A partir de hoy, incluímos todas las voces de Pueblos Originarios, la de nuestros amados hermanos del continente, gracias a la intervención de nuestro querídisimo hermano Juan C. García Espino, a quien conozco desde hace años y además sé de su lucha. Bienvenidos!! (Gerardo Bova)

Boletin-originarios Nº274] PARLAMENTO DE NACIONES ORIGINARIAS

Jueves 19 de Mayo de 2016 | DEBATE: ¿AVANCE O RETROCESO?

Macri creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas
Los referentes de la Mesa de Trabajo y Diálogo Político festejaron y calificaron de histórico el decreto del presidente Mauricio Macri. Por el contrario, desde el Parlamento de Naciones Originarias lo rechazaron y pidieron su derogación. Cuestionan la falta de consulta pero también alegan que "atomiza e incentiva la dispersión de los pueblos al crear un órgano dependiente del gobierno y no a fortalecer las organizaciones en las regiones donde las políticas de los gobiernos provinciales ya no se soporta porque generan represión, muertes en la ruta y persecución política y judicial". Además, afirman que el nuevo Consejo "crea una burocracia indígena" y "se superpone con otros órganos satélites del Estado".
Rechazo del Parlamento de Naciones Originarias de Argentina
Se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas
Video: Félix Díaz - Día histórico - Decreto Presidencial 672/2016
Los pueblos indígenas y el nuevo gobierno
Las organizaciones y comunidades que conformamos el PARLAMENTO DE NACIONES ORIGINARIAS DE ARGENTINA, nos reunimos de urgencia y nos manifestamos alarmados ante un nuevo caso de abuso de poder, ésta vez desde la misma presidencia del Estado.
Una vez más recordamos lo que venimos repitiendo a cada gobierno de turno, desde que se aprobó el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas, hace 26 años atrás: Parte I Política General, Articulo 6 del CONv 169: “…los Gobiernos deberán a) CONSULTAR a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;…”
Sintetizamos las razones de nuestro rechazo a la medida del Presidente Macri:
• Un Decreto elaborado y aprobado sin participación ni Consulta a los Pueblos, Organizaciones y Comunidades indígenas de todo el país
• Un Decreto que no aborda como objetivo, las demandas fundamentales de las últimas décadas: ley de Propiedad Comunitaria de la Tierra y el derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado a través de la realización de la Consulta que el gobierno está obligado a realizar
• Un Decreto que se propone conformar un Consejo Consultivo con representantes de autoridades indígenas de toda Argentina, pero que impone previamente una Mesa de Trabajo y Dialogo Político, conformada a los apuros y con solo algunas organizaciones.
• Un Decreto que pondrá centro en la emergencia y la coyuntura, pero que soslaya la mayor amenaza en los territorios indígenas, como es la industria extractiva: Fracking, Megaminería, Monocultivo de la Soja, Maderera; y sus consecuencias más graves: desmonte, desplazamiento de comunidades, desalojo, judicialización, agrotóxicos.
• Un Decreto que atomiza e incentiva la dispersión de los pueblos al crear un órgano dependiente del gobierno y no a fortalecer las organizaciones en las regiones donde las políticas de los gobiernos provinciales ya no se soporta porque genera represión, muertes en la ruta y persecución política y judicial
• Un Decreto que crea una burocracia indígena y desvirtúa los objetivos de las organizaciones y de sus autoridades, que es depender de sus instituciones propias y no de un gobierno momentáneo, convirtiendo a los dirigentes más débiles ideológicamente, que terminan defendiendo una fuente laboral personal
• Un Decreto que crea un nuevo órgano que se superpone con otros órganos satélites del Estado creado en la anterior etapa de gobierno
Estas son las razones más destacadas de nuestro rechazo al Decreto Presidencial N°672/16 que generará enormes perjuicios al interior de los Pueblos y Naciones Indígenas.
Exigimos una urgente derogación del mismo y que se cumplan los pasos que la Constitución Nacional, las leyes y la jurisprudencia exigen, caso contrario nos reservamos el derecho de iniciar acciones judiciales a nivel local e internacional.
- Consejo Plurinacional Indígena
- Coordinadora del Parlamento Mapuce Chewelche de Rio Negro
- Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y CABA
- Qullamarka Coordinadora de Comunidades y organizaciones Kolla de Salta
- Comunidad India Quilmes. Tucumán
- Unión Indígena del Norte de Salta. UNIS
- Comunidad Indígena de Ojo de Agua de Yavi. Jujuy
- Coordinadora Región Sur América del Enlace Continental de Mujeres Indígenas
- Organización Social Indígena de General Pueyrredón. OSPI
- Newen Lelfun Mapu. La Pampa
- Comunidad Diaguito Cacano Atamisqui. Santiago del Estero
- Movimiento Comunitario Pluricultural MCP de Jujuy
- Comunidad Indígena Amaicha del Valle. Tucuman
- Secretaria de Pueblos Originarios de la CTA
- Equipo Pueblos Originarios SERPAJ
- Comunidad Kintu Kimvn. Los Toldos. Pcia de Buenos Aires
- Tehuelche Mapuche Peñi Mapu. Olavarria. Pcia de Buenos Aires
- Consejo Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI
- Asamblea del Pueblo Qom del Rio Bermejito. Chaco
Buenos Aires, 18 de mayo de 2016
Dictaminan para que la Corte Suprema analice causa contra la comunidad Qom
Por Chaco Día por Día -
18/05/2016.- El procurador general adjunto ante el Superior Tribunal de Justicia, Miguel Fonteina, consideró que se debe hacer lugar al recurso extraordinario federal contra la resolución del máximo tribunal chaqueño que avaló la elevación a juicio oral a campesinos qom por defender sus territorios y a una periodista por documentar el violento operativo de desalojo. No es vinculante.
