Se trata de partes de prensa institucionales de 1975, cuando la UNS fue intervenida por el nazi rumano Remus Tetu. El aporte se concretó en el 44 aniversario del crimen de “Watu” Cilleruelo, asesinado por la Triple A. Además, se impuso su nombre a una calle. Qué dicen los documentos. Primera parte de un dossier especial de AGENCIA PACO URONDO
SUMARIO
Las actas de la UNS hablan
Palabras para recordar a mi hermano, por Raquel Cilleruelo
ARCHIVO. Dossier: la Triple A, Bahía Blanca y la UNS
Por Diego Kenis La Universidad Nacional del Sur (UNS) concretó el miércoles 3 de abril la entrega de documentos institucionales de reciente hallazgo a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en esa región durante el terrorismo de Estado.
El aporte del material, que el vicerrector Javier Orozco y la subsecretaria de Derechos Humanos Andrea Montano entregaron al fiscal auxiliar Pablo Fermento (foto), se dio en una jornada de especial relevancia. Desde 2006, cada 3 de abril la UNS conmemora su Día de los Derechos Humanos. En esa fecha de 1975 la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina asesinó al estudiante de ingeniería y militante comunista David “Watu” Cilleruelo, que acababa de ser electo secretario general de la Federación Universitaria del Sur.
En 2010, la UNS se constituyó en querellante en la causa, próxima a ser tratada en debate oral. El aporte de la documentación se enmarca en el artículo 388 del Código Procesal Penal, que permite acercar nuevas pruebas a una causa cuya instrucción ya ha sido clausurada. Cuando llegue el juicio, por el crimen de “Watu” habrá un acusado en el banquillo: Raúl Aceituno es el único superviviente de los tres sindicados como autores materiales. Jorge “Moncho” Argibay, autor del disparo, y su hijo Pablo –que acabó sus días sin mácula, como prestigioso neurocirujano- fallecieron bajo el amparo de la impunidad.
Además de la entrega de documentación, el acto por el Día de los Derechos Humanos de la UNS incluyó la imposición del nombre de “Watu” a la principal calle interna del complejo universitario del barrio de Palihue, por donde transitan cientos de estudiantes y trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. La propuesta estudiantil fue aprobada por unanimidad en el Consejo Superior en su sesión del miércoles 27 de marzo, horas después de conmemorarse el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Será eje para la segunda parte de este dossier, a publicarse en los próximos días.
Los documentos
La documentación aportada fue hallada por el Archivo de la Memoria de la UNS, que se dedica a relevar y analizar material y testimonios vinculados a la historia de la casa de estudios. Se compone de un centenar y medio de boletines de prensa institucionales de 1975. El número anticipa que un análisis pormenorizado del material demandará tiempo.
La mayoría corresponden a la intervención de Remus Tetu, un nazi rumano que lideró la Triple A en Bahía Blanca junto al diputado nacional y dirigente sindical Rodolfo Ponce.
En un dossier especial publicado en 2015 AGENCIA PACO URONDO reveló los orígenes de Tetu, joven dirigente en la dictadura anticomunista rumana aliada al nazismo, y describió el accionar criminal y censor de su intervención en la UNS. También se ofreció entonces una reconstrucción del crimen de “Watu”, hecho emblemático que se pretendió aleccionador para el clima de efervescencia militante de la etapa previa. La información publicada entonces es ampliada por los boletines de prensa hallados en 2019.
“Luctuoso hecho”
El 3 de abril de 1975, día en que se produjo el asesinato de Cilleruelo, la intervención de la UNS emitió un escueto comunicado de cinco párrafos. Sólo el último alude, en forma capciosa, al crimen cometido en la mañana de esa jornada.
En el parte se comunica la suspensión total de actividades hasta el lunes siguiente y la postergación del inicio de las clases, prevista para ese día. “La intervención requiere a los profesores, alumnos y padres de alumnos y empleados, que colaboren en el mantenimiento del orden, aislando a los agitadores profesionales con una actitud de firme responsabilidad”, señala el documento, en un discurso que se tornaría recurrente: la víctima convertida en victimario. “Sólo así –amenaza el texto- se evitará el eventual cierre de la Universidad, con las conocidas pérdidas para todos, que lo que pretenden lograr los que quieren sumir al país en el caos”.
“Estas medidas se han adoptado debido a las acciones disolventes y provocaciones de todo tipo que vienen desarrollando minorías irresponsables en el ámbito universitario, entre las cuales se cita el luctuoso hecho ocurrido en la Universidad Nacional del Sur en la fecha”, sigue el texto. En un anticipo de la posterior “Teoría de los Dos Demonios”, agrega luego denuncias no especificadas sobre un “ataque sufrido por un profesor de la casa”, cuyo nombre no menciona, y “la intimidación para que los aspirantes al ingreso no se inscriban en la institución”.
