Luego de una depreciación
controlada de la moneda durante diez años, el Gobierno Nacional devaluó
62% en un año y 23% en veinte días. Nuestra mirada.(Agencia Paco Urondo)
Una devaluación tan aguda es una
bruta transferencia de ingresos a los grupos exportadores. En mayor
medida a los agropecuarios y en menor a los grandes industriales. Este
instrumento -la devaluación no controlada- siempre va en detrimento de
los sectores populares y de la masa trabajadora. Se llegó a esto luego
de muchas idas y vueltas con respecto a la política cambiaria.
Pensemos en los trabajadores informales, en los desocupados y
subocupados. La medida impacta de lleno en su poder adquisitivo y
devienen la variable de ajuste. También en la masa trabajadora formal,
con un futuro previsible de salarios licuados. La realidad en algunos
barrios es dramática y es fácil anticipar que la situación arrojará un
descontento aun mayor.
El escenario se torna más complejo de analizar cuando es un gobierno
popular el que decide utilizar un instrumento económico antipopular para
reordenar y darle más competitividad a la economía. El kirchnerismo,
como movimiento que lleva adelante los destinos económicos del país,
cuenta con algunas herramientas como para poder amortiguar los
resultados que acarreará esta decisión: Asignación Universal por Hijo,
el reciente plan lanzado Progresar, la suba del Salario Mínimo Vital y
Móvil, el aumento de las jubilaciones y las paritarias.
Pero debido a lo dramático de la medida, es urgente una batería mayor
de medidas que contrarreste lo decidido. Esto es: más ingresos directos
a los sectores populares. Seguramente existan, en el flamante equipo
del Ministerio de Hacienda, quienes puedan diseñar estas respuestas.
Valgan estos ejemplos de la historia nacional: suba de retenciones, la
Junta Nacional de Granos, gravar la renta financiera. Además, actuar
sobre la problemática de los subsidios a las tarifas de gas y
electricidad, donde el Estado aún no ha podido discriminar entre quiénes
los necesitan y quiénes no. Los cortes de suministro eléctrico sufridos
en diciembre y enero, marcaron que los servicios son caros para los
recursos públicos e inservibles para buena parte de la sociedad.
Si el Gobierno no logra afinar la instrumentación y mejorar fuertemente el control de los “precios cuidados”,
la decisión de devaluar tan bruscamente se trasladará a los precios y
los sectores populares contarán con menos dinero para subsistir. La
conducción política de la economía que lleva adelante Cristina Fernández
de Kirchner deberá aparecer en todo su esplendor para que los sectores
populares no sean los perjudicados de una decisión con demasiados malos
recuerdos en la Argentina. Confiamos en que esto se haga, y pronto.
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