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Escrito por Nahuel Placanica y Nicolás Bondarovsky -Paco Urondo para Nuevo País
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Sábado, 02 de Febrero de 2013 00:00 |
Un Material magnífico de la Agencia Paco Urondo para Nuevo País
Se cumplen 4 años de la desaparición del joven. Estuvo detenido en la comisaría 8º de Lomas de Mirador. En este dossier las opiniones de su hermana, Vanesa, y de la abogada del CELS, Eva Asprella.
"La causa de Luciano no fue acompañada masivamente por la sociedad"
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, habla sobre la reciente detención del oficial Julio Diego Torales en la causa por "severidades y vejaciones". "Es un avance mínimo porque en la causa principal no tenemos resultados", subrayó.
Agencia Paco Urondo: Bueno, por fin los medios se hacen eco del caso de tu hermano...
Vanesa Orieta: Sí, afortunadamente se consiguió que los medios tomen esta causa de una forma seria para ayudar a resolver algunas cuestiones, sobre todo protegernos a nosotros que venimos padeciendo desde la denuncia de este caso diferentes amenazas.
APU: ¿Qué pasó en el día de la fecha? ¿Detuvieron a un policía que estaría implicado en la desaparición de Luciano?
VO: Sí, hay un policía preso desde el día de ayer en relación a la causa caratulada como “severidades”. Esta causa comenzó en septiembre de 2008, tiene relación directa con la causa por desaparición de Luciano. Denunciamos que Luciano fue detenido por averiguación de antecedentes, trasladado al destacamento de Lomas del Mirador, un lugar sin instalaciones para detenidos asi que estuvo en una cocina en forma ilegal y arbitraria. En ese entonces él era menor de edad, lo que se suma al resto de las ilegalidades. En esa cocina, Luciano fue golpeado en presencia de mi mamá y mía, nosotros escuchábamos como Luciano gritaba y nos pedía por favor que lo saquemos de ese lugar.
La detención de este policía es un avance mínimo porque en la causa principal todavía no tenemos grandes resultados, los ocho policías siguen trabajando en funciones en otras comisarías. Además, esta causa sigue figurando como averiguación de paradero y en la causa los policías figuran como testigos.
APU: ¿Cómo puede ser que siga figurando como averiguación de paradero?
VO: Es lo que venimos hablando con todos, es una causa que le tuvimos que poner mucho corazón, tuvimos que aprender a organizarnos, salir a la lucha, pasar la barrera del miedo, enfrentarnos a grandes poderes al menos para hacerlo visible.
La Justicia con la fiscal, que un primer momento, no puso a investigar a la policía sino todo lo contrario, derivo la investigación en la fuerza que nosotros denunciábamos. Hoy seguimos hablando de averiguación de paradero porque no se pudieron recabar mayores datos, aunque tenemos datos concretos en la causa, pero se podrían haber juntado más. Durante los 45 días que la fiscal Roxana Castelli tuvo la causa se perdieron pruebas fundamentales, fue cómplice de los ocho policías que desaparecieron a Luciano y el poder político también ayudó ya que en ningún momento acompañó el proceso judicial ni a la familia.
La verdadera problemática es qué ocurre con la policía. Genera más inseguridad cooptando pibes para ir a robar que cuando se niegan los matan.
APU: Hacías hincapié en el accionar del gobierno provincial, lo señalas directamente como cómplice..
VO: El gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, no han hecho absolutamente nada a cuatro años de la desaparición de mi hermano y para nosotros son responsables del hecho y cómplices de que no avance la causa.
APU: ¿Qué te sorprendió más en estos cuatro años de lucha?
VO: A esta altura me sorprendería si algún funcionario hiciera algo. Ya no me sorprende nada, cuando comenzó la causa de mi hermano ya tenía una visión crítica de los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, así que cuando salimos a la lucha no esperamos más que lo que nos dieron, nada.
APU: ¿Qué importancia y qué rol le asignas a la movilización popular y a la sociedad en todo esto?
VO: La causa de mi hermano no fue una causa acompañada masivamente por la sociedad, tuvimos el acompañamiento por los que conocemos que trabajan en los barrios y sufren la violencia institucional, pero hay sectores de la sociedad, incluso los más concientizados, que no terminan de comprometerse con la causa de los más pobres, que terminan naturalizando algunas cuestiones que son graves. Muchos saben que la policía se maneja de determinada forma o ejercen abuso de poder pero no salen a reclamar por una causa como la de mi hermano.
