Medios, justicia y dictadura

Durante la misma semana en que el juez Martínez firmó la resolución que denegaba el pedido de detención del director de La Nueva Provincia (Bahía Blanca) Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, se confirmó la fuga del represor Carlos Arroyo.
Opinión: Palenque ande ir a rascarse
La opinión de los fiscales: "se ha silenciado la investigación en torno a los civiles"
Obituario con hurras
Repercusión: La UCR criticó el pedido de detención a Massot
Represor Carlos Arroyo: Crónica de una fuga…anunciada Documental: 5 periodistas y un diario
Documental II: Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola (secuestrados y asesinados)

Palenque ande ir a rascarse

El juez Santiago Martínez denegó el miércoles 15 el pedido de detención e indagatoria a Vicente Massot y Mario Gabrielli por la participación en el plan criminal del Terrorismo de Estado del diario La Nueva Provincia, del que uno era director y otro secretario de redacción durante la dictadura. Las contradicciones con fallos de instancias judiciales superiores.
Por Diego Kenis
Hacete amigo del Juez
No le dés de qué quejarse;
Y cuando quiera enojarse
Vos te debés encojer,
Pues siempre es güeno tener
Palenque ande ir a rascarse.
La estrofa de los consejos del Viejo Vizcacha a uno de los hijos del rebelde Martín Fierro bien pueden aplicarse al escenario que ofrece a la vista la ciudad de Bahía Blanca a partir de la actuación que en las causas por delitos de lesa humanidad viene desarrollando el juez subrogante Santiago Martínez. Tal como pocas semanas atrás expresó en conferencia de prensa el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense Eduardo Hidalgo, las decisiones de Martínez hacen que no se extrañe en la ciudad a Alcindo Álvarez Canale, el magistrado que durante dos décadas dificultó y dilató la llegada de la justicia a la región y se jubiló el año pasado. Si Álvarez Canale se ocupó de ello cuando las investigaciones y acusaciones recaían sobre los militares, Martínez resulta su continuidad pero en el plano de los civiles, que incluye por el momento al Poder Judicial (ver nota aparte), la Iglesia y el diario La Nueva Provincia.
Con el entramado corporativo judicial que se deja ver en Bahía Blanca y los resultados que viene registrando tal configuración, no resulta extraño que el matutino de Massot haya vinculado la imputación a su director con “la nueva justicia pretendida por el gobierno nacional”. Ello ocurrió poco más de 72 horas antes de la realización del primer encuentro del movimiento de fiscales y jueces “Justicia Legítima” en la ciudad, que se desarrolló el lunes 20 y no mereció mayor interés por parte del diario. Ese día, sugestivamente, La Nueva Provincia se hizo eco de un “análisis del Colegio de Abogados” bahiense y resumió su espíritu en el título de la nota: “Suma críticas a nivel local la reforma K de la Justicia”. Uno de los puntos cuestionados por el movimiento refiere al modo en que hasta ahora se venían llevando cabo las designaciones de jueces subrogantes y secretarios, por el entramado de vinculaciones que con la corporación judicial suponen. Martínez es uno de ellos. La Cámara Federal bahiense, presidida por un ex civil de Inteligencia de la dictadura, lo ascendió a juez provisorio el año pasado.
El satánico doctor NO
El miércoles 15 de mayo, el juez subrogante Martínez decidió rechazar el pedido de detención e indagatoria al empresario y director del mencionado matutino, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, que había elevado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia a comienzos del mes.
En la resolución, Martínez ni siquiera dio por probado el vínculo entre el medio del que Massot era propietario ya por entonces con el plan criminal del Terrorismo de Estado, a pesar de la existencia de normativas militares que encuadraban específicamente a las acciones de propaganda, como el Reglamento de Operaciones Sicológicas que en 1968 firmó el dictador Alejandro Lanusse y el represor Adel Vilas entregó a la Cámara Federal bahiense ante la que declaró en 1987. Vilas llegó a la ciudad luego de su paso por el llamado “Operativo Independencia” en Tucumán. Permaneció durante todo 1976 en Bahía Blanca y se reunía periódicamente con personajes de peso en el multimedios de los Massot Julio, quienes lo despidieron emocionados cuando a fines de ese año dejó la ciudad.
