Entrevista a Félix Crous, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, acerca del fenómeno del narcotráfico en Argentina y la labor del Ministerio Público.

Entrevista con el investigador del Ministerio de Seguridad y especialista en narcotráfico, Norberto Emmerich.
Entrevista con Emilio Ruchansky, periodista y editor adjunto de la Revista THC. “La gente que apoya la prohibición hoy es cómplice del narcotráfico”.

Entrevista al diputado del Frente para la Victoria y referentes de la JP Evita, Leonardo Grosso, a partir de la muerte de Enzo Ledesma, asesinado por jóvenes pertenecientes a una banda narco.

Trabajos produciso Por Nahuel Placanica,  Enrique de la Calle, Juan Ciucci, respectivamente

Agencia Paco Urondo: ¿Qué funciones tiene a cargo la PROCUNAR?
Félix Crous: Como el resto de las procuradurías pretende darle tratamiento específico a una problemática de la criminalidad. En esta etapa nos hemos propuesto reunir toda la información disponible que pueda abastecer a la procuradora para trazar una política criminal específica, interviniendo en las demandas de los fiscales en casos particulares que ya estaban avanzados al momento de nuestra presentación en comunidad en el marco del Ministerio Público. Hemos dialogado con el resto de los actores del Estado, como por ejemplo, el SEDRONAR, las fuerzas de seguridad, la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. También realizamos actividades internacionales con el objetivo de posicionarnos frente a otros actores en el tema e informarnos de cómo es la situación en el resto del mundo. Es una fase de instalación y diagnostico que estaríamos concluyendo.

APU: En cuanto al fenómeno del narcotráfico en Argentina ¿Existen vinculaciones entre el Estado y estas bandas delictivas?
FC: Todo el tiempo vemos dos fenómenos. Los casos de Córdoba y Santa Fe hablan por sí mismos. La policía es parte del Estado, con relaciones permanentes con la comunidad y ahí su involucramiento es muy evidente, al punto que en Santa Fe un oficial está preso por un caso de narcotráfico y la cúpula de drogas peligrosas de Córdoba también.

La segunda instancia es más capilar pero no deja de ser grave. Es la conexión con jóvenes en relación de uso y abuso de drogas y su utilización para la comisión de delitos para la policía. Eso redunda en un fenómeno mucho más grave que el de la narcocriminalidad, como es el de la violencia directa sobre los jóvenes. Hemos detectado muchos procedimientos fraguados, de desapariciones o asesinatos vinculados con esto. Este fenómeno tiene menos visibilidad porque afecta a jóvenes marginales o previamente estigmatizados por la criminalidad contra la propiedad.

APU: A partir de lo que pudo observar a lo largo de este tiempo ¿Cómo piensa la relación de estos jóvenes con el narcotráfico y su utilización como mano de obra?
FC: Desde los márgenes de la sociedad, la rotación con las sustancias tiene que ver con la condición socioeconómica, con el dilema existencial de una persona inmersa en condiciones tan adversas. El entramado allí es que la provisión de drogas requiere un sustento económico y eso limita la libertad de las personas. En ese sentido, se generan situaciones de semi-esclavitud con sectores corruptos. La solución está antes del abordaje criminal, tiene que ver con la decisión política de reformar las policías y su conducción. Las provincias tienen que asumir que sus fuerzas de seguridad son las válvulas de administración del contenido democrático de su gestión. No se puede pensar en un Estado democrático si éste recluta jóvenes para robar y los mantiene sujetos con la administración de la micro – narcocriminalidad.

APU: En general siempre se apunta primero a la complicidad estatal, pero ¿existe una complicidad empresaria? El dinero que se genera de la comercialización de sustancias en algún lado se lava...
FC: Sin dudas. Nosotros no tenemos interferencia directa en el tema de lavado de activos porque la procuración tiene una unidad específica para eso, ya que implica una ingeniería más sofisticada. Claramente, en el narcotráfico a otra escala el soporte empresario es fundamental. No deja de ser un negocio que requiere logística. Tenemos casos, uno es un juicio por concluir y otro un juicio por comenzar, donde la logística estuvo amparada detrás de la logística empresarial. Empresas que uno no podría pensar que fueron específicamente montadas para el narcotráfico pero que por las característica del transporte, sus lugares de enclave y el tipo de exportación, terminaban siendo empresas multipropósito cuya mayor rentabilidad venía del narcotráfico y no de los productos que decían exportar.

