Pere Aragones, presidente catalán en funciones, había pospuesto las elecciones del 14 de febrero por el repunte de la pandemia en la Comunidad Autónoma. El Tribunal de Justicia de Cataluña suspende un decreto del Gobierno local que aplazaba las elecciones del 14 de febrero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido de forma cautelar el decreto del Govern que convocaba las elecciones catalanas para el 30 de mayo, por lo cual vuelve a estar vigente, al menos de manera provisional, el decreto que fijaba las elecciones el 14 de febrero próximo.
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El Gobierno en funciones decretó el pasado viernes el aplazamiento electoral al 30 de mayo, con el consenso de los partidos catalanes, salvo del Partido Socialista Catalán, filial local del gobernante en el Estado, Partido Socialista Obrero Español, dado el avance de la tercera ola de la pandemia, justo cuando se espera que el pico de la misma se dé en las vísperas del 14 de febrero.
Sin embargo, el TSJC ha recibido hasta cinco recursos contra el aplazamiento electoral, dos de los cuales solicitaban que se adopten medidas cautelarísimas, por parte de distintas asociaciones, la última recibida la mañana de este martes.
En este sentido, la sección quinta de la sala contencioso administrativo del TSJC ha estimado las medidas cautelarísimas solicitadas en uno de esos recursos, según ha informado el tribunal, aunque aclara que esta decisión "no anticipa" el posicionamiento sobre el fondo del asunto.
Y justifica la suspensión cautelar para evitar que su decisión final tenga efectos "irreversibles" sobre la convocatoria electoral de febrero, la cual exige poner ya en marcha el proceso para llevar a cabo la votación. De hecho, para unas elecciones el 14 de febrero, la campaña debería comenzar el viernes 28 de enero, dentro de nueve días.
Para los recursos que solicitaban medidas cautelares, el tribunal tiene de plazo para resolverlos hasta el próximo jueves.
Las elecciones catalanas entraron en disputa luego que el PSC presentara como candidato al todavía ministro de Sanidad del Estado español, Salvador Illa, lo cual es considerado tanto por los independentistas locales como por la oposición nacional como ua acción "desleal"
Los socialistas catalanes han celebrado la resolución judicial; mientras que los independentistas la han rechazado.