El juez tampoco consideró probado el rol de los acusados en el plano de la instigación de los homicidios de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes luego de encabezar una huelga contra la patronal en 1975 fueron advertidos públicamente por la entonces directora Diana Julio de los riesgos que conllevaba sentirse parte de “una nueva raza invulnerable de por vida”. Vicente Massot, ya copropietario de la empresa, fue comisionado para llevar adelante las negociaciones con los huelguistas. Pocas semanas después, sus nombres integraban una lista del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” incluida en documentos de Inteligencia de Prefectura. El 24 de marzo ocurrió el golpe. Massot y su madre se dirigieron a los talleres del diario y desafiaron a los obreros a “hacernos una huelga ahora”. Más tarde los dos delegados fueron citados al V Cuerpo, donde se les advirtió que se dejaran “de romper las pelotas, porque la mano viene brava”. El 30 de junio, Heinrich y Loyola fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos aparecieron a la vera de una ruta el 4 de julio. El diario publicó que “son investigados dos homicidios” y hasta el viernes pasado no volvió a mencionarlos.
Al menos escribió bien sus nombres. El juez no. “Heindrich”, bautizó a una de las víctimas. “Decir que con el cúmulo de elementos que hay no es posible llamar a una persona a que explique, es volver a asesinar a esos dos obreros gráficos”, dijeron los fiscales en una conferencia de prensa realizada el jueves último.
Hay una sombra oscura tras de ti
Con su resolución, y al desligar no solamente a Massot sino a la empresa en su conjunto de las acusaciones, Martínez no fue sólo contra el pedido de los fiscales. También desconoció segmentos del fallo que el Tribunal Oral Federal bahiense escribió el año pasado, cuando condenó a diecisiete represores y consideró “comprobada” la “campaña de desinformación y de propaganda negra” del diario, “destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
Con esa comprobación, el TOF envió el señalamiento al juzgado de primera instancia a cargo de Martínez, que a su vez delegó la investigación en la Unidad Fiscal de Palazzani y Nebbia. Cuando los fiscales reunieron elementos probatorios, solicitaron el paso siguiente en la tarea investigativa: oír al acusado. Pero el juez optó por negarles el pedido, y de ese modo fue contra la investigación que él mismo había encargado a los fiscales.
Por otra parte, y al igual que cuando un mes atrás denegó idéntico pedido respecto del sacerdote Aldo Vara, el juez Martínez contrarió lo expresado por la Cámara Nacional de Casación Penal a mediados de diciembre último. Bajo las firmas de los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David, la CNCP indicó que el único que “estaría autorizado a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública sería tan sólo la asistencia letrada” de la contraparte, “pero esa posición nunca puede ser ocupada por el tercero imparcial, so riesgo de romper el equilibrio que debe existir entre los tres poderes realizadores del proceso penal”. En pocas palabras: en ambos casos, el juez Martínez se colocó en el rol de abogado defensor de los imputados.

La opinión de los fiscales: "se ha silenciado la investigación en torno a los civiles"

Un día después de conocida la resolución del juez subrogante Santiago Martínez que denegaba sus pedidos de detención e indagatoria contra el director de La Nueva Provincia Vicente Massot y su secretario de redacción durante la dictadura Mario Gabrielli, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani brindaron una conferencia de prensa en su despacho de la Unidad de Derechos Humanos bahiense.
Por Diego Kenis
La investigación sobre la participación del diario y sus directivos en el plan criminal de la última dictadura llegó a los fiscales luego del fallo que en septiembre dictó el Tribunal Oral Federal que condenó a diecisiete represores del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario y ordenó extraer testimonio de las publicaciones del matutino y remitirlas al juzgado federal en turno. Tras recibirlas, el juez Martínez delegó en la Unidad Fiscal la facultad investigativa y “nosotros comenzamos a trabajar, como se comienza con cualquier investigación: recabando las pruebas y pensando la fórmula de imputación para un fenómeno criminal que claramente no ha sido comprendido por el juez actuante”, dijo Palazzani. La Unidad Fiscal que junto a su colega Nebbia dirigen tiene también a cargo las investigaciones sobre la actuación del ex capellán del Ejército Aldo Vara y el asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, ultimado en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur en 1975 por un matón que respondía al rector interventor Remus Tetu, oscuro personaje vinculado a la Triple A.
