El juez federal Alejo Ramos Padilla dispuso una medida cautelar en donde establece “que todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago. A tal efecto, la comunicación de esta decisión deberá ser llevada adelante por ENARGAS”.
El pedido fue impulsado por la organización Consumidores Argentinos y afecta a “los usuarios de gas que se encuentran representados son los que lo usan para su consumo, independientemente de su carácter de residencial o no dentro de las categorías de facturación”. Admás de evitar los cortes de gas por falta de pago de la factura, se solicitó también que se declare inconstitucional de los aumentos de gas y la suspención de los nuevos cuadros tarifarios.
Desde Consumidores Argentinos explicaron que “el servicio de gas es un servicio público esencial resguardado por el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se trata de un derecho de incidencia colectiva y que nos encontramos frente a un hecho único que ocasiona una lesión a una pluralidad de sujetos”. En el escrito judicial se indica que “los precios de gas son fijados por el Ministerio de Energía” pero que los aumentos que quieren disimular a través de un acuerdo de precios.
En la parte final de la resolución, el juez federal Ramos Padilla establece un plazo de 5 días al Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ENARGAS para la producción de un informe que de respuesta a los reclamos planteados.
La medida fue apoyada por la Defensoria del Pueblo de la provincia a través de un comunicado, su títular Guido Lorenzino, manifestó que “esta decisión va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia. Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables”.