 APORTES PARA UN PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD
Adjunto al pie de la presente, dos trabajos de investigación vinculados al tema de la inseguridad (Aportes para un Programa de Política Criminal y Prevención del delito) y obviamente en directa relación con la grave crisis de la seguridad ciudadana, el miedo, temor y la agresividad que afectan a todos los sectores sociales sin distinción y en directa relación con la Política Penitenciaria; ambos pertenecen al libro de mi autoría "Políticas Públicas de Seguridad. Medidas Alternativas y Derechos Humanos", publicado por Cathedra Jurídica -Buenos Aires- a finales del año 2009.
Estos trabajos constituyen una síntesis del citado libro, dedicado "Al célebre e inolvidable Maestro Marcello Finzi, quién perseguido por las leyes raciales impulsadas por el Fascismo de la Italia de 1938 y exiliado en nuestra Patria, recaló en la Universidad Nacional de Córdoba, formando parte de la gloriosa "Escuela Penal de Córdoba". Las estadísticas y los temas centrales no han variado sustancialmente. Pareciera que lo escribí ayer. Este libro fue presentado, en la Manzana de las Luces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de noviembre de 2009 en el marco del IX ENCUENTRO DE NEUROCIENCIA Y CRIMINOLOGÍA DEL CONO SUR (Organizado por APSA -Capítulo de Neurociencia y AAIN (Asociación Argentina de Investigación en Neurociencia) y presentado por los Dres. Diego Martín Batalla, y las Profesoras Stella Maris Velazquez Repetto y Elba Beatriz Tornese. En esa misma línea de pensamiento, se inscribe otro libro de mi autoría -presentado en el Club del Progreso el 10 de septiembre de 2011-CABA- y relacionado con el tema titulado "Crisis carcelaria, violencia institucional y clasificación de los reclusos. Diagnóstico y Propuestas", publicado por la prestigiosa Editorial Lerner de la Ciudad de Córdoba, (Noviembre de 2010), dedicado "A mis Maestros de la Escuela Nacional N°56 -Rosario Vera Peñaloza-, ubicado en el Paraje "La Curva", llamado luego Jobson y actualmente Vera, en el corazón de la Cuña Boscosa del Norte Santafesino, con sincera gratitud y reconocimiento. Un recuerdo a la memoria de mis queridos padres, Salomón y Raquel, que siempre me ayudaron a estudiar". POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD.MEDIDAS ALTERNATIVAS Y DERECHOS HUMANOS El problema más serio y el clamor angustiante y recurrente de la sociedad actualmente son la sensación de inseguridad, el miedo, el temor y la violencia que afecta a todos los sectores sociales sin distinción. Por lo tanto, el reclamo más fuerte que se advierte es la exigencia de poner freno a tantos crímenes y violencia irracional que no tienen parangón en las estadísticas de la curva del delito de los últimos 20 años.
Existe una violencia inusitada donde los hechos se caracterizan por ser cada vez más crueles, irracionales e impunes, advirtiéndose que en la impronta delictiva el delincuente, en el momento del accionar antijurídico, actúa muchas veces con desprecio hacia su propia vida, y también con desprecio frente a la integridad física de sus semejantes.
Para poner en perspectiva el tema abordado, de cara a estos tiempos de violencia social e inseguridad ciudadana, es prioritario estudiar en profundidad las causas y factores estructurales de los problemas, evitando la aplicación de medidas fáciles, coyunturales y demagógicas. Por ello precisamente, en esa línea de pensamiento, permítasenos como primera aproximación expresar nuestras profundas diferencias y críticas hacia aquellos políticos, (que de política criminal y prevención del delito poco saben), que se desayunan e influenciados por los operadores del sistema penitenciario y los formadores de opinión, van corriendo detrás de las encuestas, y livianamente aplican políticas de mayor control y tolerancia cero, llenando las cárceles de pequeños delincuentes. Recuérdese, que el 70% de las personas que se hallan detenidas, lo están por delitos menores contra la propiedad, particularmente hurto y robo (incluye universo masculino y femenino a la vez). En tanto, habría que profundizar las investigaciones de los ladrones de “cuello blanco”, como también contra aquellos que se enriquecieron a expensas de las miserias del pueblo y que no pueden demostrar de que forma lo hicieron, es decir la corrupción que socava profundamente los cimientos de nuestra Democracia.