APU: ¿Cómo caracterizaría a la Argentina? ¿Es un país productor, de tránsito, de comercialización?
FC: Tenemos observaciones preliminares, no podemos ser concluyentes en esto. Argentina, por su localización geográfica, es un país de consumo, por su concentración demográfica, en grandes urbes y por su situación económica donde hay un mejoramiento de las condiciones de vida de muchos sectores, a veces el aumento de producción requiere mayor consumo de drogas estimulantes. Por otro lado, es evidente que en la Argentina hay una base de producción de algunas drogas, básicamente de cocaína, que requiere una intervención menos precisa que otras drogas más complejas como las drogas de diseño. Una de las fases de producción que estaba en otro lugar, se corre porque reduce los riesgos del traslado. Si en Perú se puede fabricar el clorhidrato de cocaína, no hay razón para pensar que acá no. El narcotráfico sigue las mismas lógicas de producción transnacional que cualquier otra empresa.

APU: Volviendo sobre el funcionamiento de la PROCUNAR ¿Qué observaciones tienen con respecto a la dinámica judicial a la hora de abordar la temática del narcotráfico?
FC: Tendría que aportarte un diagnóstico preliminar nuevamente. Tenemos recursos humanos muy calificados y una gestión muy mala. Esto obedece a un sistema de enjuiciamiento muy malo, que no obedece a suficiencias normativas de fondo y tenemos una tradición de muy mala práctica. Investigamos muy mal la narcocriminalidad en la fase judicial porque estamos acostumbrados a investigaciones donde la interceptación del cargamento es la vedette pero no hay investigaciones proactivas, salvo excepciones.

No tenemos algunas herramientas que permitirían mejorar muchas cosas, por ejemplo: las entregas vigiladas para entender cuál es la cadena de financiación, producción, logística, distribución y lavado de dinero. Tengo en mi mirada que las fuerzas de seguridad tienen un desempeño superior al desempeño de los fiscales y el poder judicial.

Hay nichos muy importantes como la focalización en los precursores químicos, un elemento central. Tenemos recursos para eso. Los precursores están controlados en la Argentina. Necesitamos que donde alguien vea pasta base, vea también potencialmente precursores.

El punto más importante es el de la incautación y decomisión. La Argentina tiene un sistema atrasadísimo. No tenemos un órgano de administración profesional de los bienes incautados. Tenemos sistemas de registro en disputa entre la Corte y el Poder Ejecutivo. No tenemos un enfoque por parte de jueces y fiscales en la incautación y decomiso, ni en las investigaciones patrimoniales en paralelo a las investigaciones sobre las sustancias. Hay limitaciones institucionales, legales pero básicamente es una larga historia de hacer las cosas mal. Las herramientas hoy existen.

APU: En cuanto a la ley de drogas ¿Impone limitaciones al abordaje de la problemática?
FC: La política mundial en materia de drogas va virando lentamente hacia una mayor racionalidad. La ONU en 2016 tratará el tema. El próximo año hay programada una Asamblea Extraordinaria de la OEA para tratar el tema. Cada vez se impone con más fuerza la revisión de convenciones que rigen, ya que imponen la punición a todas las fases de la narcocriminalidad, descargando el mayor poder represivo sobre los eslabones más débiles, casi por un movimiento natural. Ahora, creo que la ley que nos rige está muy desbalanceada, con penas duras para actores menores y penas durísimas para actores más grandes pero que no llegan a aplicarse lo suficiente. La legislación argentina debe ser revisada en el marco de la discusión mundial sobre el marco legal de persecución de esta problemática.

Entrevista con el investigador del Ministerio de Seguridad y especialista en narcotráfico, Norberto Emmerich.

Por Enrique de la Calle

AGENCIA PACO URONDO: Han aparecido en los medios muchos hechos violentos vinculados con el narcotráfico. ¿Dan cuenta de un fenómeno cada vez más grave en el país?

Norberto Emmerich: El narcotráfico va empeorando paulatinamente pero para ubicarnos más o menos qué significa empeorar, deberíamos tener un diagnóstico de situación de dónde venimos y hasta dónde supuestamente estaríamos yendo. En línea general, Argentina ha sido tradicionalmente, y por muchos años, un país considerado “de tránsito”. Básicamente, de cocaína proveniente de Colombia y muy secundariamente de Bolivia con destino a Europa, y un poco luego, a raíz de los controles sobre los puertos colombianos, con destino a Estados Unidos. Ese status de ya quedó definitivamente en el pasado. El mercado argentino se ha vuelto más complejo: sigue siendo un país de tránsito pero claramente es un país de consumo muy fuerte.

