El Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) constató el origen del disparo por la espalda que hizo que el trabajador rural perdiera la vida. La pistola Jericho calibre 9 mm pertenece a uno de los efectivos procesados en la causa.-Por Diego Moneta Luis Armando Espinoza, trabajador rural de 31 años, desapareció el viernes 15 de mayo, en el paraje El Melcho, en la provincia de Tucumán. Una semana después fue hallado sin vida en territorio catamarqueño. Mientras la investigación avanza, se comprobó una pericia fundamental: de dónde provino la bala que lo asesinó.
Los peritajes realizados el 29 de mayo en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que depende del Ministerio Público de Tucumán, confirmaron que Espinoza recibió un disparo por la espalda, a la altura del omoplato izquierdo, proveniente del arma de uno de los integrantes de la fuerza de seguridad provincial.
Se trata de una pistola Jericho calibre 9 mm, que sería propiedad de José Morales, uno de los efectivos procesados en la causa. Además, en las últimas horas, a los diez detenidos (nueve policías y un vigía comunal) se sumó otro civil con prisión preventiva. Este último, familiar directo de uno de los oficiales, estuvo en el lugar de los hechos. El juez Mario Velázquez ordenó que los involucrados queden detenidos en la cárcel de Villa Urquiza, de la capital tucumana.
La hipótesis que sostiene la fiscal Mónica García de Targa es que Espinoza fue asesinado en El Melcho, tal como relató el hermano del trabajador rural, Juan Antonio. Luego su cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo, y finalmente, una vez que lo habían cubierto en bolsas y encintado, lo descartaron en Catamarca. El cuerpo fue encontrado en un acantilado de muy difícil acceso, a 150 metros de profundidad, en la localidad de Andalgalá, próxima al límite interprovincial con Tucumán.
Por esa razón, mientras continuaban las pericias, el establecimiento policial fue nuevamente allanado en busca de mayor cantidad de documentación y otro tipo de pruebas. Cabe recordar que el hecho se destraba por el quiebre del pacto de silencio que mantenían los involucrados. Dos oficiales confesaron el crimen y dieron pistas a la Justicia sobre el lugar donde había sido arrojado el cuerpo. Sin la confesión, todavía se seguiría buscando.
Los hechos derivaron en el desplazamiento de todas las autoridades de la Unidad Regional Sur de la Policía. Además, el ministro de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Claudio Maley, asistió a la legislatura a brindar explicaciones. Desde que se conoció la noticia de la desaparición, diversos organismos de derechos humanos insistieron en la responsabilidad de la policía provincial. El procedimiento de la fuerza es cuestionable por donde se lo aborde.
La indignación por lo sucedido aumentó al comprobarse que dos de los policías que participaron del crimen ya habían estado implicados en otro caso de violencia institucional. Los agentes Esteban González Rojas y Claudio Zelaya fueron participes del asesinato de Alan Andrada, joven de 20 años que fue detenido y golpeado, lo que le provocaría la muerte dos días después. Nunca fueron apartados ni se los investigó por su responsabilidad en lo sucedido.
La filial tucumana de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la regional local de H.I.J.O.S. encabezan la larga lista de organismos que reclaman que las autoridades políticas se hagan cargo de la violencia con la que actúan las fuerzas. El asesinato de Luis Armando Espinoza pone en evidencia una vez más el accionar represivo de la Policía de Tucumán. El estado tiene que estar a la altura de los hechos y dar respuestas concretas.