Llegamos a este 7 de agosto en un contexto muy distinto al que atravesaron las anteriores movilizaciones. A pesar de no poder estar en la calle, las organizaciones populares continúan visibilizando sus actividades para poner sus demandas en la agenda del nuevo gobierno. Ahora bien, ¿en qué escenario tiene lugar esta fecha tan significativa para los y las trabajadoras de la economía popular? ¿Qué situación atraviesa el sector en el marco de la pandemia del COVID 19?-
Por Magdalena Tóffoli* y Laureano Gonzalez**
LEA TAMBIEN: Entre la fe y la lucha: las marchas de San Cayetano y las reivindicaciones de la Economía Popular...por Laureano Gonzalez** En los últimos años, las organizaciones de la Economía Popular se consolidaron como un actor central en la política argentina, no solo a partir de un contundente proceso de consolidación organizativa sino también a través de una paciente gestación de unidad para resistir con más fuerza las políticas regresivas del gobierno de Cambiemos. Esta economía sin patrón, de cooperativas y emprendimientos productivos integrados por quienes tuvieron que salir a inventarse su propio trabajo, cobró una gran visibilidad en la realidad política argentina aquel 7 de agosto de 2016. El retroceso económico y social que significó el macrismo para el conjunto de la clase trabajadora corrió el eje de las reivindicaciones de la economía popular hacia un plano más defensivo, cada vez más limitado a garantizar la subsistencia y aplacar el impacto de la crisis que a avanzar en la conquista de derechos laborales básicos.
El 2020 encontraba a las organizaciones unificadas en la UTEP (Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular) y como un interlocutor central en el nuevo escenario político argentino. El gobierno recientemente electo ya había dado algunos guiños a la organización y desde la UTEP se dejaba entrever la expectativa de una etapa auspiciosa para el sector. Pero la llegada del COVID-19 cambió todo. Toda especulación y previsión sobre lo que depararía este año fueron desbaratadas por la pandemia. Este imprevisto se tornó en una prueba de fuego para la gestión entrante. El anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como reacción rápida para evitar la expansión del contagio y fortalecer el sistema de salud, tuvo como contrapartida un inevitable parate de amplios sectores de la economía, algo que impactó en la realidad de las clases trabajadoras.
“Cuarentena en el barrio” y desigualdades preexistentes
Los problemas que ya venían presentando los sectores populares para resolver aspectos básicos de la subsistencia, se profundizaron en pleno contexto pandémico. Tal como vienen expresando las voces de las organizaciones populares desde que comenzó la etapa de aislamiento, la pandemia evidenció un estado de cosas preexistente y alarmante, por no decir profundamente desigual. Así lo deja de manifiesto la imposibilidad material de “cumplir la cuarentena” en los barrios populares, cuando lo que hay es la falta: de servicios básicos, de espacios que permitan el distanciamiento social, de trabajo cuando se depende de la changa diaria. Fue esa desigualdad la que se llevó la vida de Ramona Medina, la referenta del barrio Carlos Mugica que venía denunciando con contundencia el abandono estatal desde principios de la pandemia.
Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, de avances y retrocesos de fases, las consignas históricas de la economía popular nucleadas en las 3T -Tierra, Techo y Trabajo- resuenan cada vez más fuerte como ejes fundamentales de una sociedad más justa, en un contexto que devela todas las injusticias al mismo tiempo. La respuesta que tuvo el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una muestra más de ello: superó los cálculos del gobierno, casi cuadruplicando las solicitudes previstas. A su vez, esta política no incluyó a sectores de la población que perciben Salario Social Complementario (SSC) y otros programas sociales, es decir, el grueso de la Economía Popular, por lo que las organizaciones negociaron con el Ministerio de Desarrollo Social la implementación de un bono de tres mil pesos y plantearon la necesidad de aumentar el monto del SSC. En conjunto, esta serie de medidas dan cuenta de una realidad que hasta el momento no había sido visualizada con tanta claridad por parte del Estado.
En definitiva, lo que dejó en evidencia este contexto es que la economía informal y la economía popular no pueden seguir postergadas en la agenda de la gestión estatal ni confinada a la espera incierta del empleo formal, menos aún para un gobierno que busca atender las desigualdades y las brechas cada vez más amplias al interior de las clases populares en Argentina.