En América Latina, hace unos años, era el segundo consumidor y ahora es un fuerte consumidor de cocaína. Y también, claramente y quizás eso sea lo más preocupante, ahora es un país productor, cada vez se descubren más laboratorios y cocinas de cocaína en los barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país.

Por otro lado, está el problema de bandas que pelean entre sí por el control del territorio, como es el caso de Rosario, fuerte penetración territorial del crimen organizado, como pasa en Salta, o como el caso, tal vez poco conocido  pero cada vez más claro para los investigadores, de la Ciudad de Buenos Aires.

APU: Resumiendo lo que plantea: pasamos de ser un país sólo de tránsito de droga a constituirnos en un mercado importante para el narcotráfico. ¿Es así? ¿Qué implica eso en términos de la necesaria intervención estatal?

NE: Hay que tener en cuenta que el mercado argentino empieza a ser, desde hace varios años, interesantes básicamente por ser un país alejado de los circuitos de consumo tradicionales que siguen siendo Estados Unidos y Europa. Las crisis económicas que tuvieron los países latinoamericanos en los años 2001/2002, obligaron al narcotráfico a realizar cambios internos para poder seguir subsistiendo. En el caso de Argentina, nace el “paco” como droga alternativa frente a una situación económica sumamente hostil para los sectores más empobrecidos que ya no podían acceder a la cocaína porque se volvió muy cara. El “paco” crea un mercado cada vez más amplio.

En nuestros barrios y en nuestras villas, el consumo de paco crece cada vez más y se vuelve sustentable en el sentido que se acomoda y sostiene un mercado fijo y fuerte, protegido y muy enraizado con fuerzas policiales y demás. Por otro lado, el paco es un tema aparte, no es un tema solo o exclusivamente ligado a la droga, sino que tiene una problemática social y ambiental muy fuertemente conectada con el tema del consumo.

APU: ¿Cómo se organiza el narcotráfico en Argentina? ¿Son carteles que vienen del exterior, que trasladan sus sistemas de producción al país? ¿Se producen alianzas con productores locales?

NE: Lo que se puede decir es que tenemos intentos reiterados de carteles del exterior, primero colombianos, ahora mexicanos, de entrar en el mercado argentino por el lado de inversiones en campañas políticas en el pasado, pero no han sido muy exitosos. La penetración ha sido casi estrictamente de carácter financiero y no ha tenido demasiada repercusión. Lo que sí hay son carteles nacionales o creados en el país, en manos de población extranjera, tenemos carteles peruanos, paraguayos, colombianos. Algunos de ellos se dedican al tránsito de cocaína al exterior con base en el Puerto de Campana o con base en la isla de Cerrito en el Chaco.

Después tenemos actividades con lo que se llama “menudeo”: se da en nuestras ciudades con fuerte vinculación con fuerzas policiales provinciales. Tenemos además, y eso es lo que está llamando la atención, disputas territoriales muy fuertes en Rosario y ahora en Ciudad de Buenos Aires.

APU: ¿El caso de Rosario es el más grave?

NE: En Rosario se llegó a un punto en el cual la historia deja de ser tan caótica que ni se pueden nombrar personajes, ni grupos ni bandas ni crear un discurso periodístico alrededor del narcotráfico. Ahora se está en un estadio superior donde ya tenemos bandas con nombres, con líderes, una zona específica.

APU: En ese caso ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno santafesino?

NE: La respuesta del gobierno santafesino es bastante específica en dos puntos de vista. En primer lugar, el gobierno tiene problemas en el manejo político de su propia policía, que actúa en forma segmentada y fragmentada frente a la disputa que se da en entre bandas.

La disputa es entre dos bandas por el control del mercado y la actuación de la policía es fragmentada. Tradicionalmente la policía estuvo vinculada a la banda de “los monos”; con la intención de disminuir la importancia de esa banda, se optó por apoyar a la banda rival, con lo cual, la policía aparece como otro actor más en el medio de la guerra. Y la política provincial es una política clásica de penalización o criminalización del problema. No es que esto no sea un problema criminal y penal, pero todo abordaje que sea criminal y penal va decididamente al fracaso porque este es un problema político, en el sentido de que es un problema de control territorial. A esto se le agrega, y lo vuelve todavía más complicado y denso, la disputa de carácter político con el gobierno nacional, lo cual implica la casi nula posibilidad de una colaboración estrecha en la solución del problema.

APU: Muchos candidatos que obtuvieron muchos votos en las recientes elecciones hablaron de la necesidad de llevar al Congreso la discusión de políticas eficaces para combatir al narcotráfico ¿Por dónde ve que pasan esas soluciones, esas políticas?