Para el fiscal, la resolución de Martínez sobre el pedido de detención de Massot y Gabrielli “va en línea con la consagración de una impunidad y una manera de no abordar el fenómeno criminal en lo que hace a la pata civil (del Terrorismo de Estado) acá en Bahía Blanca. Ha costado muchísimo incluso juzgar a los militares, pero se ha silenciado la investigación en torno a los civiles”, dijo el fiscal, que junto a su colega Nebbia se puso a trabajar inmediatamente en la apelación a presentar ante la Cámara Federal.
“Es una resolución que no tiene fundamentos. En la jerga le decimos ‘dogmática’, pero básicamente es eso: una carencia de fundamentos absoluta, que justamente no aborda ni se hace cargo de todo el cúmulo de pruebas que le hemos puesto de manifiesto en la requisitoria. Teniendo en cuenta lo dicho por la Cámara Nacional de Casación Penal (ver aparte), los argumentos que utilizó el juez sólo pueden ser puestos de manifiesto por un abogado defensor. Nunca por un juez imparcial”, resumió Palazzani. “Martínez se arroga el papel de abogado defensor de Vara y de Massot y Gabrielli”, agregó.
Por su parte, Nebbia apuntó que durante la investigación sobre la actuación de La Nueva Provincia, “encontramos elementos de prueba contundentes. Hicimos una presentación en donde desarrollamos los argumentos y la prueba medularmente. Es una presentación de doscientas páginas, con mucha prueba. La decisión del juez no es una decisión razonada, sino que allí marca sus límites, sus miedos, y donde no trata inclusive prueba muy concreta e incriminante. Hay párrafos (de la presentación) donde se enumeran siete elementos de prueba y él dice que con eso no es suficiente para encontrar un indicio de que se pueda haber llegado a cometer un delito”.
“No estamos hablando de la libertad de expresión”, subrayó Palazzani al explicar la fórmula de imputación que elaboró la Unidad Fiscal. “Justamente la libertad de expresión es la que violó La Nueva Provincia brutalmente durante años, malinformando y no manejándose con la verdad. Entonces, no estamos hablando de libertad de expresión. Estamos hablando de un rol concreto en consonancia con reglamentos militares. Eso no es periodismo”, añadió.
Con su respuesta al pedido de los fiscales, el juez no dejó sorpresa por dar. “Es interesante que Martínez es la única persona que desliga inclusive a La Nueva Provincia, como medio, de la comisión del delito. Ni siquiera la propia Nueva Provincia se ha desligado de su rol en esa etapa”, indicó Nebbia.
Para los fiscales, “el error en el abordaje del fenómeno criminal” de Martínez implica “no percibir que los genocidios no surgen de manera espontánea sino que se preparan, se realiza la cobertura para que se puedan concretar materialmente y luego se justifican. Esta resolución se enmarca en esa manera de realizar simbólicamente el genocidio. Para nosotros, esa resolución es volver a matar a (los obreros gráficos Enrique) Heinrich y (Miguel Ángel) Loyola, porque es lo que está haciendo (el juez) cuando ni siquiera pone el apellido de Heinrich de manera adecuada”.

Obituario con hurras

Por Diego Kenis
La mirada sobre la página de avisos fúnebres del diario La Nación en sus ediciones del sábado y domingo posteriores a la muerte del dictador Jorge Videla, ofrece una buena oportunidad de realizar un ejercicio análogo con la misma sección de La Nueva Provincia en los días posteriores al 25 de agosto 2009, cuando murió su directora Diana Julio de Massot.
Sobre ella y su hijo Federico Massot, ambos fallecidos, no recaerá ninguna acción penal que pudiera derivarse de las investigaciones por su participación en el plan criminal de la última dictadura, aunque sí servirán en cambio para determinar su responsabilidad histórica. Quizá también sirva ello para la reflexión de algunos actores políticos de Bahía Blanca que acompañaron la pérdida en la sección necrológica del diario sureño.
Entre los que participaron en los avisos fúnebres del matutino del que Julio era en sus últimos días directora honoraria se encuentran los nombres de la Corporación del Comercio, la Industria y Servicios bahiense, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural de Bahía Blanca, la Unión Industrial local y los propietarios de viviendas del barrio que lleva el nombre de Federico Massot.
