Periodistas y Gobierno expusieron ante la CIDH su versión sobre Leyes polémicas
Como parte del 140 período de sesiones, el órgano autónomo de la OEA examinó los argumentos de ambas partes sobre la situación de la libertad de prensa en relación a dos polémicas Leyes, una contra el racismo y otra sobre el régimen electoral.

Representantes de los periodistas y del Gobierno de Bolivia se enfrentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) al exponer sus versiones sobre las recientes Leyes que afectan a la libertad de expresión en su país.
Como parte del 140 período de sesiones, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinó los argumentos de ambas partes sobre la situación de la libertad de prensa en relación a dos polémicas Leyes, una contra el racismo y otra sobre el régimen electoral.
Ambas legislaciones se aprobaron este año en medio de protestas y denuncias por parte de los medios de comunicación, ya que el gremio considera una amenaza a las libertades de prensa algunos de sus artículos.
En concreto, la Ley contra el racismo establece sanciones económicas y el cierre de medios que publiquen "ideas racistas y discriminatorias", y fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.
La otra medida regula la propaganda electoral en elecciones directas a jueces con el fin de asegurar que todos los magistrados estén en condiciones de igualdad para presentar sus méritos, según el Gobierno.
Como consecuencia, esa Ley prohíbe a los candidatos a los órganos electoral y judicial dar entrevistas a periodistas o expresarse en anuncios en los medios de comunicación.
Ambas legislaciones son, en opinión del Fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, una "arquitectura jurídica restrictiva" y una forma de pedir "autocensura a los medios" y "amordazar a la opinión pública".
Según dijo en una exposición cargada de tensión y acusaciones, la Ley contra el racismo "criminaliza" el trabajo periodístico e "introduce la figura del censor".
Vargas comparó la relación actual entre periodistas y Gobierno con la de un "matrimonio mal avenido" en que los primeros se han convertido en "enemigos" del segundo por destapar sus casos de corrupción.
Además, presentó datos de organizaciones periodísticas sobre 391 agresiones a reporteros entre 2007 y 2009, aunque el vocero del Gobierno, Iván Canelas, objetó que no son datos oficiales y se trata de ataques de personas, no del Gobierno.
Al final de su discurso, el periodista advirtió que "no es tanto lo que es", en alusión a lo que ocurre ahora en Bolivia, sino "lo que podría llegar a ser" la situación de los medios en el futuro.
Por su parte, Canelas repasó uno por uno los artículos constitucionales y legislativos que defienden la libertad de expresión, e insistió en que el Gobierno "no regula" la profesión e insta a las organizaciones de prensa a "autorregularse".
Tras unas breves aclaraciones, mostró un vídeo que recopilaba insultos racistas como "indio maldito" al Presidente boliviano, Evo Morales, y "animales con forma humana" a la comunidad indígena, por parte de periodistas en televisión, prensa y radio.
Con igual pasión que Vargas, el portavoz gubernamental denunció que "algunos medios no cumplen con sus propios códigos" y tachó de intolerable que se haga "apología al odio racial" o que "se humille o denigre" a la mayoría indígena del país desde esa plataforma.
En cuanto a la Ley de régimen electoral, argumentó que "no se trata de una elección política tradicional" porque responde a "sus propias normas" para dejar fuera la propaganda y para que un candidato no se aproveche de "sus amistades y recursos" para salir en televisión.
Tras varias preguntas de los comisionados de la CIDH, Canelas instó a la Relatoría de la Libertad de Expresión de ese órgano a visitar el país para examinar la situación. "Queremos que vengan a que nos ayuden a resolver nuestros problemas", dijo el portavoz.