NE: Los candidatos han tomado el tema de la seguridad en general y discursivamente el tema del narcotráfico, pero en general el modelo de gerenciamiento de la seguridad en Argentina sigue siendo el mismo, básicamente, un modelo de gerenciamiento. La palabra es proveniente del mundo empresarial y por lo tanto no tiene mucho que ver con el mundo político pero así es como se maneja la seguridad en Argentina. Los gobiernos y los gobernadores entregan a la policía el control en los temas de seguridad y la policía lo hace una especie de acuerdo con los sectores criminales más poderosos, el cual tolera cierto margen de ilegalidad, siempre y cuando no salte a la primera plana de los diarios y se convierta en un problema político.

Ese viejo sistema que ha funcionado durante algunas décadas ya hace varios años que es totalmente inviable y disfuncional porque los acuerdos no se cumplen, porque los gobiernos cambian constantemente de políticas, de funcionarios, los presupuestos son inestables, los ajustes son recurrentes. Y básicamente la mano de obra policial vive situaciones muy ajustadas en cuanto a presupuesto, vestimenta, equipamiento, tecnología, con lo cual, en definitiva, por más que se estandarice la política de seguridad, el control de la policía sobre esa política es cada vez más reducida.

APU: Uno de los temas que se discutió en la campaña es la posibilidad de voltear aviones, supuestamente ligados al narcotráfico. ¿Cuál es su opinión sobre esa política?

NE: Las políticas de control que el gobierno pueda plantear o plasmar tienen dos niveles, uno de carácter técnico y otro de carácter político. El gobierno sí se ha planteado y ha tratado de llevar adelante algunas estrategias de control con insumos técnicos. Un ejemplo de ello ha sido el programa del “Escudo Norte”, con la idea de radarizar la frontera y custodiar los ingresos de mercaderías ilegales.

Pero todo esto, precisamente por ser insumos técnicos y con la intención de que la política sea una acumulación de recursos técnicos, se torna rápidamente inútil y en el medio se vuelve inviable por las disputas presupuestarias entre distintas agencias.

En definitiva, de los tres radares que deberían funcionar para que el “Escudo Norte” sea realmente un escudo, sólo se compró uno que no cumple con todas las condiciones que se necesitan para controlar realmente los vuelos. No hay ley de derribo, cosa que debería discutirse para ver si es aceptable para nuestra idiosincrasia.

APU: ¿Hay leyes de derribo en otros países de América Latina?

NE: Ley de derribo tiene Brasil y además tiene completamente radarizado el Amazonas. Tiene estricto control de qué entra por minuto en toda la zona del Amazonas.

Entrevista con Emilio Ruchansky, periodista y editor adjunto de la Revista THC. “La gente que apoya la prohibición hoy es cómplice del narcotráfico”.

Por Juan Ciucci

APU: En estos últimos tiempos, a partir de ciertos hechos delictivos, se habla de un mayor accionar del narcotráfico en el país ¿Cómo ve esta situación?
Emilio Ruchansky: Por lo que veo de haber seguido años el tema, no hay una mayor presencia, sino que hay probablemente una mayor violencia, que son cuestiones distintas. Probablemente el mayor de los casos sea la provincia de Santa Fe, donde hay una disputa muy clara entre clanes familiares por un negocio y eso tiene que ver y muy fuertemente con la policía de cada lugar. Muchas veces, Marcelo Sain dijo, y estoy muy de acuerdo, que la policía es realmente la que equilibra el negocio, no es que la policía permite bajo soborno que exista el narcotráfico, la policía en general permite y organiza que un clan y otro puedan trabajar, a veces por paz social, más allá de las ganancias.

Estamos lejos de lo que pasaba en Colombia donde -en algún punto- si uno no colaboraba los narcos lo mataban, no creo que estemos en ese nivel. Sí me parece que cuando vemos violencia en algún punto hay desajustes en el mercado, si la policía deja que el mercado funcione bien, el mercado se regula solo y generalmente las bandas hacen las paces, dividen los territorios, puede haber alguna pelea pero dividen el territorio y cada uno saca su ganancia. Muchas veces, cuando vemos operativos, vemos que la policía favorece a alguna banda en reprimenda de otra, porque hay algún arreglo o muchas veces porque una banda entreguó a otra banda.