Los programas de ajuste de los últimos años lesionaron Derechos Humanos básicos, especialmente impactando a los sectores más desprotegidos y vulnerables. Millones de compatriotas han quedado excluidos productos de una política económica de tierra arrasada, dejando pauperización y marginalidad. Este modelo de exclusión comenzó a implementarse durante la Dictadura Militar. Ligado a ello, advertimos paulatinamente la degradación de los valores familiares, se ha perdido el concepto de familia, las redes de parentesco tienden a reducirse al mínimo. El núcleo de la crisis es moral. De allí entonces, que es necesario e indispensable, volver al Legado de nuestros Abuelos inmigrantes, que hicieron a este País, con esfuerzo, sacrificio y honradez, que reivindicaron los principios de la solidaridad, de la amistad, el compañerismo, ayuda mutua y para quienes la palabra empeñada tenía más valor que cien documentos escritos.
La marginalidad y la exclusión creciente, con la experiencia neoliberal han significado un aumento vertiginoso de la pobreza, la desocupación, el delito y el caos urbano, y consecuentemente un retroceso cultural en todos los ámbitos de actuación del Estado. Los problemas nuestros, son comunes en América Latina.
Los índices delictivos en nuestro país, crecieron en igual proporción que la desocupación durante la década de los ’90. Ese indicador es prueba elocuente del análisis que hemos realizado, toda vez que “durante el período 1991-1996 (Plan de Convertibilidad) se triplicó la desocupación del 6 al 18,7% y en igual período se triplicó el número de los delitos contra la propiedad”.
En el término de siete años (entre 1998/2005 se duplicó la población carcelaria; en 1998, existían 30 mil personas detenidas, en tanto en el año 2005, esa cifra trepó a 62.800 personas, precisando que la mayoría la integran varones pobres, desempleados con escasos recursos y sin instrucción. El sistema penal argentino es marcadamente selectivo.
De continuar esta proyección, el Estado Nacional se vería en la disyuntiva de seguir construyendo más cárceles, en vez de atender a otros requerimientos urgentes que reclama la sociedad: seguridad en todos los órdenes, alimentación, vida digna y útil, educación, pavimentos, vivienda, seguridad social, esparcimiento, etc.
Consecuentemente el sistema carcelario se transforma en la última herramienta para hacer frente a la ausencia de políticas sociales, donde la prisión adquiere nuevas funciones que demuestran fehacientemente la íntima relación entre ésta y la estructura económica.
En síntesis, ¿Queremos más cárceles o menos presos? ¿Queremos más políticas sociales que garanticen los Derechos Humanos básicos de la sociedad? Esta política la define el Estado.
Contrariamente a lo que sucedía durante la década de los ’60 donde se advierte un menor índice de criminalidad, particularmente entre los sectores jóvenes de la sociedad, donde advertimos que fue la época de menor índice delictual juvenil, así pues lo demuestran los estudios comparativos correspondientes al mapa geográfico del delito.
Nuestro país produce alimentos para 400 millones de habitantes por año. El hambre y la desnutrición infantil son violaciones a los Derechos Humanos y allí está el germen de la existencia de la delincuencia juvenil y sus dramáticas consecuencias. Son producto de tres generaciones sin trabajo.
Encuestas autorizadas señalan en su gran mayoría a través de indicadores creíbles que el tema de la inseguridad constituye la mayor preocupación de la ciudadanía, de tal suerte que la mayoría de los estudios señalan cifras que superan el 40% de los participantes.
La problemática de la inseguridad ciudadana, requiere un tratamiento o análisis multifacético, por ello una visión unilateral o parcializada de la cuestión, significaría restarle otros elementos o componentes que son indispensables para el estudio en su conjunto y atinentes al momento de proponer programas y políticas públicas. En efecto, la crisis de la Justicia Penal y su falta de credibilidad, la lentitud de los procesos y su duración irrazonable, el abuso de la prisión preventiva, que muchas veces constituye una condena anticipada contra el justiciable, violando el principio de inocencia, el debido proceso legal, derecho de defensa en juicio, e igualdad ante la ley; Política Criminal , Prevención del Delito e inseguridad ciudadana: Diagnóstico, Pronóstico y Propuestas; Régimen Penal Juvenil (Conducta Antisocial Minoril); Penas y Sistemas Penitenciarios; Políticas Educativas, como eje estratégico y central de las políticas de gobierno; Políticas Sociales y Derechos Humanos, son todas ellas cuestiones que están ligadas y consecuentemente deben y merecen ser analizadas y estudiadas a través de equipos multidisciplinarios, sobre datos estadísticos con base cierta, con estricto rigor científico, histórico-comparativo y desprovistas de cualquier intencionalidad política, elementos todos ellos que en su conjunto se encuentran íntima y necesariamente vinculados.
