1- El Derecho reconoce en el Código Hammurabi, tal el nombre del Rey de Babilonia que lo ordenó en el 1790 AC, como el primer código penal, conjunto de leyes y procedimientos, donde desde el poder, emanan los acuerdos sociales que permiten o no, convivir a los pueblos. 2- Sin dudas, otras épocas anteriores habrán tenido protocolos y procedimientos que ordenaban socialmente a los pueblos, desde los egipcios en sus dinastías, los persas con 7 mil años de historia, desde Ciro el Grande y los chinos con su cultura milenaria avanzada. Lo mismo podríamos decir de los Aztecas, Mayas o Incas con miles de años en territorios americanos, culturas y acuerdos sociales que los definían como pueblos.
3- Pero no siempre las leyes emanadas desde el poder, responden a las expectativas del pueblo, menos aún sin son adoptadas en función de intereses contrarios al mismo. La Revolución Francesa, ya más cercano en el tiempo, provocó la reacción del pueblo, ante la suba de impuestos, poniendo un punto de inflexión a la historia, inaugurando el siglo XlX, anticipadamente.
4- Es que cuando las expectativas populares no son satisfechas en el marco de las políticas instrumentadas y los cuerpos legales surgidos de procedimientos tortuosos o mafiosos, son producto de lobys, el pueblo no los asume como propios y los enfrenta, más allá del supuesto marco legal que posea, ya que no responde a sus intereses, desnudando la corrupción del poder.
5- Cada Revolución en el mundo a lo largo de la historia, respondió al conjunto de injusticias que se fueron instalando desde los poderes autocráticos, autoritarios que pretendieron gobernar a espaldas al pueblo, basados en las fuerza de la represión.
6- Peor aún, como en nuestro caso en este tiempo, cuando ese conjunto de leyes, no solo arrasa cuerpos normativos votados por mayorías plenas, sino que “proclama” decretos de necesidad y urgencia, sin estar a la vista ambos parámetros y derogando leyes vitales para el funcionamiento educativo y otros prohibidos por la Constitución Nacional, como modificar leyes penales o tributarias en el megadecreto.
7- Pero si a ese menú antidemocrático, se le agregan leyes que son escritas y ordenadas desde otros países, como la Ley de Seguridad , traída de EEUU, desde el FBI y la NSA con el auxilio de los servicios de informaciones de ese país y la Mossad de Israel, o leyes económicas impuestas por el FMI o programas sociales del Banco Mindial. El agregado del colonialismo legal, al cultural y económico, es donde el militar se aproxima peligrosamente ante la claudicación sumisa del gobierno nacional, poniendo a la Argentina en riesgo internacional.
8- Entonces mal pueden ampararse en las instituciones aquellos que justamente están desconociendo el marco mínimo de acuerdos sociales para la convivencia democrática, actuando coercitivamente sobre el conjunto social argentino. Es más, no sólo desconocen la CN que desde 1994 aplica Tratados Internacionales con fuerza de ley, que desconoce, sino que arrasa con el artículo 14 bis de la misma CN, que protege los derechos ciudadanos.
9- Esa situación, denunciada por juristas de todas las tendencias políticas, apuntando esencialmente al fortalecimiento gubernamental de la política represiva socialmente y asesina penalmente, está llevando al país a un callejón sin salida, ante la colisión del conflicto social emergente del ajuste brutal e inhumano, que se sostiene, no sólo con represión y muerte, sino con canalladas como presos enfermos como rehenes del régimen, amenazando y disciplinando además de presos políticos en plena democracia.
10- Entonces desde hace miles de años los pueblos, únicos protagonistas de la historia, han reparado estas distorsiones que siempre son circunstanciales, aunque dramáticas y lamentables, siempre protagonizadas desde el poder por los sectores de poder hegemónico, como el neoliberalismo, que desconoce la voluntad de los pueblos de escribir su propia historia, sin dejarse manipular ni amedrentar, asumiendo su compromiso de lucha, de cara a construir su propio destino, por vías pacíficas y en la calle, sacudiendo el yugo del poder omnímodo antidemocrático, que hoy gobierna la Argentina.