La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de un total de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte se obtuvo colocando títulos de deuda en los  mercados internacionales, entre ellos incluso el bono a cien años1. La otra parte es la deuda con el FMI, en 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) unos aproximadamente 45.300 millones de dólares.  También se tomó deuda pero menor con otros organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Club de París, etc. Y finalmente deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.) El acuerdo con los bonistas tanto extranjeros como locales fue renegociado por el gobierno de Alberto Fernández con un período de gracia para la amortización de capital que comenzaría a realizarse en el segundo semestre de 2024. El acumulado a pagar a los bonistas con jurisdicción extranjera al 31 de diciembre de 2024 es de  unos 6.200 millones de dólares (cuando los vencimientos originales de los títulos canjeados hubieran significado de 33.664 millones de dólares para ese lapso). Paralelamente los títulos en jurisdicción local abonaran el equivalente a unos 3.910 millones de dólares, conformando un total de 10.100 millones de dólares en cuatro años, suma que se puede pagar con el amplio superávit comercial que se espera para todo ese período.
LA NEGOCACION CON EL FMI
Cumplida la negociación con los tenedores privados de los títulos de deuda argentino, tanto aquellos que tienen jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local, restaba modificar el compromiso con el FMI que obligaba a pagar en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.
Esto es: El primer desembolso fue del equivalente a 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG2), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.
El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por el equivalente a 5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.
Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2021 en adelante, y por otra parte no sabemos exactamente el valor del DEG en el futuro. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar, que el mismo Presidente de la República Argentina, en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2021, estimó en ese año 2021, que  la deuda a pagar con el FMI es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares.
La negociación de la deuda con el FMI es sumamente compleja, primero, por su monto; y segundo porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG  a la Argentina que, como dijo el Presidente Alberto Fernández, fue para financiar la campaña política más cara de la historia.
La excusa de la administración anterior fue que se tomó deuda para cubrir el déficit fiscal, pero no dicen que ellos mismos expandieron ese déficit al eliminar las retenciones (derechos de exportación) y disminuir el de la soja y derivados, y  nada justifica que -como ocurrió- se tome deuda en dólares para afrontar gastos que el Estado tiene que realizar en pesos. La deuda en verdad, fue contraída  para obtener los dólares para propiciar su fuga, como lo señala el BCRA en el informe que realizara al respecto: “en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la formación de activos externos alcanzó los 45.100 millones de dólares”, un monto proporcional y financiado por el préstamo del FMI. Para poder hacerlo el FMI incumplió su reglamento que establece como límite máximo de préstamo para un país el 500% de la cuota en ese organismo. La cuota argentina en el FMI desde agosto de 2016 es de 3.187,3 millones de DEG. Como la cotización del DEG es de 1,4076 dólares al momento solicitarse, Argentina en ningún caso podría haber obtenido más de 22.300 millones de dólares y le dieron un crédito mayor al gobierno de Macri, que supera los 45.300 millones aproximadamente.
Ahora, ante el cambio de gobierno en nuestro país y como era previsible y fiel a la política externa de los EEUU, el FMI iba a endurecer su posición en un plan de facilidades de pago que se puede extender como máximo hasta diez años, y con condicionalidades que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo incrementar la alícuota del IVA en los alimentos) y estructurales, que son siempre las mismas, privatizaciones (recordemos que en el año 2002 el FMI proponía que se privatice el Banco de la Nación Argentina) y hasta volver a intentar que se reimplante el sistema de capitalización previsional.  Y no escritas, como es la presión para que se concesione nuevamente la mal llamada Hidrovía del Paraná y otras que no se explican si no es por la presión de los acreedores que el FMI representa.
En efecto, las medidas solicitadas por el FMI tienen como común denominador limitar el poder del Estado, en planes de ajuste del gasto público, de reducción del consumo interno, de leyes permisivas como las engendradas en la reforma  financiera de 1977 incluida la ley de inversiones extranjeras; de las leyes de reforma administrativa del Estado y de emergencia económica de 1989 que esbozaron un amplio plan de desregulaciones y privatizaciones; de los Decretos de Desregulación económica de 1991, que en el caso de los puertos engendró la Ley Nacional de Puertos 24.093, en el año 1992 y de la disolución mediante decreto 817/92 de esa Empresa del Estado, mientras paralelamente el gobierno de Menem, generaba el marco legal para la construcción y operación de puertos privados, vinculados en los hechos a las empresas internacionales del comercio de granos y subproductos sobre el Río Paraná; etc. todas ellas fueron condicionalidades impuestas por el FMI, por ende el Decreto 949 del 26 de noviembre de 2020 es otra condicionalidad del FMI para que sigan las mismas empresas con las licitaciones en los puertos y en el dragado del Río.
