El cuarto Paro Internacional de Mujeres lleva una consigna acorde a la coyuntura que nos aprieta, nos empobrece y nos mata. Los números de la desigualdad, nuestros reclamos y un breve recorrido de las políticas públicas del Estado puestas en marcha por el gobierno de Alberto Fernández.

Por área de Géneros de la AGENCIA PACO URONDO Este año el día Internacional de las Mujeres (lesbianas, trans y travestis) Trabajadoras cae un fin de semana y con un gobierno de tinte popular que tiene grandes desafíos por delante. Por un lado, la deuda más grande en la historia de nuestro país tomada por la gestión de Mauricio Macri que llevó al empobrecimiento de nuestro Pueblo. Por otro, un movimiento feminista organizado y en ebullición, que reclama la presencia del Estado para compensar las violentas desigualdades con las que tenemos que convivir y de las que nos debemos cuidar permanentemente.
La desigualdad
Los indicadores del ámbito laboral de los últimos cuatro años arrojan resultados negativos. Las mujeres y disidencias corren con una notable desventaja en el mercado de trabajo, ya que perciben alrededor de un 27% menos que los hombres en la realización de las mismas tareas. Cifras que se amplían si se tiene en cuenta el empleo informal. A ello, hay que sumar la fuerza de trabajo invisibilizada en el marco de las tareas del cuidado y la reproducción, actividades estas no sólo con los salarios más bajos de la economía y asociadas o realizadas por nosotras, sino también en su mayoría sin remuneración. La falta de autonomía económica de las mujeres y disidencias es violencia económica que se complementa con las formas de la violencia doméstica.
Pensar la deuda interna con nosotras y nosotres es replantear la necesidad de mejorar las categorías analíticas con las que cuenta el Estado para medir las brechas salariales y todas las desigualdades económicas desde una perspectiva de géneros. Si el horizonte trazado por el gobierno nacional es empezar por quienes están abajo, es de suma importancia y urgencia incluir en las mediciones a las personas travestis-trans para subsanar los vacíos.
Según la nota “Aunque mucho los nieguen, la desigualdad de género se puede medir” publicada en Economía Feminista, y la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, podríamos delinear que:
● Seis de cada diez varones adultos trabaja, mientras que sólo lo hacen cuatro de cada diez mujeres. Además, la desocupación es un fenómeno que afecta mayormente a las personas jóvenes y en especial si son mujeres: su tasa de desocupación (23,4%) es
más de tres veces mayor que la de los varones adultos (7,1%)
● Las mujeres ganan entre 25% y 27% por ciento menos que los varones. Y la brecha se amplifica en el caso del empleo informal hasta 36% cuando miramos a aquella porción que posee condiciones informales de empleo.
● Entre quienes tienen un trabajo asalariado más del 30% lo hace en condiciones informales, número que llega al 38% cuando se trata de asalariadas mujeres.
● Estos informes sólo se refieren a mujeres y varones, ya que el Estado no ha publicado información actualizada sobre la población trans-travesti, a pesar de los reclamos y demandas del colectivo acerca de la falta de oportunidades y las vulneraciones a las que se exponen por ello.
● Sólo tres de cada diez jefes o directores son mujeres, y bajo la metáfora del «techo de cristal» se ilustran estas barreras cada vez más visibles que alejan a las mujeres de los cargos de mayor jerarquía.
Las iniciativas de Alberto
Es menester reconocer que el gobierno actual incluyó la agenda de los feminismos como una de las prioridades de su gestión. Pararse sobre ciertas bases ideológicas que sustentan las luchas emancipatorias del movimiento son gestos que dan cuenta del camino a seguir. Sin embargo, en el terreno de lo práctico, hasta el momento, sólo se perciben acciones de tinte culturales festejables, pero insuficientes. Es indiscutible el atendimiento y recomposición de la macroeconomía, en primer lugar, para luego efectuar inversiones necesarias que se traduzcan en políticas públicas de carácter urgente destinadas a revertir las condiciones materiales y simbólicas de las demandas sociales de géneros.
La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades es sin duda la institucionalización de la lucha colectiva de años y el claro ejemplo de la iniciativa gubernamental. En tanto, ello fue y es posible gracias al ejercicio militante y persistentes de miles de compañeres que demandaron la necesidad de contar con un organismo que atienda las vicisitudes que atravesamos las mujeres y disidencias en el andar social, cultural, político y económico. Cuestiones que aún no se vislumbran con claridad debido que hasta el momento sólo hemos visto espacios de reflexión cultural y no mucho más.