El “luctuoso hecho” aludido era el asesinato de “Watu”, cuyo nombre fue omitido también en resoluciones de Rectorado hasta dos décadas después. De ese modo, los documentos institucionales construyen un crimen sin víctima, ni victimarios. La apuesta discursiva no tuvo éxito, por la persistencia de compañeros y compañeras de Cilleruelo, que durante años repitieron sus testimonios.
De ese modo pudo saberse, desde muy temprano, que los asesinos de “Watu” no pertenecían a no identificadas “minorías irresponsables” sino que se movilizaban en el auto oficial del Rectorado. La indagación posterior permitiría determinar además que contaban con credenciales de la Policía Federal y armas provistas por el Ejército, además de empleos en la UNS, intervenida por Tetu, y en la Junta Nacional de Granos, cuyo sindicato URGARA lideraba Ponce. Varios de ellos habían declarado como domicilio la sede local de la CGT, según consta en sus legajos universitarios.
Crónica de una reunión
Uno de los partes de prensa documenta una entrevista entre Ponce y Tetu, los dos líderes de la Triple A bahiense. El despacho está fechado en abril de 1975, aunque una enmienda impide dilucidar si el encuentro fue el 16 o el 17 de ese mes. La audiencia entre el rector interventor y el delegado local de la CGT deja conceptos elocuentes, si se tiene en cuenta además que la entrevista tuvo lugar menos de una quincena después del homicidio de “Watu”.
Según refiere el parte, Tetu indicó que “conocía perfectamente la posición y la lucha de los sindicatos contra la subversión, por lo que interpretaba que la presencia de los dirigentes gremiales en su despacho significaba la reafirmación de esa lucha”. Ponce le respondió que “podía tener la seguridad de que los trabajadores seguirían luchando contra la subversión”.
Ambos coincidieron en celebrar el “cambio de rumbo” en la conducción de la Asociación de Trabajadores de la UNS (ATUNS), cuyas bases se habían visto mermadas por numerosas cesantías dispuestas por el interventor en el comienzo de su gestión. Por aquellos días, además, Tetu había manifestado que sólo entablaría diálogo con organizaciones de trabajadores reconocidas por la CGT conducida por Ponce.
Delfor Guzmán, el secretario general de ATUNS que acompañó a Ponce en la reunión, pidió que “como primera medida se tratara la situación de 54 agentes no docentes cesanteados”. El interventor prometió que “no se producirían más cesantías y que se reincorporaría a los no docentes que lo merecieran”, pero agregó que eso se concretaría “a la luz de los objetivos del país, que no puede perdonar más subversiones”.
“Un infecto morbo”
Un mes antes, el 9 de marzo, Tetu se había referido al grupo de trabajadores cesanteados como aquellos “indeseables elementos” que “están intentando orquestar en Bahía Blanca la misma campaña que tan estrepitosamente fracasara en ocasión de la intervención a la Universidad Nacional del Comahue”, también bajo su cargo. Una semana más tarde, ante la organización del grupo excluido y sus reclamos, Tetu advirtió a los integrantes de la comunidad universitaria que “no se dejen arrastrar por ridículos mesianismos de algunos que se consideran llamados a dirigirlos”, al tiempo que anticipaba que “conductas semejantes originarán en el futuro la aplicación drástica de sanciones en vigor”, entre las que mencionaba exoneraciones docentes y expulsiones estudiantiles.
Resultaba fácil prever que los acusados en marzo no serían los últimos expulsados de la UNS por el interventor rumano. La fusión de Departamentos académicos, la eliminación de materias y la “limitación de servicios” resultaron en la exclusión de docentes. A esos factores se agregó la supresión de carreras, que también padecieron los y las estudiantes que, al momento de la decisión, no tuvieran aprobada la mitad del plan de estudios.
Una de las consecuencias de la intervención fue el cercenamiento del programa de la Licenciatura en Economía, aún hoy considerado de avanzada a nivel internacional, pero al que Tetu calificaba como una “sucursal de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú”, según consta en el parte del 24 de marzo de 1975, que merecerá un estudio especial. En cambio, el 28 de junio se anunció la creación de la Licenciatura en Oceanografía, organizada a partir de un convenio con el CONICET  y la Armada. Días antes, el 6 de ese mes, Tetu había solicitado “colaboración para refaccionar edificios” a los comandantes del V Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason, y al de Operaciones Navales, Luis María Mendía.
