Escrito por teleSUR tv
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Sábado, 23 de Abril de 2022 00:00 |
EL PIT-CNT, que agrupa a alrededor de 400.000 trabajadores uruguayos, fue reprimido durante la dictadura de Bordaberry.
El sindicato afirmó que: “EE.UU. históricamente ha desarrollado una práctica violenta y belicista en todo el mundo” El Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay rechazó esta semana la ley aceptada por el legislativo donde se permite el ingreso de tropas estadounidenses en territorio nacional, justo cuando el ejecutivo ha decidido castigar a los soldados en activo que critiquen en redes sociales al Gobierno. LEA TAMBIÉN: Pdte. ecuatoriano arriba a Uruguay en visita oficial La única central sindical de Uruguay expresó a través de un comunicado que: “En conocimiento de la reciente aprobación por unanimidad del Parlamento Nacional de una ley que habilita el ingreso de tropas de elite del ejército de EE.UU. a territorio nacional, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresa su enfático rechazo a la presencia del comando de élite de las fuerzas armadas de EEUU en nuestro país” En este sentido, el PIT-CNT añadió que: “Las maniobras militares con fuerzas extranjeras acostumbradas a sembrar guerra y destrucción por el mundo entero no son una buena señal para la imagen internacional de Uruguay” Las múltiples intervenciones de EE.UU. constituyen una demostración de “la práctica violenta y belicista en todo el mundo como forma de imponer sus intereses económicos y políticos” Asimismo, el gremio denunció el apoyo brindado por el gobierno estadounidense cuando el periodo de la dictadura cívico militar uruguaya, la cual ocasionó profundos perjuicios “en los derechos humanos y las libertades públicas del pueblo” Entretanto, el mandatario Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, rubricaron este mes un decreto que impone sanciones a los efectivos de la Armada Nacional en caso de que publiquen en sus redes sociales cualquier crítica al gobierno. Organizaciones sociales de Uruguay han denunciado la implantación de medidas anti populares en beneficio de los intereses de las empresas y gobiernos extranjeros, mientras advierten que la administración de Lacalle atenta contra el estado de derecho del país suramericano.
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