Con Pablo Ferreyra hemos hablado en su momento, de lo fundamental que es que la sociedad acompañe este tipo de causa. Cuando Mariano Ferreyra muere todos los sectores sociales salieron a la calle, cuando Luciano desapareció no pasó y ahora pasa cada año porque nosotros aumentamos la organización y la lucha. Tenemos que pelear día a día con la sociedad, que incluso en los sectores más concientizados, carga con alguna discriminación. No se termina de entender que en los barrios pobres la desaparición, la tortura y la muerte es moneda corriente. El día en que la sociedad se ponga a la par de los más pobres en lo que respecta a todo (vivienda digna, trabajo digno, de poder llevarle al plato de comida a tus pibes todos los días), ahí cambiaremos las cosas.
APU: ¿Cómo continúa la lucha?
VO: Por lo pronto con una actividad el 26 de enero desde la 14hs hasta la noche. Vamos a estar recordando cuatro años de la desaparición de Luciano y le proponemos a la gente poner el cuerpo en diferentes actividades como participar de una charla, escuchar una banda, traer a los chicos a los talleres que vamos a hacer, etc. Esto va a ser en Lomas del Mirador, en las avenidas San Martín y Mosconi, partido de La Matanza.
Desde la apertura de la democracia hasta estos días más de 3700 pibes murieron por la problemática del gatillo fácil y son más de 197 las personas desaparecidas. Tenemos una cuestión pendiente y no podemos esperar más, la memoria debe ser activa y tenemos que luchar por los derechos humanos todos los días.
"Si van a un barrio humilde, van a encontrar episodios similares al de Luciano"
AGENCIA PACO URONDO charló con Vanesa Orieta, la hermana del chico desaparecido hace 4 años. "Lamentablemente el poder político hace oídos sordos a esta problemática", sostuvo.
APU (Por Juan Ciucci): Luciano Arruga está desaparecido hace 4 años. Ayer brindaron una conferencia de prensa donde contaron lo que está pasando con la causa. En principio queríamos que nos cuentes de qué se trató la presentación y qué es lo que le están pidiendo ahora a la justicia.
Vanesa Arruga: Lo que le pedimos a la justicia unos días atrás y ayer se lo comunicamos a los periodistas que se acercaron a la conferencia de prensa es, por un lado, el pedido de federalización de la causa. Tenemos que esperar una respuesta por supuesto pero se estuvo trabajando en ese documento donde se puntualiza claramente por qué se está pidiendo la federalización de la causa. Para nosotros significa que salga de la Justicia Provincial, lamentablemente hoy por hoy la causa se encuentra en el partido de la Matanza, en la Unidad Fiscal Nº 1 a cargo de Celia Cejas, sin avances que nosotros consideramos importantes.
La causa no se está moviendo, no se está buscando a Luciano, no se está buscando ningún tipo de datos que pueda acercarnos a Luciano. Esto a la familia nos alarma a los abogados también así que por eso todos pensamos que sería más conveniente pasarlo a instancias federal y de este modo pedir el cambio de carátula que hoy figura como averiguación de paradero. Que pase a una carátula de desaparición forzada, que se investigue la responsabilidad policial en la desaparición de mi hermano.
Creemos que de este modo la justicia puede llegar a tener un mayor acompañamiento del poder político. Que puede llegar a tener los elementos que necesita para poder investigar una causa de esta magnitud, así que vamos a esperar a que nos respondan y de ahí en más empezar a trabajar. Por otro lado, también se anunció lo que será un juri de enjuiciamiento a la primer Fiscal que trabajó la causa de mi hermano, la Fiscal Roxana Castelli, de la Unidad fiscal Nº 7.
Ella sigue trabajando, está en funciones actualmente. Durante los primeros 45 días que trabajó la causa de mi hermano su rol fue fundamental, en el sentido de que en ese momento nosotros denunciábamos a la Policía Bonaerense como responsable de la desaparición de Luciano. Esta mujer lo que hizo fue, darle la investigación a la misma policía que nosotros estábamos denunciando.
Eso ocasionó que la policía esos 45 días ocultara pruebas, desviara la investigación, presionar a la familia con las declaraciones, se presionaba a los amigos, se investigaba a la misma víctima, Luciano. Nosotros creemos que esta mujer no tiene que trabajar más, que hace mucho mal a otras familias que pueden llegar a pasar la misma situación, como funcionaria ha desempeñado muy mal su función. También se denunció al Gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, se denunció al Ministro de Justicia, Ricardo Casal y al Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto ¿Por qué? Porque nosotros en agosto del 2012 después de tres años de desaparecido Luciano tuvimos la posibilidad de reunirnos con el Gobernador. En esa oportunidad le pedimos que tuviera presencia en esa causa, que por favor se pusieran al tanto de la situación de la causa y desplazara a los 8 policías responsables de la desaparición de Luciano, que siguen trabajando en funciones. Estas cosas no se han cumplido, esto se volvió a reiterar en la conferencia de prensa, porque siguen trabajando y son los principales sospechosos.
