195 estados se comprometen a rebajar sus emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 2 grados a finales de siglo. En una fórmula que contente a todos, no estarán obligados legalmente a cumplir con sus compromisos pero sí a hacer un seguimiento, comunicarlo y presentar revisiones cada 5 años. Después de las intensas negociaciones que se han prolongado durante dos semanas y con más retraso del esperado, 195 países han dado por fin este sábado su visto bueno al primer acuerdo mundial contra el calentamiento global.
El pleno de la Cumbre del Clima, reunido en el centro de convenciones de París-Le Bourget, al noreste de la capital francesa, ha aprobado pasadas las 19:25 horas un texto definitivo que por primera vez en la historia implica a la práctica totalidad del planeta en la lucha contra el cambio climático y que se compromete a transitar hacia una economía baja en carbono. Ahora cada país tiene hasta mayo de 2017 para ratificarlo.
“Acabamos de hacer algo grande”, ha dicho el presidente de la COP21, Laurent Fabius, en medio de un prolongado aplauso en la sala. Después, Fabius ha abrazado al secretario general de Naciones Unidas, Ban-Ki Moon. “Es el acuerdo más difícil que se ha negociado nunca”.
El Acuerdo de París, que no entrará en vigor hasta 2020, tiene 11 páginas y una ‘decisión’ que lo desarrolla en otras 20.
El objetivo que se marca el acuerdo es que la temperatura del planeta no sobrepase los 2 grados de aumento a final de siglo, aunque se hace referencia a hacer esfuerzos para aspirar a un objetivo más ambicioso de 1,5 grados. Como los compromisos voluntarios de reducción de emisiones de efecto invernadero que han presentado los diferentes países no son suficientes para lograr ese objetivo (según los cálculos se llegarían a sobrepasar los 3 grados), el documento incluye un mecanismo de revisión de esos compromisos cada 5 años, con el ánimo de hacerlos poco a poco más ambiciosos y lograr contener el calentamiento en el año 2100.
Ahora bien, el texto evita fijarse metas concretas en el medio plazo, (en su lugar señala que “el objetivo es llegar al pico global de emisiones lo antes posible”) y, renuncia a utilizar el término “descarbonización”.
En un principio, el texto recogía la necesidad de dejar atrás la quema de combustibles fósiles para 2050, lo que implica que se queden sin explotar el 82% de las reservas del carbón, el 40% de las de gas y el 33% de las de petróleo. Pero esto era un punto que las grandes potencias petroleras no estaban dispuestas a aceptar. En su lugar, se ha optado por una fórmula que no requiere necesariamente reducir emisiones, sino “lograr un equilibrio de las emisiones antropogénicas (generadas por el hombre) a través de fuentes de absorción de gases de efecto invernadero”, es decir, que los países pueden compensar sus emisiones a través de mecanismos naturales, como bosques u océanos; o artificiales, como la geoingeniería, métodos de captura y almacenaje de carbono, etc. No obstante, el texto emplaza a los países a dirigir sus flujos financieros de acuerdo con los objetivos de reducción de emisiones (lo que supone dejar de subvencionar combustibles fósiles).
Fabius ha presentado el acuerdo como “legalmente vinculante”, pero no todo su contenido tendrá el mismo grado legal. Los países no estarán obligados a cumplir los compromisos de reducción de emisiones que han presentado, es decir, no habrá sanciones si se incumplen. Aunque sí debe hacer un seguimiento de una manera transparente, a comunicarlo y a presentar revisiones cada cinco años, supuestamente para aumentar la ambición de su compromiso o, al menos, dejarlo como hasta ahora.
Tres velocidades de países
La diferenciación (que establece el grado de compromiso que deben asumir los países en función de si son más o menos desarrollados, y por tanto, más o menos responsables del cambio climático) ha sido uno de los temas más conflictivos del acuerdo. La Unión Europea y EEUU querían que China e India, que no están considerados oficialmente como desarrollados pero que se han convertido en los últimos años en dos grandes contaminadores, tuvieran la misma responsabilidad que los países ricos en cuestiones, sobre todo, de financiación. Pero lo dos países asiáticos se negaban.
En el texto que se ha aprobado este sábado se ha llegado a una solución intermedia que establece, en casi todos los aspectos, tres velocidades diferenciadas: los desarrollados, las potencias emergentes y el resto de países.
Sobre los primeros recae el grueso de las responsabilidades, pero a los segundos se les emplaza, de manera voluntaria, a hacer mayores esfuerzos. El tercer grupo debe empujar asimismo en la lucha contra el calentamiento, pero se les reconocen sus dificultades y se les concede mayor tiempo para adaptarse. También serán los que reciban el grueso de los fondos.
El documento compromete a los países desarrollados a movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para que los países más pobres puedan adaptarse a la consecuencias del cambio climático. Esa será la cantidad mínima, que deberá revisarse para una posible ampliación en 2025. No obstante, este punto, que ha generado gran tensión entre los países, ha quedado finalmente fuera del articulado y sólo se contempla en la parte de las decisiones, lo que quiere decir que se puede cambiar en futuras cumbres.