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Fiscalía de Perú amplía la investigación contra Dina Boluarte PDF Imprimir Correo
Escrito por teleSUR tv   
Jueves, 25 de Abril de 2024 20:15

Según la jefa de estado, los relojes de lujo fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien admitió haberselos prestado a Boluarte. Dina Boluarte tiene abierta otra investigación por el aprovechamiento indebido de un cargo cuando era ministra de Desarrollo de Inclusión Social.
La Fiscalía de Perú anunció este miércoles que amplió la investigación contra la presidenta designada Dina Boluarte por el delitos de cohecho en el caso de los relojes de lujo Rolex, enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
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Como parte de la investigación la vivienda de la funcionaria designada fue allanada el pasado 30 de marzo. El 5 de abril, declaró ante la Fiscalía por más de cinco horas, y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares.
Según la jefa de estado los relojes de lujo, fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien admitió haberselos prestado a Boluarte.
Oscorima fue notificado para declarar el 4 de abril, pero decidió no hacerlo, ni mostrar los relojes, pues según él no había sido citado apropiadamente.
Por esa razón, la cita fue cambiada para el 10 de abril, pero acudió sólo su abogado para exhibir los relojes y una pulsera de su cliente, los cuales fueron incautados.
Las autoridades informaron que investigan al gobernador por hechos vinculados a la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico, ya que al parecer la entrega de relojes y joyas de lujo fue a cambio de financiamiento en obras millonarias.
Durante una rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que la funcionaria peruana mantuvo silencio en una audiencia en la Fiscalía por un caso de presunta corrupción cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2021-2022), relacionado con irregularidades en la adjudicación de un programa social de alimentación escolar.

 
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