PERIODISMOSe trata de Juan Pablo Suárez, trabajador del periódico Última Hora.
¿Se puede aplicar esa norma para casos vinculados con derechos
esenciales, como la libertad de expresión?
Por Nicolás Adet Larcher
En diciembre del año pasado, en medio de las protestas policiales que
sacudieron al país, un intento de protesta en Santiago del Estero
derivó en la detención de un periodista.
El policía, Nelson Villagrán,
había arribado a una plaza de la ciudad junto a su familia para
participar de los reclamos por mejoras salariales. Última Hora fue el
único medio presente que logró captar las imágenes de la detención
brutal de Villagrán por parte de los jefes policiales, frente a su
familia. Al volver a la redacción para dejar el material obtenido, un
grupo de 50 efectivos de la policía llegó al lugar para efectuar un
allanamiento, sin orden judicial. Allí, detuvieron al director del
medio, Juan Pablo Suárez, acusado del delito de sedición.
Durante la semana que Suárez estuvo detenido, entidades como FOPEA,
Reporteros sin Fronteras, Fundación Led, CIPRENSE y el Comité para la
protección de periodistas de New York (CPJ), se pronunciaron en contra
de la detención, la cual afectaba a la libertad de expresión. Suárez fue
liberado una semana después, luego del repudio generalizado a nivel
internacional. Sin embargo, su suerte todavía se mantiene atada a la
decisión de quienes aplican “justicia” en Santiago.
En un nuevo capítulo contra Suárez, el fiscal Pedro Simón (denunciado
por el CELS) elevó al Juez Federal una acusación por “incitación a la
violencia colectiva”, artículo 212 del código penal que se agrava
mediante el artículo 3, de la llamada Ley Antiterrorista (aprobada en
2011) : “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere
sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a
las autoridades públicas Nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
La aplicación de la ley antiterrorista frente a un periodista es un
caso único en todo el país. La imputación, además, es irregular si se
tiene en cuenta que dicha norma afirma que “las agravantes previstas en
este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten
tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales
o de cualquier otro derecho constitucional”. Al momento de la detención
de Suárez y su imputación, el derecho a la libertad de expresión,
reconocido en tratados internacionales y en la propia constitución
nacional, no fue tenido en cuenta.
El antecedente Clarín
En 2012, el Grupo Clarín había
denunciado por el mismo artículo 212 del código penal a Sandra Russo,
Roberto Caballero, Nora Veiras, Edgardo Mocca, entre otros. Según aclara
el abogado Damián Loreti en su libro “El derecho a comunicar”, citando
el caso Clarín, el artículo 212 se refiere a una forma especial de
intimidación, “el empleo de la fuerza física por parte de un conjunto
al menos relativamente indeterminado de personas, es decir, se debe
incitar a la violencia grupal” desterrando definitivamente cualquier
imputación hacia el periodismo. El CELS también se pronunció sobre la
aplicación de este artículo para suprimir la libertad de expresión
sentenciando “como se han suprimido las figuras de calumnias e injurias
en un caso de ostensible interés público, acuden a tipos del Código
Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la
expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria”.
El caso de Juan Pablo Suárez no es el primer caso de persecución
hacia el periodismo en la provincia, pero si lo es frente a la
aplicación de una ley que agrava penas de un artículo del código penal,
que no fue creado para suprimir la opinión. La aclaración de la ley
antiterrorista sobre el “ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de
cualquier otro derecho constitucional” no fueron tomados en cuenta por
el fiscal ni por el Juez Federal.
La condena – de llevarse a cabo – pone en serio riesgo el ejercicio del periodismo en Santiago del Estero y a nivel nacional.
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