La economía popular en tiempos pandémicos
Con el desembarco de la pandemia, se logró poner en evidencia el papel que ya venía desempeñando el trabajo de la economía popular previamente. El rótulo de “esencial” que asumieron muchas de las actividades laborales vinculadas a la economía popular supuso reconocer una fuerte trama organizativa y de resolución de necesidades cotidianas que da cuenta de la potencia de la productividad social frente a la productividad económica que solo sabe de especulaciones de precios, desabastecimiento y otras yerbas. La llegada de la ayuda estatal a los barrios populares no hubiera sido posible sin el reconocimiento de las organizaciones como interlocutoras legítimas de esos espacios, y sin los saberes comunitarios construidos por quienes viven, trabajan y se organizan en los territorios.
Las organizaciones hoy se encuentran cumpliendo un rol fundamental en la implementación de políticas de cuidado y de salud, a través de mantenimiento de los comedores y cooperativas dedicadas a la producción de recursos sanitarios. De ahí la demanda por la Ley Ramona, que bajo el lema “somos esenciales” propone el reconocimiento del trabajo sociocomunitario garantizado mayoritariamente por las mujeres trabajadoras de la economía popular.
La pospandemia como contexto de oportunidad
En este contexto, llegamos a un nuevo 7 de agosto, donde no habrá peregrinación, donde la marcha, el recurso por excelencia de los movimientos populares, no es una opción. No obstante, la economía popular seguirá siendo la gran protagonista de esta fecha, tejiendo redes de solidaridad y cuidado, visibilizando su trabajo territorial en un contexto donde se reactualiza la disputa por los recursos y el reconocimiento simbólico y material que reclama el sector.
Así como la pandemia agudizó problemas preexistentes del sector de la economía popular, esta es una oportunidad histórica para avanzar en respuestas integrales. Para ello se torna necesario trascender la transferencia de ingresos al sector -un punto de partida sumamente necesario- para pasar a materializar la construcción de  una infraestructura estatal y popular que permita garantizar derechos. Las respuestas para avanzar en este sentido deben buscarse en el cumplimiento efectivo de la agenda de los movimientos populares, plasmada primero en las 3T y luego en las “seis leyes de la economía popular” -Emergencia Alimentaria y Urbanización de Barrios Populares (ya en vigencia), Infraestructura Social, Agricultura Familiar, Ley de Adicciones, Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres-. Será preciso entonces generar un diálogo genuino entre las instituciones estatales y populares, capaz de recuperar y legitimar los saberes que hoy están dando respuesta a la emergencia (y algo de esto empezó a verse con la inserción de referentes/as populares en ámbitos estratégicos del Estado) pero que se volverán esenciales para afrontar la nueva normalidad.
Será fundamental en la Argentina pospandémica que la realidad de la EP sea definitivamente reconocida por el conjunto de actores políticos y sociales. Solo así será posible concretar un proyecto de país con todos/as adentro.
*Militante, socióloga (UNLP) y becaria doctoral de CONICET
**Sociólogo (UNLP) y becario doctoral de CONICET

Entre la fe y la lucha: las marchas de San Cayetano y las reivindicaciones de la Economía Popular

Desde 2016, cada 7 de agosto, distintas organizaciones, marchan de la Parroquia de San Cayetano a Plaza de Mayo con sus consignas y demandas. Este año será diferente, la situación sanitaria no permitirá ese encuentro masivo en la calle. Acercándonos a este 7 de agosto tan particular, realizamos un recorrido de las marchas precedentes para mirar en perspectiva lo que significó este evento en la política argentina.
Por Laureano Gonzalez*
Todos los 7 de cada mes y en particular cada 7 de agosto, miles de devotos y devotas se dirigen al santuario de San Cayetano, Patrono del Pan y el Trabajo en Liniers. Tras varias horas de espera, llegan a sus pies para pedir trabajo o agradecerlo. En determinados contextos, la festividad excedió la centralidad religiosa para convertirse en escenario de reclamos por parte de organizaciones políticas y sindicales.
El primer antecedente se dio el 7 de noviembre de 1981 cuando Saúl Ubaldini, referente de la CGT Brasil, convocó a una de las primeras movilizaciones fuertes contra el gobierno dictatorial y sus políticas regresivas y represivas, desde la cancha de Vélez Sarsfield a la Parroquia bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo”. La marcha fue reprimida, pero la violencia no logró contener la incipiente movilización social, que de allí en adelante fue en aumento. Así, San Cayetano se impregnaba en la memoria colectiva del movimiento obrero.
