Capitanich: "Argentina cumple rigurosamente", sus obligaciones

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que "la Argentina paga sus obligaciones" con los bonistas que entraron al canje y confirmó que se solicitó un stray -suspensión de sentencia- con el objeto de que no se produzca "ningún tipo de alteración de las condiciones originales" de pago.
El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, explicó ayer que la Argentina ha peticionado un stray, proceso de suspensión de ejecución de sentencia, ante el juez de Nueva York Thomas Griesa, con el objetivo de que no se produzca “ningún tipo de alteración de las condiciones originales” del pago a los bonistas. En la habitual conferencia de prensa, en la Casa de Gobierno, advirtió que la cláusula RUFO, del acreedor más favorecido, “puede disparar un pasivo enorme, un acrecentamiento de la deuda argentina de 120 a 500 mil millones de dólares, de acuerdo a los analistas”, y destacó la responsabilidad  institucional en esta instancia.
En ese sentido destacó: “hay que ser claro y enfático: la Argentina paga sus obligaciones. Ha depositado 1031 millones de dólares” para el pago a los bonistas de acuerdo con distintas legislaciones: Estados Unidos, Inglaterra y Gales y de la Argentina.
“La Argentina no puede tomarse como un default técnico. Argentina paga. Argentina cumple rigurosamente y cumplirá” y pretende proteger el acuerdo voluntario suscripto por el 94,2% de los bonistas que adhirieron al canje, destacó.
Sostuvo que la Argentina, cuando promueve el diálogo, propende establecer “condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el ciento por ciento de los bonistas, aquellos que participaron del proceso de reestructuración incorporados al prospecto, que constituye un contrato de partes, que un juez no puede vulnerar como lo hace Griesa”.
Capitanich ratificó que la posición argentina es “extremadamente racional y de buena fe” y advirtió que “la mala fe la tienen los bonistas buitres, no adheridos, porque pretenden una ejecución de sentencia que saben que tiene efectos al resto de los bonistas que adhirieron”.
“¿Qué quieren los bonistas?: que se aumente la deuda externa para volver a condicionar el crecimiento” dijo  y admitió que “hay noticias que quien embargar a Chevron en Vaca Muerta (yacimiento). Claro: si hay algo que muestra claridad es su voracidad para apropiarse de activos reales”.
Seguidamente dijo: “Si ellos consideran que no debería existir ningún efecto colateral en un  eventual acuerdo con la Argentina ¿por qué no adquieren un seguro que impida la ejecución de acciones colaterales de otros bonistas que adhirieron voluntariamente?”.
Capitanich dijo además, en respuesta a una pregunta, que  una norma hacia futuro implica un debate en el seno de las Naciones Unidas (ONU), para lo cual el organismo debe convocar a una asamblea general, que se traduzca luego en una convención y, posteriormente, en un acuerdo de los países.
“Consideramos –dijo el Jefe de Gabinete- que el sistema financiero internacional debe garantizar sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que constituya obligatoriedad, que no pueda ser modificado por jueces de carácter jurisdiccional. En una asamblea de tenedores, quien supere el 75 o 70%, sea obligatorio para el resto, a los efectos de que no exista una ventana para la acción de grupos minoritarios, tipo fondos buitre, que pretenda fulminar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda”.
Ratificó que “debería ser motivo de debate en el ámbito de la asamblea general de la ONU, es una cuestión de carácter político de gran envergadura” no obstante lo cual destacó como muy importante la posición de apoyo a la Argentina de la República Popular China, de los BRICS o de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, para propiciar el debate en el ámbito del G 20 que se reunirá en noviembre en Australia.
La comunidad internacional –agregó- la OEA, el G 77 más China, “hay una gran mayoría de países que ha manifestado una enorme preocupación para garantizar el proceso de reestructuración soberana de deuda”.