Además de Santa Fe hay que mirar muy bien a Córdoba, donde se ven fabricaciones de casos: hace poco estaba por llegar a juicio oral y público un caso de una supuesta cocina de paco que al final no era una cocina, sino una persona a la que le recomendaron comprar algunos precursores para poder limpiar la casa antes de venderla. Y tuvimos a dos personas presas como si tuvieran una cocina de paco, es rarísimo, una cosa es que a uno le pongan medio kilo de marihuana y otra cosa es que tenga una cocina de cocaína. Si no hubiera saltado todo esto es probable que esa persona hubiera ido presa y si no hubiera ido presa el prontuario que le iba a quedar era tremendo, esa es una primera diferencia. Tenemos que ver que la policía está metida y no sólo como una parte del nicho policial, sino que muchas veces la policía es parte organizadora.

Por fuera de esto, el tema nunca se va a acabar, el consumo existe y el cambio radical para pensar y evitar la violencia es pensar que el consumo existe, aceptar que el consumo existe, nos guste o no y una vez que uno acepta que el consumo existe ya la cosa cambia automáticamente. Cambia porque uno puede pensar que el tratamiento no se puede basar únicamente en la abstinencia, sino que la persona pueda hacer el tratamiento en una casa donde pueda consumir, como pasa en algunos países, pocos pero pasa, Suiza es un buen ejemplo.

En el caso de Suiza las personas van a consumir heroína, cocaína a un lugar seguro donde hay trabajadores sociales, médicos, psiquiatras y desde ahí se trabaja con la persona que tiene problemas. Si nosotros aceptamos ese consumo, lo que vamos a tener que empezar a ver es que ése mercado sea seguro, en el caso del cannabis Uruguay está dando el paso, basado en la experiencia de otros países. La OEA aclaró, y esto ya se sabía, que los clubes son legales bajo las convenciones internacionales de estupefacientes. Si un país no tiene prohibido el consumo, no puede prohibir que un ciudadano mayor de edad cultive marihuana para su propio consumo sin que esto no exceda a terceros, no puede impedir que se asocien, cultiven y se autoabastezcan.

En el caso de las drogas más pesadas los cambios son estrictamente culturales. Por darles un ejemplo, la cocaína fue de venta legal durante mucho tiempo. Cuando digo estas cosas mucha gente salta y dice que es una locura, que todo el mundo va a salir a consumir y se va a morir. En realidad, ya este año en Rosario hay alrededor de 200 muerte violentas, la mayoría referida al narcotráfico. Yo no creo que la cocaína haya matado a 200 personas en Rosario, no creo que haya matado a todo un país en un año. Toda la legislación internacional y local se basa en la protección de la salud pública, si hoy está matando más la guerra contra el narcotráfico o las guerras internas dentro del narcotráfico, creo que lo que hay que solucionar es el problema del narcotráfico y no el consumo.

El consumo evidentemente genera problemas y genera problemas a la salud, individual generalmente, pero es un tema que se puede abordar no de manera estrictamente represiva, abordarlo de manera represiva puede derivar en esto, en el narcotráfico y de hecho deriva a muchas más muertes violentas. Creo que Zaffaroni dijo hace un tiempo que se necesitarían 10 millones de años para que muera la misma cantidad de gente por uso de cocaína que por las guerras de las drogas en México. En el mismo informe de la OEA aparece muy claro esto, murieron 50 mil personas en cinco años por la guerra de las drogas, cuando la cocaína mató a 500 personas por sobredosis, no sólo la cocaína, sino las drogas ilegales en sí.

Creo que este es el primer eje y tenemos que pensar que el problema no es el consumo, el problema es el narcotráfico y la forma en que se termina con el narcotráfico es legalizando las drogas. La idea no es legalizar todas las drogas, la idea es regularlas, ver la forma que el acceso sea tardío y en el caso de las drogas pesadas, por lo menos, de movida pensar la forma de tratamiento, poder poner en limpio todo y que haya lugar donde la gente pueda consumir y reciba ayuda.

APU: A veces cuando se discute esto, se habla del marco en el cual eso se puede hacer, al ser experiencias en países chicos. ¿Hay algún tipo de diferencia de pensar en un mercado más amplio o más chico?
ER: Me parece que hay miedo en Argentina y en Brasil de pensar esto, no me parece que dependa del tamaño de los países. Primero por que hay cuestiones de soluciones de abajo, eso quiere decir, que los clubes de cultivo en España, por ejemplo, no salieron del gobierno, sino que fueron los mismos activistas que fueron empujando de a poco a través de fallos judiciales la solución del consumo. No creo que sea la solución a la vida, a todo este problema, pero creo que es un avance y en algún punto permitirlo, sería un avance. Es cierto que acá tendría que haber una política de Estado, no podemos depender de la buena fe de la gente y que la gente vaya presa para poder demostrar que el consumo responsable existe y que el problema es el narcotráfico. No me parece que sea un problema de escala y que se puede hacer en Uruguay porque es chico.