La marcha de San Cayetano 2016
En el año 2016, 35 años después de la convocatoria de Ubaldini, trabajadores/as y militantes llegaban con sus bombos y sus banderas a la Parroquia de San Cayetano. A la cabeza de la columna se ubicaba una gran Virgen de Luján que guiaría a esos/as peregrinos/as a su destino, la Plaza de Mayo. Bajo el lema de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, sintetizando la consigna popularizada por el Papa Francisco y la memoria histórica del movimiento obrero, la marcha oficiaba de escenario para el encuentro entre diversos actores políticos y sociales, en un contexto que mostraba un empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.
Las organizaciones convocantes, entre ellas la Confederación de los/as Trabajadores/as de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Barrios de Pie, luego denominadas mediáticamente como Los Cayetanos, buscaban visibilizar las demandas de la Economía Popular, a través de esta festividad religiosa. Su objetivo era la sanción de la Ley de Emergencia Social y la figura del santo del trabajo daba el respaldo necesario para reclamar la intervención del Estado en este sector que no contaba (y aún no cuenta) con las políticas necesarias para dignificar su actividad. Esta ley contemplaba la creación del Salario Social Complementario, el aumento de las asignaciones, la creación de un millón de puestos de trabajo, del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), con el correspondiente financiamiento de esas instituciones.
La masividad de la marcha y el fuerte acompañamiento, impulsó la sanción de la Ley, a la vez que posicionaba a estas organizaciones como un interlocutor ineludible para el nuevo gobierno y para la política argentina en su conjunto.
La persistencia cayetana: sus demandas y las coyunturas políticas
Los años siguientes la marcha siguió realizándose por nuevas demandas del sector. La marcha del 2017 se realizaba en pleno año electoral: los cayetanos salían a reafirmar sus reclamos mientras la política miraba encuestas. Exigían la plena implementación de la Emergencia Social y la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, buscando garantizar recursos para comedores y merenderos, que volvían a poblarse después de muchos años. La novedad era la participación oficial de la CGT, algo que siguió repitiéndose los años siguientes.
El fatídico 2018 encontraba al gobierno firmando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este contexto, los cayetanos convocaban a Liniers bajo la misma consigna de siempre, adosándole un contundente “No al FMI, explicitando el rechazo unánime a este acuerdo que no mostraba luz al final del túnel para los sectores populares ni para la soberanía argentina. A su vez, exigían el tratamiento de las leyes de Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones. La marcha se realizó un día antes de la votación en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, discusión que atravesaba a la sociedad entera, y las organizaciones no eran la excepción. En medio de la marcha podían verse pañuelos verdes y celestes, y no faltó ocasión para que se realizaran intervenciones y pañuelazos en diversas columnas. A pesar de las posturas dispares sobre este debate, la marcha se realizó sin conflictos, sin opacar la unidad centrada en las demandas de la Economía Popular.
La marcha de 2019 estuvo signada por los impactos de una crisis que ya mostraba sus facetas más cruentas y por la expectativa en torno a la elección presidencial a realizarse cuatro días después. Frente a “la política de exclusión y de hambre del gobierno nacional” las movimientos populares marchaban junto a organizaciones sindicales, bajo el mismo reclamo, políticas para la Economía Popular: la prórroga por 4 años de la Emergencia Social, presupuesto para la aprobada ley de Urbanización de Barrios Populares, sumado a la reiterada demanda por la sanción de la Emergencia Alimentaria, en Adicciones y Violencias de género; y se agregaba la significativa exigencia por participar del Consejo del Salario a la par de los/as trabajadores/as formales. Este evento cerraba un proceso de resistencia al gobierno de Cambiemos y abría una puerta para volver el próximo 7 de agosto en un contexto diferente.
Este año la llegada de la pandemia impedirá la movilización, si en algo más podía ser adverso este contexto, ahora les impide salir a la calle a visibilizar sus reclamos. Habrá jornada con virtualidad y distanciamiento social, pero con el mismo espíritu de siempre. Veremos si alcanza para poner sus demandas en la agenda del nuevo gobierno a la hora de pensar la coyuntura y el día después de la pandemia. Sobra lucha, esperanza y fe.
*Sociólogo (UNLP) y becario doctoral de CONICET