El abogado García Veritá junto a Diana Della Bruna y parte de los imputados
El procurador general adjunto ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Hugo Miguel Fonteina, dictaminó a favor de hacer lugar al recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice una resolución del máximo tribunal chaqueño que convalidó la elevación a juicio de dirigentes de la comunidad Qom de Pampa del Indio por resistirse a ser desalojados de sus territorios ancestrales y de la periodista Diana Della Bruna quién documentó fotográficamente el violento operativo. Ahora, la última palabra la tiene el Superior Tribunal de Justicia del Chaco que deberá decidir si avala el dictamen de la procuración que no es vinculante.
Vale recordar que el planteo central de la defensa de la periodista Diana Della Bruna hace hincapié en que el desalojo de la comunidad qom fue ordenado violando la ley nacional 26160 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y que a partir de que los dirigentes de Pampa del Indio resistieron el desalojo se inició la causa penal por los delitos de usurpación, resistencia a la autoridad agravado por el uso de arma. También a la periodista se la imputó por resistencia a la autoridad agravada por el uso de arma cuando su única “arma” era su cámara fotográfica.
El dictamen
El dictamen, al que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fue elaborado el 10 de mayo y lleva la firma del procurador general adjunto ante el STJ, Miguel Fonteina, en el marco de la presentación realizada por el abogado Gonzalo García Veritá, defensor de la periodista imputada, luego de que el Superior Tribunal de Justicia chaqueño rechazara, en votación dividida, un recurso de casación contra la elevación a juicio oral de la causa. La resolución del STJ fue dictada el pasado 16 de marzo con los votos de los ministros Rolando Toledo y María Luisa Lucas y la disidencia de su colega Isabel Grillo.
Citando el fallo en disidencia de la jueza Isabel Grillo, Fonteina consideró que se cometió un acto de “arbitrariedad” por parte de la jueza Correccional de la localidad de General San Martín, Bibiana Bianchi, quién al elevar la causa a juicio oral prescindió “en su pronunciamiento de una ley nacional específica en la materia, sin siquiera ponderar su sentido y alcance, incurriendo debido a ello en la denunciada arbitrariedad”.
El procurador adjunto advirtió que “el art. 2 de la citada norma nacional (la 26160) prevee la suspensión, por el plazo de emergencia declarado, de todos los actos procesales o administrativo cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras. Extremo legal que fue omitido por la Sra. Magistrada al rechazar el planteo de nulidad impetrado”, consigna el dictamen del procurador adjunto. En ese contexto, consideró que se trata de una “decisión jurisdiccional que resulta contraria a los lineamientos del art. 37 de nuestra Constitución Provincial cuyo espíritu fue reformar el antiguo art. 34 en el pleno convencimiento de que debemos coexistir ambas culturas, respetándose sus diferentes identidades y reconociendo como reparación histórica la preexistencia de los pueblos aborígenes y la propiedad comunitaria de la tierra que actualmente ocupan”.
El dictamen del procurador adjunto Fonteina se da en un contexto de reclamo institucional que vienen realizando dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas de la zona de Pampa del Indio contra la criminalización de sus reclamos en defensa de sus derechos a la tierra, al agua y a los alimentos. En las últimas semanas, las demandas llegaron a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco que citó a autoridades de la Procuración General para que informen sobre el estado de las causas penales contra la protesta indígena y la reciente presentación de un proyecto de ley del diputado del bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, para conceder la amnistía a los dirigentes campesinos e indígenas procesados por defender sus derechos.
La comisión de DDHH se traslada a San Martín
Por Chaco Día por Día -
La comisión de DDHH ...
Por el desprocesamiento judicial de indígenas y criollos
18/05/2016.- La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura chaqueña, que preside Orlando Charole, resolvió que el próximo martes 31 de mayo, a partir de las 9 horas, sesionará frente al Juzgado Correccional de la localidad de General San Martín en reclamo del desprocesamiento de criollos e indígenas procesados por reclamar agua, tierra y alimentos
Por el desprocesamiento de indígenas y criollos, la comisión de DDHH sesionará en San Martín
Diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos decidieron que se trasladarán hasta la ciudad de Gral. San Martín para sesionar frente al Juzgado Correccional de esa localidad el próximo martes 31 de mayo a la hora 9, por el “desprocesamiento” de criollos e indígenas de la localidad de Pampa del Indio quienes tienen abierta una causa judicial por reclamo de agua, tierra y alimentos, tema que viene siendo tratado en el ámbito de esta comisión. Además para el próximo martes 24 de mayo convocarán a sesión extraordinaria a la hora 9,30 donde invitarán a funcionarios ante denuncias y requerimientos de ciudadanos que pidieron la intervención de esta comisión como así también escucharán planteos personales girados a esta cartera.
Presidió el encuentro su titular diputado Orlando Charole (pte), junto a sus pares Héctor Vega, Raúl Acosta, Claudia González y Carlos Martínez.
