El alerta se encendió al conocerse que alrededor del 56 % de los menores de edad de zonas urbanas de Argentina no tenía en el último trimestre de 2015 acceso a, por lo menos, un derecho básico, privación que en 19 % de los casos es “severa”. Mientras que en 2015 residía en hogares por debajo de la línea de pobreza económica el 40,4 % de las personas de 0 a 17 años de edad, las de 18 a 29 años representaban el 31,8 %, las adultas el 24,8% y las mayores de 60 años el 7,6 %. Esta situación es consecuencia de las “altas tasas de natalidad” que registran las familias pobres, así como la “superior proporción de adultos inactivos” dedicados al cuidado de los más pequeños, señalaron.

Como indicador fundamental, en el último trimestre de 2015, más de 56 % de la infancia se hallaba privada de al menos un derecho básico. Entre ellos, la UCA reconoció una situación de carencia severa en el 19 % de los casos y moderada en el 37 %. El informe se basó en la Encuesta sobre la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada entre 2010 y 2016 sobre una muestra de 5.700 hogares de 17 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes.

En este contexto, Olivia Minatta, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dijo a Infobae esta semana que “el escenario actual de la niñez en la argentina es grave y requiere de acciones inmediatas en la protección integral de la niñez”. La referente solicitó el inmediato nombramiento del defensor de los Derechos del Niño, establecido por ley hace 11 años. “Tenemos una larga demora porque la ley que se sancionó en 2005 establecía que debía resolverse en 90 días y la verdad que no nombrar al defensor del Niño es una violación a la ley”, dijo la especialista tras recordar que “aún falta crear la Comisión Bicameral en el Congreso”. “Ya hay resoluciones de ambas cámaras, pero aún no se constituyó. Falta que se pongan de acuerdo los presidentes de ambos cuerpos”, explicó.

Para ocupar este cargo clave, que atenderá los derechos de los niños, hace falta llevar adelante un concurso con ciertas características, ya que “es un órgano de control de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tiene características especiales y amplias facultades y potestades por las cuales puede iniciar acciones colectivas, además de individuales”, dijo. Dentro de las funciones del Defensor se encuentran la potestad de establecer recomendaciones en todo el país e incluso en las provincias. Como dato, la especialista sostuvo al igual que la UCA, que “hay muchos niños con alto hacinamiento, falta de acceso al agua, violaciones de derechos sociales y económicos que son especialmente vulnerables”. Y dijo que incluso “podría intervenir en casos de conflictos de intereses con sus padres, aunque está más pensado para las problemáticas estructurales de la niñez”. “Los niños no pueden defenderse por sí mismo”, recordó Minatta.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ACIJ y otras organizaciones emitieron en junio pasado información sobre Sistemas de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez en Argentina a través de la cual mostraron distintas vulneraciones a derechos económicos, sociales y culturales que sufre la niñez, haciendo especial hincapié en las diferencias existentes en este punto entre distintas provincias, y en la consecuente necesidad de contar con un Plan de Acción Nacional. Minatta recordó que “el Comité de Derechos del niño ya nos advirtió en 2010 que debemos nombrar al Defensor porque en materia de niñez se requiere de un tratamiento especial que de no tenerlo no se hará”. Incluso Argentina se incorporó a la convención de los derechos del niño de 1989 en su plexo constitucional en 1994. Allí “establece una protección integral que no se tiene”, dijo Minatta. Y agregó que “Hemos intentando tener acercamientos con el gobierno actual pero por ahora no logramos el compromiso para que se destrabe”.