Una eventual aprobación en el Senado de la ley de interrupción del embarazo dejará a la Provincia de Buenos Aires ante un panorama, hasta ahora, incierto para su aplicación en los 80 hospitales que dependen de la gestión estatal. Independientemente de las convicciones personales de los funcionarios bonaerenses, al menos la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Salud, Andrés Scarsi se enrolan en el bando celeste, lo que le preocupa a la mandataria y a sus principales colaboradores son las cuestiones prácticas referidas a la instrumentación de la norma.
Así, y al menos ante tres ministros de su gabinete Vidal reconoció que aplicar la ley del aborto en la Provincia “no será sencillo”.
Hoy por hoy, sostienen, la Provincia se enfrenta a un escenario que, entienden, como “complejo de dimensionar”. Aunque hasta ahora carecen de datos concretos sobre la postura que adoptarán los médicos provinciales, no son pocos los referentes provinciales de Cambiemos que creen que la realidad les marcará que hay una mayoría de médicos en contra del aborto, que la de los que están a favor.
Esa dificultosa instrumentación a la que hizo referencia Vidal ante su mesa chica, se basaría, primero, en lo que entiende como los “tres mundos” en los que se divide la atención médica bonaerense: hospitales municipales, hospitales provinciales y clínicas privadas.
Una composición de lugar que se hace en el entorno de la gobernadora, se explica más o menos así: “Ya se conoció un extenso listado de clínicas privadas contrarias a la aplicación de la ley. Cualquier mujer que tenga una prepaga y que sepa que en la clínica a la que asiste no se practicarán abortos, ¿donde va a terminar? En un hospital público”, se responde el informante que vuelve a preguntarse: “¿Estaremos en condiciones de satisfacer esa demanda?”
Una primera idea que mandó a explorar Vidal habla de la “regionalizar” la atención de aquellas mujeres que, de aprobarse la ley, requieran la interrupción de un embarazo. Esto es que no en todos los hospitales se hagan prácticas abortivas, sino que haya uno por determinada región en el que se habilite ese tipo de prácticas.
Esta posibilidad, sin embargo, choca también con la falta de datos concretos sobre la posición que vayan a los médicos. “Nosotros podemos determinar que los procedimientos se hagan en tal hospital, de tal región, pero no sabemos si en ese lugar los médicos será objetores de conciencia, o no”, le dijo a EL DIA un ministro de diálogo diario con la gobernadora.
La llamada regionalización choca, por el momento, con otros interrogantes para los que, hasta el momento, no hay respuestas. “¿Cómo definir una regionalización si no sabemos la demanda que puede haber? ¿Qué costo va a tener esto para la Provincia?”, son algunas de esas cuestiones.
Preocupa, además, la redacción final del proyecto que, hipotéticamente, puede ser aprobado. “Se habla de permitir un aborto hasta la semana 14 de gestación y con un plazo perentorio de cinco días para realizar la práctica. Suena complejo para la realidad del sistema de salud bonaerense en el que las operaciones programadas pueden tener semanas o meses de demora”, analizan en el gabinete provincial.
“¿Qué pasa si una mujer viene con 14 semanas de embarazo y no podemos darle respuesta en los cinco días que manda la ley? ¿Y si el o los médicos no creen que sea factible y se oponen?”, se le escuchó decir a la mandataria entre su círculo íntimo de gobierno.
La gobernadora insiste, ante quien la consulta que en el cuadro de situación que se maneja, se dejan de lado convicciones o posturas. “Nada tiene que ver si ella está a favor o en contra del aborto; lo que nos pide es que clarifiquemos el panorama de lo que nos podríamos encontrar. Si la ley se aprueba, la Provincia la cumplirá. Pero hay que ver cómo. Primero tenemos que despejar todas las dudas que se plantean hoy”, se sinceraba un calificado vocero provincial.