El problema estructural más serio que padece la República Argentina, es el problema del desempleo, la falta de trabajo. Constituye la madre de todos los conflictos que se derivan del mismo. Existen actualmente 13 millones de pobres, con un núcleo duro de indigentes que superan los cuatro millones de compatriotas. En consecuencia, la seguridad pública está relacionada con la ausencia de trabajo, el miedo o la pérdida del mismo, falta de acceso a la educación, la salud, la alimentación, el uso indiscriminado de drogas, el alcohol y la utilización de psicofármacos de venta prohibida, déficit habitacional, pobreza y hacinamiento, restricciones a la libertad de expresión, derecho a la información plena y seguridad jurídica, etc.
Consecuentemente debemos aspirar a una Democracia real y no blindada, con menos pobreza y mayores oportunidades para el conjunto de la sociedad, donde se advierte una notoria brecha que afecta la calidad y dignidad de vida de la mayoría de la población, toda vez que el 10% más rico se lleva u obtiene el 40% de los ingresos, en tanto el 10% más pobre sólo recibe el 1,4% de los ingresos, significando este abismo una de las mayores desigualdades o polarizaciones no sólo de América Latina, sino también del planeta, por ello constituye un imperativo insoslayable descender las desigualdades sociales y por lo tanto se deben articular políticas económicas con Justicia y Equidad orientadas a tal fin.
La desigualdad es motor de la violencia. En las sociedades injustas, la violencia se transmite de generación a generación. La desigualdad crea odios, resentimientos, frustraciones, tensiones y por ende conflictividad social. Las sociedades desiguales son sociedades donde se advierte la existencia de determinados grupos sociales que cada vez tienen menos cosas en común y cada uno empieza a considerar al otro como una amenaza. Cuando esto ocurre la sociedad misma entra en crisis y la manifestación más cruda de esta realidad es precisamente la violencia.
La curva o línea de delitos contra la propiedad está directamente vinculada con la desocupación de grandes sectores de la población. La estadística de la evolución del delito, comparada con la del crecimiento de la población carcelaria, así lo corrobora sin ninguna clase de hesitación. En definitiva:
Sin justicia social no habrá paz ni seguridad ciudadana.
La crisis de la seguridad pública, encuentra su origen en causas diversas, por ello, ante la emergencia judicial, penitenciaria, educacional y la grave crisis social,, hay que reformular las políticas públicas vinculadas al sector, estableciendo prioridades y una mayor prevención (primaria, secundaria y terciaria), con participación activa y mayor compromiso e involucramiento del conjunto social, particularmente las agencias vinculadas al sector –ONGs., FACA, Colegios de Abogados, Colegios Profesionales, Universidades Nacionales y Privadas, Centros Vecinales, CELS, PODER CIUDADANO, instituciones deportivas, etc. En ese orden de ideas, estudiar y analizar experiencias de otros países, particularmente Canadá, Costa Rica, Cataluña, Francia y Holanda.
La seguridad pública es un derecho básico, junto con los demás derechos en igualdad de acceso de los bienes públicos. Uno de los factores que influyen en la espiral delictiva es el abandono de la escuela primaria y la repitencia. “Muchos presos son víctimas y producto del fracaso escolar”, sostiene el reconocido Criminólogo Español, Antonio Beristain Ipiña. (Véase “La pena. Retribución y las actuales concepciones criminológicas”, con prólogo de Neuman y Zaffaroni, Editorial De Palma; y del mismo autor “Victimología”, publicado por Editorial Tirant Lo Blanch, año 2000, España).
Según datos proporcionados por la UNESCO (año 2008), el 20% de los hombres y mujeres de nuestro país, entre 15 y 17 años de edad, no estudian ni trabajan. El 22% de la población urbana es indigente. Siete de cada diez chicos y adolescentes es pobre.
