El GAFI reconoció a la República Argentina por sus
altos estándares en la lucha contra el lavado de activos
El
ministro de Justicia, Julio Alak, informó hoy que el GAFI reconoció a la
Argentina por su "sistema de lucha contra el lavado de activos y
terrorismo de acuerdo a los máximos estándares internacionales". Además,
la Argentina ha sido invitada a auditar a otros países.
El
ministro de Justicia, Julio Alak, informó hoy que el plenario del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció a la Argentina por sus
altos estándares de lucha contra el lavado de activos.
“La
presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), cuando el GAFI en 2009 reconoció
debilidades en el sistema, promovió un profundo cambio normativo, una
re-jerarquización de la (Unidad de Información Financiera) UIF, poniendo mucho
esfuerzo en dotarles y poniendo al frente a José Sbatella, que está
participando en este momento del plenario”, dijo el funcionario nacional en una
declaración de prensa en la Casa Rosada.
Alak
destacó que hoy “la Argentina tiene un sistema de lucha contra el lavado
de activos y terrorismo de acuerdo a los máximos estándares internacionales,
con todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del
mundo”.
Además,
aseguró que el reconocimiento fue aprobado por unanimidad, por países como
Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Holanda; por los integrantes del
BRIC; por el Fondo Monetario Internacional; por el Banco Mundial, y otros
organismos mundiales.
“Este
reconocimiento tiene una felicitación de la comunidad internacional por el
logro en cuatro años, cuando en otros países tardan décadas”, indicó el
ministro y afirmó que “los avances rápidos tiene una explicación y es el
altísimo compromiso de la Argentina en esta lucha, en el reordenamiento del
sistema, y esto se debe a la voluntad política de la Presidenta”.
Alak
precisó que “la Argentina ha sido invitada a ser parte de los organismos y
agencias que auditan a otros países”.
El
titular de la cartera de Justicia dijo que la lucha contra el lavado “es una
política de Estado y, como señala la Presidenta, involucra a los tres poderes
del Estado”.
El
ministro puntualizó: “Hubo numerosos cambios a nivel del Poder Ejecutivo. Se
terminaron los comportamientos estancos, siendo la UIF el organismo de
coordinación de lucha contra el lavado, que se fortaleció notablemente”.
En este
sentido, Alak indicó que el organismo dependiente de su cartera pasó de tener
80 agentes a 200. Además, indicó que, a nivel judicial, se promovieron
cambios importantes y destacó el respaldo legal que hoy tienen las decisiones
judiciales. “Antes de este cambio no había condenados, hoy ya hay 13 condenados
con penas de prisión”, aseguró.
En tanto,
afirmó que en 2009 las entidades o personas que tenían que tienen la obligación
de informar a la UIF eran 350, y hoy son 35.000 entidades, registros,
profesionales, compañías y bancos, que tienen la obligación de reportar una
operación sospechosa.
Alak
detalló que en 2009 hubo 1.500 Registros de Operaciones Sospechosas (ROS),
mientras que en 2014 ya hay 40.000.
Tambiém,
dijo que en 2009 casi no hubo supervisiones, mientras que este año ya se
ejecutaron 629 supervisiones.
“Quiero
destacar la tarea permanente de José Sbatella; de Alejandro Vanoli cuando
estuvo al frente de la CNV; del vicepresidente del Banco Central, Miguel Ángel
Pesce; del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip),
Ricardo Echegaray; de la coordinadora de la Unidad de Prevención de Lavado de
Activos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Ana
Durañona ,y del secretario ejecutivo del Programa de Monitoreo Antilavado del
Ministerio de Justicia, Diego Sarrabayrouse”, dijo el ministro.
El plan
En
febrero de 2011, el Gobierno nacional presentó un Plan de Acción que, tras su
aprobación por el foro internacional, fue ejecutado con celeridad.
En ese
marco, se aprobaron leyes de alto impacto institucional que incluyeron reformas
al Código Penal y se dispusieron medidas de reorganización y potenciación de la
Unidad de Información Financiera para un control más ajustado de las
actividades supervisadas por los sujetos obligados. Así, quedó en la órbita de
esa agencia la dirección de todo el sistema de lucha contra el lavado de
activos, y se readecuó y modernizó toda su reglamentación administrativa.
Ø
Se logró la sanción de tres leyes fundamentales: ·
La Ley N° 26.683, que en junio de 2011 introdujo importantes modificaciones al
Código Penal Argentino en materia de lavado de activos –creó la figura de
autolavado- y fortaleció la norma regulatoria de la Unidad de Información
Financiera;
·
Las Leyes N° 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal las más
novedosas previsiones en el ámbito de los delitos contra el orden económico y
financiero y de los actos con finalidad terrorista y su financiación.
Ø
Se dispuso la unificación registral a nivel nacional.
Ø
Se creó el Registro Nacional de Bienes Decomisados durante el Proceso Penal.
Ø
Mediante el Decreto N° 1642/2011, la Presidenta creó también el Programa
Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Ø
Se elaboró un Plan de Efectividad de la Recomendación 1 del GAFI, que fue
presentado y recibido con satisfacción por el.
Ø
Se dictó un gran número de resoluciones y readecuaciones administrativas para
los siguientes organismos reguladores, de manera de ajustar su funcionamiento a
los nuevos estándares y sumarlos como herramientas más eficaces en la
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
·
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
·
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
·
Comisión Nacional de Valores (CNV)
·
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
·
Superintendencia de Seguros de la Nación
Ø A
través del decreto 918/2012, firmado por la Presidenta, se reglamentó y se hizo
operativa la figura del congelamiento administrativo de activos, instituto
jurídico incorporado por vía de la Ley 26.734 y hasta entonces inexistente en
nuestro derecho interno, en el que sólo se contemplaba la medida judicial de
embargo.
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