Orlando Charole al final del encuentro informó que se aprobó que la comisión de DDHH sesione en forma ordinaria el próximo 31 de mayo en la localidad de Gral. San Martín “para avanzar con el tratamiento de las causas acerca de los procesos relacionados a aproximadamente 70 hermanos indígenas que fueron procesados por reclamar agua, tierra y demás”.
Luego detalló que se escucharon a distintos invitados en el día de la fecha que expusieron sus problemas relacionados con alguna “damnificaciones relacionado con la violación de derechos humanos”, así que “estamos atentos a todos los reclamos que se van presentando en la comisión para ver cómo podemos influir en los distintos expedientes” precisó.
Niña wichí murió por desnutrición en la misma familia
Por La Gaceta / Salta -
El 21 de abril falleció Brenda, de 2 años y en 2008 había muerto su hermano. El Cacique dijo que no fue una excepción y que la tragedia acecha a las 30 familias que viven en el paraje de la Medialuna.
SALTA.- Con la voz entrecortada y sosteniendo un bebé entre sus brazos, Nancy Choque le contó a LA GACETA que su hija Brenda, de 2 años, falleció el 21 de abril como consecuencia de desnutrición. No es la primera vez que tiene que lamentar la muerte de uno de sus hijos: ya en 2008, Fernando, otro de sus pequeños, murió también por problemas alimenticios.
“Me quedan siete hijitos”, dijo, descalza, a metros de donde vive: una casa de adobe y plástico. Tiene 23 años, y fue mamá por primera vez a los 12.
La familia de Nancy pertenece a la comunidad La Medialuna, asentada a 25 kilómetros del paraje de Dragones, en el municipio de Embarcación, al norte de Salta. Ella temporalmente ahora está en la comunidad Asamblea de Dios y sostiene un certificado de defunción entre sus dedos que explica cómo murió Brenda. “Broncoaspiración, gastroenteritis aguda infecciosa, trastorno metabólico, desnutrición”, se puede leer en ese papel.
“Brenda primero tuvo diarrea y vómitos. La llevaron al hospital y le dieron jarabe. Se puso bien con eso y después tuvo tos y fiebre. Después la mandaron a Orán y allí falleció”, contó Nancy. Dijo, además, que la pequeña ya no comía: “No teníamos para darle ni leche, porque no nos mandan”.
Al momento en que empezó la entrevista Mauricio Vega, su esposo, no estaba en la casa: se había ido al monte a ver si encontraba algo de leña o cazaba algún animalito para comer.
Nancy también contó que en el centro de salud de Dragones no los atienden como ellos quisieran: “cuando voy tengo que estar parada dos horas, decían que saque turno y que sin turno no iban a atender, pero yo no puedo sacar turno, tengo otra chiquita".
El único ingreso de la familia son $3.000 del salario universal, pero según la joven no es suficiente: “no me alcanza para comprar abrigos, ni zapatillas, es para darle de comer a los chicos”. Agrega que no les da leche porque no tiene y porque en el hospital tampoco le dan. “Me hace falta azúcar, harina, yo hago las tortillas para ellos. Yo les doy comida cuando tengo”, dice.
Mauricio Vega, padre de la niña, dijo que el primer síntoma de la pequeña fue la diarrea. En consecuencia la llevó al centro de salud de Dragones, allí la medicaron y por un tiempo se estabilizó, hasta que comenzó con vómitos. La llevó nuevamente y su estado mejoró temporalmente. Luego, cuando los síntomas llegaron por tercera vez, decidieron no llevarla.
Vega no tiene trabajo, le quedan siete hijos y dice que no recibe ninguna ayuda de por parte de la Provincia y que los agentes sanitarios no llegan hasta el lugar. “Nunca me visitaron, por eso yo siempre voy a reclamar pero no me responden nada”, lamentó.
El certificado de defunción -que se puede leer completo como archivo adjunto- apunta a la desnutrición como un factor determinante en la muerte de esta criatura.
Facundo Orozco, profesional médico del centro de salud de Dragones, asegura que el bajo peso era consecuencia de la enfermedad que tuvo: una gastroenteritis infecciosa y una infección respiratoria aguda. “Yo no la tenía registrada como paciente con bajo peso”, dijo.
Pero el doctor Mario Moukarzel, quien realizó la autopsia y firmó el certificado de defunción, realizó otro análisis. El profesional, que trabaja para la policía de Orán, dialogó ayer con LA GACETA sobre el caso y enfatizó: “la desnutrición es un factor agravante”. También señaló que la criatura tenía desnutrición crónica, que su bajo peso no podía ser consecuencia solamente de la diarrea que padecía en los dos últimos dos días. “Por una diarrea perdés dos o tres kilos. Pero no venís con seis kilos por debajo”, sentenció. Moukarzel enfatizó que la desnutrición era previa, que, en todo caso, la gastroenteritis infecciosa solo la agravó.
“En ese lugar no tienen enfermero, ni agente sanitario, están en una zona selvática”, dijo el profesional sobre el lugar en el que vive esta familia. E hizo hincapié en que si la criatura hubiera sido atendida uno o dos días antes probablemente se hubiera salvado.
Sin respuesta
LA GACETA intentó comunicarse sin éxito con el ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, quien se encuentra en Buenos Aires con una agenda de trabajo con funcionarios nacionales.
Del mismo modo, el equipo periodístico de este medio hizo lo mismo con el responsable de la cartera de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaraz. Al cierre de esta edición ninguno de los funcionarios respondieron a la solicitud de este medio.
Gómez Almaraz, en comunicación con Radio Dínamo el lunes, relató cómo fueron los hechos según el registro oficial: “había estado bajo el control de Salud Pública y los padres no habían permitido el traslado al hospital de Orán. En el momento en el que se decidió el traslado por la fuerza pública llevarla a la menor al hospital sé que había fallecido durante el traslado en la ambulancia”, detalló el funcionario.
Sobre la situación de Brenda, Gómez Almaraz aceptó que el Gobierno sí tenía antecedentes de la niña: “en este caso particular se tenía antecedentes a través de los agentes sanitarios e intervino el ministerio de Primera Infancia y se intervino a los fines de la derivación de la menor”.
Escuchar audio: https://soundcloud.com/gacetasalta/ministro-luis-gomez-almaraz-sobre-el-caso-de-brenda-vega
"Para ser atendidos tienen que caminar 25 kilómetros"
“Nancy y Mauricio, ellos llevaron a la criatura al hospital, estaban en el hospital, ella tenía al hijo en brazos y no podía sacar turno porque han llegado a las tres de la mañana y ya no había quedado número, solamente habían dado quince números”, dijo el cacique de la comunidad de la Medialuna, Normando Morales.
El hombre dejó en claro que el caso de Brenda no fue una excepción. Que esa tragedia, tan personal, acecha a las 30 familias que viven en el paraje de la Medialuna, donde no cuentan con visitas de profesionales médicos. Para ser atendidos tienen que caminar 25 kilómetros, hasta el paraje de Dragones, donde hay un centro de Salud, al que tienen que llegar antes de las tres de la mañana para conseguir número.“
No tenemos agente sanitario, ni un médico que vaya por lo menos un año de por medio. No contamos con médico”.
La lluvia complica el traslado: las tormentas impiden que los habitantes del paraje puedan trasladarse hasta Dragones, para intentar sacar turno. Dijo que la municipalidad solo les da chapas y cartones y bolsones, en cercanías a las elecciones. Pero este año no hay elecciones.
México: Comunidad indígena logra cancelación de dos concesiones mineras
Por Crónica / México -
Por Manuel Espino Bucio, 2016/05/18.- Por primera vez una comunidad indígena de la montaña de Guerrero logró la cancelación de dos concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía a las empresas Zalamera y Hochschild, ésta última de origen peruano y de capital inglés.
México: Comunidad in...
Se tratan de los habitantes del municipio de San Miguel del Progreso, los cuales obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la exploración y explotación en su territorio.
Ambos consorcios recibieron los permisos para los proyectos denominados “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, que abarcan más de 40 mil hectáreas que conforman once núcleos agrarios de seis municipios y alrededor de 240 comunidades indígenas.
Al enterarse en febrero de 2014 de que su territorio sería intervenido, interpusieron una demanda de amparo ante el Juez Primero de Distrito de Guerrero, que determinó que habían sido violados los derechos de la comunidad al no ser consultados por la autoridad antes de entregar los títulos.
No obstante, la sentencia fue impugnada por el gobierno federal mediante un recurso de revisión. Pero a la par, la comunidad, con apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, solicitó a la Corte atraer el caso para analizar a fondo si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado.
Cuando la demanda estaba próxima a discutirse, después de ser admitida por el máximo tribunal de justicia del país, la comunidad indígena de San Miguel del Progreso fue notificada en 2015 que las empresas Zalamera y Hochschild se desistieron de su respectiva concesión.
“La cancelación de las concesiones es resultado de la organización comunitaria y representa un triunfo inédito para una comunidad indígena, pues es la primera vez que al acudir a la Justicia federal un pueblo originario alcanza la cancelación”, destacó Maribel González, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Sin embargo, González solicitó a los ministros de la Corte analizar de fondo la solicitud de amparo sobre la Ley Minera, ya que a pesar de que se cancelaron las concesiones se deja abierta la posibilidad de que éstas u otras empresas vuelvan a solicitar permiso de explotación para el mismo territorio.
“Es un triunfo, pero las concesiones siguen afectando a la comunidad dado que se emitió una declaratoria de territorio libre que da la oportunidad de que las empresas, inclusive las mismas, soliciten permisos sobre ese mismo territorio, por lo que solicitamos a la Corte que analice la Ley Minera, concretamente en sus artículos 6,10 y15”, señaló Maribel González.
Comunidades indígenas de la Montaña alta de Guerrero buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la ley minera, por considerarla violatoria a los derechos humanos de los pueblos originarios y contraria a tratados internacionales firmados por México.
En conferencia de prensa autoridades comunitarias de San Miguel del Progreso, e integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), resaltaron que tras haber atraído la revisión de un juicio de amparo, el miércoles 25 la ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene programado exponer para su análisis una ponencia sobre este caso ante ministros de la Primera Sala de la SCJN.
Con la defensa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, los indígenas de San Miguel –Júba Wajiín, en lengua me’phaa– alertaron que el gobierno federal “busca impedir que la Corte examine el fondo del asunto, al pedir a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015”.
En febrero de 2014, los mep’haas ganaron un amparo por el que un juez de distrito en Guerrero suspendió en definitiva las concesiones otorgadas a las empresas mineras Hochschild y Zalamera, tras considerar que se violaron los derechos de los indígenas al no haberlos consultado previamente, como lo establece el Convenio 169 de la OIT firmado por México.
El fallo fue impugnado por la SE, y ante la atracción de la revisión por parte de la Primera Sala de la SCJN, la dependencia ha promovido el sobreseimiento, luego de que la empresas concesionarias de las vetas mineras “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” se desistieron de sus títulos .
Aun cuando el desistimiento benefició a 11 núcleos agrarios de seis municipios, donde están asentadas 240 comunidades en un territorio de 168 mil 346 hectáreas, en noviembre del año pasado la SE puso nuevamente en oferta esos lotes mineros, por lo que los comuneros se ampararon nuevamente para que las llamadas “declaratorias de libertad no surtan efecto”.
Agapito Cantú Manuel, presidente del comisariado ejidal de San Miguel del Progreso, sostuvo que la intención de continuar litigando “es en beneficio no sólo de nosotros, sino de los pueblos que se benefician de los ríos que bajan de la Montaña, nosotros somos campesinos, vivimos de lo que nos da nuestra madre tierra y no queremos vivir de otra forma, no queremos que se contamine la tierra ni el agua, queremos conservar la Montaña para nuestros hijos y nietos”.
Maribel González, abogada de Tlachinollan, explicó que el objetivo de llevar el caso hasta la SCJN es que “aunque se ganaron los amparos, el fondo de la violación a los derechos de los pueblos indígenas es la ley minera, que no reconoce el derecho de los pueblos, no se está pidiendo consulta sino que la ley se declare inconstitucional”.
González dijo que durante el litigio, la SE ha argumentado que a los pueblos indígenas no les asiste la razón, toda vez que la minería es un tema de utilidad pública, “pero ¿cómo puede ser de utilidad pública si las riquezas del subsuelo son entregadas a empresas privadas que, según la ley, tendrían facultades para expropiar la tierra de los campesinos?, ¿cómo pueden ser de utilidad pública ganancias privadas y estar por encima de los derechos de los pueblos originarios, sobre los que se funda la nación?”.
De declararse el sobreseimiento del amparo, advirtió, “lo que vendría es interponer amparos conforme la SE entregue concesiones mineras sobre el territorio indígena”.
Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, explicó que en Guerrero la SE ha otorgado 816 títulos de concesión para la extracción minera, que implican 24% del territorio guerrerense.
Dijo que hasta ahora sólo operan tres mineras y lo hacen a cielo abierto: en Carrizalillo, en Zumpango; Campo Morado, en Arcelia, y Media Luna en Cocula, con secuelas negativas para el medio ambiente y la salud para los habitantes de las inmediaciones.
Taurino Carrazco y Valerio Amado Solano, miembros de la CRAADT, resaltaron que el proceso jurídico tiene carácter “preventivo”, porque las minas no están operando por el momento, sino que únicamente estaban en fase de exploración.
Aunque tienen información de los efectos nocivos de la minería, los integrantes de la CRAADT señalaron que no han tenido acercamientos con las autoridades comunitarias afectadas por la minería, porque “en esos lugares opera el crimen organizado”.
Carrazco advirtió que uno de los motivos por los que se oponen a la minería es precisamente de que al menos en Guerrero se ha demostrado que, “donde hay mineras, está el crimen organizado, son quienes matan a los líderes que están en contra de las mineras, y los que cobran cuotas, por eso nuestra lucha es preventiva”.
COPINH: Declaramos el Río Gualcarque sagrado y patrimonio cultural del Pueblo Lenca
Por COPINH -
COMUNICADO DEL 17 DE MAYO DEL 2016.
COPINH: Declaramos e...
El 7 de Mayo de 2016, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras en Asamblea Popular Indígena con el Consejo Regional Indígena del Norte de Intibucá y el Consejo de Ancianos y el Consejo Indígena de Río Blanco, con más de trescientos participantes, mujeres, ninos, y hombres Lencas, en la comunidad de Río Blanco, acompañados por la presencia y el espíritu rebelde e indestructible de Berta Cáceres, de nuestros mártires, firmes, sin miedo, libres y previamente informadas/os deliberamos, reflexionamos, debatimos y decidimos lo siguiente:
Primero: El pueblo Indígena Lenca aglutinado en el COPINH se declara el rechazo absoluto al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y declaramos el Río Gualcarque totalmente libre de proyectos hidroeléctricos y cualquier otra concesión o forma de explotación o privatización.
Segundo: Declaramos el Río Gualcarque un Río Sagrado y Patrimonio Cultural del Pueblo Indígena Lenca.
También, en una declaración autónoma de las y los jóvenes y niños, se declararon por unanimidad su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y ratificaron el Río Gualcarque como Río Sagrado y Patrimonio Cultural.
Exigimos la cancelación inmediata del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y de la concesión del Río Gualcarque, y la suscripción de un compromiso formal, público y con carácter de Ley sobre la inconcesionabilidad y no explotación del Río Gualcarque, dada su condición de lugar sagrado y patrimonio ancestral y milenario del pueblo Lenca.