Aproximadamente un millón de chicos repitieron la escuela, lo cual significa un índice alarmante que menoscaba y pone en crisis el futuro de nuestra Nación. Cabe señalar por lo demás, que 400.000 niños y niñas quedaron afuera del sistema educativo en la Provincia de Buenos Aires. El abandono o repitencia, tiene como causas entre otras, la grave crisis económica, las desigualdades sociales y la desintegración familiar. Volver a la escuela, permite ser más libre y adoptar decisiones autónomas, toda vez que con una debida capacitación, especialización y estudio se obtiene un trabajo y un horizonte mejor. La libertad debe ser atravesada por un sesgo igualitario. Decía el gran Maestro de América: “Estudia y simplemente serás un hombre libre”. Pero para estudiar, hay que tener pan, techo y escuela, en igualdad de oportunidades como nivelador de derechos y obligaciones.
La educación es base fundamental para superar la inequidad social imperante y permitir al conjunto de la sociedad igualdad de oportunidades, que facilite y fortalezca un proceso de transformación hacia un país más justo, libre, solidario, equitativo y con desarrollo social.
Consecuentemente se debe priorizar la educación como eje estratégico de las políticas de gobierno, debiendo la misma ocupar un lugar central en las agendas respectivas.
La riqueza de las naciones pasa ahora por el conocimiento y la investigación.
Las estadísticas demuestran, (en coincidencia con estándares internacionales) que entre el 80 al 95% de menores que han sido institucionalizados vuelven a reincidir en el delito.
Una propuesta ambiciosa pero racionalmente posible para la prevención de la delincuencia juvenil, exige esfuerzo y trabajo mancomunado de tres áreas fundamentales en la gestión pública: Acción Social, Educación y Justicia. En tal sentido, coincidimos con las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD), en cuanto sostienen que:
“Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden desarrollar actitudes no criminógenas”.
El primer paso es la educación. La relación existente entre el delito y el nivel educativo es señalada por los especialistas como una variable clave para tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas vinculadas al tema abordado.
La educación tiene un papel central en la prevención de la violencia y criminalidad.
El aumento de las escalas penales punitivas, no disminuye la tasa delictiva, no sirve como elemento de disuasión, ni tampoco soluciona ni da respuestas adecuadas al incremento de la delincuencia convencional y menos aún, aplicando políticas de mayor dureza y represión. Estas políticas de mayor control social, de tolerancia cero y exclusión, lo único que van a traer es más cárceles, más impuestos y más pobreza.
Como contrapartida a ello, sostengo la necesidad de bajar las desigualdades sociales, darle mayor educación, trabajo y dignidad al Pueblo y concomitantemente remover las verdaderas causas de la injusticia social.
En ese orden de ideas, propongo la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal y Prevención del Delito, cuyo objetivo será la de estudiar el mapa geográfico del delito en todo el país, (estudio y análisis de las conflictividades de mayor frecuencia, gravedad y conductas delictivas), con funciones de planificación de política criminal estatal, y las específicas para el estudio de las investigaciones científicas y trabajos sobre el fenómeno de la criminalidad, elaboración de programas de seguridad y prevención anticipándose con tareas o funciones de inteligencia a las conductas delictivas, proponiendo políticas a tal efecto. Apoyar a las víctimas de los delitos a través de centros especializados, integrados por equipos multidisciplinarios. Efectuar los gastos presupuestarios con sus correspondientes asignaciones para establecer políticas preventivas para combatir el flagelo del alcoholismo y el aumento de los delitos vinculados al consumo, comercialización y tráfico de drogas. Es prioritario, jerarquizar la función policial; seleccionar debidamente a su personal, implementando una Policía Judicial, proveyéndoles de medios suficientes y otorgarles buenas remuneraciones al personal policial que arriesga su vida, muchas veces por sueldos míseros y que no están acorde con la comprometida función que realizan. Exigencia de realizar en todas las escalas cursos de Derechos Humanos y de capacitación permanente, ello extensivo a los sistemas penitenciarios, y de seguridad, tanto del orden federal como provincial.
Creación de una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, constituida con participación efectiva del mejor y más calificado personal de seguridad especializado en el área de Política Criminal y Prevención del delito, teniendo como objetivo entre otros trabajar mancomunadamente con sus similares en las provincias y con todos los organismos competentes con la seguridad pública.
Ligado a todo lo expuesto, propongo la necesidad de incentivar la práctica deportiva sobre todo de los deportes aficionados (donde se practica el deporte no entran las drogas ni la delincuencia).
Utilización de los institutos de la suspensión del proceso a prueba, (Probation), como así también la aplicación de medidas alternativas a la prisión como la resolución alternativa de conflictos (mediación penal), que está siendo aplicada en la mayoría de las provincias, como así también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la entrada en vigencia, en este último caso de la nueva legislación procesal. Urge por lo demás una sanción de una Ley Nacional de Mediación Penal. Los proyectos parlamentarios esperan su tratamiento y son varios los que existen.
El Poder Judicial debe poseer una base informática de datos moderna, ágil y efectiva, con mayor dotación de personal, jueces y empleados, y con asignación suficientes de recursos e infraestructura que permitan sus funciones adecuadamente a los requerimientos y exigencias de la sociedad. Todos los Poderes del Estado deben involucrarse con el tema de la inseguridad, como así también es deber moral la participación e involucramiento de la sociedad civil; coordinación con políticas de prevención (primaria, secundaria y terciaria) y con mayor presencia policial en las calles.
Reforma del Código Penal y Procesal Penal,(éste último sobre la base del Código Madre, -que instituyó por primera vez el juicio oral y público- redactado por Alfredo Vélez Mariconde, conjuntamente con Sebastián Soler sancionando además un Régimen Penal Juvenil. Las estructuras judiciales, el código de fondo y los procedimientos penales, deben adecuarse a la actual realidad, estableciendo mecanismos ágiles, y justos (juicio oral y público en todas las instancias), resolviendo rápidamente el conflicto jurisdiccional, poniendo los mejores recursos humanos y asignando los presupuestos necesarios para tal fin.
Sobre el sistema penitenciario, tanto del orden federal como provincial (incluye universo masculino y femenino), debo destacar que los procedimientos utilizados durante la última Dictadura, son similares a lo que sostienen actualmente las autoridades políticas sobre la realidad carcelaria: ¡Niegan la dramática situación¡; por lo tanto, es imprescindible correr el velo de la censura y castigar celosamente todas y cada una de las violaciones a los Derechos Humanos, tal como reiteradamente lo han sostenido organizaciones vinculadas al Sector, como la Procuración Penitenciaria de la Nación (Véase Informe de abril de 2008, sobre prácticas institucionales violentas, vejatorias y degradantes, presentado en la Facultad de Derecho UBA el 29 de abril de 2008, por el propio Director del Organismo, el Dr. Francisco Mugnolo, reconocido defensor de los Derechos Humanos y ex Diputado Nacional); los estudios y/o registros sobre la situación carcelaria y específicamente sobre prácticas violentas ejercidas por personal penitenciario y policial sobre las personas detenidas, destacando en esa línea de pensamiento los valiosos Informes elaborados sobre Derechos Humanos en Argentina por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS- años 2004, 2005,2006, 2007 y particularmente el último presentado en mayo de 2008; el Banco de Datos sobre Malos Tratos y Torturas en cárceles bonaerenses, correspondiente a la Defensoría General de Casación de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es el Dr. Mario Coriolano; asimismo los informes realizados por el Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires; el trabajo de investigación del prestigioso jurista Mario Alberto Juliano sobre “El rol del Poder Judicial en el fenómeno del indiscriminado encarcelamiento preventivo”, publicado en el Informe del Comité Contra la Tortura- Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al Período 2005/2006.
La medida de encarcelamiento preventivo, debe ser excepcional –sólo aplicable cuando no existan otros dispositivos o remedios para evitar los peligros procesales- debiendo afectar el mínimo necesario, y de ese modo evitar la desocialización, que para el sujeto que le asiste el principio de inocencia, puede significar su permanencia en la prisión. Esta medida de coerción, constituye una limitación al principio de inocencia, y dicha afectación debe ser limitada y restrictiva, adoptándose como regla general la libertad del justiciable sometido a proceso, en tanto y en cuanto no eluda la acción de la justicia o pueda entorpecer el curso de la acción jurisdiccional.
Ligado a todo lo expuesto, recordemos una máxima de hierro, sostenida por Hilde Kaufmann: “La seguridad pública crece mediante la humanización de la ejecución penal, porque esta humanización, ayuda a eliminar una parte de la tensión social, lo cual, hoy en día, constituye la misión central de todos los esfuerzos a favor de la seguridad pública”. (Cfr: “Principios de la Reforma de Ejecución Penal”, página 29 y siguientes, publicado por Editorial Depalma).
Es por lo tanto, deber insoslayable de los Jueces de la Constitución de cualquier jerarquía que ellos sean, de proteger las libertades y garantías ciudadanas, sancionando todas y cada una de las violaciones que menoscaben y lesionen los Derechos Humanos.