Una medida loable de destacar es la puesta en marcha de la Ley Micaela que obliga a los organismos del Estado a capacitar a sus agentes en materia de géneros para que puedan prevenir cualquier tipo de violencia en o desde el sector público. Esta normativa apunta a la formación conjunta de los altos cargos del Ejecutivo, el poder Legislativo y Judicial como así también a la firma de convenios con municipios y provincias como el caso de Entre Ríos para su implementación. La disposición política para participar y aplicar estas capacitaciones es sumamente memorable luego de años de desfinanciamiento de las pocas políticas públicas existentes en la materia de prevención de las violencias. La tarea y el desafío es ahora los trabajadores y trabajadoras de las instituciones públicas, puedan llevar a la práctica una administración inclusiva libre de violencias en y desde el sector. En el mismo sentido podríamos mencionar la coordinación con el ministerio de Cultura para promover discusiones y debates en el Centro Cultural Kirchner. Se trata de una reivindicación y la generación de espacios de formación, reflexión y disfrute.
En su discurso de apertura de las Sesiones Legislativas 2020, el presidente informó que presentará un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto, deberá no sólo legalizarse sino también regularse, para que los cuerpos gestantes que deseen realizarse un aborto puedan contar con el sistema de salud, sin diferencia de clases ni recursos. Asítambién, vale destacar el anuncio del Plan de los 1000 días, para garantizar  la atención y cuidado de las mujeres embarazadas y de sus hijos en los primeros años de vida.Seguramente en respuesta a las demandas de los sectores antiderechos no tan conservadores.
Fernández mencionó también las intenciones de adherir al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso laboral que amplía las herramientas legales a favor de las víctimas para tratar estas situaciones.
Por qué paramos
Habiendo descripto a grandes rasgos un panorama de los números y dificultades de las cuales partimos, vale las líneas mencionar que en la medida que la economía se pueda poner en marcha, esperemos que así sea, será fundamental pensar un sistema jubilatorio más justo, una política de vivienda más accesible, salarios más reales y un acceso a la salud más efectivo.
La deuda es con nosotras y nosotres, las trabajadoras, porque las desigualdades son medibles y forman parte de nuestra realidad. Es con nosotras porque en este país tenemos presas políticas; también porque la justicia detiene arbitrariamente y falla de manera estereotipada. La deuda es con nosotres porque los femicidios y transfemicidios no cesan y suman en marzo, más pérdidas que días. La deuda es literal y es simbólica y en ambos terrenos será necesario construir el camino para saldarla porque mientras eso no pase, nuestros derechos a vivir, comer, amar y disfrutar en libertad, están hipotecados. Por eso, este 9 de marzo nos movilizamos para pedir la restitución y la ampliación de derechos que se nos adeuda y se nos pagará tarde o temprano.

“Queremos que se oiga nuestra voz fuerte y clara como sujetas políticas”
Entrevista a Viviana Benítez, integrante de la subsecretaría de Género de Mujeres Gráficas y referente de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores de la C.G.T.
Por Josefina Figueroa
Viviana Benítez  es delegada del taller Avi Gráfica  y Diseños SRL, secretaria de Acción Social y Turismo de la Federación Gráfica Bonaerense y una de las integrantes de la Sub Secretaria de Género de Mujeres Gráficas. Como una de las referentes de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, habló de la importancia de la construcción del espacio para la incorporación de una perspectiva de género y del rol de los sindicatos en un gobierno popular.
Agencia Paco Urondo: ¿Qué balance hace de estos años de construcción de Mujeres Sindicalistas, cómo ha impactado en las bases?
Viviana Benítez: El balance resulta altamente positivo, hemos logrado construir una identidad propia. Somos hacedoras de un modo de ejercer política, alejado de los estereotipos patriarcales, basándonos en la sororidad y la solidaridad entre las compañeras que conformamos el espacio, nuestra referenta la compañera Vanesa Siley (secretaria General de FE.SITRAJU y del sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA y diputada Nacional)  desde la conducción  propicia los espacios de debate y la pluralidad de voces. Mujeres Sindicalistas fue parida y creció alimentándose en el intercambio de ideas, abordamos los temas que nos interpelan desde una mirada crítica, federal y democrática.
APU: ¿La instancia está compuesta por representantes de todos los sindicatos nucleados en la Corriente?
V.B: Inicialmente estuvo conformado por mujeres  integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores CGT, paulatinamente fuimos trabajando en la unidad con centrales hermanas y compañeras del campo de la economía popular.