Por último se mencionó el espacio para la memoria que es en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Este destacamento hemos logrado cerrarlo con la organización de lucha de los familiares, los amigos y los Organismos de Derechos Humanos. En ese lugar queremos trabajar la memoria activa, defender los derechos humanos de los que hoy sufren las violaciones a sus derechos que son los jóvenes de los barrios más pobres.
Hoy el Municipio de la Matanza quiere utilizar ese espacio como una repartición municipal. Al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se le pidió acompañamiento para que esto no suceda y que sea la familia quién emprenda un trabajo en este espacio y nada de eso está cumplido.
APU: ¿Cómo explica la justicia que no se haya cambiado todavía la carátula? ¿Cómo puede ser que todavía sea "averiguación de paradero"?
VA: La justicia, lo que siempre nos manifestó es que en un momento había que seguir investigando con nuevas hipótesis. Te puedo dar mi punto de vista como familia, quizás lo explique mejor un abogado, en realidad no vimos avances en relación a otras hipótesis de investigación, lo que nos hace pensar muy mal acerca de la justicia. Si la realidad era que no se cambiaba la carátula o no se procesaba a 8 policías, porque los elementos que había en la causa no eran los suficientes, esto es que no se ha trabajado por un lado, para conseguir nuevos elementos pero tampoco se ha avanzado para investigar esas otras hipótesis que según la justicia había que investigar.
Para mí fue una causa que durante 4 años por algún motivo no se ha trabajado, eso queda a especulación de cada uno de nosotros. Creo que tiene que ver con una falta de interés político, con una falta de acompañamiento. Es una causa que necesita ir acompañada del poder político, porque en esta causa se necesitan elementos de investigación que por supuesto la justicia no tiene al alcance de su mano. Esto se maneja de una forma muy burocrática y en una causa donde hay un desaparecido no puede existir la burocracia, ni intereses partidarios, ni especular con que un desaparecido ocasione una crisis política.
Estas cosas deberían quedar de lado y ponerse a disposición de la justicia, esto no existió. Con esto no quiero decir que la justicia haya cumplido un rol bueno y que hayan quedado solos en esto, cada uno tiene su culpa. Pienso que acá falta apoyo de muchos lados y la verdad que es una causa muy difícil de investigar, la justicia no lo hizo pero tampoco existió ese acompañamiento.
APU: ¿Sentís que desde el Estado no se le ha dado la trascendencia que ha tenido la causa?
VA: Sí, tal cual. Cuando se investiga la desaparición de una persona, no se está investigando el hecho que ocurrió en el mismo momento de la desaparición de la persona, la persona desaparece porque hay un cúmulo de antecedentes violentos que hacen a que esa desaparición tenga que darse. Luciano termina desaparecido porque se niega a ir a robar para la policía y esto es un dato anterior como lo son todas sus detenciones en las que fue golpeado. Éste es un dato que consta en la causa, son datos que podría manejar tanto el poder judicial como el poder político para dar soluciones concretas, por ejemplo, empezar a investigar a los policías que ese día tuvieron participación en la desaparición de Luciano, qué pasó con esa policía con anterioridad, qué relación tenían con Luciano, cómo se manejaban con él.
Todo esto consta en la causa, la familia puede dar datos sobre lo que ocurrió con anterioridad a la desaparición de Luciano. No se nos han acercado los funcionarios para darnos un acompañamiento, no se han acercado a la unidad fiscal para ponerse al tanto de la causa y esto tiene que ver con un acompañamiento por parte del Estado. A las que nos toca vivir esta situación, somos familias humildes y en una causa como esta se necesitan peritos, elementos costosos para una familia como nosotros y el Estado tendría que estar muy presente para proporcionarlos, más aún cuando este es un Estado que, supuestamente, está tan comprometido con los DD.HH., de los que escuchamos hablar todo el tiempo.
Evidentemente, el Estado está comprometido con una parte de quienes pelean por los DD.HH. pero no con la sociedad en su conjunto. No está comprometido con las problemáticas actuales que tienen que ver, también, con las políticas de este Estado, por ejemplo, las de seguridad.
APU: Me interesó lo que comentabas ayer en la conferencia sobre esta relación entre pedir más seguridad y que sean los pibes pobres los que sufren esas medidas.