El “efecto Blumberg”, llenó las cárceles de pequeños delincuentes, particularmente los vinculados a los delitos contra la propiedad, hurto y robo. El Código Penal, con su actual estructura, por las numerosas modificaciones que ha sufrido, perdió su lógica y racionalidad. Un delito contra la vida no puede tener menos pena que uno contra la propiedad.
Concluimos sosteniendo categóricamente que es necesario e imprescindible encontrar la racionalidad y proporcionalidad que debe existir en una Política Criminal, plasmada en un Código Penal progresista y de avanzada, para un país serio y que aspira ver la luz del mundo civilizado, rechazando consecuentemente el endurecimiento de la respuesta punitiva de mayor control social y tolerancia cero, para adoptar un sistema enmarcado por políticas sociales, educativas y preventivas consensuadas democráticamente.
A modo de reflexión final, sostenemos que “la mejor política criminal y de prevención del delito es una buena política social, y la sociedad más segura, es la más justa, equitativa y solidaria y no aquella que tiene mejor organizado su sistema de represión”.
Marcos Edgardo Azerrad
Buenos Aires, Febrero de 2010.- Tengo el agrado de participar a Uds. la aparición de mi última obra jurídica titulada: "POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD. MEDIDAS ALTERNATIVAS Y DERECHOS HUMANOS", dedicado "Al célebre e inolvidable Maestro Marcello Finzi, quién perseguido por las leyes raciales impulsadas por el fascismo de la Italia de 1938 y exiliado en nuestra Patria, recaló en la Universidad Nacional de Córdoba formando parte de la gloriosa "Escuela Penal de Córdoba", y a todos los perseguidos y discriminados sin causa ni razón, que dejaron un legado de Paz, Justicia y Libertad, soñando con un mundo mejor" y publicada por la prestigiosa Editorial Cathedra Jurídica de la Capital Federal.
El trabajo de referencia cuenta con una Introducción y Siete Capítulos, el último de ellos titulado: "Aportes para una Programa de Política Criminal y Prevención del Delito. Violencia Social e inseguridad Ciudadana. Diagnóstico, Pronóstico y Propuestas".
Sostengo en apretada síntesis que la violencia social e inseguridad ciudadana requieren una mirada múltiple e interdisciplinaria. En efecto, Política Criminal y Prevención del Delito: diagnóstico, pronóstico y propuestas; penas y sistemas penitenciarios; conducta antisocial minoril (Régimen Penal Juvenil); imprescindible reforma del Código Penal, como así también del Código Procesal Penal de la Nación; uso y abuso de las adicciones; la crisis de la Justicia Penal y su falta de credibilidad; la lentitud de los procesos y su duración irrazonable, el abuso de la prisión preventiva, que muchas veces constituye una condena anticipada contra el justiciable, violando el principio de inocencia, el debido proceso legal, derecho de defensa e igualdad ante la ley, transgrediendo por otra parte expresas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás Pactos Internacionales (argumento, artículos 18, 75 inciso "22" y demás disposiciones concordantes de la C.N.); el colapso, hacinamiento y el estado deplorable de las cárceles de nuestro país (incluye universo masculino y femenino), aumenta la inseguridad; políticas educativas, como eje estratégico y central de las políticas de gobierno (la peor discriminación es no tener acceso al conocimiento; la educación constituye la mejor herramienta para la inclusión social); la erradicación de las armas de fuego debe ser una prioridad fundamental; coordinación funcional de distintas áreas de gobierno, como la salud, vivienda, planificación urbanística, educación, seguridad social, de lucha contra la pobreza y trabajo, éste último que constituye la madre de todos los problemas, por ello debe ser prioridad número uno asegurar un trabajo digno y estable para todos los ciudadanos; políticas de fortalecimiento institucional, que mejoren nuestro sistema electoral y de partidos políticos, la forma republicana (separación de poderes); consecuentemente es prioritario la recuperación de una democracia real y no blindada con auténtica división de poderes; involucramiento de la sociedad civil, lo que implica una forma de democracia social a la hora de diseñar modelos de participación comunitaria -prevención primaria, secundaria y terciaria respectivamente-; políticas de atención prioritaria a los menores vulnerables que han cometido por primera vez conductas antijurídicas, teniendo en cuenta la experiencia nacional e internacional, toda vez que la evidencia criminológica nos permite afirmar que las actividades delictivas comienzan en la adolescencia y la reincidencia de los menores según estándares internacionales