Los abogados dicen “a confesión de parte relevo de pruebas”: Primera prueba: Las declaraciones de Michael Mussa, que fue el jefe de los economistas del FMI en los años noventa, que firmó seis acuerdos de financiación con Argentina entre julio de 1991 y enero de 2001, por un importe total de más de 29.000 millones de dólares, sostuvo que el Directorio del FMI no quiso ver la degradación política y económica del país, presionado por los EEUU que es el principal contribuyente y responsable por los recursos del FMI, porque los EEUU querían sostener a Menem y después a De la Rúa, pese a que era evidente que no había forma de que la economía se recuperara con las exigencias del mismo “Fondo”. Y segunda prueba, son las afirmaciones del Director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino, Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el Directorio”3.
En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, el Presidente de la República, Alberto Fernández, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…” con ello el Presidente de la Nación manifestó su voluntad de promover una querella criminal por administración fraudulenta contra los funcionarios de Cambiemos y los máximos responsables políticos que tuvieron a su cargo la obtención y gestión del crédito condicionado (stand by) otorgado por el Fondo Monetario Internacional.
Por ello el Fiscal Federal, Franco Picardi, abrió una investigación que deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes.
El mecanismo de endeudamiento y fuga es el siguiente: El que contrae la deuda es el Tesoro de la Nación que depende del Ministerio de Economía, pero como el Estado paga a sus trabajadores (donde más de la mitad son fuerzas de defensa y seguridad), a los jubilados y pensionados nacionales, las contrataciones, licitaciones, y transferencias, en pesos,  le vende esos dólares al BCRA4.  Y el BCRA al tipo de cambio oficial le da pesos al Tesoro de la Nación.  El problema reside que por la Ley 24.144 de carta Orgánica del BCRA, el BCRA puede vender esos dólares que son deuda del Tesoro de la Nación a los Bancos que se lo demanden y allí operaron fundamentalmente los diez grandes bancos privados y hasta grandes bancos oficiales nacionales y provinciales administrados por Cambiemos y, compraron para sí y para sus clientes en la gestión de Macri, 86.200 millones de dólares, tal afirma el Informe del BCRA denominado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, preparado por pedido expreso del Presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020.
El Informe de marras del BCRA sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron,  de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
Una vez analizado en principio, los cien primeros grandes compradores y fugadores de divisas del período diciembre 2015-diciembre 2019, seguramente le cabrá las generales de la ley y por multa y declaraciones falsas deberán devolver al Estado nacional parte de lo fugado. Es más se puede acordar amortizar parte de los equivalente a 45.000 millones de dólares de deuda con el FMI, con esos ingresos.
EN SINTESIS
Emilio Luque es un empresario de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a más de 1200 familias y con un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos. Todo este proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses durante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% de su valor, que encima pagó en 13 (trece) cuotas. Sin embargo en los cuatro años de la gestión de Macri compró para sí 17.802.944 dólares.  Bien la AFIP debería llamarlo a ese señor y decirle como hizo para comprar esa suma de dólares, si está en quiebra y en deuda con el fisco.
De igual manera hay que llamarlo a Marcelo Midlin y decirle como hizo su grupo  económico “Pampa Energía” para comprar 903,9 millones de dólares, si no pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto.
Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero el medio digital “El Cohete a la Luna” con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que entre esos grande fugadores de capital encabezan el lote Telefónica Argentina  con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares5, y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny6;  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho, desde el año 2003 hasta el año 2020 el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.712 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.
El problema real es que esa suma obtenida por un brutal ajuste externo, se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.
La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites y en el año 2020  superó los 80 millones de toneladas, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.
Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que se declara una parte,  pero es importante la subfacturación de exportaciones y de esa forma se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial (declarado y no declarado) y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.
No es justo que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda. Primero, antes que nada, se debe auditar exhaustivamente como hicieron los Luque y los Midlin para comprar los millones de dólares que compraron.  Es más, de ese modo se debe recuperar gran parte de esa fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI.
1 Bono Centenario” por unos 2.759 millones de dólares con un cupón de renta fija del 7,125% anual, que iba a vencer en el año 2117, y que debía pagarse durante cinco generaciones de argentinos.
2 Derechos Especiales de Giro, es una canasta de moneda que emplea el FMI para ajustar el valor del crédito otorgado, al 31 de julio de 2020 la paridad era 1,4076 dólares por DEG.
3 Entrevista al Dr. Sergio Chodos de El diario AR del 16/02/2021.
4 Hay un aparte que toma en divisas para pagar los servicios de la deuda.
5 En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.
6 Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia, en el Banco Macro SA y, en el Banco Santander.