APU: ¿Cuáles son las demandas más urgentes y no tanto de las mujeres organizadas dentro de la corriente?
V.B: Las demandas pueden variar dependiendo de los distintos espacios que conformamos este colectivo. Unidas y hermanadas como mujeres y trabajadoras defendemos las reivindicaciones que nos atraviesan a todas por igual (desigualdad y exclusión en el mundo laboral por cuestión género, prioridad en la agenda pública de las políticas de cuidados, Ley Micaela, Moratoria previsional) analizamos, discutimos y consensuamos sin mezquindades ni protagonismos, no perdemos de vista el objetivo prioritario: la construcción de un feminismo para todes  y confiamos  en que el único camino para alcanzarlo es con justicia social.
APU: ¿Este 9 marchan? ¿Bajo qué consigna?
V.B: Al igual que años anteriores nos sumamos a la jornada de lucha y visibilización de nuestras demandas. A las consignas de años anteriores- Trabajadoras Somos Todas, Vivas Libres y Desendeudadas Nos Queremos- sumamos la de este año “La deuda es con Nosotras” desde nuestro espacio es levantada y resignificada, es necesario reflexionar acerca de que, a nosotras, a nosotres, también históricamente se nos debe. Se nos adeuda una vida con igualdad de oportunidades en donde sea posible desarrollarnos en todos los ámbitos de la misma con plenitud y dignidad. Asimismo -y en este contexto que atraviesa el país- queremos que se oiga nuestra voz fuerte y clara como sujetas políticas, para que en consonancia con lo enunciado por la compañera vicepresidenta Cristina Fernández se plantee un “Nunca Más” a la deuda.
APU: ¿Cómo manejan el tema diversidades dentro del/ los sindicatos y de la organización autodenominada “Mujeres”?
V.B: Lo manejamos con la seriedad y respeto que nos merece un tema tan trascendente como complejo. Es necesaria la formación constante para abordar las distintas identidades de géneros por eso que participamos activamente en el espacio que inauguró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (a cargo de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta) en el museo del Bicentenario, con el propósito de promover dos ejes centrales: el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y el colectivo LGTTTBI+ y la promoción de políticas integrales de cuidado con perspectiva de géneros.
APU: ¿Qué rol deberían tener los sindicatos en un gobierno popular?
V.B: El rol de los sindicatos es fundamental ya que las organizaciones actúan como articuladoras entre el estado y los trabajadores. La reactivación de la actividad productiva es con todos y todas, con el campo y con la industria y definitivamente con el movimiento obrero acompañando.
APU: Se reunieron con funcionarias y funcionarios del gobierno nacional y provincial. ¿Qué balance hace de las políticas impulsadas hasta el momento?
V.B: Hasta el momento tanto el gobierno nacional como el provincial se han mostrado muy receptivos a escuchar e interpretar las demandas de los distintos sectores del campo nacional y popular. Las diferentes decisiones que han tomado (Proyecto de Ley de I.V.E , Investigación del Banco Central sobre la deuda, E.S.I  Y Prevención del Embarazo no deseado, Ley de Capitales Alternativas, Ley de Desarrollo de Hidrocarburos y Minerias, Plan Nacional De Lectura, etc. ) hablan de un modo de hacer política federal, soberano y con el pueblo como protagonista. Se persigue la justicia social, la ampliación de derechos por lo tanto nosotras como mujeres, trabajadoras y sindicalistas vamos a seguir acompañando en cada oportunidad que se nos convoque.
APU: Claudia Lázzaro será la próxima directora de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Políticas de Cuidado. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Cuáles son los proyectos?
V.B: Claudia es una gran compañera y militante, por lo tanto, nos sentimos orgullosamente representadas con su designación, en su voz esta la nuestra en su lucha nuestras banderas.
Desde nuestro espacio trabajamos con propuestas concretas, nuestras reivindicaciones no quedan en bellos enunciados, vacíos de contenido y adornados con palabras grandilocuentes. Como complemento de los Encuentros que organizamos anualmente, ámbitos federales legítimos de reflexión e intercambio, hemos presentado proyectos de Ley con estrategias destinadas a que se atiendan y reconozcan nuestras reivindicaciones. Pretendemos que el Estado se convierta en garante de derechos y regulador de las relaciones sociales para alcanzar así un justo equilibrio. Nuestra última intervención en este sentido fue el proyecto de Ley de Equidad de Géneros e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo.