La Argentina industrial, pujante, que distribuía ingresos de manera tal que en 1974 éramos el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, en que la pobreza era solo el 3,7% de la población y la desocupación era friccional.  Esa Argentina fue dinamitada por el “Rodrigazo” que no fue otra cosa que liberar el tipo de cambio depreciando nuestra moneda, paso necesario y obligatorio para dar lugar a la dictadura militar donde confluyeron el modelo agro exportador y el de valorización financiera, que consiste en subir la tasa de interés local (de una moneda depreciada) para supuestamente controlar el precio del dólar, pero luego presionan para devaluar mediante una corrida cambiaria que hace que, los que fugaron capitales, pueden comprar activos en el país por la mitad  cuando vale el doble. En ello juegan un rol fundamental los bancos, porque el que se endeuda en divisas es el Tesoro de la Nación (deuda externa pública), pero como paga a las fuerzas armadas, jueces, legisladores nacionales, al resto de sus empleados, a los jubilados y pensionados nacionales, los contratos, las licitaciones, los subsidios en pesos, le vende esas divisas al BCRA. Y por la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA del año 1992, los únicos que le pueden comprar dólares al BCRA son los bancos, quienes lo compran por sí o para sus clientes,  todo “consta en actas” y por eso el BCRA pudo elaborar el Informe de fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos por 86.200 millones de dólares y, tiene los nombres, DNI, domicilio, etc., de cada uno de los 6.693.605 personas y las 85.279 empresas adquirentes de divisas, donde los cien mayores compradores en la gestión de Macri lo hicieron por 24.679 millones de dólares, pero no los publicó, garantizando el “secreto financiero” a esos compradores.  Esos dólares fueron sacados mayoritariamente del circuito económico legal argentino y el BCRA siguió permitiendo que  esas operaciones se sigan realizando.
El actual BCRA de la administración de Alberto Fernández autorizó a pagar supuestas deuda externa al Banco HSBC; al Banco Galicia; al Grupo Elsztain (IRSA, Cresud, Banco Hipotecario, principales centros comerciales, etc.); de Petroquímica Comodoro Rivadavia; de la filial norteamericana generadora y distribuidora de energía “ AES Argentina"; etc. por 6.200 millones de dólares de las reservas internacionales y al tipo de cambio oficial y, recién a partir del 15 de septiembre mediante la Comunicación A 7106, el BCRA dispuso que se le vendan dólares por el 40% de la deuda que declaran y el 60% restante lo deben pagar con activos que tienen en el exterior y/o reprogramar los vencimientos1, cuando esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el mismo BCRA2.
Es más, el BCRA autorizó hasta septiembre de este año 2020 a que importadores como Toyota, Ford, Glencore y Cargill, entre otros, adelantaran compras del exterior por 5.000 millones de dólares. Esto es, no había ingresado la mercadería (en el caso de las comercializadoras de granos es por compra de soja y maíz que dice que los productores de la Argentina no le venden y las compraron en Paraguay y en Brasil), y el BCRA les aseguró el valor del dólar de $ 60 a $ 80 entre enero y septiembre de 2020 para que pagaran por mercaderías que no habían ingresado al territorio argentino, por eso la Balanza Comercial compilada por el INDEC en base  a  la información de la Dirección General de Aduanas dice que el superávit es 11.500 millones de dólares y en realidad era de 5.000 millones de dólares menos.
Es obvio y evidente que en plena restricción cambiaria y en medio de la negociación de la deuda, el BCRA mal vendió reservas internacionales que explican porque teniendo superávit comercial las reservas internacionales brutas del BCRA no solo no crecieron sino que descendieron en 4.018 millones de dólares en ese período y sigue descendiendo, de manera tal que al 1 de diciembre de 2020 las reservas brutas son 6.571 millones de dólares menos  que a principio del año.
