AgenciaPacoUrondo para www.revistanuevopais.com.ar La Asociación Contra la Violencia Institucional presentó un amparo contra el Servicio Cívico Voluntario. Natalia D' Alessandro, Nicolás Parra y Alejandra Iriarte analizaron para Agencia Paco Urondo sus fundamentos. Por Juan Manuel Ciucci
Agencia Paco Urondo: Han presentado un amparo contra el Servicio Cívico Voluntario. ¿En qué se fundamenta este pedido?Asociación
Contra la Violencia Institucional: El miércoles 21 presentamos,
efectivamente, un amparo contra la Resolución 598/2019 del Ministerio de
Seguridad que crea y pone en funcionamiento el “Servicio Cívico
Voluntario en Valores” (SCV). Además de la Asociación contra la
Violencia Institucional de la que somos parte, nos acompañaron Diputadas
Nacionales, Legisladoras y Secretarias Generales de ATE, tanto del
Ministerio de Seguridad de la Nación, como de la SENNAF. Si se quiere,
las dos dependencias del estado que tienen injerencia en el tema.
Solicitamos como medida cautelar que se suspenda la implementación del
SCV. Principalmente nos centramos en tres cuestiones: primero en
la falta de fundamento de la Resolución. La resolución no explica
absolutamente nada. Ni como se va a desarrollar el Servicio, ni los
motivos que impulsan al Ministerio a tomar esta determinación, ni que es
lo que motiva al Poder Ejecutivo a utilizar una Fuerza de Seguridad
Federal para fines completamente ajenos a sus funciones. En este
sentido, entendemos que nos encontramos ante una resolución que al
carecer de fundamentación es nula y por lo tanto no puede tener efecto
alguno. Las otras dos cuestiones tienen que ver por un lado con
los objetivos y las funciones que tienen las Fuerzas Policiales y de
Seguridad, y particularmente la gendarmería, según las leyes que regulan
sus funciones y que nada dicen sobre la posibilidad de que eduquen o
formen a la sociedad civil. La educación de los/as habitantes de nuestro
país debe estar en cabeza del Ministerio de Educación y del sistema
formal de educación y esta Resolución va en contra de esto. Por último,
el Estado tienen determinadas obligaciones con los niños, niñas y
adolescentes fundamentalmente, en garantizar sus derechos básicos. Ahora
bien, esos derechos no pueden ser garantizados de cualquier manera y de
manera alguna puede colocarse a una Fuerza de Seguridad a cumplir con
funciones de capacitación, formación en valores o cualquier otra
cuestión similar, de niños, niñas y adolescentes. APU: ¿Cuáles son los principales problemas que acarrea la norma? ACVI:
Además de los problemas mencionados anteriormente, entendemos que la
implementación del SCV posibilita que una Fuerza de Seguridad con una
estructura militarizada este en contacto permanente con niños, niñas y
adolescentes. Tarea para la que, además de no estar capacitados, es
completamente ajena a sus competencias y a su formación. Otro de
inconvenientes es que la resolución nada dice sobre cómo se desarrollará
este “Servicio”, no se especifica cual será el contenido de los
programas y si bien se establecen objetivos mínimos del mismo nada
tienen que ver con las funciones que tienen una fuerza de seguridad. El
problema central es habilitar un espacio de contacto directo y sin
regulación alguna entre niños, niñas y adolescentes y una fuerza de
seguridad militarizada. APU: Es preocupante la participación que se le brindaría a la Gendarmería, tan criticada en este último tiempo... ACVI:
Es preocupante la participación en sí misma de la Fuerza en un programa
de estas características. Sumado a la situación de poner en cabeza del
Ministerio de Seguridad un programa que en caso que el gobierno esté
preocupado por la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes
tal como pretende fundamentar con la creación del SCV – cosa que sabemos
que no es así, entre otras cosas por el recorte que han sufrido todas
las políticas públicas dirigidas hacia el sector (hace poco se conoció
que el 50% de los chicos/as menores de 14 años son pobres) – debería
estar articulado por el Ministerio de Educación y Desarrollo Social en
todo caso. Entonces, lo preocupante es que se intente instaurar una
política de seguridad o de control de nuestros niños, niñas y
adolescentes, con falsos fundamentos educativos y/o sociales. Nada tiene
que hacer el Ministerio de Seguridad, ni las fuerzas que de él
dependen, en una política de este tipo. Y en ese sentido es indistinto
que sea cualquiera de las fuerzas, aunque pueda resultar atinado hacer
la apreciación específica de los casos de violencia institucional en los
que participó la Gendarmería Nacional. Sumado a la preocupación
específica que genera que una fuerza militarizada esté en contacto
permanente con adolescentes, sin marco de regulación y realizando una
tarea completamente ajena a sus funciones, lo cierto es que estamos
atravesando desde finales de 2015 un recrudecimiento de la violencia
institucional por parte de las Fuerzas Federales con la particularidad
que la Ministra Bullrich y el poder ejecutivo en general vienen
justificando y habilitando ese accionar violento. Sumado a que ese
discurso legitimante de la violencia institucional por parte del poder
político genera un recrudecimiento de la violencia social a nivel
general. No podemos dejar de relacionar esta legitimación con lo que
sucedió ayer con el homicidio a golpes del hombre que sustrajo queso,
aceite y chocolate de un Coto. Esta legitimación de la violencia,
no solo repercute de manera directa en el personal policial y de las
fuerzas de seguridad, sino que también tiene consecuencias a nivel
social general. Se genera un clima en el que cualquier medio es adecuado
para defender “lo nuestro”, un “vale todo”. En este contexto es donde
se quiere implementar una medida de este tipo y eso no debemos perderlo
de vista. APU: ¿Cómo analiza esta propuesta gubernamental? ¿Por qué cree lo han presentado ahora? ACVI:
Desde nuestra óptica y análisis es completamente una barbaridad. Y más
allá de que pueda señalarse como una medida del gobierno destinada a
captar alguna voluntad electoral – cosa que no funcionó – es una medida
que tiene el peligro de ejecutarse. O sea, puede ser que haya sido
pensada como un mensaje dirigido a captar voluntades electorales, pero
lo cierto es que, si no se frena, va a volverse operativa y va a traer
consecuencias concretas en nuestros pibes y pibas, con todo el peligro
que ello configura. Ese es el motivo fundamental de haber presentado
este recurso. APU: ¿Qué pasos quedan por seguir una vez realizada esta presentación? ACVI:
El amparo está recién presentado, está interviniendo el Juzgado
Contencioso Administrativo Federal N° 12. Resta aguardar la resolución
del juzgado que determine si nuestro pedido tiene fundamentos
suficientes para suspender los efectos del SCV, declarar su nulidad e
impedir que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar el programa. Creemos
que los fundamentos son más que suficientes para que nos den la razón.
Nada tienen que ver las Fuerzas de Seguridad con la educación de
nuestros pibes y pibas.
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