Me parece que está bien que en Uruguay se lo plantee porque es un país con mucha vida democrática, muy intensa, donde hay mucha discusión, donde no estaba penada la tenencia pero es hipócrita decir que priorizar la tenencia va a generar más consumo, como es hipócrita decir que regular la marihuana va a generar más consumo. Creo que lo que va a hacer es generar un producto de calidad y tal vez, probablemente, salvar muchas vidas. Lo que los holandeses descubrieron a finales de los ´60 es que el escalón a los drogas no es la marihuana, sino el dealer. O sea: uno va a comprar marihuana un día y no hay y le ofrecen pasta base, cocaína, otras drogas. Si bien todos logramos segmentar los mercados como dicen los uruguayos y quizás lo que hicieron los holandeses y les resultó, probablemente le hagamos un favor a la salud pública. El problema es que esto lo diga un periodista, un activista o un médico, no pesa tanto como que lo diga un político y ningún político se anima a decir esto.

Mientras tanto se sigue muriendo la gente y se sigue agravando los problemas del consumo, el caso del paco en Argentina es muy claro. Las mismas madres al principio decían eso y los consumidores también y que en un momento en la villa no había marihuana y sólo se vendía pasta base. Hay problema de clases sociales, obviamente que una persona que está más desprotegida y consume va a tener más problemas, eso es cierto pero todos consumen, ricos y pobres. Acá el problema es esa hipocresía: mientras los ricos tienen seguro médico y acceso al hospital, los pobres no, la salud tiene que estar para todos. Quizás ese es el argumento de la Iglesia y de algunos sectores seudo progresistas y de izquierda, que la Argentina no está preparada; es una chantada y es ser cómplice de más muertes, de guerra y de lo que vemos todos los días. El país nunca va a estar preparado si no se hacen las cosas, no depende sólo del sistema de salud pública, la gente no se va a acercar al sistema de salud pública si está criminalizada. Ha pasado en otros países, en Portugal, en España, pasó en Holanda, en Suiza, me parece que es tonto plantearlo todavía de esa manera, pensando que no hay que despenalizar porque se va a descontrolar todo, están descontroladas porque no están reguladas. Cuando todo está prohibido no se puede regular, no se puede hacer nada, es peor. La gente que apoya la prohibición hoy es cómplice del narcotráfico, de la matanza; es así por más que lo hagan desde un lado moral, hay que decirlo aunque parezca duro y lo es pero es verdad.

APU: ¿Cómo analiza la situación y  el accionar de la clase política en este tema?
ER: En este tema, el año pasado hubo muy buenos acuerdos, desde las personas que también activamos el tema hemos logrado un consenso entre el Frente Amplio Progresista, el kirchnerismo y el radicalismo, en puntos claves que eran bajar algunas penas, por ejemplo que las mulitas no vayan presas, es decir que no tengan preventiva, permitir el auto cultivo, despenalizar la tenencia para consumo personal, bajar la pena para la tenencia simple que nosotros creemos que es inconstitucional. Había avances, pero algo pasó, algo lo detuvo y el marco nuevo de las elecciones creo que empeoró todo, podemos ver a Massa que quiere poner la misma pena a un narcotraficante que a un homicida. Yo pienso en los chicos que venden paco en Rosario, encerrados en una garita, controlados por la policía, esos chicos van a tener perpetua, son los chicos que Massa quiere que tengan perpetua.

Creo que la clase política no se está dando cuenta, no quiere tocar el tema, el único rédito que le quiere sacar es el de la mano dura, en ningún momento están pensando -y esto lo digo por toda la clase política- en las muertes que está trayendo esto, solamente ven lo que la gente puede aceptar o no. Veo muy pocos políticos que se animen a decir cosas distintas y a pensar distinto, pero la realidad sigue siendo la misma, la realidad no cambió, los que no están cambiando son los políticos. En su momento se discutió y se discutió bien y se llegó a un consenso, después no se avanzó y ahí creo que todas las fuerzas tienen su granito de arena porque no lo pusieron en la agenda. El Frente Progresista, que lo tenía en sus propuestas, lo pudo haber puesto en la agenda de campaña pero no lo hizo y un poco quedó obnubilado por el proyecto de mano dura.

