas de que fue la policía. Tengo más fe en lo que puedan hacer en Buenos Aires que acá. En Jujuy no va a pasar nada porque no les interesa.

Entrevista con el abogado del CELS, Federido Efrón, sobre el juicio que comenzará en febrero del año que viene e investigará cinco muertes ocurridas durante la represión de diciembre de 2001. ¿Habrá Justicia después de 13 años?

Por Nicolás Bondarovsky
AGENCIA PACO URONDO: Antes de empezar: ¿Usted representa a los familiares de todas las víctimas de la represión del 20 de diciembre de 2001?
Federico Efrón: La causa, lo que tiene que ver con los hechos que ocurrieron en Capital, se desmembró. El juicio que empieza el 24 de febrero reúne cinco causas. La causa que para nosotros es simbólicamente más importante, porque está en juego las responsabilidades de (Enrique, ex Secretario de Seguridad de la Alianza) Mathov y ( Rúben, ex Jefe de la Policía Federal) Santos, que estaban a cargo de lo que sucedió ese día. Para nosotros hay que incluir a De la Rúa, pero eso no está en esta instancia. También se van a desarrollar en el mismo juicio oral otras causas, donde se van a tratar muertes puntuales. Son hechos de Capital Federal. Eran causas separadas que se van a evaluar en la misma instancia oral.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo fue el derrotero judicial hasta que se decidió elevar a juicio?
FE: Fue todo un tema. La primera parte del proceso fue rápido. El procesamiento de Mathov y Santos se dio rápido. Después se enlenteció la causa. Primero Servini de Cubría y después Bonadío. La defensa jugó con eso, lo que hizo que se fuera dilatando la causa. Más allá de lo que pueda hacer la defensa, la responsabilidad siempre es del tribunal. 
AGENCIA PACO URONDO: ¿Quiénes se sentarán al banquillo de los acusados?
FE: Enrique Mathov, ex Secretario de Seguridad de De La Rúa, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, son los principales imputados. Pero después hay otros imputados por las diferentes muertes. Hay alrededor de 20 imputados.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo imagina el juicio?
FE: Va a ser emblemático. Las jornadas de 2001 nos marcaron a todos. Es muy esperado este juicio. Y sin dudas, para los familiares de la víctimas va a ser muy importante, porque esperan desde hace mucho tiempo. Eso va a ser muy fuerte. Después para la sociedad también va a ser muy importante.

AGENCIA PACO URONDO: Pienso en esos familiares: ¿tienen fuerza para seguir?
FE: La tienen, sin dudas. Quieren ser escuchados, que se conozca esta historia. Que por fin pueda haber justicia para sus seres queridos.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Va a ser un juicio largo?
FE: Sí, va a tardar 10 meses, más o menos. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas convocadas a declarar por las diferentes causas.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué recuerda del 19 y 20 de diciembre de 2001?

FE: Tengo 31 años, recién terminaba la secundaria. Uno no tenía muy claro que era eso que estaba ocurriendo. Recuerdo estar en casa mirando la televisión sin comprender muy bien qué estaba pasando. Fue un momento clave de nuestra historia, sin dudas.
DDHH

Uno de los capítulos del último libro del CELS que releva la situación de los derechos humanos en el país está dedicado al derecho a la vivienda. El hacinamiento afecta al 12% de los hogares argentinos.

Por Enrique de la Calle

El censo que cada 10 años lleva adelante el INDEC define “hacinamiento familiar” como "aquellos hogares que comparten viviendas con otro hogar” mientras que “hacinamiento en el hogar” refiere a la cantidad de personas que viven en una misma casa. En ese sentido, “hacinamiento crítico”, es cuando más de 3 personas comparten una misma habitación y “moderado” cuando conviven entre dos y tres. El último informe del CELS sobre los Derechos Humanos en Argentina propone un análisis del censo de 2010 para determinar el alcance del denominado “déficit habitacional”.

Entre 2001 y 2010, el número de hogares se incrementó un 20,8%, por encima del aumento de la cantidad de viviendas. De ese modo, en una década, el “hacinamiento familiar” pasó de representar el 6,5% del total de hogares al 12% actual. En números: 1,4 millones hogares compartiendo vivienda con otro. En el mismo período se redujo levemente el “hacinamiento crítico” al interior de los hogares: de 4,8% a 4%. Con relación al “hacinamiento moderado”, también se achicó: del 19% al 18%, diez años después.

Los datos y el análisis corresponden al capítulo VII (“Vivienda adecuada y déficit habitacional”) del nuevo trabajo del CELS sobre el estado de los derechos humanos en el país.

La comparación entre censos permite observar una disminución del porcentaje de hogares que son propietarios: del 70,6%, del 2001, al 67,7%, del 2010. Esos números no necesariamente soslayan la intervención estatal durante la década, aunque señalan su insuficiencia.

Según el último relevamiento oficial, los arriendos de casa tipo B (ranchos, casillas, cuartos de hotel, pensiones), que pueden considerarse alquileres informales, alcanza al 2% de los hogares del país, es decir, casi 300 mil. En Capital Federal, ese porcentaje llega al 4% de los hogares: ese tipo de vivienda se concentra en villas y asentamientos porteños.

De la lectura de las cifras, los investigadores del CELS concluyeron: “(hay una) persistencia de un número significativo de hogares con problemas de vivienda”. Según el trabajo persisten más de 2 millones de hogares que habitan en viviendas deficitarias, 1,5 millones en condiciones de hacinamiento y otro medio millón en hacinamiento crítico.

Problema estructural

Según el CELS, el déficit perdura a pesar de la “intervención estatal -especialmente del Gobierno nacional-, en planes de viviendas y su relativo impacto en mejoras del parque habitacional”. Concluye el texto: “persisten y se agravan problemas estructurales que afectan a los sectores más pobres”.

Se llega a esta realidad en simultáneo con la destacable expansión del negocio inmobiliario durante la década en curso. Ambos fenómenos se complementan. El boom inmobiliario presionó sobre los precios de los alquileres y el suelo habitable, excluyendo a un importante porcentaje de familias a la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

Dentro de la actividad estatal, el CELS destaca los créditos PROCREAR cuyo impacto se podrá medir con mayor precisión a partir del año próximo (cuando se terminen de construir miles de casas). El informe exige que esa línea de acción se profundice con otros programas (algunos ya existentes) destinados a sectores que subsisten en la informalidad laboral o el desempleo y que por lo tanto no pueden acceder al financiamiento.

Por último, el trabajo celebra la ley de “acceso al hábitat” votada en la provincia de Buenos Aires en 2012, que es un instrumento que permite regular a los desarrolladores urbanos (entre otras cuestiones, les exige destinar un porcentaje de la inversión a “viviendas sociales”). En este punto resta esperar por el impacto de la legislación.