Liberan a ex edecán de Menem acusado por delitos de lesa humanidad

El juez que se negó a detener a Massot también dejó libre a Jorge Igounet. Ex edecán de Menem y segundo en la SIDE en los ’90, se lo acusa de participar en el blanqueo de un militante de la JUP que permaneció más de un año secuestrado.
Por Diego Kenis
El juez federal subrogante de Bahía Blanca Santiago Martínez se hizo conocido por su mirada benevolente sobre los actores civiles de la última dictadura. Fue él quien se negó a detener o siquiera citar a indagatoria al empresario Vicente Massot y al ex capellán Aldo Vara, ambos acusados de participar en el plan criminal del terrorismo de Estado. A comienzos de este mes, Martínez confirmó esa actitud extendiéndola a la zona en que se encuentran aquellos partícipes en que coexisten ambas facetas, la civil y la militar. En rigor, el caso de Vara ya era un ejemplo suficiente. El cura ostentó el rango de capitán del Ejército como capellán del V Cuerpo y luego de su retiro del ámbito castrense siguió ejerciendo el sacerdocio. Pero el del coronel retirado Jorge Igounet es particularmente ilustrativo porque luego de su paso por Bahía Blanca ofició como edecán del ex presidente Carlos Menem por siete años. Durante ese periodo, según reconoció el entonces Jefe del Ejército Martín Balza en un memo interno de 1993, logró construir un lazo de confianza con Menem que lo depositaría luego en el segundo lugar de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hasta el final del mandato el riojano.
Desde diciembre de 2012, el Ministerio Público Fiscal acusa a Igounet por su participación en el Consejo de Guerra a que fue sometido el militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Carlos Príncipi con el objeto de blanquear su situación luego de que permaneció más de un año secuestrado en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, en el predio bahiense del V Cuerpo.
El militar fue detenido en junio, pero con su resolución del 2 de julio el juez Martínez dictó su falta de mérito y ordenó su libertad. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron pocos días más tarde. Cuando el lunes próximo se retome la actividad judicial luego de la feria invernal, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca habrá sumado un nuevo punto a resolver. La acumulación de resoluciones pendientes incluye a nombres de partícipes civiles como el del abogado Hugo Sierra o el cura Vara. Y a Vicente Massot y Jorge Igounet. En 1993, uno se desempeñaba como viceministro de Defensa y otro como edecán. Diez años más tarde, juntos redactaron la carta de renunciamiento de Carlos Menem al balotaje frente a Néstor Kirchner.
Parodia de Justicia
El llamado “Consejo de Guerra” funcionó como una instancia de justicia militar que no sólo pretendía legalizar la situación de quien había permanecido desaparecido sino también concretar una operación psicológica para que la sociedad percibiese a las Fuerzas Armadas como ajustadas a algún tipo de derecho y siempre dispuestas a luchar contra el terrorismo que denunciaban.
En la narración castrense, Príncipi se había entregado voluntariamente el 8 de mayo de 1978. En la realidad, la víctima había sido secuestrada a fines de febrero del año anterior, el mismo día en que se produjo el asesinato de su compañera Patricia Acevedo, hecho del que tuvo conocimiento por sus propios torturadores. El 9 de mayo comenzó a sesionar el paródico Consejo de Guerra, que sometió a Príncipi a la justicia militar en un proceso que duró apenas unas horas.
Como presidente del Consejo ofició el coronel  Mario Torres. Uno de sus vocales era el mayor Carlos Martínez. Ambos resultaron procesados en la misma resolución en que el juez Martínez decidió, en cambio, dictar la falta de mérito del por entonces teniente primero Igounet, que personificó el rol de defensor en la puesta en escena. De acuerdo al relato de la víctima, previamente Igounet “me había dicho que no tuviera expectativa del juicio porque… estaba decidido”. Las palabras con que el propio defensor abrió su alocución resultan esclarecedoras. Es “una difícil misión para un militar la de tener que asumir la defensa de un ciudadano que integró una banda de delincuentes subversivos que hoy combatimos”, dijo. Sin aportar pruebas de defensa, pidió luego la pena mínima pero no la absolución y no se molestó en apelar el fallo, que condenó a Príncipi a veinte años de prisión.