APU: ¿Cómo ve el tratamiento de los medios en esta problemática?
ER: Creo que cambió un poco, ha mejorado. Tal vez es una pelea que pase por el programa de Feinmann y no por otros lugares. Se busca una posición donde todo el tiempo se maniquea si estás a favor o en contra de regular o de penalizar; y no se están viendo las responsabilidades profundas que tiene esto. Sí creo que desde la aparición de la revista (THC), desde fines del 2006 hasta ahora, por lo menos los usuarios empezaron a tener voz, algunos periodistas nos piden información. Muchos diarios y de esto puedo dar fe porque he trabajado en uno muchos años, nos piden información, conocemos muchos periodistas de distintos diarios y también de medios televisivos y radiales a los que les damos información y creo que ya no es excusa la falta de información.

Sigue habiendo estigmatización porque el principal problema es que todo esto se ve como un tema de seguridad y no como un tema de salud y los medios siguen apostando a eso, no todos los medios pero se ve mucho eso. A nadie le preocupa la salud de los usuarios, sólo les preocupa que alguien por conseguir droga, mate a otra persona. Pero hay que ver por qué esa persona llegó hasta ese lugar, por qué tanta marginalidad y qué es lo que la genera y no poder empezar a hablar del tema en serio. Pero creo que un poco ha mejorado.

Entrevista al diputado del Frente para la Victoria y referentes de la JP Evita, Leonardo Grosso, a partir de la muerte de Enzo Ledesma, asesinado por jóvenes pertenecientes a una banda narco.

Por Juan Ciucci

APU: Queremos que nos comentes qué ha sucedido, un nuevo asesinato en La Cárcova...
Leonardo Grosso: El lunes (28 de octubre) a la noche en el barrio de La Cárcova, Enzo Ledesma iba en su moto y un grupo de pibes del barrio que están vinculados a los narcos le dispararon dos tiros en la espalda. El que disparó es un tal “Bebote”, que es uno de los reclutadores de soldaditos para los tranzas del barrio. A partir de ahí, fue el velorio y una vez que se hizo el entierro, la familia decidió marchar a la comisaría 4ta de José León Suárez. ¿Por qué a la 4ta? Porque todos en el barrio hablan de la complicidad de esta comisaría con estas bandas de traficantes de droga que llenan, no sólo de droga el barrio, sino sobre todo de armas. Y que generan estos niveles de impunidad en los cuales un pibe de 25 años puede creer que arreglar un problema personal con otro es con dos tiros en la espalda.

Esta indignación, que llevó a la familia a protestar en la puerta de la comisaría, apedrear y prender fuego la comisaría, hizo que al rato aparezca Silvina Graciela, la mamá de Ivana, que es la nena que en el Barrio Independencia murió también de un tiro en la cabeza en el marco de un enfrentamiento entre dos bandas de tranzas. También apareció María, la mamá de Rubén, un pibe que el 28 de enero fue a comprar un cigarrillo de marihuana a La Cárcova y le pusieron ocho tiros. Esto para nosotros no es un caso aislado, lo de Enzo sería la gota que rebalsa el vaso. Lo que estamos viendo nosotros es el avance de estas bandas de traficantes y la impunidad sobre estos territorios, que se han convertido en zona de guerra. Todos los días se disparan entre una banda y la otra, se resuelven problemas sociales o barriales a los tiros, la gente dice basta, la policía es parte del problema, la justicia y el municipio también son parte del problema.

APU: En ese sentido, el problema parece haber recrudecido en San Martín...
LG: Bueno, creo que San Martín siempre se caracterizó por tener muchos problemas con el narcotráfico, lo que recrudece es la impunidad. La comisaría de José León Suárez es cómplice de estas bandas de narcos que reparten armas por el barrio, hay vecinos que han llegado a ver granadas. Para que la gente entienda: ametralladoras, chalecos antibalas, una cantidad de cosas que no son habituales. Creo que esto está profundizado por la inoperancia del municipio, el Intendente dice: "yo pedí más gendarmería", pero todos sabemos que ésa no es la solución.

Yo le pregunté al Intendente si él alguna vez recibió a alguno de los familiares de los chicos muertos para ver qué necesitaban. Ya se ha intervenido la comisaría 4ta de Suárez y creemos que ese es un paso más que positivo, pero hay que profundizar el saneamiento de toda la fuerza de seguridad en todo San Martín. También creemos que la justicia tiene que actuar y el municipio tiene que hacer que el Estado esté más presente, si no hacemos todas estas cosas juntos no vamos a poder.