En consideración del número de asesinatos, atentados, ataques contra la integridad física, persecución judicial, difamación, represión policial y militar, realizados contra las personas de las comunidades afectadas, exigimos la desmilitarización de la zona, el cese de hostilidades, criminalización, judicialización, y estigmatización contra el pueblo Lenca y el COPINH.
Exigimos al Gobierno de Honduras la instalación de una Comisión Internacional de expertas y expertos en crímenes de esta naturaleza, a traves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garantice la objetividad, la credibilidad, y la participación de las víctimas en la investigación del asesinato de nuestra compañera y guía, Coordinadora General del COPINH Berta Isabel Cáceres Flores. Exigimos el castigo a los autores intelectuales, y no solo a los autores materiales del asesinato.
Demandamos del Estado de Honduras el saneamiento y la restauración de la naturaleza y territorio violentada y destruida por la concesión a la empresa DESA y el proyecto Agua Zarca; y la justicia, indemnización y reparación para las víctimas de homicidio, asesinato o matanza, agresiones y lesiones a la integridad física o mental y la victimización mediante creación de condiciones que mantienen en riesgo de destrucción física, cultural y espiritual, total o parcial de las comunidades Lencas afectadas por el proyecto.
¡Tomás García Vive! ¡William, Maycol, Paula y Berta Viven!
Intibucá 17 de mayo del 2016.
Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Paz, Dignidad y Libertad!
Esquel: Comunidad Mapuche denuncia atropello histórico de un fiscal y funcionarios
Por Noticias de Esquel -
17/05/2016.- Cinco familias pertenecientes a la Comunidad Mapuche Tehuelche Emilio Prane, denunciaron públicamente que desestiman por “trucho” y repudian el “Convenio de Convivencia”, que fuera mediáticamente difundido.
Esquel: Comunidad Ma...
Se trata de la comunidad que habita el Lote 4 en Boquete Nahuelpan, desde antes y después del desalojo del año 1937 hasta la actualidad. Manifiestan ser víctimas de hechos de violencia desde el año 2012.
Denuncian públicamente que desestiman y repudian “Convenio de Convivencia” “trucho” frimad por parte de las comunidades NAhuelpan y Prane, por LAS SIGUIENTES RAZONES:
No refleja la voluntad de la totalidad de la Comunidad Prane.
Por violentar los derechos de los Pueblos Originarios.
Por ser un precedente gravísimo para todas las comunidades indígenas, donde por medio de la violencia y hostigamiento premeditado y planificado, el estado ayuda a la opresión de particulares para que entregue parte de su territorio ancestral.
Por no estar las instituciones que si poseen competencias para dirimir los temas de este territorio. La ausencia del INAI, DERECHO HUMANOS Y REPRESENTANTES DE LA JUSTICIA FEDERAL.
Rechazamos la presencia del EJÉRCITO ARGENTINO, la considerábamos una etapa superada y su presencia sólo nos retrotrae a nuestras peores vivencias tanto de 1937 y de 1995. El ejército posee una medida cautelar de no ingresar al Lote 4 con el fin de no perturbar a la comunidad Praney en especial a Ana Prane.
Por la desprolijidad Y ARBITRARIEDAD en toda la gestión de la reunión, dado que ni siquiera hubo convocatorias formales que se ameritan para estos casos.
Por cómo se presionó al Lonko Raúl Prane para que asistiera, la policía lo fue a buscar a su domicilio. Cosa que no sucedió con LA OTRA PARTE DEL CONFLICTO LAS QUE Son nuestra familia Prane- Alvarez, víctimas del conflicto.
Por no tener garantías de seguridad en caso de asistencia de alguno de nuestros familiares a esa reunión. Por permitir la presencia en casa de nuestra familia al victimario. Con prohibición de acercamiento de 200 mts a las cinco familias y en todos los domicilios.
Más grave aún es que el victimario no firmó el acta sin embargo salió en las fotos difundidas posando muy sonriente junto al Fiscal Cretón responsable de este convenio.
Porque no resuelve ningún conflicto todo queda igual aún peor, seguimos teniendo un acceso restringido, no se garantiza la remoción de las tranqueras o colocación de guardaganados en los lugares donde múltiples veces hemos sido agredidos.
Para la comunidad Mapuche el atropello fue llevado adelante por:
Dr. Marcelo Cretton. Fiscal General de la provincia del Chubut.
Cesar Gomez, Comisario Mayor Jefe de la Unidad Regional de Policía
Además para esta comunidad de pueblos originarios, el atropello histórico fue institucionalizado por:
Dr. Federico Collazo Dir. del IAC Delegación Oeste.
Julian Massi Filippa Regimiento de Caballería de Exploración 3.
Sr. Nahuel Ferez Lescano, Director de Asuntos Indígenas de la Provincia.
Sr Gonzalo Mondillo Subsecretario de Relaciones Institucionales.
Sr. Ezequiel Perrone Director General de Relaciones Institucionales y Control de Gestión
Dr. Ariel Itze Asesor legal de Policía
También manifiestan que si realmente el Fiscal Cretón intentó conciliar con las partes para mitigar los conflictos, cometió un grosero error por no involucrarlos, por simple lógica los dos actores principales de los conflictos debieron estar presentes.
Por todo lo mencionado anteriormente concluyen que “este acuerdo no garantiza que los actos violentos cesen”.