oscila entre el 80 y el 95 por ciento; monitoreo técnico-científico de las distintas zonas del país; Qué perfiles de víctima y victimario existen en cada zona?; Cuales son las conflictividades sociales de cada región?; efectuar un diagnóstico respecto de las modalidades delictivas donde ocurren las acciones antijurídicas, toda vez que no es lo mismo la inseguridad ciudadana de zonas como Chilca Juliana (Santiago del Estero), o de Vera, Capital de la Cuña Boscosa del Norte Santafesino, donde todavía se puede dormir con las puertas abiertas y sus vecinos se saludan cotidiana y amablemente todos los días -como en muchos lugares del país- que en las zonas calientes donde existe zozobra, el miedo y la incertidumbre como en el primer y segundo cordón del Cono Suburbano del Gran Buenos Aires, o bien zonas periféricas del Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza o incluso algunos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; mayor presencia policial en las calles, debiendo éstas estar bien iluminadas; políticas urbanas, favoreciendo el espacio público y su consecuente seguridad; establecer políticas efectivas de seguridad vial, ya que el problema de la inseguridad y los accidentes de tránsito causan más de veinte muertes por día en la República Argentina, dejando un saldo lamentable de heridos y secuelas, además de los daños que provocan; políticas que preserven el medio ambiente, para que el desarrollo sea sustentable; políticas sociales y Derechos Humanos, son todas ellas cuestiones que están ligadas y, consecuentemente, deben y merecen ser analizadas y estudiadas a través de equipos multidisciplinarios, sobre datos estadísticos con base cierta, con estricto rigor científico, histórico-comparativo y desprovistas de cualquier intencionalidad política, elementos que, en su conjunto, se encuentran íntima y necesariamente vinculados.
Existen 13 millones de pobres con un núcleo duro de indigentes y de miseria extrema de aproximadamente 4 millones de compatriotas. Las sociedades desiguales producen fuertes tensiones sociales.
Nuestro país produce alimentos para cuatrocientos millones de habitantes por año; sin embargo, los índices del hambre y la desnutrición infantil son alarmantes, y constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos; y allí está el germen de la existencia de la delincuencia juvenil y sus dramáticas consecuencias. Son producto de tres generaciones sin trabajo. En nuestro país, vale recordar que existe una inequitativa distribución de la riqueza: el 10% más rico de la población lleva u obtiene el 40% de los ingresos y el 10% más pobre sólo el 1,4% de los ingresos, constituyendo esta brecha una de las mayores desigualdades o polarizaciones no sólo en América Latina, sino también del planeta. Paradójicamente la República Argentina es la quinta potencia alimentaria del mundo: produce 90 millones de granos por año (ONU-FAO). Sin embargo, en nuestro país se mueren 20 chicos de hambre por día.
En ese orden de ideas, constituye un imperativo insoslayable descender las desigualdades sociales, y para ello se deben articular políticas económicas con justicia, equidad y solidaridad orientadas a tal fin.
La Seguridad Pública es un derecho básico, junto con los demás derechos en igualdad de acceso de los bienes públicos.
Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. La Justicia Penal se encarga de 2.000.000 de los mismos, lo que significa que el sistema judicial se encuentre desbordado. Las cárceles de todo el país se encuentran sobrepobladas, las escalas penales fueron aumentadas y la situación no cambia. El Parlamento Argentino, durante todo el año 2009, no dió tratamiento legal a ninguna cuestión relacionada con la seguridad ciudadana.
El aumento de las escalas penales punitivas no disminuye la tasa delictiva, tampoco soluciona ni da respuestas adecuadas al incremento de la delincuencia convencional y menos aplicando políticas de control de mayor dureza y represión. Estas políticas de mayor control social, de tolerancia cero y exclusión, lo único que van a traer es más cárceles, más impuestos y más pobreza.
El aumento de los delitos contra la propiedad acompaña estadísticamente el aumento del desempleo.
En igual sentido, la progresiva disminución de la edad en que los autores comienzan la carrera delictiva, acompaña simultánea y estadísticamente la deserción escolar, siempre relacionada a circunstancias socioeconómicas y desintegración del hogar, además de la ausencia del Estado para revertir esta situación. Existen actualmente 900 mil chicos que no estudian ni trabajan. La desigual distribución de la riqueza conlleva, para las mayorías, menor acceso y permanencia en la educación.