También publicaron sus avisos el Instituto Superior “Juan XXIII”, el diario “La Voz del Interior” de Córdoba, la Asociación de Empleados de Comercio y hasta la transnacional de comida chatarra Mc Donalds. Extraño si se toma en cuenta que se trata de un símbolo de la década neoliberal y el diario que Julio dirigía se presentaba como un paladín de la argentinidad. No tanto si se observa que su directora se jactaba de ser simpatizante del Partido Republicano de los Estados Unidos.
Pero también aparecen las menciones de políticos activos y retirados de la arena. Quien más aportó fue el radicalismo: se destacan los nombres del ex senador José Carrizo Fierro,  la ex intendenta de Tornquist Marisa Kugler y el legislador provincial Jorge Simoni. También figuran el diputado bonaerense del PRO Marcelo Di Pascuale y el Estado municipal de Monte Hermoso en pleno, con su Ejecutivo y su Concejo Deliberante.
Pero el único nombre dos veces mencionado en la lista es el del ahora senador nacional de la UCR Juan Pedro Tunessi, quien no pagó uno sino dos avisos: uno junto al ex vocero de Fernando de la Rúa Juan Pablo Baylac y otro con el Concejo Deliberante bahiense que entonces presidía. Cuando se conoció la noticia del pedido de detención de Vicente Massot y Mario Gabrielli y las imputaciones que alcanzaban también a los fallecidos Diana Julio y Federico Massot, Tunessi dijo que podía haber “una manito del gobierno” detrás.
Los periodistas Norman Fernández y Mario Gabrielli también participaron. El primero diría años más tarde no haber visto nada anormal en la edición del diario, mientras en los talleres desaparecían dos obreros que luego de cinco días eran hallados torturados y asesinados, hecho que el medio no consideró una noticia a seguir. El segundo, compartiría con Julio y dos de los hermanos Massot la fórmula de imputación que la Unidad Fiscal elevó hace casi un mes atrás.
Un Escribano a la derecha
Cinco años excedido en su pronóstico sobre la caída del kirchnerismo por entonces, José Claudio Escribano asistió e hizo uso de la palabra en el entierro de Diana Julio. Lo hizo como representante de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que Julio fundó en la década del ’60, cuando Escribano comenzaba su carrera en La Nación. 
“Era excepcional la presencia de la mujer en la redacción de los diarios y, ni qué decir, en los puestos tan exigentes de la conducción de las empresas editoras”, dijo Escribano sobre Julio de Massot. “La gravitación periodística de Diana de Massot se reflejó tanto en el pensamiento como en la acción”, agregó. Qué duda cabe de que le asiste razón.
“Cuando la Patria se debate hoy en medio de tribulaciones e infortunios, cuando pareciera que escalamos los últimos peldaños de la sinrazón y el extravío, Dios ha requerido con esta dura despedida elevar nuestro pensamiento hacia esta señora abanderada de la libertad, del coraje, de la inteligencia, de la probidad, para llegar hasta nuestras conciencias ciudadanas y hacer de este homenaje un solemne compromiso de vida tras los pasos de su ejemplo”, dijo por su parte el coronel retirado Luis Prémoli, amigo y socio de otra mujer fuerte de la dictadura, Amalia Lacroze de Fortabat.
A la despedida de los restos de la directora de La Nueva Provincia asistieron también Enrique Nosiglia, Norman Fernández y el ex interventor de la Universidad del Sur durante la dictadura Ricardo Bara, quien representó “a las fuerzas vivas de Bahía Blanca”. A las fuerzas desaparecidas y asesinadas no las representó nadie.

La UCR criticó el pedido de detención a Massot

Por Diego Kenis
Los máximos referentes del gobierno municipal bahiense actual no se expresaron oficialmente, a pesar del intento de un sector censurado, sobre el pedido de detención del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. “Será Justicia o no será nada”, escribió vía Twitter el médico Diego Palomo, secretario de Salud y Desarrollo Social bahiense.
Tampoco se dejaron oír públicamente, entre los funcionarios del actual Ejecutivo, voces en contra del pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. No quedó revalidada, por ende, la opinión del intendente licenciado y actual ministro de Producción bonaerense Cristian Breitenstein, quien hace cuatro años dijo que sobre Massot pesaba “un etiquetamiento sobre su persona, que en alguna medida me parece que es exacerbado”.