Es un momento donde sí se puede avanzar porque estas son bandas narco pequeñas, no son grandes bandas como las que se encuentran en Tigre, por ejemplo, que son grandes traficantes de carteles colombianos o mexicanos. Acá no hay grandes carteles, estamos hablando de que los tranzas del barrio son gente que vive en el mismo barrio, si hay decisión política, se puede avanzar.

APU: ¿Cómo analiza a gran escala esta situación? Pareciera que en la Argentina estarían cada vez más presentes este tipo de grupos ¿Qué medidas se podrían llegar a tomar a futuro?
LG: Creo que esto aparece mucho más en el territorio porque también hay mucho más mercado en el cual desarrollar la venta de droga. Porque hay más consumo, más plata, una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la reactivación económica. Pero también lo que vimos en Nuevo Alberdi en Rosario, a principio de año, ahora en San Martín, lo que vemos en la Ciudad de Buenos Aires, no son grandes carteles narcos, son pequeños grupos narcos que si uno tiene decisión política y articulación del Estado, no es muy difícil desarticularlos y correrlos del territorio.

Creo que hay una serie de medidas que van siendo complementarias: desde la despenalización del consumo, de la tenencia para consumo de droga; hasta la democratización de las fuerzas de seguridad, la participación comunitaria en prácticas de seguridad y la inclusión social de los pibes, trabajo digno. Una cantidad de cosas y de medidas que hay que ir desarrollando y que tienen que ver con la articulación de los tres poderes del Estado y de los distintos estamentos del Estado nacional y municipal en cada caso. Si trabajamos mancomunadamente, si abordamos el problema y si la política se hace cargo, porque también acá en San Martín la sensación que tenemos es que la política no se hace cargo, que la política es cómplice de este problema, de hecho, hay convivencia del Secretario de Seguridad del Municipio y algunas bandas narco. Si nosotros no nos hacemos cargo y la política no se hace cargo de esto, no se resuelve, necesitamos hacernos cargo, poner el problema sobre la mesa y empezar a trabajar.

APU: ¿Cómo piensa la estigmatización que se hace de los barrios? Recién decía que los barrios sufren estas circunstancias, pero muchas veces en los medios se los presenta como los espacios que vivirían del narcotráfico.
LG: Absolutamente. El informe de Chiche Gelblung en Canal 9 es para una denuncia en el INADI, porque la verdad que decir “el barrio más peligroso de San Martín”, “un barrio casi impenetrable”, acá no hay barrios impenetrables, todos entramos y salimos de los barrios tranquilamente. Acá lo que hay es convivencia de las fuerzas de seguridad y donde la gente tiene menos poder para denunciar. El municipio no pone cámaras y patrulleros municipales porque la gente del área de Reconquista tiene menos poder para denunciar.

La policía convive con determinados negocios porque la gente tiene menos poder para denunciar, me parece que son los barrios más vulnerados, no los barrios más peligrosos. Después hay que romper un montón de cosas, porque sí claro que en las barriadas más humildes se vende la droga y hay que preguntarse quién la va a comprar. Yo milito en los barrios hace mucho tiempo y todos los viernes a la noche veo las 4x4 que van a comprar droga a los barrios, hay que sacarse la careta, hay que romper esas barreras y resolverla entre todos. Este flagelo ataca a todos los sectores sociales, no hay ninguno en particular.

APU: Recién mencionó que fue intervenida la comisaría, la familia se movilizó hasta allí ¿Qué otros pasos están pensando para seguir adelante?
LG: Por lo pronto estamos articulando la posibilidad de presentar una denuncia para que se articulen todas las causas que hay vinculadas a este tipo de delito. Porque hay un problema con la justicia: investiga particularmente cada una de las causas sin atarlas, sin contextualizarlas, que es lo que nos permitiría demostrar que hay convivencia con las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Ahora lo que estamos tratando de hacer es presentar una denuncia ante el Fiscal Federal de San Martín, Marcelo Lapardo, que nos dijo que tenía plena disposición para abordar el tema y tratar de que se empiecen a unificar las causas.

Después vamos a hacer lo mismo en el ámbito federal. Vamos a ir a ver a la Dra. Gils Carbó con familiares. Luego vamos a ir a hablar con el Ministro Granados, para contarle la problemática del caso de cada uno de los familiares y ver cómo podemos abordar un plan de trabajo que tiene que ver con el saneamiento de las fuerzas de seguridad y un plan que nos permita ponerlas a disposición de la justicia y el derecho.