Por Manuela Bares Peralta, Agustín Mina, Diego Moneta

APU Stream, el programa de la Agencia Paco Urondo que sale los sábados de 11:30 a 14 hs por el canal de Youtube de Gelatina dialogó con Diego Morales, director de Litigio del CELS, quien analizó la represión de la manifestación contra la Ley Bases. Agencia Paco Urondo: ¿Encuentran puntos de contacto con la represión durante el debate de la reforma previsional del macrismo en 2017?
Diego Morales: Sí, hay muchos puntos en común con aquellas situaciones del 2017 y, sobre todo, 2018. Recordemos la marcha de Santiago Maldonado o las marchas con relación al presupuesto donde la respuesta de las fuerzas de seguridad fue muy parecida a la que vimos el miércoles. La diferencia es que había una marcha convocada por distintas organizaciones sociales sindicales con mucho tiempo de anticipación, no fue una espontánea sino que estaba planificada. Nos desplazamos durante la jornada por la Plaza de los Dos Congreso y a partir de las 13 horas empiezan las primeras agresiones de las propias fuerzas.
Esto derivó en distintas consecuencias para la vista de algunos diputados y muchas personas tuvieron que ser asistidas en ese momento y después. Cuando la marcha ya estaba dispersada ocurre el episodio con el móvil de Cadena 3, donde se puede identificar a los agresores y podría hacerse un trabajo de reconstrucción pero la respuesta fue la detención de alrededor de 35 personas durante aproximadamente tres o cuatro horas. Algunas fueron en las inmediaciones del Congreso, alrededor de doce de ellas estaban en seguimiento de la justicia federal como parte del operativo de las fuerzas de seguridad federales, y otras fueron detenidas muy lejos, que estuvieron a disposición de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires.
APU: ¿Cuál fue la decisión del fiscal Carlos Stornelli?
DM: El jueves decide coincidir con los comunicados que había dado el día anterior la Casa de Gobierno, a través de la Oficina del Presidente, que no es un organismo formal. Su explicación es que era un golpe de Estado y el fiscal dijo coincidió con esa apreciación, entonces considero que todas las personas detenidas debían estarlo bajo acusaciones muy graves que van desde resistencia a la autoridad, daños, lesiones, incendios y estrago hasta incitación a la violencia e intentar desestabilizar a las instituciones. Se habló de sedición pero no estaba en el listado específico porque ya había incluido como doce delitos.
Consideró que todos estaban conectados y que podría darse un supuesto terrorismo, lo cual es muy grave porque pareciera que es una gran investigación pero después en las pruebas no había nada. Estaban citadas tres notas de diario que reproducían lo que había dicho esa Oficina. El viernes 16 fueron liberados y otros 17 siguen detenidos, no sabemos por qué ya que la explicación que hay en los rechazos de las excarcelaciones no es clara. Dice que detrás hay una investigación importante, que la libertad de ellos puede dar lugar a la eliminación de pruebas, pero no hay un detalle de qué hizo cada uno y cuál es su relación con los grandes hechos que describe el fiscal. Estamos bastante preocupados porque por manifestarse hoy hay personas detenidas.
APU: Más allá de los antecedes, parece que el poder judicial jugó en este caso un mayor papel.
DM: Sí, en aquella manifestación de Santiago Maldonado también se dio la coincidencia de que fue la víspera de un fin de semana largo, por lo tanto se tuvieron que quedar detenidos tres o cuatro días, algunos con temas de salud. La diferencia es ya la predisposición de la justicia, en aquel momento no había dicho que detrás de esto había un grupo terrorista que había cometido tantos delitos como los que se aclaran. Es un comportamiento judicial muy consistente con lo que reclama el Poder Ejecutivo Nacional, al menos del fiscal. La jueza ahora recibe toda esta presión porque el fiscal no hizo su trabajo y es la que tiene que ordenar la información de cada uno de los detenidos. La primera respuesta fue liberar a varios, pero dejar a otros, y esperemos que esto se revierta y que la situación de detención no se extienda de manera prolongada.
APU: Mientras tanto, siguen detenidos sin que haya imágenes de ellos cometiendo delitos.
DM: Sí, ese debiera haber sido el esfuerzo del fiscal. Antes de pedir una detención tratar de elaborar qué hizo cada uno y cuál es la responsabilidad concreta, pero lamentablemente eso no lo tenemos.
APU: De cara al futuro, ¿qué puede esperase en las próximas manifestaciones teniendo en cuenta todos los elementos y declaraciones hasta el momento?
DM: Desde diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un reglamento interno para la actuación de la fuerza de seguridad. Ese protocolo, incluso antes del DNU, fue de las primeras medidas del gobierno. Dice que quién pisa una calle o ruta para manifestarse tiene que ser considerado como un delito y por lo tanto justifica la habilitación de la violencia policial, la dispersión de las protestas o incluso la criminalización de esas manifestaciones. Ya partimos de un contexto normativo bastante delicado para el ejercicio de nuestros derechos y en particular de manifestarnos.
Además el Gobierno Nacional decidió que los costos de los operativos masivos y excedidos en términos numéricos, que generan una amenaza, lo tienen que pagar las organizaciones o los que se manifiestan. De hecho presentaron un escrito ante el fiscal Stornelli para informar el gasto, calculando trece millones por organización que convocó. A su vez, el Senado de la Nación se presentó como querellante. Está interesado en que se impulse esta investigación ya que dicen que su actividad se vio afectada. Es decir, más y más sobre el “no se manifiesten” porque estas son las consecuencias de ejercer ese derecho.