A su vez manifiestan los perjuicios que les ocasiona este convenio donde se les reduce en un 65% el territorio en posesión ratificada por la Justicia Federal, posesión de la totalidad de la Legua 4 sin fraccionamiento alguno a la Comunidad Prane y la posesión de la zona en conflicto a Ana Prane. Por lo que es INACEPTABLE QUE LAS INSTITUCIONES HAYAN ACORDADO EL USO DE LA TIERRA QUE ELLA OCUPA DESDE 1995 SIN SU PRESENCIA.
Dejan asentado además la ineptitud de las instituciones al mencionar un límite imaginario que aclaran NO CORRESPONDE, de acuerdo al acta MAL ELABORADA que es de LIBRE INTERPRETACIÓN DEL LECTOR.
Por todo lo expuesto desestiman el acuerdo firmado e instan a los actores presentes que lo invaliden formal y públicamente, que exhorten a la Justicia Federal y al INAI que tomen un rol activo para fin al conflicto territorial que lleva a delante la comunidad Prane con el ESTADO ARGENTINO.
Lamentablemente tenemos que denunciar nuevamente al Fiscal de Turno de los días 6, 7 y 8 del corriente mes Creton y Mateos, a la policía que intervino en esos días, por no acatar la orden del Juez Legajo 3375 de prohibición de acercamiento y condena, por permitir complacientemente sin orden judicial sacar el modulo habitacional de Andrea Alvarez a la calle mientras recluían a su familia en su domicilio mediante la fuerza policial totalmente armada, sin exhibir orden judicial alguna.
CRONOLOGIA DE LOS ULTIMOS HECHOS
El día viernes por la mañana Andrea Alvarez deja en el Lote 4 a 200 metros de la casa de Ana Prane en el predio de pastoreo del ganado, a 800 metros de LOTE 3 y delimitado por el alambrado, un conteiner que va a ser parte de su unidad habitacional. Como reacción a esto el mismo día a la tarde fueron atacados a piedrazos con clara intención de lastimar.
Los atacantes fueron filmados, identificados, denunciados y como repuesta a esto no hubo acción alguna del fiscal.
El día sábado después de una reunión con el fiscal Crettón, quien exhortaba a quitar la unidad habitacional de la familia de Andrea Alvarez, las mismas personas intentaron retirar estos bienes del predio con la presencia policial y nuevamente el fiscal no hizo nada.
Como consecuencia de esto y la complacencia de los fiscales y la policía, el día domingo se presentan nuevamente estos integrantes ya preparados con todos los medios para retirar los bienes mencionados, sincronizados se despliega un operativo uniformado y tremendamente armado con el ÚNICO OBJETIVO DE RECLUIR A FAMILIA EN LA VIVIENDA DEL LOTE 4 MIENTRAS ESTAS PERSONAS TODAS CON CONDENA Y SUSPENSIÓN DE JUICIO a prueba retiraban la unidad habitacional y los materiales de construcción al camino vecinal.
Denuncian complacencia de los fiscales y personal policial fundamentalmente Comisaría Segunda y quieren que alguien les de explicaciones por el accionar de la fuerzas durante ese fin de semana, por el proceder del fiscal.
Principalmente POR QUÉ NO SE HIZO CUMPLIR LA ORDEN DEL JUEZ QUE ESTABLECIÓ LA CONDENA Y LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO HACIA ANDREA ALVAREZ Y OTRAS FAMILIAS.
IX Asamblea QOPIWINI: “Para acompañar el reclamo de los cuatro pueblos, para estar unidos”
Por Agencia Periodística Timbó -
IX ASAMBLEA QOPIWINI – INGENIERO JUÁREZ – FORMOSA
“PARA ACOMPAÑAR EL RECLAMO DE LOS CUATRO PUEBLOS, PARA NO SENTIRNOS SOLOS, PARA ESTAR UNIDOS”
(Agencia Periodística Timbó) Los días 13, 14 y 15 de mayo se realizó la IX Asamblea de la QOPIWINI Lafwetes (Organización Indígena que representa al Pueblo Qom, Pueblo Pilagá, Pueblo Wichí y Pueblo Nivaclé), en la localidad de Ingeniero Juárez, oeste de la provincia formoseña. Allí analizaron los logros en las gestiones vinculadas a Educación Bilingüe Intercultural y al diálogo iniciado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
IX Asamblea QOPIWINI...
En el encuentro participaron diecisiete Comunidades Indígenas y la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, quien representa a veintidós comunidades de su Pueblo. Dirigentes de toda la provincia se congregaron para fortalecer los consensos y las alianzas estratégicas. Sobre las rutas del norte argentino volvieron a transitar las esperanzas de hombres y mujeres que llevan sobre sí, el reclamo histórico de sus hermanos.
Al respecto, Israel Alegre, dirigente del Pueblo Qom y vocero de QOPIWINI, evaluó: “Vemos un avance de la Asamblea anterior a ésta. De las tres notas que hemos elevado a la Nación, dos han sido favorablemente respondidas. Hemos planteado la necesidad de crear un instituto para docentes indígenas en lenguas indígenas. Necesitamos renovar el modo de formar a los docentes indígenas. Tenemos que contemplar ahí la cultura, la espiritualidad indígena, la lengua indígena. Hemos solicitado la creación de una Universidad para la profesionalización de los jóvenes indígenas incluyendo un sistema de beca para la permanencia de los estudiantes. El Ministerio de Educación se comprometió a trabajar en este tema y a realizar las articulaciones pertinentes para que esto pueda suceder en los territorios indígenas”.