VA: Claro, y cuando vemos en los medios de comunicación un grupo minúsculo de personas que pide mano dura, cárcel, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Por ejemplo el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, se hace eco de estos pedidos. Él pidió la baja de la edad de imputabilidad, él que genera políticas de seguridad cuando podría generar políticas sociales que serían más convenientes para un barrio humilde. ¿Qué quiere decir esto? Que los barrios pobres son controlados por diferentes fuerzas policiales, cámaras de seguridad, en fin, una cantidad de elementos que hacen a la seguridad de un sector acomodado de la sociedad y eso, en los barrios, significa la muerte de pibes pobres porque la realidad no es sólo la que le tocó vivir a mi hermano. Ustedes van a un barrio humilde a tomar datos de cómo se manejan los jóvenes pobres con la policía y van a encontrar episodios similares al de Luciano, la persecución, el intento de que empiecen a participar en algún tipo de actividad para la policía y si no, detenciones sistemáticas, golpizas en comisarías.
Esto se da sistemáticamente y está muy naturalizado, estamos hablando de un problema muy grave. Lamentablemente el poder político hace oídos sordos a esta problemática porque es alarmar a las personas y si todos se enteraran de la situación que se vive en un barrio y cómo la policía se maneja en las comisarías empezaríamos a alarmarnos.
APU: En ese sentido, ¿ves que pueda haber alguna solución próxima o creés que no hay voluntad política para que eso se modifique?
VA: No creo en la voluntad política. Es claro como lo decía ayer el presidente de la APDH de La Matanza: los DD.HH. se respetan o se violan y eso está claro. Hoy los que sufren la violación de sus derechos son los jóvenes de los barrios pobres y nadie puede discutir esto porque es una realidad concreta y otro de los puntos que nos alarma es que nadie está haciendo algo para que esa realidad cambie. ¿Cómo se comenzaría al menos a aliviar estos temas de represión y tortura que se viven en los barrios? Haciendo visible esta problemática, que los funcionarios con altos cargos empiecen a hablar de que estos hechos ocurren, que empiecen a generar más políticas de contención y no tantas de seguridad, que empiecen a acompañar a las familias en los procesos judiciales pero creo, por sobre todas las cosas, que esto es largo y que el caso de Luciano está marcando un camino en ese sentido. Si bien la familia no va a tener justicia por Luciano, no va a lograr el objetivo de encontrarlo, va a ser un antecedente para que otros familiares entiendan cómo tiene que ser esta lucha, que este es un camino largo, pesado, un camino que te mata porque no obtenés resultados concretos y queremos que la sociedad entienda que las familias no pueden perder cuatro años de sus vidas para lograr sólo migajas en términos de justicia o de reconocimiento político. Le llamamos la atención también a la sociedad, queremos que empiece a comprometerse. Que sea una sociedad que se alarme por un caso de violación de DD.HH. en cualquier instancia social y no solamente cuando les toca padecerlo a alguien de las clases acomodadas. Que se alarme y salga a la plaza a gritar y a pedir justicia cuando le toca sufrir a un pibe pobre.
"Roxana Castelli no puede ser más fiscal de la Provincia"
AGENCIA PACO URONDO charló con Eva Asprella, abogada del CELS que sigue la causa de Luciano Arruga.
AGENCIA PACO URONDO: El 31 de enero se cumplen 4 años de la desaparición de Luciano Arruga.
Eva Asprella: Si, el 31 a la madrugada se cumplen 4 años.
APU: Queríamos reflexionar un poco sobre el estado de la causa de Luciano.
EA: En la actualidad, la causa ha tenido ciertos avances a partir del impulso que desde el primer día le viene dando la familia, después con la APDH de La Matanza y más tarde nos sumamos nosotros como organismo de DD.HH. a formar parte como querellantes en esa causa judicial. En todos esos momentos, los impulsos partieron de las partes y hoy en día sigue pasando lo mismo porque la última novedad es que el juez provincial dictó la federalización de la causa, entendiendo que lo que se debe investigar es el delito de desaparición forzada, es decir, que él entiende que Luciano está desaparecido porque lo hicieron desaparecer las fuerzas policiales o hay connivencia de las fuerzas policiales en su desaparición.
APU: ¿Cuál era la carátula anterior?
EA: Estaba como “averiguación de paradero”, perdida en las aguas calmas del Poder Judicial porque no hubo imputados, no se estaba llevando una línea de investigación clara, cada uno de los avances o de las medidas probatorias eran a partir de pedidos del querellante, de los particulares damnificados. Hay un órgano del Estado encargado de la investigación, el Ministerio Público Fiscal, porque es quien tiene todas las herramientas para hacerlo y no lo estaba haciendo. Los querellantes podemos impulsar, podemos tratar de que la causa avance pero, claramente, no es lo mismo que un fiscal que entiende cómo tiene que investigar, hacia dónde tiene que ir, los recaudos que tiene que tomar en estos casos, que es lo que faltó en la causa Arruga: un fiscal de esas características.