APU: ¿Bajo qué leyes o códigos se apoya el fiscal para levantar esas acusaciones? ¿Qué ocurre, a la larga, cuando más allá de si los liberen o no la causa pierde su estado mediático?
DM: El reglamento de la ministra Patricia Bullrich es inconstitucional. En ningún lado está dicho de esa manera, y mucho menos en el Código Penal, que pisar una calle para manifestarnos es un delito. Al contrario, está asegurado en la Constitución Nacional que el derecho a expresarnos y manifestarnos existe, incluso la protesta social es un derecho y es una cuestión que se viene discutiendo, lamentablemente, hace muchos años en el país. Muchos gobiernos no reconocieron ese derecho.
Por otro lado, el fiscal no cumplió su actividad. Tiene un rol importante que es certificar si una persona puede o no quedar detenida, y ese trabajo no se hizo, por lo tanto es una resolución ilegítima la de Stornelli. Los mecanismos de revisión de esa acusación se han activado. Los abogados defensores han presentado las discusiones y hemos enviado escritos también en la Comisión Interamericana ante los relatores de Naciones Unidas para evidenciar esta situación de irregularidad. La acusación de Stornelli deja muchos huecos y es ilegítima porque no construye una acusación justamente, lo único que hace es transmitir notas periodísticas y transmitir el mensaje de la presidencia, que tiene muchos problemas.
APU: La misma Patricia Bullrich plantea que la diferencia ante otros casos es el avance de la policía sin importar quién estaba enfrente.
DM: Sí, si recordamos las manifestaciones del 31 de enero y el 1 de 2 de febrero, el objetivo de la represión fueron los propios medios de comunicación y los propios periodistas. Hubo numerosos fotoperiodistas detenidos y camarógrafos lesionados. El miércoles en realidad lo que pasó fue que no había diferencias, podían ser diputados, periodistas, manifestantes u organizaciones que estaban llevando adelante un reclamo sin ningún tipo de problema. El trabajador de prensa está haciendo su trabajo y los senadores también están ejerciendo su función.
APU: No sólo este proceso es largo sino que va a haber otras manifestaciones.
DM: Exacto, hay que volver a insistir con que la protesta es un derecho. Parece que el gobierno nacional no lo entiende. El poder judicial tiene un lugar central acá, es la autoridad que puede certificar o descartar las políticas y prácticas que llevan adelante las fuerzas de seguridad. Por eso la importancia de participar en los procesos judiciales y hacerles seguimiento. Es parte del debate que tenemos que dar. La protesta es un derecho y manifestarnos hace al ejercicio de la democracia.
En ese sentido, si ustedes ven, el proceso de deliberación de la Ley Bases tuvo algunos déficits en términos de participación y de a qué organizaciones escucharon. Recién en el Senado se pudo escuchar algunos sectores, pero no a todos. Por ejemplo, organizaciones ambientales e indígenas no fueron escuchadas. Fueron invitadas algunas centrales sindicales, como la CGT y la CTA, pero no hubo una mayor habilitación de participación. Eso hace también a la calidad de la democracia. Poder participar a través de las manifestaciones muestra el interés de llevar ciertos reclamos.
APU: En términos comparativos sobre la protesta social, ¿estamos en el peor momento de los últimos diez años?
DM: Hay una progresión de medidas en contra de la protesta social. En algunos casos, estaba muy identificada o individualizada en algunos sectores, primero los sindicales y en otro momento pasaron a ser las organizaciones sociales. Hoy parece que todo aquel que se manifiesta va a estar en el radio de la prohibición o incluso la posibilidad de la represión y, como pasó el miércoles, las detenciones. Esa es una marca que se lleva esa persona por muchos meses, tal vez por años, sometida a un proceso y eso le genera consecuencias en su vida familiar pero también en su vida económica, en todo lo que hace eso y en la posibilidad de volver a manifestarse. Nosotros estamos planteando el efecto inhibidor que puede generar en la sociedad. No podemos permitir a nivel social que manifestarse sea una actividad riesgosa. Estamos alertando en distintos espacios.
APU: ¿Desde el CELS hay una serie de recomendaciones para las manifestaciones?
DM: Ir acompañados. En general, nosotros tenemos un listado de organizaciones que trabajamos en los contextos de protesta social, ya sea ofreciendo servicios de abogados, espacios para evacuar dudas o consultas, o que puedan recomendarles algunos datos. Ir en grupo para que se pueda registrar alguna situación entre ellos mismos o ir avisándose entre ellos.  No nos olvidemos que muchas de estas personas fueron detenidas lejos del Congreso, ya habían sido dispersados.
Muchas veces las detenciones se dan cuando ya las movilizaciones habían terminado, por ejemplo, el 8M del 2017, donde ocho chicas fueron detenidas a la salida de una pizzería. La posibilidad de coordinar o tener información sobre quiénes participaron en la movilización es muy importante para las propias organizaciones y para quienes colaboramos en esos contextos. No puede ser un riesgo manifestarse. La actividad policial violenta pareciera estar más habilitada en contextos de protesta. Una calificación como resistencia autoridad puede ser cualquier cosa, hay que tener cuidado también en esos aspectos o espacios donde uno ya se alejó del grupo y queda más en situación de riesgo. Muchos de los detenidos, entre liberados y los que quedan, eran estudiantes. Algunos no tenían una afiliación sindical o social, por lo que habían participado por la suya. Otros eran vendedores ambulantes.