Mentiras de papel
En los papeles, Príncipi fue alojado en la Unidad Penitenciaria (UP) 4 de Bahía Blanca el mismo 8 de mayo en que se fechó su entrega voluntaria, mientras se preparaba el Consejo de Guerra que comenzaría a sesionar al día siguiente. Esa es la fecha que figura en los documentos en que el Comando del V Cuerpo de Ejército le solicitaba al jefe de la unidad carcelaria, Andrés Miraglia, que recibiese al detenido. La realidad se distancia sin embargo de los papeles, que también conformaban la puesta en escena: Príncipi había sido retirado de “La Escuelita” aproximadamente un mes antes y trasladado a la cárcel dirigida por Miraglia, donde permaneció cautivo clandestinamente hasta que con la versión del 8 de mayo se blanqueó su detención.
El dato, aportado por el secuestrado en su declaración testimonial, fue reconocido por el juez Santiago Martínez. Pero insólitamente el magistrado, que reconoce al Consejo de Guerra “como modo habitual (de) revestir de apariencias legales a un cautiverio”, entendió que podía configurar un escenario en que Igounet no apareciese como victimario sino como una inocente víctima de uniforme, a la que de pronto se la engañó para que obrase como defensor en un proceso de blanqueo del que no tenía idea. El tiempo que Príncipi permaneció alojado clandestinamente en la UP 4, según infiere el juez, “obedeció al propósito de que recupere su estado físico para alcanzar una mejor apariencia” que contribuyese a engañar a parte de los militares involucrados en la parodia, entre ellos quien oficiaría como su defensor.
Uno y uno
El juez cree a Príncipi en aquello que en su reelaboración beneficia a Igounet, al que presenta como ignorante respecto de lo teatral de un Consejo de Guerra del que, considera, no formaba parte. Sin embargo, sigue el camino inverso para explicar uno de los tropiezos en la coartada que él mismo reservó al militar retirado sobre cuya situación resolvió.
La indagatoria del acusado se opone a la testimonial de la víctima al poner en duda que haya existido una entrevista previa entre el militante secuestrado y el teniente primero que ofició como su defensor, en la que uno reveló al otro que no había margen para las expectativas porque “estaba todo definido”.
Este elemento, que Príncipi aportó bajo juramento, valió en la consideración de Martínez menos que los dichos del imputado durante una declaración en que por su condición no tenía obligación de hablar con verdad. Igounet primero negó que hubiese existido una audiencia a solas con su defendido y luego lo relativizó apelando a las clásicas flaquezas de memoria: “no, al menos que yo recuerde”. El juez eligió creerle.
Vox pópuli
El desconocimiento de un elemento aportado por Príncipi y la tergiversación de otro confluyen para que el juez interprete que Igounet no podía conocer lo que la víctima había padecido en el CCD en que estuvo cautivo por más de un año “aún cuando este último (por Príncipi) señaló que ‘estaba con la ropa con la que me habían largado que era lo que quedaba en el chupadero’”, escribió el magistrado.
Además, el juez descartó en su resolución “que la existencia del CCD ‘La Escuelita’ fuera un hecho notorio conocido por todos en el Comando” donde revistaba Igounet. Varios testimonios lo desmienten. Entre ellos el del propio ex capellán Aldo Vara, quien al declarar en el Juicio por la Verdad bahiense en 1999 indicó que para 1977 “todo el mundo en la ciudad hablaba de La Escuelita”.
Diploma en mano
Al describir la situación de revista del entonces teniente primero Igounet, el juez Martínez otorgó detalles precisos. Pero omitió en cambio un dato trascendental de la biografía del ex edecán de Menem, que figura en su legajo tanto como otros destinos y responsabilidades de su vida militar.
De ese modo, el juez no sólo concluye en su resolución que “la actuación del imputado como defensor fue positiva y oportuna en beneficio de la víctima” sino que interpreta que “las omisiones en que pudo haber incurrido”, como apelar la sentencia, “pueden recriminarse a un letrado actuando ante la justicia civil pero no a un lego en actuaciones sumarias militares como la analizada”. Ni siquiera tomando por válidas las contemplaciones que en el mismo escrito plantea el juez por la juventud que entonces tenía el acusado podría pasarse por alto que es mentira que Igounet fuera un simple lego. Tal como ya ha informado Agencia Paco Urondo, el ahora retirado militar se había recibido de abogado en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata.
Como broche de oro, el juez Martínez opinó que “pretender que Igounet hiciera algo distinto de lo que hizo, sin capacidad de decisión para revertir la situación de Príncipi, y sin ningún tipo de dominio sobre el hecho, es esperar una actuación heroica que no le es exigible a un ciudadano”. Mejor pasar por cobarde en 1978 que por culpable en 2013, según se ve.