Hoy, la Argentina atraviesa un Estado de crisis institucional profundo, producto del nefasto gobierno neoliberal de Mauricio Macri, alias "mamerto", sus secuaces y también, la pandemia que afecta a todo el mundo.
No obstante esta situación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se embarca en un dilema que hace profundizar, aun más, este presente de crisis, aceptando un per saltum inédito e históricamente bochornoso.
Como ya es sabido, la institución o poder judicial, viene acrecentando, un gran descreimiento por parte de la sociedad a dicho poder. Esto se basa en un mecanismo, ya conocido por toda la ciudadanía, que es el lawfare y el no cumplimiento de las normas. Este mecanismo ha tenido y tiene, aun hoy, eje en los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. Este tribunal supremo, en teoría, es el encargado de velar por el cumplimiento de nuestra carta magna, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y los códigos de fondo y de forma. Hoy, dista mucho de poder cumplir su mandato y se presta a este dilema.
En el año 2018, la actual Corte, saca la acordada número 7/18, la cual, define las mínimas condiciones y/o requisitos para que se produzcan los traslados positivos de los jueces. Allí, acuerda que cada juez debe tener la misma:
función y jerarquía.
Jurisdicción.
Competencia material.
Los tres jueces que se presentan a este dilema, no cumplen algunos de estos requisitos. Veamos con atención cada caso:
Caso dr. Castelli: no cumple con el requisito de jurisdicción, debido a que es un juez que estaba ejerciendo en el partido de San Martin y lo trasladan a Capital Federal.
Caso Dr. Bruglia: no cumple con el requisito de función y jerarquía, debido a que pertenecia a un tribunal oral, que se asimila a la función ordinaria de primera instancia y lo pasan a la función de un juez camarista.
Caso Dr. Bertuzzi: aquí es doble el incumplimiento. Por un lado, tenemos el problema de jurisdicción, porque estaba ejerciendo en La Plata y viene a Capital Federal. Por otro lado, tenemos el problema de función y jerarquía, dado que estaba en un tribunal oral y paso a ser juez camarista.
Presentando todo este dilema, no habría mucho que discutir, pero ¿qué se quiere inventar?
Simple, mantener un sistema de lawfare, en el cual, se siga persiguiendo a toda y todo aquel que quiera y defienda los intereses del pueblo o de las mayorías populares.
Hoy, esta Corte, tiene en sus manos una definición fundamental para seguir viviendo en un Estado con división de poderes.
Lo digo, porque toda persona que pertenece al poder judicial, para llegar a ser juez federal, debe presentar su pliego y compadecer, personalmente, a una audiencia pública ante los honorables senadores nacionales. Esto a ocurrido y los tres magistrados del dilema Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se han presentado. Ergo, ¿de que estado de derecho y de que divisiones de poderes estamos amparando?
Por esto, la Corte debe poner fin a esta situación. Porque si obra a condición de lawfare, quiebra todo tipo de institucionalidad, y con ella seria el fin de la división de poderes. Dado que el ejecutivo de turno, ocuparía toda vacante a su gusto de manera arbitraria, parcial y dependiente. (Recordemos que el ex presidente, el "mamerto", dispuso el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli a dedo). También, seria una enorme causal de juicio político. Por ende, un suicidio masivo.
Pero, por otro lado, podrían ajustarse a derecho y cumplir con el rol que la Constitución Nacional les confiere, evitar profundizar la crisis del dilema y la sociedad poder observar un mayor grado de credibilidad en este poder arcaico, obsoleto, elitista y de lawfare.