Sí se expresaron, en cambio, algunos referentes del radicalismo, fuerza política que conservó el gobierno municipal bahiense entre la recuperación de la democracia y el 2003, luego de haberle dado a la dictadura un hombre de sus filas para el cargo de comisionado: Víctor Puente, a quien todavía se le rinde honores.
El senador nacional Juan Pedro Tunessi opinó que detrás del pedido de detención de Massot y Gabrielli “puede haber una manito del gobierno”. Aloma Sartor, actual concejal y ex presidenta del radicalismo local, completó el razonamiento. “Espero que las investigaciones sigan”, auspició. Pero luego aclaró que “yo soy de las que creo que esto de la caza de brujas no es un clima que nos viene bien” (sic).
“Una cosa es tener una postura ideológica que el diario no escondía, y hay que ver qué relación tenía en ese momento con los actores de la Armada o de la Marina, y otra es decir que yo tengo alguna posibilidad de incriminar en relación a un crimen”, aseveró. Evidentemente, la resolución por la negativa del juez Martínez hizo escuela. 
No deja de llamar la atención, sin embargo, que desde la Unión Cívica Radical se viertan estos conceptos: un grupo de exiliados radicales en París fue de los primeros en informar públicamente el rol diario en el plan criminal de la dictadura. “El diario La Nueva Provincia de Buenos Aires clama sangre. Su directora, Diana Julio de Massot, quien tuvo participación activa en la confección de listas de la muerte en épocas del gral. Acdel Vilas, no está satisfecha y quiere seguir jugando su papel en nuevos proyectos de represión extrema”, abre el artículo, publicado en 1982 bajo el título “Un caso de patología. El odio contra el pueblo de un diario extremista”.
“Todos los días con notable dinamismo (la directora) da indicaciones a sus plumíferos de nuevos nombres que hay que denunciar como blanco de la represión. Son para ella enemigos que se han escapado del fuego purificador de la inquisición del Proceso, gente a la que hay que borrar o silenciar de alguna manera”, agrega la nota, que denunciaba también el reclamo que el diario hacía a los militares durante los primeros años de la década del ’80 para que frene a “radicales, peronistas y otras facciones menores” en su intento de bloquear “esta etapa revitalizadora del Proceso mediante toda clase de acciones políticas”.
“Yo era chica, recién había venido a Bahía y no entendía lo que pasaba”, dijo hace una semana la concejal Sartor, nacida en 1958. Un año después del artículo acusatorio de los exiliados radicales ya era más grandecita: hoy dice que todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se debe a la lucha constante de organismos de derechos humanos sino a “una decisión fuertísima” de 1983 del ex presidente Raúl Alfonsín, a quien nunca se le pasó por la cabeza llevar a juicio a los responsables civiles.
La inasistencia de los principales referentes radicales a las audiencias del juicio contra represores del V Cuerpo que se desarrolló en Bahía Blanca entre 2011 y 2012 les impidió informarse sobre aquello que no tenían edad para recordar en primera persona. En el marco del juicio, prestó testimonio Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego de haber sido electo senador nacional sufrió la persecución de la Triple A y, ya durante la última dictadura cívico militar, fue secuestrado y permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y en la Unidad 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Junto a él fue detenido-desaparecido el también radical Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas que le aplicaron sus secuestradores.
Solari Yrigoyen es sobrino bisnieto de Leandro Nicéforo Alem, fundador de la UCR a comienzos del siglo pasado, y sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, el presidente de la Nación que fue derrocado por el primer golpe militar de la historia nacional. Cuando eso ocurrió, lejos estaba aún La Nueva Provincia del discurso lugoniano que exhibió y paulatinamente acentuó desde 1955. Por entonces, su director y fundador Enrique Julio, bisabuelo de Vicente Massot, lamentó la irrupción de “la hora de la espada” en la vida argentina.
Documental: Cinco periodistas y un diario
Poco después del fallo del Tribunal Oral Federal que condenó a diecisiete represores en la ciudad, los estudiantes de la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” de Bahía Blanca realizaron un documental donde cinco periodistas de diferentes medios dieron su visión sobre La Nueva Provincia durante la dictadura y su impacto en la sociedad. El video fue producido en el marco del Programa “Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro”.