Al mes siguiente, un boletín de prensa fechado el 26 de julio comunicó la expulsión de 23 estudiantes de la UNS, por “la detención de varios de ellos por infracción a la Ley 20840 de Seguridad Nacional”, y agregó que se había informado la decisión a “las universidades nacionales y privadas del país y a las principales universidades de América Latina”.
Las detenciones se produjeron en el marco de una fallida asamblea estudiantil convocada tras el asesinato de “Watu” para señalar la responsabilidad de Tetu en el crimen. El encuentro fue desbaratado en conjunto por los servicios de inteligencia, la patota de la Triple A y la policía, que detuvo a cinco asistentes. A uno de ellos le plantaron un arma, para agravar las acusaciones y justificar el operativo.
Una de las estudiantes de la nómina no pudo ser expulsada de la UNS, porque aún no había ingresado a ella: cursaba el secundario en el Colegio Nacional de Bahía Blanca, al que Tetu remitió una nota solicitando su exclusión. Diecisiete de los 23 estudiantes integraban la lista porque sus firmas habían sido halladas en panfletos secuestrados a una de sus compañeras. En una alusión extorsiva al estilo de las actuales, Tetu indica que las firmas suponen “un acuerdo expreso a las infamias proferidas” en el volante, “si no se trata de una falsificación que basta ser denunciada para tenerse en cuenta”. La apuesta por quebrar al grupo no prosperó.
El boletín de prensa de ese 26 de julio toma las palabras de la resolución de Rectorado emitida un día antes, que consideraba que “la actuación de los involucrados en las presentes actuaciones dan cuenta de una espantosa bajeza moral y de un perfil psíquico tan deteriorado que obliga a extirparlos de inmediato como un infecto morbo de la comunidad universitaria”.
Las actas de la UNS hablan
Medular en la biografía institucional, el libro de actas de la UNS de Bahía Blanca da testimonio de la historia nacional de las últimas seis décadas. Los documentos hablan por lo que dejan escrito, pero también por lo que omiten.
Por Diego Kenis
Bajo su actual denominación, la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca fecha su creación en el 5 de enero de 1956. Su acta fundacional no menciona a Juan D. Perón (el decreto ley 4161 sería firmado dos meses más tarde, pero la prohibición de nombrarlo estaba en vigencia de hecho), pero reconoce que la creación de la casa de estudios se concretó “sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur” fundado por el peronismo en 1948. Ya a fines de los ’40, el ITS comenzó a dictar carreras de grado y formó a los primeros graduados de la nueva Universidad.
El libro de actas inaugurado en aquel verano de 1956 aún no ha sido completado, por lo que allí continúan asentándose los hechos más importantes de la vida institucional de la UNS. En sus páginas se leen las distinciones a docentes, las visitas del presidente Arturo Illia en 1965 y el vicepresidente Daniel Scioli en 2007 o los doctorados honoris causa que recibieron Estela de Carlotto, Baltasar Garzón, Raúl Zaffaroni, Raúl Alfonsín, Bernardo Kliksberg y Osvaldo Bayer.
Pero el sexagenario volumen guarda también, entre sus pliegues amarillentos, las huellas de los años del terrorismo de Estado. Pasados los folios que atestiguan los meses de la primavera camporista, con la Tendencia en la gestión de la mano de Víctor Benamo, asoman las actas que refieren a las intervenciones que se sucedieron desde 1975.
El 25 de marzo de 1976, con la precisión horaria castrense de las 8 de la mañana, está asentada la “toma de posesión” del cargo de interventor del capitán de navío Raúl González, designado por la dictadura cívico militar que había comenzado un día antes. La anónima redacción anuncia en el párrafo de cierre que suscribirían el documento el marino, el interventor saliente Julio Reynoso y “los testigos presentes”. Pero nadie firma el acta.
El documento de toma de posesión de Remus Tetu resulta aún más increíble. Tetu, que había sido expulsado como docente en 1973, retornó menos de dos años después como encargado de imponer la misión Ivanissevich. El acta de la fecha, que anuncia la presencia del escribano Osvaldo Campagnoli, apunta sus objetivos y comienza a transcribir el decreto de intervención del Poder Ejecutivo. Pero el texto finaliza abruptamente, sin completar la copia de la norma. No tiene siquiera punto final, ni mucho menos firma ni certificación alguna. Luego, casi tres páginas en blanco. Reservadas para algún fin que nunca se concretó.
