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La vivienda popular
Es prioritario que la clase trabajadora Argentina, de una vez y para siempre, cuente con un camino para acceder a una vivienda propia y digna.
A la inmensa mayoría de los cuadros técnicos y políticos, funcionarios y militantes políticos y sociales, más o menos afines al gobierno nacional, resulta una deuda inadmisible que en nuestro país, casi 16 millones de personas vivan en lo que las Naciones Unidas denomina “Tugurios” y otros 8 millones lo hagan en viviendas dignas, pero alquiladas a valores que en casi un 40% de los casos equivalen al ingreso total mensual de uno de los miembros adultos del grupo familiar.
Durante los últimos 8 años, poniendo en marcha diferentes programas que contaron con los recursos que se le pudieron extraer al presupuesto nacional, se detuvo el crecimiento del déficit de viviendas, pero no se lo resolvió. Y esto nos debe hacer discutir si el modelo tradicional de abordaje, basado en la construcción y asignación de viviendas en base a intervenciones focalizadas y generalmente a fondo perdido o con pocas posibilidades reales de recupero de los fondos invertidos, es o puede ser adecuado para resolver efectivamente el problema que afecta, en términos reales, aproximadamente al 50% de la población.
Esos instrumentos, derivados del tradicional FONAVI y reimplementados desde el Plan Federal de Viviendas y los programas de soluciones habitacionales parciales de varios ministerios, que en total alcanzan a unos 500 mil intervenciones, sirvieron para cubrir algunos de los casos más urgentes, pero sobre todo para alinear mínimamente a los sectores de la construcción, y especialmente a algunas cooperativas y empresas sociales vinculadas a organizaciones territoriales, que si no hubieran tenido este tipo de articulación con el Estado y por ser emergentes de algunos de los sectores más golpeados por los años de desindustrialización y retroceso de la clase trabajadora, seguramente hubieran mantenido un grado de conflictividad política que hubiera debilitado significativamente el proceso de recuperación integral de nuestra economía.
O sea que lo hecho tuvo una importancia política y social relevante, pero si la intención es profundizar el modelo de inclusión social plena, cuya primera cualidad es integrar a las personas en el hábitat social mismo, estamos nuevamente ante una disyuntiva conocida: inventar o errar. Y ante esto, desde una red de técnicos, funcionarios y dirigentes políticos, sociales y sindicales alineados con la necesidad de dar en el tema vivienda un paso relevante como dimos en jubilaciones, Asignación por Hijo, paritarias, obra pública y otras áreas en las que indudablemente se lograron dar un vuelco a las políticas de retracción de la acción estatal, proponemos la inmediata puesta en marcha del “Programa Nacional de Producción de Suelo Urbano – Tu terreno para hacer tu casa”.
Articulando recursos, incumbencias y prerrogativas estatales y aprovechando la existencia de algunas entidades y figuras asociativas semipúblicas y privadas, estamos en condiciones de adaptar el mismo modelo que se utiliza para importar y financiar pantallas de LCD, notebooks y otros bienes de consumo, para aplicarlo a la producción y venta en cuotas de lotes con servicios en todo el país, pudiéndose poner efectivamente en marcha en seis meses o menos, de acuerdo a la participación parcial que definiera tener el Estado Nacional.
Contamos con antecedentes valiosísimos como la puesta en marcha las centrales térmicas Timbúes y Manuel Belgrano, en las que se consiguió el financiamiento basándose en la cesión pro soluto del flujo futuro proveniente de la facturación de la energía eléctrica a producirse. Y como en este caso los lotes no hay que distribuirlos sino que se comprarían, sólo hay que articular financiamiento pero a costo 0. Y si el Estado quiere disponer de recursos a recupero, podría hacerlo con algunos instrumentos disponibles.
Durante todo el 2010, conociendo que la cuestión del acceso a la vivienda era uno de nuestros mayores desafíos, y que la misma tenía un problema básico en la escasez de suelo urbano, trabajamos desde los espacios políticos que ocupamos en adaptar esos modelos, a uno que permitiera trabajar con el Banco Hipotecario como administrador (no compromete sus recursos sino que simplemente administra depósitos específicamente orientados al programa) y utilizando fondos privados disponibles en el Mercado de Capitales (Bolsa de comercio).
Prácticamente la totalidad de los pueblos y ciudades, salvo Buenos Aires y su primer cordón (y medio), cuentan con parcelas rurales linderas con cascos urbanos en venta, a precios que no exceden salvo excepciones los U$S 30 mil, por lo que un lote no cuesta más de 1.000 dólares (4 mil pesos), más 8 mil para dotarlo de servicios básicos, que se abaratan significativamente por como se articula el flujo de fondos.
Por lo que al alcanzarse costos de 3 mil dólares por lote, con un anticipo de sólo mil que se le podría subvencionar sólo a los grupos más necesitados, y financiando el resto a tasas de mercado mayorista, podemos hablar de un modelo de alcance masivo.
Y el eje político de esta propuesta es que el Estado Nacional no se compromete a hacer los loteos a futuro sino que pone un modelo al alcance de absolutamente todos los que lo requieran, con lo que aporta un instrumento nacional, lo comunica efectivamente a nivel masivo pudiendo inclusive impulsar un Registro Nacional de Necesidades de Terrenos para edificar Viviendas Familiares y no paga el precio de la inacción, desidia o incapacidad locales.
*Coordinador de Teknopolítica, Red de Profesionales Militantes, en el proyecto Nacional y Popular
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