Firmado el dictamen de reforma de los Códigos Civil y Comercial en la comisión bicameral, surgieron críticas que involucran a la Iglesia por limitar derechos.

Por Nicolás Adet Larcher

 El proyecto de reforma que pretende unificar los Códigos Civil y Comercial, fue prorrogado para ser sancionado en marzo de 2014 luego de un acuerdo entre el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el bloque del Frente para la Victoria. Lo debatido dentro de la comisión bicameral, terminó aceptando los planteamientos de la Iglesia Católica dejando de lado derechos como la fertilización asistida – que será tratado por ley especial – la gestación post mortem, y modificando el artículo 19 del Código en donde se hace referencia al momento de la concepción de la persona, lo cual, según la racionalidad de la Iglesia no permitiría la manipulación de embriones para que sean insertados en el seno materno.

La Iglesia Católica considera persona a un embrión, pese a que la jurisprudencia internacional la contradice. El artículo 4.1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que sólo puede ser considerada persona desde el momento en que es insertado dentro del seno materno, como se consideraba antes de la modificación del artículo por la Comisión. Sin dudas, estos cuestionamientos se suman a las críticas vertidas por la Iglesia hacia las modificaciones al divorcio, la adopción, la gestación post mortem, y a las ya conocidas por el matrimonio igualitario en 2010, y la ley de identidad de género.

La presión desde Roma de parte del Vaticano fue directa, y el Papa no perdió la oportunidad de echar mano en la reforma en medio de su inmensa popularidad. Un llamado telefónico el miércoles habría sido suficiente para evitar que se introduzcan elementos laicos a la reforma. El repudio hacia esta cuestión y la exclusión de la función social de la propiedad se vio en boca del CELS, el grupo de Curas en Opción por los Pobres, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, entre otros.

El grupo de Curas en Opción por los Pobres expresó: “Nos resulta difícil de entender que los obispos hayan reclamado cambios, como la modificación del artículo 19, que establece ahora que la persona humana comienza desde la concepción, y no hayan reclamado con el mismo énfasis la inclusión del principio de la función social de la propiedad, tema claramente abordado por la reflexión bíblica, patrística y el magisterio contemporáneo de los papas en la Iglesia católica y de incidencia cotidiana en la vida de los pobres”. Así, expusieron el rol de la Iglesia Católica que se expresa con mayor repudio cuando se trata de cuestiones sexuales de los argentinos, que cuando se debate sobre el acceso a la vivienda de los pobres, o a la tierra. El CELS aporto su visión desde un comunicado: “La supresión en el dictamen de Comisión de la función social de la propiedad es un grave retroceso que desprotege a los sectores más necesitados de la sociedad. El reconocimiento de este principio es imprescindible para la constitucionalización y modernización del Código, que lo ubique en línea con el derecho internacional de los derechos humanos”.  Agrega que esta incorporación no afectaría el derecho de propiedad privada, sino que estaría a tono con las constituciones de Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile y El Salvador.

Es curioso el detalle de la falta de atención de la Iglesia Católica hacia la función social de la propiedad, y que sólo se haya limitado a emitir fuertes pronunciamientos cuando los derechos se relacionan a la familia de cada argentino. El Papa Francisco mismo supo decir este año: “Todos estamos llamados a ser pobres y por eso debemos aprender a estar con los pobres, compartir, tocar la carne de Cristo. Un cristiano no es uno que se llena la boca con los pobres, ¡no! Es uno que los encuentra, que los mira en los ojos, que los toca”. Por eso queda fuera de cualquier lógica la indiferencia hacia una cuestión que verdaderamente incluiría a sectores vulnerables que habitan en villas y asentamientos urbanos.

El concilio Vaticano II, en una transcripción incluida en el comunicado de los Curas en Opción por los Pobres dice: “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todo el género humano. Por consiguiente, los bienes creados deben llegar a todos de una manera equitativa, dirigida por la justicia y acompañada por la caridad”. En 1964, Bergoglio había sido enviado hacia el Colegio Inmaculada concepción de Santa Fe, como parte de su formación educativa dentro de su desempeño en la compañía de Jesús. Aquellos años eran plenos dentro del debate por el Concilio Vaticano invocado por el Papa Juan XXIII. Bergoglio fue influenciado por la entrada de los adoctrinamientos del Concilio al colegio donde se desempeñaba como profesor, por lo tanto conoce ampliamente el valor que sustenta la cuestión social de la propiedad, ya que además fue cabeza de la compañía de Jesús en la provincia  desde 1973 y estaba a cargo de la compañía jesuita.

Una Iglesia moralmente discursiva, es aquella que guarda silencio frente al pobre, mientras se debaten cuestiones relacionadas a la vivienda de aquel que dicen defender. La mirada hacia lo terrenal, que es donde habitan, queda de lado cuando priman otras cuestiones. Un derecho que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, merece un debate y una seriedad mayor que los dogmas telefónicos desde Roma, y los comunicados bendecidos desde el propio blindaje bíblico.