Entrevista con María del Carmen Verdú, abogada de la familia
del joven asesinado hace 22 años por la policía federal. "Es una causa
que habla del pasado y del presente", aseguró.
Por Juan Ciucci
APU: ¿Cuál es la situación actual de la causa? Porque había prescripto...
María del Carmen Verdu: En realidad es bastante complicado el asunto,
pueden entrar a nuestra página de Internet, donde hay un link de un
blog en el cual hemos subido toda la información de la causa y allí hay una especie de resumen de lo que llamamos "Walter en su laberinto judicial",
que ejemplifica los más de 280 pasos que ha habido con la intervención
de más de 50 jueces a lo largo de estos veintidós años y medio hasta
llegar a esta etapa con el juicio oral.
La causa nunca estuvo cerrada,
justamente, siempre hemos logrado - y ese es el gran mérito que ha
tenido la organización a través de la movilización y de la lucha
-mantenerla abierta. Este tiempo se ha consumido en los intentos por
parte del conjunto del Poder Judicial, siguiendo los lineamientos del
Poder Ejecutivo a lo largo de estos años, de cerrar la causa.
APU: En ese caso es por privación ilegítima de la libertad y contra un comisario.
MCV: Así es: el único imputado es el comisario Miguel Ángel Espósito,
sin duda uno de los responsables. Era el titular de la comisaría 35 y
fue el jefe del operativo junto con el subcomisario Alberto Cesar Muiño.
A lo largo de todos estos años nosotros hemos imputado en vano, desde
los representantes del poder político, el ministro del Interior, el
resto de los funcionarios del área de la época y por supuesto la cúpula
policial en su conjunto. Sin embargo, de la misma manera que tampoco se
pudo lograr la imputación por tortura seguida de muerte, sólo el
comisario está siendo juzgado.
APU: Remarcabas la lucha social que hubo detrás de la causa para permitir que después de tantos años se siga buscando justicia.
MCV: Así es. Costó mucho llegar al juicio. Cuando hablamos de Walter
Bulacio no hablamos del pasado, hablamos del presente y del futuro.
Hablamos de centenares de miles de jóvenes detenidos arbitrariamente
cada día, en algún lugar de nuestro país, de los cuales uno por día va a
terminar muerto.
APU: La cuestión con los jóvenes y la policía continúa presente.
MCV: El de Walter es uno, emblemático no hay ninguna duda, pero
solamente uno en una lista de 4 mil nombres que son las personas que han
sido asesinadas por el aparato represivo estatal en los últimos 30
años.
APU: En estos días hubo un cruce con el Indio Solari, en
relación a cuál fue la actitud de Los Redondos en relación al hecho.
¿Cómo analizás esa situación?
MCV: Frente a la magnitud de lo que estamos discutiendo, como es la
vida y la muerte de miles de jóvenes, polemizar con un artista no tiene
mayor trascendencia. Más cuando es alguien que ni siquiera conocemos.
Así como nos interesa destacar la solidaridad que hemos recibido del
conjunto de la cultura popular (no sólo del rock). Por ejemplo, el 10 de
octubre vamos a hacer un recital en Callao y Paraguay al que van
asistir muchas bandas. Lo único que digo es que yo, que hace 22 años que
milito y que soy abogada de la causa, que siempre estuve, no le he
visto nunca la cara a Solari ni a esa banda.
APU: ¿Creés que debió haber un mayor compromiso de los artistas?
MCV: Las declaraciones que hizo el Indio en su momento, más allá que
ahora las relativice o haya hecho una autocrítica que me parece muy bien
y muy saludable. Habla bien de él que se arrepienta y que ahora sí
ponga la foto de Walter en sus recitales.
APU: También decías que habían pasado varios gobiernos que
quisieron cerrar la causa ¿Cómo analizás la implicancia política que
tuvo el caso de Walter?
MCV: Que tuvo y que tiene, porque el caso Bulacio pone en el eje de
la discusión las facultades policiales para detener arbitrariamente. Lo
que se está debatiendo es si esa detención fue legal o ilegal y eso es
el corazón de lo que es la herramienta más útil para cualquier gobierno
que tenga que implementar el control social para disciplinar a los hijos
de los trabajadores. Estoy hablando de las detenciones arbitrarias, la
averiguación de antecedentes, los códigos de faltas y contravenciones.
Así como ningún gobierno está dispuesto a cumplir la sentencia de la
Corte Interamericana que ordenó al Estado argentino eliminar de una vez y
para siempre este sistema que permite a cualquier policía detener a
cualquiera.
APU: ¿Cuál podría ser la pena máxima que le puede corresponder al comisario?
MCV: En este marco al que nos ha llevado el Poder Judicial, el máximo
de pena que podemos pedir es de 6 años de prisión. Seguramente, ni
siquiera serán de cumplimiento efectivo, porque ya se ha establecido que
está deprimido y que tiene problemas cardíacos. Esto determinó que se
le diera el inusual privilegio de declarar por conferencia y no de estar
presente en la sala. Todo indicaría también que esa pena sería con
arresto domiciliario o algún otro tipo de alternativa o morigeración.
APU: Comentabas que iba a haber una serie de actividades.
MCV: Así es, este viernes 4 a partir de las 19 horas vamos a tener
varias charlas, paneles, en la Facultad de Filosofía y Letras y después
un recital con la intervención de varias y muy buenas bandas, en la
calle Púan 470. Y el 10 de octubre, que es el día de nuestros alegatos,
habrá un recital en Callao y Paraguay, en la Plaza Pizurno, con la
participación de muchas bandas que siempre nos han acompañado.
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