Paralelamente los diez primeros bancos privados del país en lugar de prestar (que lo hacen mínimamente) se benefician colocando sus generosos excedentes en Leliq (Letras de liquidez del BCRA) y perciben por ello más de $ 60.000 millones mensuales, que le paga religiosamente la autoridad monetaria cada siete días.  En la gestión actual del BCRA lo que más crecieron fueron la Leliq, que eran de $ 729.693 millones en el inicio de la gestión  y al 1 de diciembre  de 2020 ascendía a 1.663.841 millones, creciendo en un 128% cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 28,37% y el total del crédito al sector privado fue incluso menor que el crecimiento de los precios y sigue representando en torno al 11% del PIB. El crédito total al sector privado (empresas y personas) es el 11,12% del PIB,  tan bajo como lo dejó el último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando en Brasil es del 45% del PIB y en Chile del 60% del PIB.
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN
Los grandes exportadores de granos del país estuvieron todo el año reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar. Recién a partir del 1 de diciembre de 2020 mediante la Resolución 132/2020 del BCRA, se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de los exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas.
La renta financiera se explica porque son diez bancos privados los principales agentes de comercialización externa. Obviamente el banco chino ICBC; pero también tienen destacada labor el Banco Galicia y el Banco Macro, entre los nacionales (muy desdibujado el Banco Supervielle) y entre los extranjeros el Banco Santander-Río; el Banco BBVA; el Banco HSBC; el Citi; el Banco Patagonia (que el 80% pertenece al banco Do Brasil)  y, el BNP Paribas, y son a su vez los principales colocadores de fondos en las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA), todo ello les ha permitido ganar mucha plata mientras el país sufre la caída del producto bruto interno más grandes desde que se tiene registro.
Lo pueden hacer porque cuentan con la autorización del BCRA, como si fuera un título de nobleza o un derecho natural. La autoridad monetaria no les cuestionó nada,  no les puso ningún límite, mientras el país sufre niveles de pobreza como nunca antes se tenga registro, los dueños y ceos de los diez bancos privados más grandes ganaron fortuna, sin ningún tipo de control y ante el desconocimiento de la prensa paga para que nada se diga al respecto.
Los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal. Tanto la economía clandestina como la informal se retroalimentan con la economía formal. No son compartimentos estancos, ni separados por exclusas.
Los “financistas” son los dueños y ceos de los principales bancos privados del país, conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito. El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el atesoramiento.
LAS VERDADERAS Y NECESARIAS MEDIDAS
Si no se fiscaliza la operatoria de los diez bancos privados, de los distintos mercados del dólar (Contado Con Liqui, Dólar Bolsa, etc.) y no se cierran las “cuevas” cambiarias con el poder de policía que tiene el BCRA, es lo mismo que arar en el mar.
El Dr. Pedro Biscay, que fuera Director del BCRA propone fortalecer el poder de fiscalización cambiaria y financiera, para ello  recuerda que en los años 2014 y 2015 se conformó una mesa de coordinación institucional desde donde se llevaron adelante acciones orientadas a incidir sobre el mercado ilegal de divisas. Se alinearon detrás de ese objetivo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
La SEFyC junto a la UIF y el resto de los reguladores, intensificaron las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac. Se logró información acerca del mercado paralelo que permitió identificar el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas.
Las reglas las debe imponer el Estado para el bien común y no subordinarse o peor, salir a defender a los bancos cuando la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento del Inciso 2 del Artículo 75 de la Constitución Nacional, solicita a su Legislatura cobrarle impuesto a los Ingresos Brutos por sus operaciones con las Leliq.
1 Medida que incluso flexibilizó el jueves 8 de octubre a pedido del Banco Hipotecario del grupo Elsztain.
2 Empresas y personas que seguramente están entre los principales fugadores de 2015-2019 y están también en la lista conformada por Hernán Arbizu y por el Ingeniero en sistema Hervé Falciani, ambos del HSBC, o en los Panamá Papers.