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Escrito por Marcos Obrego-Prensalibre
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Martes, 21 de Junio de 2011 00:00 |
LACAP inhibe a funcionarios a ofertar bienes y servicios
Los próximos días serán cruciales en la toma de decisiones de varios empresarios que están a las órdenes del ejecutivo y quienes podrían crear una renuncia masiva. La reforma impide a cualquier funcionario y familiar licitarle al gobierno
José Miguel Menéndez, en su calidad de presidente de Cifco, y amigo del presi-dente Funes, no podría participar en licitaciones públicas como lo ha hecho antes con su empresa Cosase.
José Miguel Menéndez, en su calidad de presidente de Cifco, y amigo del presi-dente Funes, no podría participar en licitaciones públicas como lo ha hecho antes con su empresa Cosase.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) se ha convertido en una tierra amurallada para todos aquellos empresarios que tienen algún puesto en el sector público y para sus familiares, impidiendo que puedan ofertar bienes y servicios, prácticamente, a cualquier institución del Estado. Dicho blindaje, efectuado el 18 de mayo anterior en el Congreso, provocaría en los próximos días la fuga de varios empresarios que están a las órdenes del presidente Mauricio Funes.
En las gremiales aún se reservan nombres de quienes podrían renunciar, pero el que más suena es el del presidente del Centro Internacional de Ferias (Cifco), José Miguel Menéndez, cuya empresa Cosase presta sus servicios de seguridad a varias carteras de Estado. Ayer trascendió que había renunciado, se le llamó a su teléfono móvil y un pariente dijo que no podía comunicarlo porque estaba disfrutando del partido de la Selección Nacional en la Copa de Oro.
El Secretario de Comunicaciones, David Rivas, al ser consultado, dijo que no podía confirmarlo.
En el grupo de empresarios que están bloqueados legalmente por ser parte del gabinete, también figura Hugo Barrientos, quien el 1 de junio fue nombrado viceministro de Obras Públicas. El nuevo funcionario es propietario de H. Barrientos Arquitectos.
El Diario de Hoy intentó en repetidas ocasiones también, a través del departamento de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, pero no respondió para definir una postura.
Antes de la reforma, el artículo 26 prohibía ofertar solo a los miembros del Consejo de Ministros y a los funcionarios y empleados públicos y municipales únicamente dentro de la institución a la que pertenecían. Ahora, la enmienda extiende esa prohibición a todas las esferas estatales, sea cual sea la institución en la que el funcionario se encuentre.
La reforma determina que entre quienes están "impedidos para ofertar" se encuentra el presidente y vicepresidente de la República, los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los miembros de los concejos y del Consejo de Ministros, los titulares del Ministerio Público, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, la junta directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), de las instituciones financieras y de crédito público, así como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), y las juntas de gobernadores o consejos directivos de las instituciones autónomas.
La prohibición incluye a todos aquellos funcionarios y empleados públicos y municipales que pretendan licitar en su misma institución y las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, consejeros o representantes legales. La disposición también se aplicará a los miembros de las juntas o consejos directivos.
Por si fuera poco, el bloqueo también alcanza a los cónyuges o convivientes, y a las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los funcionarios y empleados públicos, así como las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. En palabras más precisas, todo aquel empresario que integre algún consejo o sea funcionario, no podrá ofertar nada al Estado.
Además, "los ofertantes, adjudicatarios o contratistas tienen prohibido celebrar acuerdos entre ellos o con terceros, con el objeto de establecer prácticas que restrinjan de cualquier forma el libre comercio. El funcionario o cualquier persona que tenga conocimiento de dichas prácticas deberán notificarlo a la Superintendencia de Competencia para los efectos correspondientes", señala el documento.
Mencionan nombre
El malestar en la empresa privada no se ha hecho esperar, y la semana anterior, en una reunión de la Junta Directiva de Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se evaluó qué medidas se tomarán al respecto (leer nota aparte).
No obstante, en los pasillos de un hotel capitalino, donde se reunió la alta esfera empresarial, el nombre de Mecafé, como se conoce a Menéndez, era mencionado entre los que podrían iniciar las deserciones. "Mecafé es uno de los que se iría", aseguró un empresario, algo que hasta ayer era incierto.
La principal fuga la encabezarían aquellos empresarios, quienes en representación de las 45 instituciones agremiadas a la ANEP, forman parte de los consejos directivos de las instituciones autónomas.
Esta situación ya había sido advertida antes de que Funes sancionara las reformas. Según el director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Ismael Nolasco, dentro de las 31 observaciones que hicieron ya habían advertido que esa reforma no sólo afectaría al sector privado, sino también a los funcionarios que licitan en otras instituciones para las que trabajan.
"Nosotros lo advertimos. Porque para tener gente capacitada al frente de las instituciones públicas, hablando de los funcionarios, normalmente la gente que está capacitada es la que se desarrolla empresarialmente en áreas afines, y en los consejos directivos, la forma usual de que lleguen representantes privados son aquellos que conocen los temas", dijo.
Nolasco dijo que "la reforma fue irresponsable. Quien redactó eso, lo hizo con la intención de dañar al mismo Estado y a la empresa privada, no sólo a empresarios, con capacidad de ayudar al país".
Por su parte, la diputada por ARENA Carmen Elena de Escalón aseguró que las reformas se impulsaron en aras de la transparencia y con el objetivo de que no haya conflicto de intereses en el Estado.
"Las reformas se hicieron sobre todo por el hecho de que exista mayor transparencia y que no estuvieran aprovechándose de la cercanía o del parentesco de los funcionarios con el Presidente (Funes), para que la gente a su alrededor gane licitaciones o tenga negocios con el gobierno. Buscando la transparencia en todo el sentido de la palabra", argumentó la legisladora arenera.
De Escalón dijo que quien esté "trabajando en un gobierno debe saber las reglas claras o si no que no entre a ser funcionario y además quiera tener tráfico de influencias para poder vender o hacer que su empresa sea la escogida. Eso no se vale".
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