Consecuentemente es fundamental atacar las causas estructurales de la marginación y la inseguridad, para evitar el circulo vicioso y recurrente de la escalada delictiva, que no tienen parangón con los indicadores de violencia de los últimos años.
Propongo como vengo sosteniendo desde hace muchos años la necesidad de aplicar los institutos de la suspensión del proceso a prueba, (Probation), la resolución alternativa de conflictos como es la Mediación Penal, y la Justicia Simplificada, priorizando la atención de los casos más graves y complejos.
Por otra parte, el Poder Judicial debe poseer una base informática de datos moderna, ágil y eficiente, y contar con mayor dotación de personal, jueces y empleados, y con asignación suficiente de recursos e infraestructura que le permitan realizar sus funciones adecuadamente, de acuerdo con los requerimientos y exigencias de la sociedad.
Respecto del sistema penal argentino, que es marcadamente selectivo, (la mayoría de la población carcelaria la integran varones pobres, desempleados con escasos recursos y sin instrucción), reitero lo que vengo sosteniendo desde hace tiempo: "los procedimientos utilizados por la última Dictadura Militar son similares a lo que sostienen actualmente las autoridades políticas sobre la realidad carcelaria: ¡Niegan la dramática situación!; por lo tanto, es imprescindible correr el velo de la censura y castigar celosamente todas y cada una de las violaciones a los Derechos Humanos".
El "efecto Blumberg" llenó las cárceles de pequeños delincuentes y abuso de la prisión preventiva (75% del total de las personas detenidas sin sentencia), toda vez que está demostrado de forma clara e inequívoca en distintos países del mundo, que ni el aumento de las penas, ni la reducción de la edad de imputabilidad, ni mejorar la dotación de las policías aisladamente obran como elementos disuasivos eficaces de la delincuencia. En la Provincia de Buenos Aires aproximadamente un 30% de las personas procesadas termina absuelto en el juicio, luego de haber pasado varios años en la cárcel.
En esa línea de pensamiento, proponemos la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal y Prevención del Delito, cuyo objetivo será estudiar el mapa geográfico del delito en todo el país (estudio y análisis de las conflictividades de mayor frecuencia, gravedad y conductas delictivas) y sus funciones consistirán en la planificación de la política criminal estatal, y las tareas específicas para el estudio de las investigaciones científicas y los trabajos sobre el fenómeno de la criminalidad; apoyar a las víctimas de los delitos a través de centros especializados, integrados por equipos multidisciplinarios; combatir en todas sus escalas el flagelo del alcoholismo y el aumento de los delitos vinculados al consumo, comercialización y tráfico de drogas; en tal sentido, y como política preventiva y sancionadora establecer un sistema de radarización en todas las fronteras de nuestro país como así también en los lugares sensibles o desprotegidos en que pueda penetrar la droga, castigando severamente dichas conductas delictivas.
Consecuentemente es necesario e imprescindible encontrar la racionalidad y la proporcionalidad que deben existir en toda política criminal, plasmada en un Código Penal progresista y de avanzada, en correspondencia con un país serio y que aspira ver la luz del mundo civilizado; así como también rechazar el endurecimiento de la respuesta punitiva de mayor control social y tolerancia cero, para adoptar un sistema enmarcado por políticas sociales, educativas y preventivas consensuadas democráticamente.
Es necesario e indispensable la existencia de un Poder Judicial libre e independiente, que tenga plena conciencia del papel que le toca desempeñar, así como de sus atribuciones y obligaciones irrenunciables y del peso de su responsabilidad histórica. Para que exista un Poder Judicial libre e independiente es necesario e indispensable la existencia de Abogados libres e independientes, sin ningún tipo de atadura ni subordinación jerárquica, ya provengan de los poderes e intereses públicos o privados.
A modo de reflexión final sostengo categóricamente que:
SIN JUSTICIA SOCIAL NO HABRÁ PAZ NI SEGURIDAD CIUDADANA.
LA MEJOR POLÍTICA CRIMINAL Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO ES UNA BUENA POLÍTICA SOCIAL, Y LA SOCIEDAD MÁS SEGURA ES LA MÁS JUSTA, EQUITATIVA Y SOLIDARIA, Y NO AQUELLA QUE TIENE MEJOR ORGANIZADO SU SISTEMA DE REPRESIÓN.
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