APU: ¿En los cambios de los últimos tiempos –que fueron positivos- qué papel tuvo la gestión política?
EA: En este caso en particular, recién hará 6 meses que se juntaron con el Gobernador, quién prometió una serie de avances y la verdad es que no se dio ninguno. Como lo venimos repitiendo, hay cosas que son directamente materia de la gobernación, como por ejemplo, la investigación de Asuntos Internos de todas las irregularidades que cometió la policía, previas a la desaparición de Luciano, el día que desaparece y los posteriores, que hicieron que la investigación se empantane. Nada de eso fue investigado, incluso teniendo, hace varios meses, un escrito nuestro muy detallado, en el que señalamos las irregularidades, los elementos de prueba que fundamentan nuestra denuncia y con todo ese material, que tenían que haberlo hecho ellos mismos, no avanzaron las investigaciones.
Todos en el CELS compartimos el enojo de Vanesa con la gobernación y entendemos que ya no les queda más tiempo para tomar la decisión política de avanzar, así como también entendemos que la decisión política de quien encabeza hoy el poder político tampoco debería haber tardado tanto tiempo. Lamentablemente, en la Provincia no pudimos conseguir el objetivo de Vanesa, de su mamá y de sus hermanos desde el primer día: saber qué le pasó a Luciano y dónde está y tenemos que conseguirlo a través de la Justicia Federal.
El pedido de federalización tiene dos cuestiones: por un lado, es llamar a las cosas por su nombre, consideramos que acá hubo una desaparición forzada y tiene que ser investigado bajo ese tipo penal y ser llamado de esa forma y por otro lado, porque consideramos que la Justicia Provincial no ha sabido, no ha querido, no ha podido –depende de el momento en que se lo mire- investigar un delito de estas características y por lo tanto, ha embarrado la situación durante los últimos cuatro años.
APU: Entiendo que están tratando que la causa llegue al fuero federal, ¿o ya está allí?
EA: El juez provincial resolvió a principios de enero. Lo que falta es que el juez federal que la tome coincida con su par de la Provincia, que resuelva de la misma forma, que acepte la competencia, como se dice jurídicamente. La causa, hoy, se sigue tramitando en el fuero provincial hasta tanto el juez federal acepte la competencia.
APU: Y es importante que la acepte porque la Provincia tiene mucha complicidad en que esto no avance y se mantenga la impunidad.
EA: Claro, uno puede señalar en un momento complicidades como fue la situación de Castelli en los primeros 45 días, que son fundamentales. Cuando Vanesa y sus familiares y amigos hicieron el aniversario de la desaparición de Luciano, hubo una relación entre la causa Mariano Ferreyra y la causa Arruga. Entre ambas causas, uno puede ver a las claras cómo una causa que desde el inicio está siendo bien investigada, con una fiscal que avanza y que el primer mes ya tenía 7 personas imputadas por el delito y que hoy, en el juicio, se está demostrando que era verdad lo que estaba indicando esta fiscal, con una causa como la de Arruga en la que los primeros 45 días, la causa estuvo en manos, no sólo de la fuerza sospechada sino de los propios policías afectados, los propios imputados, en realidad de los propios sospechosos porque imputados, lamentablemente, no tenemos.
No hay forma de que desconociera esto porque Vanesa lo ha denunciado desde el inicio, con lo cual la fiscal sabía esto, sabía lo que estaba haciendo e igualmente lo hizo. Esa persona no puede ser más fiscal de la Provincia y eso es lo que estamos pidiendo con la solicitud que le hicimos al Consejo de la Magistratura de que, a través de un jury de enjuiciamiento, la destituya.
APU: ¿Cómo se llama la fiscal?
EA: Roxana Castelli. Y te puedo mencionar un caso más que está en su aniversario y que, desde el CELS, queremos que se conozca. Hoy se cumple 1 año del asesinato de Patricio Barros Cisneros en la unidad 46 del Complejo Penitenciario San Martín, una persona que estaba cumpliendo su condena y fue muerta a golpes por los propios penitenciarios que tenían que cuidarlo, delante de los ojos de su mujer, de una manera brutal, además de asquerosa para un país democrático como el que somos. Desde el CELS venimos acompañando la lucha de su familia desde el primer día y no quería terminar esta conversación sin recordar a Patricio, de cuyo asesinato hoy se cumple 1 año.
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