La Jueza en lo Contencioso Administrativo, Macarena Marra Gímenez, hizo lugar al amparo interpuesto por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, lo que viene a obstaculizar una maniobra anticipada del Macrismo, a fin de lograr su impunidad. Entendiendo la decisión de la Jueza como una medida cautelar, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. La Legislatura porteña apelando a la mayoría automática y en el marco de una sesión anticipatoria al "orden del día", introdujo en el debate, la deliberación y aprobación de una ley de naturaleza "adjetiva" que permite crear una nueva instancia, por ante el  Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, para lo cual carece de facultades, entorpeciendo la labor judicial de las Cámaras Nacionales de Apelación. Con ello no solo pretende un dictamen definitivo de Cosa Juzgada, en aquellas decisiones indebidamente recurridas, creando, así un marco de inseguridad jurídica y el desvío de la instancia pertinente.
Situación que no dejó otro camino, que la  reciente resolución  de la Sala "J" de la Cámara Nacional en lo Civil, declarando la ilegítima intromisión legislativa y en consecuencia la Inconstitucionalidad de la ley 6452, por haberse extralimitado en sus funciones.
Es más, el mismo Procurador Interino Eduardo Casal, se vió obligado a desandar éste infructuoso derrotero, dictaminando ante la Corte Suprema que: " el Tribunal Superior de Justicia de la Capital no puede revisar las decisiones de las Cámaras de los distintos fueros de la Justicia Nacional.
Tamaño desatino no pudo ser más que el intento desesperado del Ex Presidente Mauricio Macri, de favorecerse con un tribunal complaciente para desestimar la decisión de la Jueza Marta Cirulli, quien fuera la que le decretó la quiebra del correo y consecuentemente  desplazar a la fiscal Gabriela Boquin, la que denunciara un trato ruinoso para el Estado, así como las maniobras tendientes a licuar el pasivo de la Empresa de la familia Macri.
Es hora de ponerle fin a éste tipo de maniobras, que generan una grave incertidumbre jurídica en torno a la admisión y/o denegación de los recursos interpuestos ante las Cámaras Nacionales de Apelación, lo que frustra derechos, al solo amparo de la impunidad de algunos, entorpece la labor judicial, de por sí cuestionada por la ciudadanía en su conjunto, y atenta contra la seguridad de los justiciables sometidos a proceso.