Diego Martínez, periodista de Página/12 que durante años historió la participación del diario bahiense durante el imperio del Terrorismo de Estado, opinó que “decir que La Nueva Provincia fue cómplice del Terrorismo de Estado es decir muy poco: fue partícipe”.
Para Carlos Quiroga, director de Radio Nacional Bahía Blanca durante el alfonsinismo, “lo cierto es que hoy en día la gente tiene calados a los medios, sabe el mensaje que hay detrás y sin embargo toma decisiones en su vida influenciada por lo que los medios comunican”.
Alberto Mac Dougall, actual director de la recuperada LU3, indicó que durante la dictadura “La Nueva Provincia se podía mover como pez en el agua. Sabían bien lo hacían, porque era la línea de ellos. Nosotros lo único que podíamos hacer era cuidarnos”. Y agregó que “había censura, por supuesto. Pero hay algo peor cuando hay censura: la autocensura”, derivada del temor impuesto.
Norman Fernández, actual segunda línea de Vicente Massot y con una carrera de varias décadas en la empresa que él dirige, se diferenció y dijo que nunca fue censurado, aunque aclaró que “para jugar en River, tenés que ser de River”. Pruebas documentales lo desmienten: como se aprecia en el video, Mac Dougall tenía en sus manos unos papeles. Eran las comunicaciones del entonces COMFER, prohibiendo la emisión de canciones y publicidades cuestionadas por diferentes razones. Tampoco detalló Fernández el criterio editorial que se aplicó para decidir que la noticia sobre las desapariciones y homicidios de dos trabajadores de la propia empresa no se convirtiera en una noticia a seguir.
“Una cosa que yo lamenté mucho, y hoy no hubiese ocurrido, fue el cierre de LU7” en 1978, refirió Mac Dougall. La radio tenía una programación matutina de mucha aceptación en el público, lo que preocupaba a “la contra”. “La solución fue que LU7 desapareció. Y no se movió un dedo”, recuerda el periodista. “En ese momento, no había democracia. Si alguien que tenía influencia decía ‘ése no me gusta’, chau”, resumió.
El quinto periodista no aparece en el documental, porque desde hace casi cuarenta años vive en España. Carlos Iaquinandi comenzó su carrera como periodista en los mismos años que Mac Dougall y Fernández, por lo que hoy lamenta la tesitura asumida por el actual editorialista de la radio de Massot. Para 1976 era una de las voces del informativo de apertura de transmisión de LU3 y había formado parte del Sindicato de Prensa bahiense, junto a Ángel Cappa.
Pocos meses antes de participar en el documental, el propio Mac Dougall había recordado el momento en que Iaquinandi decidió irse del país: “después del golpe de marzo, empezaron a ocurrir los hechos que todos sabemos. Nosotros teníamos a un periodista de primera: Carlos Iaquinandi. Acá había un sindicato de prensa que estaba en manos de los trabajadores. Cuando fue lo de Heinrich y Loyola, recuerdo que yo estaba leyendo el panorama. Teníamos que leer a dos voces con Iaquinandi, pero él siempre llegaba quince minutos tarde. Cuando entra a la sala del informativo, yo estaba leyendo lo de Heinrich y Loyola. Noté que abrió la puerta y se quedó parado y no se sentaba. Entonces observé que estaba llorando. Fui al corte y me dijo ‘Mac, me voy a tener que ir, porque cayeron estos muchachos y seguro que estoy en la lista’”.
“Cada vez que mi mamá se acuerda, siente lo desgarrador de que te estén quitando algo”
Programa 63 del ciclo K688, producido por la cooperativa del mismo nombre. Incluye un documental realizado en 2008 por un grupo de alumnas del colegio San Martín de Bahía Blanca, a partir del testimonio de María de los Ángeles Loyola, hija de Miguel Ángel Loyola, Manuel Jorge Molina, compañero de su padre y de Enrique Heinrich en los talleres gráficos del diario La Nueva Provincia hasta el secuestro y asesinato de ambos, el ex fiscal Hugo Cañón y la historiadora Belén Zapata. La emisión agregó además el segmento del fallo del Tribunal Oral Federal que en septiembre pasado ordenó investigar a los directivos del matutino.