Con relación al diálogo mantenido con el Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, Alegre destacó: “Ya comprometimos una reunión para el 21 de este mes. Llevaremos un programa de trabajo para que las Comunidades puedan desarrollar actividades productivas. Actividades forestales, agrícola ganaderas, manufactura, ladrillería. Vemos que muchos jóvenes, luego de terminar la secundaria, no tienen la posibilidad de seguir los estudios y no encuentran trabajo. Con estas propuestas pretendemos mantener a nuestros jóvenes trabajando en nuestros territorios”.
LA ORGANIZACIÓN
La QOPIWINI nuclea a los cuatro Pueblos de la provincia de Formosa. Las Asambleas se han desarrollado por consenso en diferentes localidades. Es una Organización que nació de la lucha de las Comunidades y busca, fundamentalmente, que se respeten los Derechos Humanos de los Pueblo Indígenas. Los temas urgentes y que preocupan a los dirigentes son el acceso a la salud, a la educación, al territorio, a la vivienda, a la autodeterminación.
En esta IX Asamblea se trabajó también el fortalecimiento de la QOPIWINI: las perspectivas, proyecciones y demandas de las Comunidades. Los planteos se generaron a partir de las profundas trasformaciones que deben iniciarse en los territorios y que deben ser acompañadas mediante la participación Indígena. Cipriana Palomo, presidenta del Consejo de Mujeres de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, indicó: “Tenemos que preguntarnos por qué estamos así en la Comunidades, por qué estamos sufriendo. Entonces pienso que tenemos que volver a rescatar la cultura Indígena. Tenemos que volver a la solidaridad Indígena y a compartir. Saber cómo los pueblos se sostuvieron, compartiendo”.
En el mismo sentido, Palomo sostuvo: “Los jóvenes son nuestra esperanza. Tenemos que rescatar a los jóvenes, porque tienen otra forma de pensar. Ellos son nuestro futuro, porque tienen en su corazón el espíritu de la Comunidad. Tenemos que involucrarlos, tenemos que invitarlos, tenemos que llamarlos para que caminemos juntos”.
Por otra parte, Valentín Suárez, cacique Qom de la Comunidad Riacho de Oro, dijo: “Tenemos que estar preparados y decididos para los cambios que estamos por pasar. Sabemos que vamos a tener que enfrentar muchas adversidades, por eso tenemos que estar preparados, unidos, fortalecidos. Pero fundamentalmente tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo. Queremos que se respete la ley, que se respete nuestro derecho”.
Julia Torres, del Pueblo Wichí de Ingeniero Juárez, recalcó el interés que se está generando en las Comunidades, la creciente participación y la unión que se está forjando. “Nuestro objetivo es la unión y el fortalecimiento de las Comunidades. Es muy importante que sigamos creciendo como Organización. Estamos tratando de unificar los reclamos, los sueños, los proyectos, las inquietudes de los cuatro Pueblos”, comentó.
Y Néstor Gómez, Presidente de la Comunidad Qom de Riacho de Oro, remarcó: “La Organización está avanzando mucho. Los hermanos están con esas ganas de levantar esta Organización. Yo creo que en cada Comunidad se va viendo más interés. Aquí se están viendo los reclamos y las dificultades que vivimos todos los días. Este espacio nos sirve para pelear por los reclamos de las Comunidades. Para acompañar el reclamo comunitario de los cuatro Pueblos, para no sentirnos solos, para estar unidos”.
ACCESO A LA JUSTICIA
Uno de los temas centrales en los tres días de Asamblea fue la falta de Acceso a la Justicia y la necesidad de generar condiciones para que las Comunidades Indígenas puedan realizar los reclamos sin dificultades. Las reiteras denuncias vinculadas al maltrato recibido en dependencias públicas, el deficitario sistema educativo, la falta de atención y recursos en los hospitales y salas de primero auxilios, fueron las problemáticas expuestas.
Israel Alegre enfatizó que es necesario crear oficinas de Acceso a la Justicia en las localidades de la provincia. “Tenemos que instalar esas oficinas en los territorios para la formación y protección de las familias indígenas. Además, capacitar a los jueces en Derecho Indígena. Vemos que muchos jueces no conocen nuestra ley, nuestros derechos”, subrayó.
Ante las frecuentes situaciones de discriminación que los dirigentes evidencian, Julia Torres entiende: “Hay que empezar a hacerse respetar, sobre todo en la parte de la salud. Creo que en el sistema de salud somos muy discriminados. Vemos que por el sólo hecho de ser Indígenas somos discriminados, los cuatro Pueblos. Nos escuchamos en la Asamblea y vemos que a todos nos pasa lo mismo”.
Y Néstor Gómez recordó: “Estamos acostumbrados a enfrentar los momentos duros. Algunos hablan del miedo de hablar, el miedo de organizarse, el miedo a enfrentar lo que nos está pasando. Pero acá hay dirigentes con mucha trayectoria que conocen el derecho, que conocen la ley. Y estos dirigentes nos fortalecen, nos capacitan, nos dan ánimo para seguir caminando”.
Finalmente, Alegre manifestó que la QOPIWINI tiene planificado trabajar en la creación de una nueva ley de reparación histórica para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Esa ley buscará generar las condiciones para la refundación de un Estado Plurinacional.