Los boletines de prensa de la UNS de 1975 hallados recientemente quizá puedan ofrecer alguna explicación posible para tanta desprolijidad, aunque al precio de descubrir aún más. El reporte del 21 de febrero anuncia que Tetu “se hizo cargo de sus funciones” y ofrece párrafos textuales de sus declaraciones, aunque el interventor saliente, Héctor Arango, no estaba en Bahía Blanca para asistir al traspaso. Cuatro días más tarde, otro boletín de prensa informaba que el interventor designado viajaría “esta noche” a Buenos Aires, donde “será puesto en funciones mañana por la tarde, en la sede del Ministerio de Cultura y Educación, por el titular de la cartera, doctor Oscar Ivanissevich”. A su regreso, el 28 de febrero, firmó una resolución para reordenar la numeración de las resoluciones de Rectorado, decidiendo arbitrariamente que comenzaría a contar desde el número 50.
Tales desprolijidades no eran extrañas en la biografía de Tetu, y por regla general abren el camino a interrogantes y revelaciones. En 1949, había escapado de Francia con una cartilla del consulado brasileño que lo definía como mecánico. Sin embargo, en la Argentina se adjudicó títulos de grado en ciencias humanas que nunca comprobó. De acuerdo a su versión, el escape a una condena a siete años de prisión en su natal Rumania, donde había sido un dirigente juvenil de la dictadura aliada al nazismo, le impidió finalizar estudios de doctorado en Derecho y Filosofía y Letras, que había “prácticamente terminado”.  Antes y después los daría por ya concluidos, sin que autoridad alguna del Ministerio de Educación argentino acreditase la inaugural declaración jurada de pergaminos académicos que presentó por duplicado al ingresar como docente al ITS. Los ejemplares no están firmados ni sellados por nadie, tal y como ocurriría casi un cuarto de siglo después con el acta de toma de posesión del cargo de rector interventor.
Ese documento incompleto, sin punto final ni rúbricas es la única acta producida durante la intervención de Tetu, que en cambio sí dejó decenas de resoluciones donde puede rastrearse su accionar represivo.
La comunión entre el rector interventor y los represores militares que continuaron su tarea es ostensible. Un cable de la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh informó el 18 de septiembre de 1976 que el general Adel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército con cabecera en Bahía Blanca, había reconocido públicamente la tarea del nazi rumano. Las investigaciones judiciales abiertas en la década pasada lograron determinar además que Tetu participaba de la “comunidad informativa” en que distintas reparticiones del Estado compartían y cruzaban datos para insumo de la represión clandestina. El propio Walsh plasmó la continuidad de un mismo esquema represivo en su Carta Abierta de 1977, cuando escribió que “las 3 A son hoy las 3 Armas”.
David “Watu” Cilleruelo, estudiante de Ingeniería y militante comunista a punto de ser electo titular de la Federación Universitaria del Sur, había denunciado esa complicidad criminal en una asamblea que encabezó menos de un mes antes de ser asesinado por los esbirros de Tetu, por entonces recién asumido como interventor de la UNS.
Los espías navales infiltrados en el mitin estimaron la asistencia en 250 personas y resumieron los conceptos de “Watu”, que propuso el “estado de movilización total” y acusó a Tetu de “implantar la misión Ivanisevich, que no era otra cosa que la introducción del Imperialismo en la UNS con el apoyo de la Marina, que era la única arma que había bombardeado al pueblo indefenso y la consideraba el brazo armado del imperialismo” (sic, del informe de inteligencia).
La mención de los bombardeos de 1955 sobre la Plaza de Mayo impacta de lleno en el mito fundacional de la propia UNS, que hasta la creación de su Archivo de la Memoria reconocía institucionalmente como sus mentores a los autores de la masacre. De hecho, entre las firmas que rubrican el acta se encuentran las de los escritores Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada, pero también la del todavía ignoto jefe de la policía provincial, Desiderio Fernández Suárez. En el invierno siguiente sería el responsable de concretar la Operación Masacre en los basurales de José León Suárez.
Los dictadores de 1955 designaron como primer “normalizador” al radical Pedro González Prieto. Casi tres décadas después, volvió a ese cargo. Corría 1984, la democracia acababa de ser recuperada y su nombre quedó asociado a la nueva primavera. La añeja realidad decepcionó las jóvenes expectativas y la gestión de González Prieto dejó morir el pedido de cesantía promovido por la comunidad estudiantil contra Tetu, que acabó jubilándose sin reproche. El trámite dejó un pormenorizado informe del accionar del interventor rumano, puntualizando atropellos e irregularidades en más de medio centenar de puntos. Pese a tan minucioso recuento, a la hora de hablar del crimen de “Watu” omitió nombrarlo: “el asesinato de un estudiante”, se lee. Un extraño caso de asesinato sin víctima, ni victimario.