Un análisis de las implicancias del nuevo código procesal federal. Los cambios en las estructuras de poder dentro de la justicia. Internas y entramados de la justicia que se viene.
Por Juan Cruz Guido Luego de anunciar durante la apertura de sesiones ordinarias una reforma judicial que afectará la estructura de los juzgados federales, con el fin de disminuir el poder y centralidad de la avenida Comodoro Py, Alberto Fernández hizo hincapié en la implementación del sistema acusatorio.
Hace un año, el 7 de febrero de 2019, entró en vigencia en el nuevo Código Procesal Penal Federal. El texto plantea un cambio radical en la administración de justicia. En términos jurídicos, la investigación en el proceso penal se traslada del juez al fiscal, es decir, se pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Esto tiene un anclaje ideológico, en tanto, el juez como impulsor de la investigación (tomar indagatorias, recolectar pruebas y demás) comienza a empaparse de las definiciones que van surgiendo de estas medidas. De manera que, para cuando debe emitir veredicto, su posición neutral, imparcial, se ve debilitada.
En ese sentido, la distintas corrientes filosóficas-jurídicas coinciden en que el paso al sistema acusatorio es una forma de asegurar las garantías constitucionales del imputado. Por otra parte, el nuevo código procesal penal federal incorpora la figura de la víctima como querellante de la causa, otorgándole centralidad en el proceso.  Así son el fiscal y la querella los que van impulsando la investigación, y el juez toma un rol de árbitro para garantizar una investigación imparcial y justa, atenida a las garantías constitucionales.
Este cambio implica la revalorización del Ministerio Público Fiscal, órgano autárquico desde la reforma constitucional de 1994, que, a partir de la importancia que toma bajo el nuevo código, necesitará de mayor personal especializado y, principalmente, mayor presupuesto. Es decir, una nueva repartición de fondos con la Corte Suprema, órgano máximo en la estructuración del Poder Judicial.
Si bien el código vigente todavía no está funcionando en todas las provincias (se empezó a utilizar en Salta, Jujuy y en estas horas entrará en ejecución en Santa Fe, provincia golpeada por delitos federales de público conocimiento), ya comienzan a preparase todos los juzgados y cámaras federales del país para su aplicación. El 12 y 13 de marzo, en Comodoro Rivadavia, se realizará un simposio para debatir sobre la implementación del sistema acusatorio que contará con jueces y juristas de todo el país, más la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Tal como describimos en una nota publicada esta semana en APU, estos cambios en la administración de justicia van generando resquemores políticos. El ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, vació la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, ocasionando las ausencias de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Esto fue un claro mensaje para el gobierno. De este cambio en el sistema judicial surge uno de los principales puntos en disputa: la caja de la Corte Suprema. A medida que se vaya implementando el código, la Corte va a tener que ir resignando recursos y personal en pos del Ministerio Público Fiscal. Lorenzetti, un hombre inminente político, leyó esto como un recorte a su poder.
En gran medida, la resolución de estos contrapesos de autoridad dependerá de la agilidad y habilidad del nuevo procurador, cargo vacante y cabeza del Ministerio Público Fiscal, ya que por ahora continua el interinato de Eduardo Casal, jefe de los fiscales nacionales y federales.